Estas demandas tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado promovidas por los dos últimos gobiernos nacionales. 

El presidente de la república Guillermo Lasso mediante el decreto N°456, y carta dirigida a Leonidas Iza, responde al punto 3 subsidiando el 50% del precio de la urea y señalando que el Ministerio de Agricultura lleva acciones para que se respete el precio mínimo de sustentación en banano, arroz y el litro de leche.

Si bien las medidas tomadas por el gobierno nacional apuntan a aliviar en algo los costos de los insumos (-50% del precio de la urea) todavía existen limitaciones cuando se hace referencia a los precios justos para la agricultura campesina, situación que implica, más que una respuesta coyuntural necesaria, una comprensión urgente de la estructura productiva agropecuaria.  

En primer lugar, exigir precios justos hace referencia a la necesidad de plantearse una política que proteja a la agricultura campesina a nivel nacional ante mecanismos de mercado que no tienen nada de libres, sino que están definidos por monopolios y oligopolios que controlan la cadena agroalimentaria desde la esfera productiva hasta la comercial. 

Segundo, es importante reconocer que en Ecuador no se cumplen con las normativas que garantizan precios “justos” para las pequeñas agriculturas: primer ejemplo, no se paga el precio oficial de la caja de banano, mecanismo establecido en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano…; segundo ejemplo, en los Consejos Consultivos de rubros como maíz o arroz, entre otros, la representación de los agricultores es suplantada en muchos de los casos por agrupaciones de intermediarios.

Tercero, el 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche donde existe el acuerdo para sostener un precio mínimo de sustentación por litro, que equivale al 52,4% del precio de venta al público, sin embargo, este proyecto de ley espera el veto de la función Ejecutiva –esperamos que el presidente no anule o cambie el articulo que hace referencia a la fijación del precio–.

Cuarto, en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional reposan un par de propuestas de ley que establecen posibilidades de proteger a la agricultura campesina mediante la fijación de precios a los productos agropecuarios. Uno de esos proyectos es el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria.  

Quinto, el país junto a todos los Estados miembros de la FAO se comprometió a impulsar el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 a través de la construcción de un Plan de Acción Nacional, plan que debe construirse con representantes indígenas y campesinos que podrían definir mecanismos para garantizar precios justos. Sin embargo, este proceso ha sido abandonado por las autoridades del Ministerio de Agricultura.

Sexto, como vemos, en el país existen instrumentos para elaborar una política de precios de sustentación, precios referenciales y/o bandas de precios. Cada una de estas opciones debe tener un tratamiento técnico/político sobre la importancia de la agricultura campesina que, en cifras del INEC 2021, representa aproximadamente el 85% del total de unidades de producción a nivel nacional –más o menos un millar de unidades agropecuarias–.               

Séptimo, la exigencia de precios justos –de sustentación, referenciales o de bandas–, no es una demanda para beneficiar exclusivamente a las poblaciones indígenas sino a todo el sector campesino compuesto por montubios, afros y mestizos. Según el INEC 2021, el 62% de productorxs de maíz amarillo son mestizos y un 30% montubios; en arroz el 54% son mestizos y el 43% montubios; en naranjilla el 76% son mestizos y 16% indígenas; en quinua el 76% son indígenas y el 13% mestizos y, en papa el 58% son mestizos y el 40% indígenas.

Octavo, en el país no se podría sostener una Tasa de Participación Alimentaria del 85,9% al 2020 sin la presencia de la agricultura campesina en la producción de alimentos básicos como: tomate de árbol, el 92% de productorxs tienen menos de 1 hectárea; cebolla colorada, el 82% tienen menos de 1 hectárea; papa, el 91% tienen menos de 10 hectáreas. Lo mismo sucede con la participación en rubros de agroexportación y agroindustria, 85% de las unidades de producción de cacao tienen menos de 5 hectáreas, al igual que en maíz amarillo (3).  

Noveno, la construcción de mecanismos para definir una política de fijación de precios tiene su principal conflicto con la intención del Ecuador de firmar Tratados de Libre Comercio TLCs. Según la OMC y los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, la fijación de precios viola los “acuerdos globales” sobre comercio internacional y dificulta o hace casi imposible firmar tratados con otras naciones. La política de apertura comercial del gobierno nacional anuncia al menos la firma de 10 TLCs con nuestros socios comerciales: EEUU, China entre otros, en su discurso el gobierno expone los beneficios, pero no habla de los riesgos. Por ejemplo, EEUU es el principal exportador de maíz amarillo, representa el 39% del comercio mundial, mientras en Ecuador la producción de maíz amarillo genera 200 mil empleos y agrupa a 116 mil unidades de producción, el 96% de menos de 10 hectáreas, además cubren aproximadamente entre el 90% y 95% de la demanda nacional. La pregunta es: ¿qué pasará con estos empleos y estas unidades de producción si por el TLC debemos importar maíz a precios más bajos que el nacional debido a los altos subsidios que tiene este producto en EEUU?  Si nos fijamos quiénes han ganado y quiénes han perdido en los 5 años de implementado el acuerdo comercial con la Unión Europea, podemos observar que en las zonas donde se produce cacao y banano, los índices de pobreza y desnutrición no han disminuido.             

En síntesis, el punto 3 de la agenda del movimiento indígena no representa solo demandas coyunturales, sino que exigen atención a la problemática agropecuaria nacional donde la agricultura campesina es un actor central que aporta a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y riqueza. Sin embargo, debido a factores externos e internos las economías campesinas están en riesgo, y es en este sentido que exigir precios justos es un mecanismo de compensación por su aporte a la economía nacional.