1. La demanda de precios justos hace referencia a la necesidad de una política de Estado que proteja y fomente la agricultura campesina a nivel nacional ante mecanismos de mercado –que no tienen nada de libres–, que son definidos por monopolios y oligopolios que controlan la cadena agroalimentaria desde la esfera productiva hasta la comercial.

2. La exigencia de precios justos no es una demanda para beneficiar exclusivamente a las poblaciones indígenas, sino a todo el sector campesino compuesto por montubios, afros y mestizos. Según el INEC 2021, el 62% de productorxs de maíz amarillo son mestizos y un 30% montubios; en arroz el 54% son mestizos y el 43% montubios; en naranjilla el 76% son mestizos y 16% indígenas; en quinua el 76% son indígenas y el 13% mestizos y, en papa el 58% son mestizos y el 40% indígenas.

3. En el Ecuador no se cumplen las normativas existentes que garantizan precios justos para las pequeñas agriculturas. Pongamos dos ejemplos: primero, no se paga el precio oficial de la caja de banano, mecanismo establecido en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano (4)…; segundo, en los Consejos Consultivos de rubros como maíz o arroz, entre otros, la representación mayoritaria se la llevan los sectores industriales y los intermediarios, desplazando a los agricultores de la definición de los precios mínimos de sustentación y sus beneficios.

4. El 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche, normativa que legaliza un precio mínimo de sustentación por litro equivalente al 52,4% del precio de venta al público, sin embargo, este proyecto de ley espera el veto de la función Ejecutiva, es decir, está en manos del presidente de la república ratificar el artículo concerniente a la fijación del precio.

5. En la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional reposan un par de proyectos de ley que establecen mecanismos para la protección y fomento de la agricultura campesina mediante la fijación de precios a los productos agropecuarios. Uno de esos proyectos es el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria que podría convertirse en una normativa de consenso para garantizar a largo plazo la alimentación nacional en tiempos de crisis alimentaria mundial.

6. El Ecuador junto a todos los Estados miembros de la Organización de las NNUU para la Alimentación y la Agricultura FAO, se comprometió en impulsar el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028. Este proceso ha sido abandonado por el Ministerio de Agricultura, sin embargo, podría retomarse con el fin de construir, junto a la sociedad civil y sectores campesinos, el Plan de Acción Nacional del Decenio que defina líneas de políticas de fomento, financiamiento y protección de las economías campesinas, entre estas, políticas de precios justos.

7. Como vemos existen instrumentos para elaborar una política de Estado sobre precios de sustentación, precios referenciales y/o bandas de precios. Cada una de estas opciones debe tener un tratamiento técnico/político sobre la importancia de la agricultura campesina que, en cifras del INEC 2021, representa aproximadamente el 85% del total de unidades de producción a nivel nacional –más o menos un millar de unidades agropecuarias–.

8. El Ecuador tiene una Tasa de Participación Alimentaria del 85,9% (INEC 2020), es decir que entre 8 y 9 de cada 10 alimentos de nuestra mesa se producen internamente y esto es posible por la presencia mayoritaria de la agricultura campesina en la producción de alimentos básicos, por ejemplo: tomate de árbol, el 92% de productorxs tienen menos de 1 hectárea; cebolla colorada, el 82% tienen menos de 1 hectárea; papa, el 91% tienen menos de 10 hectáreas. Lo mismo sucede con la participación en rubros de agroexportación y agroindustria, 85% de las unidades de producción de cacao tienen menos de 5 hectáreas, al igual que en maíz amarillo (5).

9. La construcción de mecanismos para definir una política de fijación de precios tiene su principal conflicto con las condiciones que exigen los Tratados de Libre Comercio TLCs. Según la OMC y los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura de Ecuador, la fijación de precios “viola los acuerdos globales” sobre comercio internacional y dificulta o hace casi imposible firmar tratados con otras naciones. La política de apertura comercial del gobierno nacional, que ha anunciado al menos la firma de 10 TLCs con nuestros socios comerciales: EEUU, China entre otros, solo expone los beneficios y deja de lado los riesgos de este tipo de negociaciones. Por ejemplo, EEUU es el principal exportador de maíz amarillo y representa en el mundo el 39% del comercio global, mientras en Ecuador la producción de maíz amarillo es uno de los productos principales de las economías campesinas encadenadas a la agroindustria alimentaria, este rubro genera 200 mil empleos y agrupa a 116 mil unidades de producción, el 96% de menos de 10 hectáreas, además cubren aproximadamente entre el 95% y el 100% de la demanda nacional. La interrogante es: ¿qué pasará con estos empleos y estas unidades de producción campesinas si por el TLC con EEUU deberíamos importar maíz en condiciones de dumping, es decir, que debido a los altos subsidios a los que acceden los productores norteamericanos estos pueden vender a precios que están por debajo de los costos de producción, generando un intercambio desigual y quebrando las economías campesinas que no acceden a protección o subsidios.

En este sentido, el tratamiento sobre los precios justos para la producción campesina tiene tres ejes de debate que hacen viable la construcción de este tipo de política pública: primero, el reconocimiento de las economías campesinas en el aparato productivo agropecuario y agroalimentario; segundo, la existencia de mecanismos que garantizar precios justos; y tercero, abrir el debate de los TLCs sobre todo cuando tenemos una estructura productiva agropecuaria que, en la mayoría de rubros se sustenta en pequeños productores. Pero además es importante no perder de vista que asistimos a nivel global a una crisis energética, climática y de alimentos que ameritan políticas para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los países.