Otra cosa importante que está asociada con las políticas públicas de agroecología en Brasil es que cuando hablamos de políticas públicas de agroecología tenemos como referencia principal a aquello que las personas están haciendo en los territorios, son experiencias totalmente distintas porque dependen de realidades distintas o de las especificidades de los territorios, no nos interesa a nosotros aplicar o replicar una política pública sin que la política pública se cambie porque nos interesa la conexión entre los recursos públicos que vienen del Estado y los recursos que hay en los territorios: económicos, políticos, sociales, los diferentes recursos disponibles.

Hoy en Brasil nosotros tenemos dos planes que fueron exactamente hechos sobre esa mirada distinta de políticas públicas, con una percepción sobre todo más alargada sobre el sistema agroalimentario que comprende la producción, como también educación, salud, sobre todo los derechos de las mujeres y las condiciones de trabajo. Tenemos el Plan Nacional de Agroecología que busca la implementación de programas, de políticas públicas que impulsen la transición agroecológica, fue construido al involucrar catorce ministerios y veintiún organizaciones de la sociedad civil, entonces hay una diversidad de voces, de perspectivas que hacen parte de este plan, hubo un trabajo de coordinación en
red para que las diferentes organizaciones participen en la construcción, lo validen y presenten; no se trató de un bloque monolítico sino de un actor colectivo que revisa cómo van las cosas cuando estuvimos construyendo las políticas públicas.

• Propone modelos alternativos al capitalismo: basados en la interdependencia, la reciprocidad y la sostenibilidad de la vida que pueden alumbrar las transiciones ecosociales en contextos de crisis climática.
• Cuestiona la dicotomía producción/reproducción y público/privado. Evidencia cómo la economía clásica (economía política capitalista) invisibiliza los procesos y relaciones que hacen posible la producción (como la crianza, los afectos, el cuidado de cuerpos, territorios y naturaleza, cuidado de ecosistemas).
• En cuanto al debate sobre el trabajo: división sexual del trabajo, visibilización y desnaturalización del trabajo de cuidados y de producción de la fuerza de trabajo. La importancia del trabajo no remunerado como factor fundamental para la reproducción del capitalismo y simultáneamente como potencia capaz de sostener y cuidar la vida.
• Revalorización y redistribución social y justa de los cuidados y de todo aquello que no está mercantilizado.

• La interseccionalidad: como aporte del feminismo negro que permite comprender el entronque entre clase, raza y género, así como la visibilización y problematización del papel de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.

• Profundizar el análisis de las desigualdades: de género y las condiciones productivas, acceso a la tierra, agua, saberes y toma de decisiones.

• Propone una redistribución del poder en los territorios: reconociendo los saberes ancestrales, comunitarios y el rol político de las mujeres en las luchas por la soberanía alimentaria. Esto permite ampliar la comprensión sobre la incidencia política y pensar el cuidado como base de otras formas de hacer política y politización.

• Dimensión territorial y saberes situados: ¿cómo se comprende el territorio, qué saberes se integran y de qué manera?.

• En cuanto a las políticas públicas: se contribuye al reconocimiento y distribución del rol de los cuidados, el trabajo reproductivo y las prácticas agroecológicas como fundamentales para sostener la vida.

• Integralidad en el enfoque y articulación de políticas de género, agroecología, soberanía alimentaria y economía solidaria.

• Aporta elementos para la construcción de alternativas y horizontes emancipatorios y comunitarios para el conjunto de la sociedad.

1. Consideraciones metodológicas

¿Cómo trabajar con los feminismo en la agroecología?

• Este enfoque requiere estar incorporado desde el inicio del proyecto o iniciativa colectiva que promuevan Coaliciones Agroecológicas y no se restringe únicamente al número de mujeres que participarán de las actividades; implica desde nuestro punto de vista al menos tres elementos:
  • La composición de equipos de trabajo que garanticen la paridad de género y que contemplen una especialista en género/feminismos ya sea de manera puntual o a lo largo del proyecto;
  • Una comprensión teórica-epistémica-metodológica que permita problematizar, cuantificar, analizar en clave de género;
  • Definiciones que garanticen la redistribución de la palabra, la toma de decisiones y la actoría en espacios de incidencia; que reflexionen y propongan representaciones, narrativas e imaginarios desde la estrategia de comunicación.

Algunas preguntas que abren la perspectiva: ¿Qué tipo de relaciones de poder de género (desigualdad en condiciones productivas, acceso a recursos, toma de decisiones, patriarcalización, etc.) se construyen en los contextos hegemónicos (agroindustria) que determinan el carácter del campo? ¿Y en la agroecología, qué tipo de relaciones de poder de género existen? ¿Hay estrategias de resistencia o disputa por parte de las mujeres u otros sujetos feminizados? ¿Cómo se construye la actoría de las mujeres en la agroecología? ¿Qué estrategias, demandas, narrativas, autoidentificaciones, alianzas se despliegan? ¿Se han configurado representaciones? ¿Cuáles, cómo, en torno a qué? ¿Se ha construyido un movimiento, experiencias o un tejido en clave feminista y agroecológica? ¿Cuáles son sus aportes y potencialidades para la incidencia interna y externa?

• El enfoque de género debe estar tanto en la fase de implementación y uso de herramientas que impulsan las Coaliciones Agroecológicas: revisión bibliográfica, mapeos de actores, análisis de la política pública; como en la configuración de espacios y estrategias de incidencia política (paneles, foros públicos, etc.).

Algunas preguntas que abren la perspectiva: ¿Las fuentes secundarias incluyen autoras mujeres? ¿Mujeres campesinas, racializadas? ¿Hay aportes desde la economía feminista o desde otros aportes de la teoría feminista (geografía, ecología, etc.)? ¿Qué tipo de metodologías que provienen o dialogan desde los feminismos o el enfoque de género se han pensado para los proyectos por país? ¿Qué significa construir una mirada despatriarcalizadora de la política pública? ¿Las mujeres están construyendo actorías y activan agencia política? ¿Qué alianzas y bajo qué formas, demandas se están levantando entre las mujeres y otros actores?

Si bien no se cuentan cifras específicas sobre la migración de personas de la ruralidad, sí se puede tener un indicio de los efectos del abandono del campo a través del destino de las remesas. En 2008, las remesas destinadas al sector rural rozaban los 49 millones de dólares, mientras que en 2024 esta cifra ya ascendía a 86,21 millones de dólares (BCE 2026a). Los movimientos migratorios rurales no son nuevos y son parte de los retos que enfrenta la producción alimentaria desde hace décadas (Chiriboga y Wallis 2010).

2. De la alimentación más costosa

En el país cada día se deteriora la producción y el acceso a la comida, y el reciente incremento del IVA en un grupo importante de alimentos básicos puede acelerar una crisis.

El anuncio de las medidas impositivas se dio el 26 de marzo de 2026 mediante la circular Nro. NAC-DGECCGC26-00000002: este incluía los siguientes productos alimenticios: pulpas, jugos de frutas, carnes de origen animal que hayan sido cocidas, aderezadas, marinadas y otros; mezclas de carnes con otros productos que no tengan 0% de IVA; leche de producción nacional deslactosada, descremada, semidescremada, saborizada o fortificada con vitaminas, minerales u otros, además de productos de panadería que se señalan en esa misma circular (SRI 2026a). Al poco tiempo de esta circular, el Servicio de Rentas Internas dio un paso atrás en ciertos productos, y emitió otra circular el día 2 de abril de 2026, en ella se establece que la leche que haya sido separada de su grasa láctea no se incluye, siempre que no se agreguen otros aditivos, y además exime del impuesto a un grupo de panes (SRI 2026b). Esta es una muestra del manejo poco planificado de las iniciativas gubernamentales.

Estas medidas no solo suscitan dudas en los productores, sino también en toda la cadena alimentaria, incluidos los consumidores. El aumento del IVA y la eliminación del subsidio a los combustibles ya afectaron a los precios de los alimentos[1]. Si acceder a los alimentos cada vez se vuelve más caro, también lo hace tener una dieta saludable. En tan solo 7 años (2017-2024), el costo diario de una dieta saludable por persona se incrementó en 1,06 dólares (42%) (ver Tabla 1). En contraste con nuestros vecinos, nuestra dieta saludable es menos costosa, sin embargo, en comparación con Perú, una proporción poblacional menor se incorporó al grupo de personas sin acceso a una dieta saludable (8,6%), en contraste con el 23% de aumento en Ecuador (FAO 2026). Esto puede ser un síntoma, del deterioro en los ingresos de la población. En Colombia, con un aumento mucho mayor en el costo (64,4%), la proporción de población sin acceso a una dieta saludable tiene un solo punto porcentual más que en Ecuador (FAO 2026).

Pese a este marco normativo, entre 2007 y 2017, el enfoque de las políticas agrícolas estuvo centrado en la productividad y en la agricultura bajo contrato (Tilzey 2019). Adicionalmente, las políticas públicas no cambiaron la estructura de la tenencia de la tierra y los agronegocios se expandieron, así como sus impactos ambientales (Clark 2017, Tilzey 2019). Además de la falta de voluntad política para promover la SA, la falta de indicadores que midan su avance hace que los programas o políticas carezcan de un objetivo común que pueda evaluarse. Para mitigar este vacío, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) comenzó un proceso para la construcción de los indicadores de SA.

La base que se utilizó dentro de este proceso fue la de los seis pilares de la SA: alimento para el pueblo, valor a los proveedores de alimentos, localizar los sistemas alimentarios, situar el control a nivel local, promover el conocimiento y las habilidades, y compatibilidad con la naturaleza. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la COPISA y el SISAN fueron los encargados de validar los indicadores elaborados por el grupo de especialistas. En total, se encontraron 36 indicadores que forman parte de los pilares de SA (PRARACC 2024).

Frente a la importancia que cobran los sistemas agroalimentarios ante las multiples crisis y, más aún en medio de la escalada bélica global en la que varios paises han declarando sus políticas alimentarias como un tema de seguridad nacional, es importante evaluar si los indicadores de soberanía alimentaria estan dando cuenta del avance o retroseso de esta política en nuestro país. Para la evaluación se empleará la metodología CREMA (claridad, relevancia, económico, monitoreable y adecuado) (Kusek y Rist 2004). El elemento principal que se evaluará en este boletín será cuán adecuados son estos indicadores respecto a los pilares de la SA, o si siguen reproduciendo el régimen alimentario corporativo (McMichael 2005).

Desde el inicio del acuerdo se establecieron las alarmas sobre el desplazamiento de las agriculturas familiares campesinas por parte de este grupo de productos (Daza et al. 2020).

Paralelo a este acuerdo existe uno firmado con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia, en vigor desde noviembre de 2020 (WTO 2018). Y otro acuerdo con el Reino Unido y que entró en vigencia en enero de 2021 (WTO 2019). A los acuerdos con los países europeos le siguieron el TLC con China, firmado en mayo de 2023 y vigente desde mayo de 2024 (WTO 2023); y el acuerdo comercial firmado con Costa Rica en marzo de 2023 y vigente desde octubre de 2024.

Este debate es interesante en el contexto de la firma del Acuerdo Comercial Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos en marzo de 2026; el embajador Greer señaló justamente estar grato de que los agricultores estadounidenses tengan acceso al mercado ecuatoriano (U.S. Mission Ecuador 2026). En la hoja de información de este acuerdo se señala que una de las razones está relacionada con la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos.

Ecuador se compromete con los Estados Unidos a dar un trato preferencial a más del 90% de los productos agrícolas, entre los productos que se mencionaban están: granos de soya, fruta fresca y procesada, bebidas alcohólicas, así como algunos productos lácteos y cárnicos; para ello, se dejarán sin efecto las bandas de precios establecidas por la Comunidad Andina (USTR 2025). Otro de los acuerdos a los que también hay que mirar es el que se firmó con los Emiratos Árabes Unidos, lo que transforma al Ecuador en el cuarto país de la región en firmar un acuerdo de asociación económica integral (ARN News Staff 2026), el cual puede generar nuevas presiones extractivas en las zonas rurales.

Pero revicemos algunos de éstos TLCs:

TLC con la Unión Europea (UE)

La balanza comercial del Ecuador con la UE, ha sido positiva durante el ejercicio del TLC, sin embargo, los tres primeros años la balanza comercial positiva se redujo hasta la llegada de la pandemia. Hasta 2024, la balanza comercial no presentaba grandes variaciones (ver Figura 1) (BCE 2026b). Durante 2015 y 2016 -años previos a la vigencia del acuerdo-, los principales productos exportados fueron: banano, crustáceos, preparaciones de pescado y cacao; principalmente a Alemania, España, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos. Las exportaciones a la UE representaron, en promedio, cerca de 2.635 millones de dólares en esos dos años. Por otra parte, entre 2024 y 2025, las exportaciones rozaron los 6.476 millones de dólares, donde el cacao fue uno de los principales actores en este incremento, representando el 22,4% de las exportaciones en 2024 y el 22,1% en 2025, siendo los destinos principales los Países Bajos y Bélgica. Previo a la vigencia del acuerdo, el cacao representaba el 6,5% de las exportaciones a la UE (BCE 2026a).

Como él mismo decía, “toda la riqueza sale y lo que se queda son las enfermedades”. Gracias a él pude conocer de manera más cercana los impactos de la explotación petrolera en la Amazonía, pero también la fortaleza de la organización social para resistir al poder transnacional.

Una de sus luchas fue contra la empresa Chevron. Como él relata en su documento[1] titulado “Caso Aguinda vs Chevron” (Yanza S.F.). Más de 30 mil personas fueron afectadas por la contaminación de 12 campos petroleros administrados por Texaco, en una superficie que abarcaba las provincias de Orellana y Sucumbíos. Parte de la línea histórica de esta lucha la podemos encontrar en la acción legal conocida como el caso Chevron.