
Han trascurrido más de 200 años desde que David Ricardo (1817) enunció las ventajas comparativas en el contexto del comercio internacional. Uno de los principales elementos de su manuscrito fue la especialización de países en función a los costos asociados a la producción de los bienes, de forma que los intercambios comerciales beneficien a las economías involucradas. Por otro lado, Raúl Prebisch (1962) formalizaba la idea de los intercambios desiguales entre los países del centro y la periferia, en donde, los países del centro regulan las condiciones comerciales y financieras para los intercambios como condición necesaria para su desarrollo. Pese a la existencia de la corriente crítica a los postulados de David Ricardo, en los países de Latinoamérica la idea del comercio de materias primas como generador de empleo continúa, e incluso se reforzó durante los gobiernos denominados progresistas (Puyana Mutis 2018, Clark et al. 2018).
El Banco Mundial ha sido una de las instituciones que ha promovido las políticas neoliberales y ajustes en el sector rural latinoamericano. De estas recomendaciones se destacan la liberalización del comercio, la desregulación del sector agrario y la privatización de las industrias (Tetreault 2010, Giarracca y Teubal 2017, Kay 2020). Las recomendaciones internacionales en la primera década de este siglo apuntaban a la modernización del sector agropecuario como salida a los niveles de pobreza en el sector rural. Por supuesto este hecho no hace más que reforzar la incorporación paulatina de lxs campesinxs a los sistemas globales (Tetreault 2010, Giarracca y Teubal 2017, Puyana Mutis 2018, Kay 2020).
En este contexto las empresas localizan su producción en países con bajos costos de mano de obra y dónde no existan restricciones ambientales respecto al uso de insumos contaminantes (Giarracca y Teubal 2017). En correspondencia, las recomendaciones de los organismos multilaterales de inicios de siglo no hacían tanto énfasis en la monopolización del mercado de insumos agropecuarios por parte de empresas privadas (Tetreault 2010).
La focalización en la exportación de recursos naturales limita el desarrollo científico y tecnológico de los países latinoamericanos. Al estancarse las actividades en un número reducido de productos y ante el escaso poder negociador de lxs trabajadores se generan deterioros en la estructura de empleos y remuneraciones (Puyana Mutis 2018, Kay 2020). Al mismo tiempo, las grandes empresas logran inmiscuirse dentro de los órganos de decisión de forma que la estructura de empleo los termina favoreciendo (Puyana Mutis 2018, Kay 2020).
Es importante indicar que sin la participación de los gobiernos la coexistencia entre los agronegocios y lxs agricultores no podría existir. Las zonas rurales se van convirtiendo en espacios de producción de commodities en lugar de espacios en donde se pueden reproducir las agriculturas familiares. A nivel de país, se pierde la autosuficiencia de alimentos (Giarracca y Teubal 2017).
En síntesis, el modelo de exportación de bienes primarios prueba que los intercambios comerciales no logran beneficiar el empleo ni tampoco los ingresos en Latinoamérica (Puyana Mutis 2018, Kay 2020). Al separar los datos de América, podemos ver un comportamiento heterogéneo, en Sudamérica y América del Norte la promoción de exportaciones no ha aumentado el número de personas empleadas en el sector rural, al contrario cada vez existen menos personas empleadas (ver Figura 1), mientras que para América Central el proceso de exportaciones y empleo es sostenido en la última década.

En el caso de México no solo que no aumenta el empleo sino que la producción de granos está dominada por grandes empresas en los dos extremos de la cadena productiva, por un lado, insumos agropecuarios cada vez más costosos, y por otro lado menores precios por las cosechas (Tetreault 2010). En términos de empleo, las políticas de modernización entre 1993 y 2006 en México llevaron a que el empleo agrícola se reduzca y el remanente se precarice debido a la exposición a insumos químicos y la falta de seguridad social (Tetreault 2010).
En Ecuador, el número de personas que tienen un empleo en la zona rural se incrementó en promedio en 1,6% anualmente entre 2011 y 2022. Sin embargo, desde el 2017 el porcentaje de personas empleadas se redujo y tocó fondo en el 2020 por efectos de la pandemia (ver Figura 2). No obstante, las exportaciones no se detuvieron entre el 2019 y el 2020, es más, incrementos más altos en las exportaciones solo pasaron entre 2010-2011 (20%) y 2013-2014 (11%). En el primer periodo el empleo cayó mientras que en el segundo creció, lo cual hace muy difuso determinar si existe una correspondencia positiva o negativa entre el incremento de las exportaciones y el empleo en la zona rural.

Como lo muestran Acosta y Cajas Guijarro (2020) si la estructura económica no cambia los esfuerzos por redistribuir la riqueza no resultan duraderos como se evidencia en el periodo de la denominada Revolución Ciudadana, en donde, no se cambió ni la lógica de dependencia ni de extractivismo. En el área rural no se buscó cambiar las estructuras, por ejemplo, no se tomaron acciones para mejorar la distribución de la tierra, y menos aún del agua, más allá de todo el marco normativo generado en la Constitución (Acosta y Cajas Guijarro 2020).
Por otra parte, el ejemplo ya tradicional de la producción bananera muestra la precariedad laboral que puede generar la expansión del modelo agroexportador (Galarza Suárez 2019, Macaroff et al. 2022). No solo que se deterioran las condiciones laborales sino también el tejido social en los territorios en los que se desarrolla la actividad bananera, debido a la incorporación a las plantaciones, que por lo general no cumplen con el salario básico, el cual a su vez está lejos de la canasta básica en el país (Galarza Suárez 2019).
En México, los ajustes estructurales en la ruralidad iniciaron desde mediados de la década de los 80. Y fue hasta mediados de los 90 donde el gobierno ejecutó programas para aliviar la pobreza y la extrema pobreza. Hasta 1988 los precios de 12 cultivos entre los que se encontraban el maíz y los fréjoles estaban protegidos. Pero, en el gobierno de Salinas (1988-1994) esto fue eliminado con excepción de los dos cultivos mencionados. Esto redujo drásticamente los ingresos de los productores durante toda la década de 1990, en dónde el mercado mexicano fue invadido por granos estadounidenses con precios bajos, y además se enfrentaron con el incremento de los insumos de producción. Con ligeras excepciones por parte de los productores de café orgánico, las reformas neoliberales de las dos últimas décadas del siglo pasado en México, no mejoraron las condiciones de vida de lxs agricultores familiares (Tetreault 2010).
En el caso argentino, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones implementado en el siglo pasado trajo beneficios dentro del sector rural. Sin embargo, los beneficios se concentraron en pocas manos y espacios geográficos. La concentración geográfica de la actividad agroindustrial hizo que la migración se incremente y que se conformen poblados pequeños que se articulaban a las grandes empresas. No obstante, este modelo comenzaría a debilitarse desde fines de la década de 1970, y tras el gobierno de Menem, empieza la desregulación del sector. El paso de la agroindustria al agronegocio comenzó con la adopción de los paquetes tecnológicos para la producción, especialmente de soya, cultivo que se expandió a mediados de la década de 1990 debido a la introducción de la soya transgénica (Giarracca y Teubal 2017).
Esta modernización en el sector agrícola latinoamericano no garantiza mayores plazas de empleo como muestra el análisis de México y Argentina. Sí se puede observar es el avance de la inseguridad alimentaria tanto en América del Sur como en América Central. Es más, la inseguridad alimentaria grave en nuestro continente superó en 2022 al número de personas en esta condición durante el año de la pandemia, cerca de 700 mil personas más (ver Figura 3).

Las cifras en Ecuador no son distintas (ver Figura 4), e incluso no muestran recuperación en los últimos años aun cuando es el país pionero en adoptar a la soberanía alimentaria dentro del marco normativo. Rafael Correa llegó al poder ejecutivo con el apoyo -de entre varios actores- de la Mesa Agraria -un colectivo que aglutinaba a gran parte de las organizaciones sociales de indígenas y campesinos-. Una de las influencias de este Colectivo se reflejó en la Constitución del 2008, en donde, el concepto de soberanía alimentaria fue introducido. No obstante, los resultados de las políticas de su gobierno reflejan el fortalecimiento a la estructura de la agroindustria y el enfoque de los llamados paquetes tecnológicos. En resumen, el panorama todavía refleja una mayoría de productores con poco acceso a tierra y riego, con la única salida de articularse a los agronegocios y las prácticas agrícolas asociadas a ello (Clark et al. 2018).
En Ecuador, el número de personas que sufren inseguridad alimentaria se ha ido incrementando y acelerando con la llegada de la pandemia. Puede que el porcentaje de personas empleadas se incremente como se vio anteriormente, sin embargo, estos empleos no logran sostener uno de los elementos básicos como lo es la alimentación. Es decir, no basta con aumentar las plazas de empleo -lo cual es debatible que ocurra con más exportaciones- sino que hay que fijarse en el tipo de empleos que se generan y las condiciones de precariedad que pueden rodear a ellos.

A manera de conclusión
El discurso continuo de la promoción de las exportaciones como generadora de empleos y mejora de condiciones de vida en la zona rural, no solo que no es una verdad absoluta sino que cuando lo hace la calidad del empleo generado no logra alcanzar un derecho humano elemental como es el derecho a la alimentación. En nuestro país, 1,08 millones de personas sufrieron de inseguridad alimentaria grave durante el 2022, pero cómo se puede explicar que ese mismo año las exportaciones se incrementaron en 8,9%, la respuesta es clara, esto solo es posible por la concentración de las ganancias del sector agrícola y la falta de democratización de los recursos productivos. Ante este panorama las promesas de la agroexportación están lejos de cumplir con la seguridad alimentaria y más lejos aún de la soberanía alimentaria, pero también de la generación de empleo sostenible y de buena calidad.
Te podría interesar
Pasos importantes para consolidar los derechos campesinos en Ecuador
¿Trabajar más para acceder a un postre?
El Ecuador en medio de un nuevo ajuste
Del clima antidemocrático a la incertidumbre:
reconfiguraciones políticas en las elecciones presidenciales del Ecuador
Edición Especial Desgranando Cifras
¿Cuál es la realidad del agro de cara a estas elecciones 2025?
Elecciones presidenciales 2025
¿Qué proponen las candidaturas presidenciales para el agro ecuatoriano?
Sequía e incendios en Ecuador: Cambio climático y agricultura
Declaración Política: Foro por la tierra y los territorios 2024
La propuesta de Ley Orgánica Animal – LOA y la Soberanía Alimentaria
Bibliografía:
Acosta, Alberto, y John Cajas Guijarro. 2020. “El “hocico de lagarto” ecuatoriano. Entre desigualdades coyunturales y estructurales.” En Concentración económica y poder político en América Latina, editado por Alberto Acosta, Liisa North, Blanca Rubio y Carlos Pástor, 401-441. CLACSO.
Clark, Patrick, Cristóbal Kay, Leandro Vergara-Camus, Carmen Diana Deere, Arturo Ezquerro-Cañete, Ramón Fogel, Thomas F. Purcell, Pablo Lapegna, Jeffery R. Webber, Diego Piñeiro, Joaquín Cardeillac, Eduardo Baumeister, Salvador Martí i Puig, Sérgio Sauer, y George Mészáros. 2018. “NEODESARROLLISMO Y UNA “VÍA CAMPESINA” PARA EL DESARROLLO RURAL PROYECTOS DIVERGENTES EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA ECUATORIANA.” En La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina, editado por Cristóbal Kay y Leandro Vergara-Camus, 223-258. CLACSO.
FAO. 2023. Datos de Seguridad Alimentaria. editado por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma.
FAO. 2024. Comercio – Cultivos y productos de ganadería. editado por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Galarza Suárez, Lucía. 2019. “Tierra, trabajo y tóxicos sobre la producción de un territorio bananero en la costa sur del Ecuador.” Estudios Atacameños (63):341-364.
Giarracca, Norma, y Miguel Teubal. 2017. “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del “agronegocio” el caso argentino (2008).” En Norma Giarracca, editado por Miguel Teubal, 349-380. CLACSO.
Kay, Cristóbal. 2020. “Procesos de concentración de la tierra y del capital y la precarización del trabajo rural en la era de la globalización neoliberal.” En Concentración económica y poder político en América Latina, editado por Liisa North, Blanca Rubio, Alberto Acosta y Carlos Pástor, 219-248. CLACSO.
Macaroff, Anahí, Stalin Herrera, Santiago Chuquimarca, Victor Ávila, Christian Orozco, Patricia Polo, Alexander Naranjo, Freddy Montenegro, Nancy Burneo, y María José Llerena. 2022. Estado del Banano en Ecuador: acumulación, desigualdad y derechos laborales. Quito: FES-ILDIS.
OIT. 2024a. Employment-to-population ratio by sex and rural/urban areas (%) – Annual. editado por Organización Mundial del Trabajo. ILOSTAT.
OIT. 2024b. Employment by sex and rural / urban areas (thousands) – Annual. editado por Organización Mundial del Trabajo. ILOSTAT.
Prebisch, Raúl. 1962. “The economic development of Latin America and its principal problems.” Economic Bulletin for Latin America 3 (1):1-22.
Puyana Mutis, Alicia 2018. “EL NEO-EXTRACTIVISMO EN LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA. EFECTOS SOBRE LA DESIGUALDAD Y EL CRECIMIENTO.” En Políticas sociales en América Latina en los inicios del siglo XXI, editado por Carmen Midaglia, Gerardo Ordóñez y Enrique Valencia, 33-74. CLACSO.
Ricardo, David. 1817. “On Foreing Trade.” En On the Principles of Political Economy and Taxation, 146-185. London: John Murray.
Tetreault, Darcy Victor. 2010. “Alternative Pathways out of Rural Poverty in Mexico.” Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies (88):77-94.
Compartir este artículo

David Singaña Tapia
Investigador del OCARUIngeniero en Ciencias Económicas, Master en Desarrollo Territorial Rural, realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Justus Liebig – Giessen, Alemania.
Integra el grupo HINASES (Human-nature Interactions in Agricultural Socio-Ecological Systems).
Líneas de investigación y publicación: Soberanía Alimentaria, Agricultura Familiar y Acuerdos Comerciales.