Lo agrario en las mesas de diálogo

El 30 de junio de 2022 se suscribe el “Acta de Paz” entre el movimiento indígena y el gobierno nacional en el marco de un paro que duró 18 días; el acuerdo consistió en el cese de las movilizaciones y la respuesta del gobierno a los diez puntos de la Agenda de Lucha. El mecanismo para concretar un diálogo con resultados es la instalación de mesas de trabajo que resuelvan cada uno de los puntos; la primera mesa se cumplió este 7 de julio pasado donde se concertó la metodología.

Una de las mesas deberá abordar el punto 3 de la “Agenda de Lucha Nacional (1)” planteado por el movimiento indígena, punto donde se definen al menos tres prioridades para el sector agropecuario: a) precios justos para la producción campesina; b) subsidio agrícola y, c) no firmar tratados de libre comercio. Así lo expresó el presidente de la CONAIE la noche del domingo 12 de junio previo al inicio del paro

“…Nosotros hemos manifestado de manera categórica, los precios justos en los productos del campo de las tres regiones del país, donde se debe garantizar subsidios agrícolas y no las firmas de TLCs, como en este momento vemos al presidente de la república viene, en este caso, comprometiendo a nivel internacional la firma de 12 tipos de TLCs (2)”.

Las demandas expuestas en este punto tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado tomadas por los dos últimos gobiernos nacionales, factores estrictamente internos.

El presidente de la república Guillermo Lasso mediante el decreto N°456 y carta dirigida al presidente de la CONAIE Leonidas Iza, responde al punto 3 subsidiando el 50% del precio de la urea y señalando que el Ministerio de Agricultura lleva acciones para que se respete el precio mínimo de sustentación en banano, arroz y el litro de leche.

Si bien las medidas alcanzadas apuntan a aliviar los costos de los insumos todavía existen puntos por resolver referentes a los precios justos para la agricultura campesina, que implica, más que una respuesta coyuntural un debate profundo en tres ámbitos: primero, compresión de la estructura productiva agropecuaria; segundo, análisis de los impactos a favor y en contra de la firma de tratados de libre comercio; y tercero, viabilizar mecanismos existentes y la creación de normativa nacional para garantizar precios justos a la producción campesina.

9 puntos viables para alcanzar precios justos.

Señalamos al menos “9 puntos viables” para alcanzar una política de Estado sobre precios justos para la producción campesina (3).

1. La demanda de precios justos hace referencia a la necesidad de una política de Estado que proteja y fomente la agricultura campesina a nivel nacional ante mecanismos de mercado –que no tienen nada de libres–, que son definidos por monopolios y oligopolios que controlan la cadena agroalimentaria desde la esfera productiva hasta la comercial.

2. La exigencia de precios justos no es una demanda para beneficiar exclusivamente a las poblaciones indígenas, sino a todo el sector campesino compuesto por montubios, afros y mestizos. Según el INEC 2021, el 62% de productorxs de maíz amarillo son mestizos y un 30% montubios; en arroz el 54% son mestizos y el 43% montubios; en naranjilla el 76% son mestizos y 16% indígenas; en quinua el 76% son indígenas y el 13% mestizos y, en papa el 58% son mestizos y el 40% indígenas.

3. En el Ecuador no se cumplen las normativas existentes que garantizan precios justos para las pequeñas agriculturas. Pongamos dos ejemplos: primero, no se paga el precio oficial de la caja de banano, mecanismo establecido en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano (4)…; segundo, en los Consejos Consultivos de rubros como maíz o arroz, entre otros, la representación mayoritaria se la llevan los sectores industriales y los intermediarios, desplazando a los agricultores de la definición de los precios mínimos de sustentación y sus beneficios.

4. El 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche, normativa que legaliza un precio mínimo de sustentación por litro equivalente al 52,4% del precio de venta al público, sin embargo, este proyecto de ley espera el veto de la función Ejecutiva, es decir, está en manos del presidente de la república ratificar el artículo concerniente a la fijación del precio.

5. En la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional reposan un par de proyectos de ley que establecen mecanismos para la protección y fomento de la agricultura campesina mediante la fijación de precios a los productos agropecuarios. Uno de esos proyectos es el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria que podría convertirse en una normativa de consenso para garantizar a largo plazo la alimentación nacional en tiempos de crisis alimentaria mundial.

6. El Ecuador junto a todos los Estados miembros de la Organización de las NNUU para la Alimentación y la Agricultura FAO, se comprometió en impulsar el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028. Este proceso ha sido abandonado por el Ministerio de Agricultura, sin embargo, podría retomarse con el fin de construir, junto a la sociedad civil y sectores campesinos, el Plan de Acción Nacional del Decenio que defina líneas de políticas de fomento, financiamiento y protección de las economías campesinas, entre estas, políticas de precios justos.

7. Como vemos existen instrumentos para elaborar una política de Estado sobre precios de sustentación, precios referenciales y/o bandas de precios. Cada una de estas opciones debe tener un tratamiento técnico/político sobre la importancia de la agricultura campesina que, en cifras del INEC 2021, representa aproximadamente el 85% del total de unidades de producción a nivel nacional –más o menos un millar de unidades agropecuarias–.

8. El Ecuador tiene una Tasa de Participación Alimentaria del 85,9% (INEC 2020), es decir que entre 8 y 9 de cada 10 alimentos de nuestra mesa se producen internamente y esto es posible por la presencia mayoritaria de la agricultura campesina en la producción de alimentos básicos, por ejemplo: tomate de árbol, el 92% de productorxs tienen menos de 1 hectárea; cebolla colorada, el 82% tienen menos de 1 hectárea; papa, el 91% tienen menos de 10 hectáreas. Lo mismo sucede con la participación en rubros de agroexportación y agroindustria, 85% de las unidades de producción de cacao tienen menos de 5 hectáreas, al igual que en maíz amarillo (5).

9. La construcción de mecanismos para definir una política de fijación de precios tiene su principal conflicto con las condiciones que exigen los Tratados de Libre Comercio TLCs. Según la OMC y los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura de Ecuador, la fijación de precios “viola los acuerdos globales” sobre comercio internacional y dificulta o hace casi imposible firmar tratados con otras naciones. La política de apertura comercial del gobierno nacional, que ha anunciado al menos la firma de 10 TLCs con nuestros socios comerciales: EEUU, China entre otros, solo expone los beneficios y deja de lado los riesgos de este tipo de negociaciones. Por ejemplo, EEUU es el principal exportador de maíz amarillo y representa en el mundo el 39% del comercio global, mientras en Ecuador la producción de maíz amarillo es uno de los productos principales de las economías campesinas encadenadas a la agroindustria alimentaria, este rubro genera 200 mil empleos y agrupa a 116 mil unidades de producción, el 96% de menos de 10 hectáreas, además cubren aproximadamente entre el 95% y el 100% de la demanda nacional. La interrogante es: ¿qué pasará con estos empleos y estas unidades de producción campesinas si por el TLC con EEUU deberíamos importar maíz en condiciones de dumping, es decir, que debido a los altos subsidios a los que acceden los productores norteamericanos estos pueden vender a precios que están por debajo de los costos de producción, generando un intercambio desigual y quebrando las economías campesinas que no acceden a protección o subsidios.

En este sentido, el tratamiento sobre los precios justos para la producción campesina tiene tres ejes de debate que hacen viable la construcción de este tipo de política pública: primero, el reconocimiento de las economías campesinas en el aparato productivo agropecuario y agroalimentario; segundo, la existencia de mecanismos que garantizar precios justos; y tercero, abrir el debate de los TLCs sobre todo cuando tenemos una estructura productiva agropecuaria que, en la mayoría de rubros se sustenta en pequeños productores. Pero además es importante no perder de vista que asistimos a nivel global a una crisis energética, climática y de alimentos que ameritan políticas para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los países.

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Notas

1 Este es nombre que las organizaciones indígenas denominan el pliego de 10 puntos.

2 Rueda de prensa del presidente de la CONAIE, el 12 de junio de 2022. Transcripción equipo OCARU 2022.

3 Sin duda se pueden integrar otros mecanismos, sin embargo, anotamos aquí aquellos que están en marcha desde hace algunos años y ponemos en contexto elementos centrales del por qué es necesario avanzar hacia precios justos.

4 Actualmente el Ministerio de Agricultura ha declarado que denunciará aquellos exportadores que no paguen el valor de la caja de banano.

5 INEC-ESPAC 2021,

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Esteban Daza

Coordinador del OCARU

Sociólogo, Master en Filosofía y Pensamiento Social, realiza su doctorado en Estudios sobre Desarrollo en la Universidad del País Vasco.
Miembro del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural de CLACSO; Participa del Colectivo de Investigación Participativa en Agroecología de Latinoamérica y el Caribe.
Líneas de investigación y publicación: Cuestión Agraria y Agroalimentaria, Políticas Públicas y Soberanía Alimentaria, Agroecología Política, Subjetividades, Historia del Pensamiento.

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