Este proyecto representa un retroceso de derechos para los sectores campesinos/as de este país. Además las organizaciones de agricultores sostienen que la reactivación que propone este Código en primer lugar, no tendría nada de integral porque consolida una perspectiva empresarial y, en segundo lugar, no promueve soluciones productivas, sociales y ambientales que respondan a los retos nacionales y globales que representan el cambio climático y el crecimiento de hambre, la desnutrición y malnutrición.

Algunos de los puntos críticos señalados por los y las asistentes la mañana de este miércoles, es que el texto del proyecto orienta el trabajo campesino a la exportación por sobre la producción de alimentos locales, desconociendo, según la investigadora Elisabeth Bravo, “completamente las prácticas y necesidades de los pueblos, nacionalidades y comunidades campesinas que muchas veces prefieren modelos productivos que sean resilientes al cambio climático y que obedezcan a sus prácticas culturales o que prioricen sus propias necesidades alimenticias y culturales.

Andrés Pilamunga del Comité de Agricultura Familiar coindice que este proyecto de Código no tiene un enfoque que considere a las poblaciones indígenas y campesinas también como guardianas de las semillas y la soberanía alimentaria, “el Código olvida los derechos que tienen los Pueblos y Nacionalidades para producir y acceder a los alimentos”. También sostuvo que este proyecto confunde la seguridad con la soberanía alimentaria garantizada en la Constitución de la República.