En este sentido, creemos importante dar a conocer que, la cadena de supermercados LIDL, considerando las denuncias realizadas por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) y la campaña emprendida por las organizaciones de Make Fruit Fair¹, anunció cambios respecto a la certificaciones que deberán tener sus proveedores de fruta. Además, un parlamentario, tomando como un caso la denuncia de inconstitucionalidad presentada por ASTAC, ha interpelado al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos laborales de los trabajadores bananeros.

En el primer caso, la decisión tomada por la cadena de supermercados responde a la acción activa de la sociedad civil que, mediante una campaña han interpelado la responsabilidad compartida que tienen las cadenas de supermercados con los derechos de los trabajadores, pues debido a sus políticas de bajos precios, influyen en la reducción extrema del precio mínimo legal del banano en Ecuador, lo que conlleva un deterioro en los estándares de las normas sociales y los derechos de los trabajadores. Tal como lo ha demostrado Oxfam, “Los bajos precios hacen muy difícil para los países productores un adecuado desarrollo social y refuerzan la condición de explotación y violación de derechos humanos que ha sufrido tradicionalmente el sector bananero” (2014:2).

La campaña también cuestiona el engaño que los supermercados realizan a sus consumidores cuando afirman que los productos que expenden cumplen con todas las normas en temas de derechos sociales y ambientales. Estas afirmaciones se hacen mediante certificaciones que, supuestamente, garantizan este cumplimiento de derechos. En el caso de los bananos que comercializa LIDL, actualmente cuentan con una certificación de Rainforest; sin embargo, desde ASTAC se han documentado y denunciado violaciones a derechos ocurridos en fincas que se encuentran bajo esta certificación, situación que fue oportunamente comunicada a la empresa certificadora. Si bien, la certificadora receptó estas denuncias y se comprometió a investigar y finalmente optó por mantener intactas las certificaciones otorgadas, demostrando la fragilidad en los niveles de rigurosidad de la certificación. Por ello, el actual anuncio del supermercado en cambiar su certificación a Comercio justo es interesante en la medida que la certificación se plantee un mecanismo para hacer cumplir mayores estándares en términos de cumplimiento de derechos, en los cuales se incluya el tema de la libertad sindical.

La segunda noticia, está relacionada con el panorama que se abre tras adherir al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, el cual contempla un título específico sobre derechos laborales y ambientales. En este marco, las denuncias por la continuidad en el incumplimiento de los derechos laborales también implican un incumplimiento de dicho acuerdo comercial; en este sentido, resulta crucial la pregunta que un parlamentario² elevó recientemente a la comisión del parlamento sobre: “Situación laboral preocupante de los trabajadores bananeros en Ecuador”.

La pregunta se formuló de la siguiente manera:

“Los bananos son la mayor exportación ecuatoriana a la UE, representando casi el 30% de las exportaciones totales del país a la UE. En agosto  de 2018, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) de Ecuador ha presentado un recurso de inconstitucionalidad respecto a tres Acuerdos Ministeriales, relativos a la regulación de las relaciones de trabajo agrícola y del sector bananero. Se denuncia en ese sector la vulneración al derecho a un salario mínimo, a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a una remuneración justa.

Los acuerdos van en beneficio directo de las grandes empresas y en detrimento de los trabajadores bananeros.

El salario básico es una forma de protección para el trabajador y al quitárselo se está incumpliendo el Artículo 277 del Título XIX del Acuerdo Comercial UE – Ecuador en temas laborales.

El Acuerdo no se está cumpliendo a cabalidad y la UE establece prohibiciones, pero no sanciones, para los países».

Puede la Comisión explicar:

– ¿Si está al tanto de la situación de explotación de los trabajadores bananeros?

– ¿Qué medidas concretas pretende tomar la Comisión para paliar a esas carencias con respeto al cumplimiento por parte de Ecuador del artículo 277 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador?

Estas dos acciones, la decisión del Lidl de cambiar su certificación y la pregunta elevada por el parlamentario europeo, son fruto de una acción que, lejos de intentar perjudicar al país, busca encontrar diferentes mecanismos para lograr que tanto las autoridades nacionales como las empresas asuman sus responsabilidades.

Este conjunto de acuerdos representa un retroceso normativo respecto a los derechos consagrados, tanto en la Constitución de la República como en tratados internacionales ratificados por el Ecuador; en temas relacionados con la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho al trabajo digno que implica el acceso a un salario mínimo y a la estabilidad laboral.
Esta regresión normativa responde a un escenario político donde las élites bananeras que han ejercido una permanente influencia sobre las decisiones estatales, tienen en el actual gobierno un terreno fértil para empujar políticas en beneficio de los grandes grupos económicos dedicados a actividades de exportación. Con representantes propios dentro del ejecutivo, por ejemplo, el actual Ministro de Trabajo, hijo del Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), -haciendo caso omiso de los evidentes conflictos de intereses-, dicta los acuerdos ministeriales que analizaremos a continuación, en beneficio directo de las grandes empresas y grupos económicos y en detrimento de las y los trabajadores bananeros.

Balance histórico de las condiciones laborales del sector

Cuando nos referimos a la importancia que el sector bananero tiene para el país, hacemos referencia tanto a que el Ecuador provee una tercera parte de las exportaciones mundiales como a la cantidad de fuentes de trabajo que este sector genera. Según los números de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la actividad emplea a 250.000 trabajadores directos y entre 2 y 2,5 millones de trabajadores relacionados con la actividad productiva y exportadora .
A pesar del reconocimiento de la importancia del sector y sus ingresos para el país, las condiciones laborales han distado de ser aceptables. Únicamente en sus inicios, allá por mediados del siglo XX, la necesidad de atraer mano de obra posibilitó que los salarios de los trabajadores bananeros alcanzaran niveles superiores a los de otras actividades agrícolas; sin embargo, esta situación cambiaría tras la primera crisis del sector. Desde entonces, los trabajadores bananeros han estado bajo un régimen de explotación laboral y permanente vulneración de derechos. Esta situación es el resultado del inmenso poder que grandes productores y exportadores han demostrado tener sobre los diferentes gobiernos para hacer caso omiso de las leyes y conseguir que se promulguen normativas acordes a sus intereses.
Con el ingreso del neoliberalismo, la presencia del sector bananero dentro de los gobiernos se consolida, tanto en cargos electivos (diputados, alcaldías, etc.) como mediante designaciones en cargos provinciales y nacionales, especialmente el Ministerio de Agricultura.
En este contexto, los gobiernos neoliberales promovieron y posibilitaron la expansión a gran escala de la tercerización laboral, es decir, la contratación a través de pequeñas empresas prestadoras de servicios, lo que exime a las empresas de gastos por concepto de prestaciones sociales (Marini, 1996), arrasando con los derechos laborales de todos los trabajadores. En el caso de los trabajadores bananeros, la tercerización tomó forma en los llamados enganchadores que llevaban a los trabajadores temporalmente a diferentes plantaciones generando una aparente separación entre la esfera productiva y reproductiva del trabajador, tornando invisible al capital y al dueño de los medios de producción (Martínez, 2005).
A su vez, se profundiza el proceso de despojo de tierras de los pequeños productores que pasan a engrosar el ejército de trabajadores asalariados. Las riquezas de la producción y exportación bananera benefician únicamente a un pequeño grupo, solo un puñado de grandes productores y exportadores controlan los diversos sectores relevantes de la cadena, bajo una estructura oligopólica (Baquero, Fernández, y Garzón, 2004). Además, estos conglomerados importan y comercializan los insumos químicos y técnicos para abastecer a la agroindustria en general, incluyendo al sector bananero (Marega, Philipp y Vitali, 2017). Como ejemplo, podemos mencionar la empresa Fertisa perteneciente al grupo Wong y la empresa Fertilizantes del Pacifico perteneciente al grupo Noboa; ambos son los principales productores y exportadores nacionales de Banano. De modo tal que, la dinámica de la producción bananera conlleva la articulación subordinada de pequeños y medianos productores a las grandes exportadoras que funcionan como enlaces para el mercado mundial, y como proveedoras de los insumos (Marega, Philipp y Vitali, 2017).
En este contexto, los pequeños productores, sujetos a una mayor inestabilidad y vulnerabilidad ante las fluctuaciones de mercado, se tornan más propensos a la venta de sus tierras (Rodríguez, 2008, En: Marega, Philipp y Vitali, 2017) o a la pérdida de las mismas a causa de las deudas contraídas con las empresas proveedoras de insumos; así, las grandes productoras como Noboa se fueron haciendo de las tierras de los endeudados pequeños productores. En el caso de los pequeños productores, que han logrado mantener sus tierras, una gran parte completa sus ingresos empleándose como trabajadores asalariados de las grandes plantaciones.
Lo anterior nos permite hablar de la consolidación de un modelo de explotación en base a una masa de campesinos con poca tierra y un excedente de fuerza laboral disponible como trabajadores ocasionales; en otras palabras, una masa de trabajadores rurales, todavía vinculados a las unidades campesinas, que son la base para la formación de mercados de trabajo nada transparentes desde el punto de vista capitalista (Martinez, 2014: 129).
A este cuadro hay que sumar el hecho de que, antes de la dolarización, Ecuador mantenía ventajas competitivas, en términos de costos de producción, con sus principales competidores como Costa Rica. Sin embargo, con la dolarización, al subir los costos de producción, especialmente en relación a los insumos importados, se pierde esta ventaja comparativa (Baquero, Fernández, y Garzón, 2004). Hay que señalar que, una característica de los agronegocios, es que construyen su “competitividad” mediante la reducción de costos por la vía de abaratar la fuerza de trabajo y los insumos, más que por una apuesta al aumento de la productividad. Es decir, en vez de invertir en tecnología o infraestructura que les permita aumentar la producción reducen los sueldos para producir “a menor costo” y, de ese modo, mantener la competitividad en el mercado. En consecuencia, con el argumento de la competitividad, el principal mecanismo aplicado recae sobre los trabajadores mediante el declive de sus salarios.
Al inicio del gobierno de Rafael Correa, medidas como el Mandato No. 8 que prohibía la tercerización laboral y cualquier forma de precarización del trabajo; la prohibición del trabajo infantil; y la inclusión en el código penal de mayores consecuencias para los empleadores que incumplan con la afiliación de sus trabajadores, generaron expectativas entre los trabajadores. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, muchos empresarios bananeros encontraron formas de evadir responsabilidades mediante estratagemas legales o incumpliendo abiertamente las normas ante la ineficiencia de los controles y el amparo de los largos procesos que resultan de las denuncias por violación a los derechos laborales. Así, aunque aumentó el número de trabajadores afiliados, la informalidad del sector permaneció por encima del 50%; tal como lo reconocen los mismos empresarios:

     La agricultura representa, en términos de PIB, un poco menos del 10%; históricamente ha oscilado ahí, ésto la ubica en el tercer lugar en importancia, pero en términos de ocupación de mano de obra es de largo el más importante, pues ocupa al 25% de la población ecuatoriana; lastimosamente es el sector donde más precarización laboral hay. Porque mientras el país tiene alrededor de un 40% de mano obra formal, lo cual también es triste, en agricultura la formalización es menor al 25% (Entrevista Kleber Siguenza, Diciembre de 2017).

Entonces, nos encontramos ante un avance normativo que no se refleja de manera contundente en la realidad cotidiana, lo que da cuenta de una ineficiencia o complicidad del Estado para hacer cumplir su propia legislación. Sin embargo, no es menos cierto que la existencia de estas leyes representa un mínimo indispensable en la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores.

Situación laboral actual de los trabajadores bananeros ante el retroceso normativo en temas laborales

Las élites que al final del gobierno anterior tenían cada vez más influencia pero no representantes directos, encontraron en el gobierno de Lenín Moreno la posibilidad de colocar figuras propias en sectores claves del gabinete. El sector bananero, que al final del gobierno anterior había conseguido la firma del Tratado Multipartes con la Unión Europea, consiguió colocar nada menos que un ministro de trabajo afín a sus intereses, Raúl Clemente Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma, expresidente y actual Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador; además, el nuevo ministro está vinculado a la exportación de banano y varios de los asambleístas son hacendados bananeros. Esta presencia al interior les permite avanzar en una flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores.

Es preciso señalar que el retorno a la flexibilización comenzó durante el gobierno anterior. En 2015, ante el retroceso de la economía, el entonces Presidente Rafael Correa anunció: “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc). En octubre del 2015, el Ministerio había emitido la norma para que los trabajadores agrícolas reciban su salario de forma diaria, semanal, quincenal o mensual en formas de “Contratos de trabajo discontinuo”. En el 2016, se aprobó un proyecto de ley urgente en materia económica con el fin de “flexibilizar el empleo”. Que según palabras del Presidente Rafael Correa, con la flexibilidad laboral “se permitirá que en condiciones extremas, y previo acuerdo entre las partes entre empleadores y empleados para evitar un mal mayor: perder empleo. Por ejemplo, “en lugar de que cierre una empresa, o que despida trabajadores, por pagar ocho horas cuando sólo necesita seis, que pueda trabajar solo seis horas laborales” (en El Expreso, 13 de febrero 2016. “Correa abre la puerta a la flexibilidad laboral”).

Con la llegada de Lenín Moreno y la designación de Raúl Ledesma en el Ministerio de Trabajo se avanza en el camino de la flexibilización laboral bajo el argumento de “aumentar las fuentes de empleo”. Entre las medidas adoptadas, el Ministro aprueba, mediante acuerdos ministeriales, nuevas modalidades de contratación que se acoplan a las exigencias de los empresarios violando derechos consagrados en la Constitución. Estos acuerdos son el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0029, del 21 de abril de 2017, que regula las relaciones de trabajo especial en el sector agropecuario, ganadero y agroindustrial; y los Acuerdos Ministeriales del 10 de mayo de 2018; MDT-2018-0096 que establece un «Contrato de Trabajo Especial por Actividades a Jornada Parcial para el Sector Agrícola», y MDT-2018-0074, que establece un «Contrato de Trabajo Especial por Actividades a Jornada Parcial para el Sector Bananero”.
Lo primero a señalar respecto a este conjunto de acuerdos es su contradicción con los artículos: 326.7, 326.8, 326.13 y 328 de la Constitución, interpretados a la luz de los Convenios OIT 87, 98, 144, 111, 110 y 131 vulneración del derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la remuneración justa y al salario mínimo. Y es que en todos ellos se estipula que determinados elementos del salario y de la jornada “quedarán determinadas por acuerdo entre las partes” siendo las partes el empleador y el empleado de manera individual, dejando por fuera el derecho a la negociación colectiva . En este sentido, como señala la demanda presentada por ASTAC: se provoca una individualización de la relación de trabajo, obviando la importancia del papel de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva en la determinación de las relaciones entre empresarios y trabajadores. A su vez, las modalidades establecidas por estos convenios no solo sujeta la forma de pago y beneficios legales al acuerdo de las partes contratantes, desconociendo la negociación colectiva, sino que, al no hacer expresa la obligación de respetar los mínimos salariales, deja sin protección al trabajador dejando abierta la posibilidad de que se viole el derecho a una remuneración justa. De este modo, los acuerdos contradicen la obligación del Estado de acabar con el subempleo, en conexión con la dignidad humana, la prohibición de la precarización y de la afectación de los derechos de las personas trabajadoras, en el marco de la prohibición de regresividad en derechos. Todas estas violaciones se derivan de la creación, mediante estos Acuerdos, de distintas modalidades contractuales caracterizadas por su elevada precariedad (carácter temporal, a tiempo parcial, sin una duración determinada y con una regulación vinculada fundamentalmente a la voluntad empresarial).
La inestabilidad laboral a la que quedan expuestos estos trabajadores se hace evidente en el Art. 12. del acuerdo 0074, y el Art. 13 del acuerdo 0096 donde dicen: “El empleador podrá convocar nuevamente al mismo trabajador con el cual celebró el «Contrato de Trabajo Especial Discontinuo a Jornada Parcial para el Sector Bananero», para lo cual llevará un registro de los trabajadores bajo esta modalidad contractual, en el cumplimiento de las actividades bananeras. Es decir que, si al empleador le da la gana puede volver a convocar al mismo trabajador, pero no está obligado, con lo cual no hay estabilidad laboral de ningún tipo. Se trata de disposiciones contractuales que permiten que el empresario finalice la relación laboral según su voluntad, con un límite temporal mínimo y esto puede ser manejado por la empresa para perseguir a los trabajadores que reclamen sus derechos como ya ha ocurrido, por otro, al reducir la jornada provocan una reducción salarial, y de esta forma no se reconoce un salario mínimo, lo que puede situar a la trabajadora o trabajador en una situación de ingresos insuficientes para una vida digna (el contrato permite que una persona trabaje sólo 52 días discontinuos dentro de un año a jornada parcial).
Por lo anterior, ASTAC sostiene que en estos acuerdos se viola el derecho a un trabajo digno y a la prohibición de la precarización derivada de la aprobación de modalidades contractuales temporales, atípicas, sin causa, sin las adecuadas garantías de mínima estabilidad y sin justificación. Y el derecho a condiciones de trabajo dignas, en concreto al descanso, a la limitación razonable de horas de trabajo y a la consideración específica de protección para los casos de actividades insalubres. Esto último se debe a que el conjunto los Acuerdos Ministeriales 0029, 0074 y 0096 no aseguran el cumplimiento del mínimo de descanso de 24 horas consecutivas establecido en el Convenio 110, consagrado en la Constitución de Ecuador y en los Tratados Internacionales .
Si tomamos en cuenta, como ya se mencionó más arriba, que existe un alto porcentaje de trabajadores en la informalidad, la puesta en marcha de estos acuerdos parece una herramienta perfecta para permitir que los empleadores continúen sin regularizar a sus trabajadores. De este modo, se avala una práctica habitual en las bananeras que consiste en una “flexibilidad cuantitativa”, es decir, la promulgación de contratos temporales para actividades permanentes. “Estos trabajadores son jornaleros que tienen una relación permanente (continua) con la plantación, pero que dada su forma de contratación (diaria) no pueden ser reconocidos como trabajadores permanentes, con lo cual quedan excluidos de las ventajas legales de los permanentes” (Marega, Philipp y Vitali, 2017: 11).
Si bien el Ministro de Trabajo, afirma que la entidad tiene las herramientas para controlar que no se apliquen estas modalidades a contratos nuevos y señaló que la intensión “no es precarizar sino regularizar lo que no está afiliado y sólo en casos específicos”. “No se trata de cambiar de un trabajo fijo a uno temporal, esa no es la idea, ni se debe, ni se puede permitir” . Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo, lejos de mostrar eficiencia en los controles, ha dado pocas señales de confianza al respecto, y se puede intuir cierta connivencia con las empresas bananeras. Qué confianza puede despertar un Ministro, que al ser consultado sobre la permanencia de los niveles de informalidad en el sector asegura que “aunque existe una serie de normativas para reducir los índices de subempleo e informalidad, todavía hay muchos casos donde el trabajador prefiere que se le pague ‘por debajo de la mesa”, con esta afirmación el Ministro traslada la responsabilidad de la informalidad a los trabajadores en vez de enfocarse en los empleadores que incumplen la normativa, y además agregó que: “lamentablemente si el empleado “no está en nuestro sistema”, la persona no puede reclamar sus derechos sociales y sacar provecho de ellos ” con lo cual parece desconocer que es obligación del Estado de actuar como garante en el cumplimiento de derechos. Al parecer estas afirmaciones no responden a una desafortunada declaración aislada sino al discurso oficial manejado por el Ministerio ya que tuve la oportunidad de escuchar de manera directa aseveraciones similares fueron expresadas por una funcionaria del MDT durante una reunión organizada por diferentes ministerios con la Sociedad Civil en el marco del “Diálogo” estipulado en el Título nueve del Acuerdo Comercial con la Unión Europea realizado el día 19 de Julio del 2018 en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Nos llama la atención que, mientras los trabajadores bananeros denuncian los acuerdos, desde las élites estas medidas sean elogiadas como uno de “los logros del actual gobierno: como las nuevas modalidades de contratación en varios sectores productivos, en especial el bananero, que se debe a la gestión del Ministro de Trabajo. Ello permitirá mayor flexibilidad en la relación productor- trabajador y crea normas que están acordes a la actividad de este sector, lo que permitirá seguridad entre ambas partes. Esto también fue insistencia de nuestro gremio”, afirmaba el padre orgulloso Eduardo Ledesma en la sección mensajes con la que se abre la revista de AEBE, (en Bananota No. 129 de abril mayo 2018).
Para cerrar, quisiera retomar una reflexión de Theotônio dos Santos, quien miraba con preocupación cómo frente a la ofensiva general del gran capital “las fuerzas de izquierda latinoamericanas se ablandaron con los pocos años de ejercicio del poder” (Theotônio dos Santos, 2016:56). La pérdida de radicalidad de los llamados gobiernos progresistas que se alejaron de las bases que inicialmente les apoyaron e incluso, en muchos casos, buscando su debilitamiento abrió camino al avance regional de la derecha que nos pone ante un nuevo escenario, sin duda más difícil, en el que hay que reconstruir la radicalidad desde de los sectores populares y sus formas organizativas propias.

Y su característica es la de ubicarse en la cúspide de la jerarquía social a partir de una combinación de factores económicos, políticos y de prestigio que le permite ejercer el poder (Espinoza, 2015; Rojas, Tapia y Bazoberry, 2000) y controlar las instituciones -políticas, estatales, educativas, sociales- que garantizan su reproducción y permanencia tanto material como simbólica (Mills, 1993).

Este artículo propone una aproximación a las élites ecuatorianas y sus formas de participar o accionar dentro de la política que nos permita, no solo distinguir quienes están detrás del poder sino también, qué recursos y estrategias despliegan para asegurar sus lugares de privilegios. En este sentido veremos que en ocasiones gobernantes y élites son los mismos y en otras aunque los primeros no se correspondan con los segundos, las élites encuentran maneras diferentes según la coyuntura historia para influenciar las decisiones políticas.

Para entender la conformación actual de las élites realizaremos un breve recorrido histórico de las élites agrarias que indague sus mecanismos de legitimación económica y simbólica, las ideas y creencias políticas a partir de las que se constituyen sus organizaciones y con cuales intervienen en la vida política, así como los niveles de articulación y formas de relacionamiento con el Estado.

Partimos de considerar que, élites económicas y élites políticas son en gran medida causales y dependientes, ya que cuando no son a la vez élites económicas y políticas despliegan estrategias para ejercer una influencia política que garantice su acumulación económica. Es justamente el poder económico de estos grupos lo que les sirve para incidir en el campo de la política. Si bien, no son un grupo homogéneo y aparecen como un grupo reducido que en momentos actúan como un núcleo compacto; construyen un sentido de superioridad simbólica y una estructura jerarquizada que se basa en una combinación de factores culturales (raciales y étnicos) que los consolidan, no sólo cómo un grupo que ostenta riquezas, sino como un grupo distinto de la sociedad.

Y para su reproducción simbólico cultural comparten espacios de sociabilidad -Club la Unión de Guayaquil-, se reclutan y forman en los mismos colegios, universidades, empresas y ostentan una posición de poder (Mills, 1993).

Entre la composición de la clase dominante y en la combinación de factores que nos permiten hablar de élites nos vamos a referir a la “cúspide” de esta estructura representada por las grandes élites nacionales, dejando para otra ocasión su relación con élites menores de carácter más locales las cuales se encuentran discursivamente enlazadas y subordinadas a las élites nacionales.

Por último, hay que señalar que tal como lo demuestran los aportes de varias personas investigadoras (North, Larrea, Herrera, Guerrero, Benavides y Quevedo) en Ecuador la conformación de las élites económicas y políticas tienen un origen terrateniente que se puede rastrear desde la primera República, donde el poder económico de las élites es posible gracias a la gran propiedad de tierra y la explotación de la fuerza de trabajo indígena a través de formas serviles. Podríamos distinguir dos grupos de élites terratenientes de carácter regional. Por un lado, están la élite serrana más “tradicional”, heredera de las formas coloniales de explotación de la fuerza de trabajo indígena, el concertaje de indios en las haciendas; y por el otro lado está la élite costeña que se consolida gracias al boom de la producción de cacao primero y luego con el boom bananero, en plantaciones “más modernas” cuyo proceso de expansión está ligado a la inserción del país en el mercado mundial determinando su carácter dependiente.

El Estado como inversor y canalizador de los conflictos sociales

Para finales del siglo XIX las élites comienzan a organizarse en Cámaras. En 1889 se crea la Cámara de Comercio que en 1908 se transformó en Cámara de Comercio y Agricultura; en 1903 la Sociedad Nacional de Agricultura y la Asociación de Agricultores del Ecuador en 1911; y en 1906 se crea la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria (Paz y Miño, 2008). A partir de entonces las respectivas cámaras tendrán un importante rol en la negociación política con los diferentes gobiernos.

La década del 60 comienza con una caída de la exportación bananera, mientras en la sierra las condiciones serviles de trabajo en las haciendas acumulaban el malestar y descontento de los pueblos indígenas. Los gobiernos militares serán los encargados de llevar adelante las reformas impulsadas por la Alianza para el Progreso, elaboradas tras el triunfo de la revolución cubana para evitar su posible “contagio a otros países”.

Si bien los sectores más tradicionales se opusieron, las reformas agrarias favorecieron a las élites más modernas cuyos intereses y capitales transgredían el ámbito puramente regional.

La influencia de las élites sobre el Estado resultaba fundamental tanto por su capacidad de inversión, como por su rol en la gestión de los conflictos sociales. Por ello cuando tras la primera Ley de Reforma Agraria en 1964 se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) “los terratenientes de la costa y sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC” (North 1985:434-438). Con esto lograron tener cierto control sobre la distribución de tierras, especialmente en los programas de colonización del Oriente que era una vieja aspiración de los terratenientes.

Durante la segunda Ley de Reforma Agraria, las Cámaras de Agricultura y Ganadería se opondrán a la redistribución mediante un discurso centrado en la productividad que logró transformar la propuesta original de la ley, relegando a un segundo plano el tema de la redistribución. Este cambio de prioridades les permitió incluir una cláusula, según la cual -con previo aviso- se otorgaba un periodo de gracia a los terratenientes para hacer su producción más eficiente y evitar la expropiación (López 1994; North 1985).

La inversión realizada por los gobiernos militares gracias a los ingresos petroleros de los años 70 apuntaló el crecimiento de los agronegocios y la recuperación del sector bananero mediante prerrogativas del Estado, especialmente con el grupo Noboa, que incluían la venta de combustible para el transporte marítimo a precios internos, notablemente inferiores que sus cotizaciones internacionales, y que se mantendrán incluso tras las alzas de precios de 1981. Según Larrea (1987), este puede ser el elemento explicativo más importante del crecimiento de la Exportadora Bananera Noboa entre 1973 Y 1977.

La política de fomento estatal al modelo de los agronegocios también benefició a los grandes productores de palma, en especial el grupo de Palmeras de los Andes y DANEC, así como la Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) vinculada a la venta de aves y fertilizantes[1]. Se inició una modernización de las élites agrarias -nuevas o renovadas- que a partir de ese momento comienzan a operar mediante la formación de grupos económicos con una visión distinta del mercado, tanto exportador como para abastecer el mercado interno. En sus nuevas prácticas, el prestigio de las élites ya no se basa solo en el apellido de familia, sino que toma la forma de empresas agroindustriales como el mecanismo económico para desarrollar el capitalismo en nuevas zonas -como por ejemplo Esmeraldas y Santo Domingo (Benavídes y Quevedo, 2015). Esto no significa que desaparezcan los emporios familiares sino que conviven y se mezclan dos formas de operar en el control sobre importantes sectores de la economía nacional hasta la actualidad.

Los niveles de diversificación nos muestran una transición desde élites terratenientes y oligarquías a burguesías capitalistas se sostiene mediante actividades diversificadas que permiten el control de distintas esferas de la producción, el comercio, las finanzas, el consumo y el mismo Estado (J. Maiguashca y L. North, 1991; C. Larrea, 2005). Esta transición lleva a las élites a apoyar un retorno constitucional que les posibilite un entorno institucional e instrumentos políticos más orientados a las demandas internacionales de liberalización del mercado.

La democracia empresarial

El retorno a la democracia (1989) dio paso a una sucesión de gobiernos que aplicaron las políticas del consenso de Washington, especialmente a partir del gobierno de León Febres Cordero (1994-1998) del Partido Social Cristiano y representante de las élites “costeñas”. Quien durante años ocupo puestos gerenciales dentro del Grupo Noboa, fue director y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.

Con el neoliberalismo asistimos a la eliminación de la autonomía relativa del Estado, siendo un elemento frecuente que los presidentes de los gremios de las élites como las Cámaras de Agricultura, entre otros, pasen a ocupar puestos de alto rango dentro los gobiernos y desde allí elaboren política pública y legislación a favor de sus intereses sectoriales. Un ejemplo claro fue la privatización de las empresas estatales como la entrega a manos privadas de toda la infraestructura y las empresas estatales ligadas a la promoción agrícola, la red de silos estatales ENAC pasó a empresas privadas en las que tenían acciones los mismos funcionarios del momento[2] o la empresa de fertilizantes Fertisa que fue vendida al grupo Wong; otro ejemplo fue La Ley de Desarrollo Agrario (julio de 1994) impulsada desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona conjuntamente con el Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA)[3] que, entre otras cosas, permitió el registro de tierras comunales como propiedad privada, la venta de tierras estatales a agricultores individuales y la libre importación y distribución de insumos y semillas. Medidas que se dan cuando la expansión de la producción de flores requería insumos y tecnologías importados.

El accionar político de las Cámaras de Agricultura no se limitaba a la colocación de funcionarios sino que también apelaban a posesionar discursos para constituir una opinión pública que respalde sus intereses. Por ejemplo, tras el surgimiento del movimiento indígena de 1990, las Cámaras de Agricultura y Ganadería contratan expertos extranjeros que les ayuden a contrarrestar los discursos y demandas indígenas estableciendo una relación entre reforma agraria y deterioro económico.

En 1999, la caída del precio internacional de banano provoca una crisis del sector que genera tensión entre exportadores y productores porque los primeros se negaban a cumplir con el precio oficial de la caja del banano, mientras los productores presionan al gobierno para que asegure el pago del precio oficial, las principales firmas exportadoras presentaron una demanda judicial contra el gobierno con el objetivo de que se anule el decreto mediante el cual se creó el Instituto Ecuatoriano del Banano, un organismo con atribuciones de contralor y sanción. Entre los demandantes se encuentra la compañía exportadora de banano Costatrading, cuyo dueño y gerente era el presidente del Congreso, Juan José Pons Arízaga[4] de la Democracia Popular, partido de Jamil Mahuad el principal responsable de la dolarización.

La crisis del banano evidenció conflictos internos entre las élites que conformaban el gobierno y el nivel de influencia política alcanzado del sector exportador que ese año se organiza en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) -creada para defender los intereses de las grandes exportadoras de banano tanto nacionales como transnacionales[5], hasta la actualidad AEBE se consolidó como interlocutora de los exportadores con el Estado, Sergio Seminario, primer presidente de AEBE terminará al frente del ministerio de Agricultura unos años más tarde, mostrando el poder del sector exportador durante el neoliberalismo.

Los sectores ligados a los agronegocios -muchos surgidos entre los 50 y 70- serán los grandes beneficiarios de este periodo y devienen en grandes grupos económicos como Pronaca, La Favorita, La Fabril, DANEC, Florexpo, Agripac, REYBANPAC, Consorcio NOBIS, Exportadora Bananera Noboa, Nestlé, entre otros, los cuales fortalecieron sus espacios de negociación con el Estado a través de las cámaras y asociaciones (Benavídes y Quevedo, 2015).

Las élites durante la Revolución Ciudadana

Tras más de 20 años de políticas neoliberales, la crisis económica (1999) deriva en una crisis de legitimidad política y económica. La llegada al poder de Rafael Correa (2007-2017) encarnaba – como años atrás lo había hecho Lucio Gutiérrez (2003-2006)- la esperanza de una renovación política y la promesa de recuperar la autonomía relativa del Estado.

El nuevo gobierno implicó la pérdida del control directo de las élites -al menos de altos cargos- dentro del Ejecutivo[6] y el despliegue de una estrategia de incidencia mediante el lobby sobre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional desde sus asociaciones gremiales como las cámaras y un elemento nuevo que fue la influencia política realizada directamente desde empresas y grupos económicos.

En el caso del Ejecutivo se dieron una gran cantidad de recambios y si bien nunca llegó a conformarse un gabinete empresarial, las élites encontraron espacios permeables y funcionarios que actuaron como nexos para canalizar sus intereses.

La Asamblea Constituyente fue la primera batalla legislativa en la cual se midió el peso de las organizaciones sociales y las élites para influir en el resultado de la Carta Magna. Las élites miraban con preocupación muchos elementos y derechos que fueron incluidos en este proceso, solo a modo de ejemplo tomemos la reacción ante el Mandato 8 que abolió el trabajo por horas y la tercerización. En ese momento, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador defendió esas modalidades de trabajo e imaginó catastróficas consecuencias para la economía y el empleo en el país. Sin embargo, nueve años después con la crisis por la baja del precio del petróleo, el sector agrícola pidió flexibilizar las formas de contratación para “mantener el empleo” demanda que fue aceptada como medidas “temporales para superar la crisis”[7].

La nueva Constitución abrió paso a una serie de leyes orgánicas que debían aprobarse en los siguientes años y que fueron el objeto fundamental del lobby desplegado por las élites para influir en la Asamblea Nacional, donde Alianza País mantuvo predominancia parlamentaria aunque sus posiciones no fueron siempre homogéneas. Llama la atención que el lobby no solo fue llevado adelante desde las Cámaras, sino que, por ejemplo, durante el debate de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), serán las mismas empresas y grupos económicos dedicados a la producción, acopio y comercialización de alimentos, como Pronaca, Supermaxi, Nestle y GRAIN que acudieron a la Comisión Interinstitucional de Soberanía Alimentaria para que adopte posturas más cercanas a la seguridad alimentaria (Rosero, Carbonell y Regalado, 2011).

En el caso de la Ley de Tierras, Territorios y Comunas, la Cámara de Agricultura de la 1ra. Zona elaboró su propio proyecto de ley, el cual fue acogido por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y presentado por Fernando Cáceres, asambleísta de Alianza País. Aunque el proyecto no prosperó, lograron evitar que se apruebe el proyecto defendido desde las organizaciones sociales y que se promulgue una ley que respeta los privilegios de la agroindustria y donde prima la lógica productiva de los agronegocios, retomando el discurso de que la pequeña propiedad y la economía campesina no son rentables.

Durante este periodo, el proceso de legitimación de las élites ya no se basa únicamente en el prestigio y poder económico de las familias, sino que apelan a la construcción de un discurso que presenta sus intereses como intereses del común y para esto se valen del control que tienen sobre los medios de comunicación.

De este modo, las élites no dependen únicamente de tener representantes directos en el Estado, sino que pueden valerse de trabajadores públicos funcionales y en muchos casos convencidos de aplicar políticas “desarrollistas”. Un ejemplo es el Plan Semilla, que consiste en la entrega de Kits de insumos agropecuarios generando dependencia de los campesinos a las lógicas de la agroindustria y beneficiando a las importadoras de insumos como Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India y Del Monte, entre otras, que entre 2006 y 2016 duplicaron sus ingresos gracias a la transferencia de recursos del Estado[8].

Además, en un marco de mayor transnacionalización del capital, las élites ligadas a los agronegocios de exportación (banano, flores, camarón y otros) desplegaron una fuerte campaña para presionar al gobierno a que retome las negociaciones y firme un tratado comercial con la Unión Europea. La campaña no solo se basaba en los supuestos beneficios, sino también en las catastróficas consecuencias -ante las posibilidad de que se acaben las preferencias arancelarias- para la economía del país y los empleos si se demoraba en la firma.

De este modo, las élites buscaban el apoyo de la opinión pública y las clases subordinadas, bajo el discurso de que su beneficio sería el beneficio de todos. Finalmente en 2016 consiguen su cometido y al final de su gobierno Rafael Correa firma el tratado multipartes con la Unión Europea.

Lenín Moreno y el retorno de las élites en el Estado

Moreno quien se presentó como candidato de la continuidad, triunfa en una ajustada segunda vuelta contra el banquero Guillermo Lasso. Ya en el poder busca alejarse radicalmente de la figura de su antecesor y generar una serie de alianzas propias que le permitan sostenibilidad.

Organizaciones y sectores sociales a quienes el gobierno anterior había negado y cerrado las puertas vieron una oportunidad, sin embargo la debilidad en la que se encuentran llevó a que apenas consigan algunas concesiones y espacios marginales dentro del nuevo gobierno.

En cambio, las élites que al final del gobierno anterior tenían cada vez más influencia pero no representantes directos ahora cuentan con figuras propias en sectores claves del gabinete como: la ministra de Industrias Eva García Fabre; empresaria, guayaquileña cercana las Cámaras de Guayaquil y relacionada con el alcalde Jaime Nebot; El ministerio de turismo en manos de Enrique Ponce de León, director general de la cadena hotelera transnacional Decameron; Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa Pontón dueña del grupo Nobis del cual fue directivo, al frente del Ministerio de Comercio Exterior; El Ministerio del Trabajo encabezado por Raúl Clemente Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma, ex presidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador; y la reciente incorporación Richard Martínez quien pasó de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Finanzas.

El gobierno que arrancó sin un plan claro -más allá de la ternura[9]– donde todo parecía estar en negociación cedió rápidamente a las demandas de las élites. Uno de los espacios utilizados por las élites fue el Consejo Consultivo Productivo y Tributario[10], instancia creada según los mismos voceros del gobierno para unir al Ejecutivo con el sector empresarial y así dinamizar la economía, crear empleos y simplificar trámites, entre otros objetivos. De las 139 recomendaciones que el Consejo entregó se aceptaron el 86%, pero como las élites no quedaron conformes y algunas de las recomendaciones tributarias no aceptadas fueron incluidas en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal -la Ley Trole 3[11]-.

En apenas más de un año, entre otras cosas, las élites han conseguido:

Reformas laborales: tras una reunión entre el ministro Ledesma y la Cámara de Comercio de Guayaquil quienes presentaron al Gobierno su propuesta de “flexiseguridad laboral”, el ministro rechazó flexibilizar, pero aprobó, mediante Acuerdos Ministeriales, siete nuevos modelos de contratos para el sector agro exportador y turístico que no son otra cosa que una flexibilización laboral ligeramente camuflada e inconstitucional.

Amnistía tributaria: bajo el argumento de la falta de liquidez, se aprueba un condonación de deudas sobre el 100% de las multas e intereses que las empresas tengan con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto quiere decir que a las grandes empresas nacionales y transnacionales, en el plazo de 90 días, se les perdonará un monto que podría llegar, según el mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de aproximadamente 4.600 millones.

Libre Comercio: se retoman las relaciones cercanas con Estados Unidos, tanto en temas de defensa como de comercio y política exterior on una orientación hacia la apertura comercial, en busca de nuevos tratados de libre comercio y el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI). En líneas generales son las élites ligadas al comercio internacional y la agroexportación quienes, en la actualidad determinan la política exterior y las políticas económicas del país.

Finalmente, se concluye que el Ecuador vemos que las élites políticas, de origen terrateniente, mantendrán una permanente incidencia en la política la cual. A partir del siglo XX, se desarrolla paralelamente en dos mecanismos: por un lado, la presión política mediante de sus representaciones gremiales, a lo cual se suma en los últimos 12 años el lobby político ejercido directamente desde las empresas y grupos económicos. Por otro lado, según la coyuntura, hay períodos donde las élites ostentan un control directo del Estado a través de colocar representantes en puestos claves del ejecutivo y el legislativo.

La influencia política de las élites sobre el Estado resulta clave en tanto es un elemento central para garantizar su reproducción material y simbólica, les permite cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo social sobre el resto de la sociedad y hacer funcionales las instituciones y políticas estatales para los requerimientos de la acumulación del capital.

El recorrido nos permite ver que, si bien se pueden señalar periodos de crisis en la hegemonía de las élites agrarias que provocan una circulación en la cual algunos grupos pierden su posición y otros se incorporaron, no significan una renovación mayoritaria de las élites. Por ello hablamos de continuidades en la conformación de las élites las cuales se transforman y adaptan en función de las transformaciones del capital. Son los ingresos generados por la explotación agrícola, los que consolidan el primer modelo de acumulación a partir del cual se genera una diversificación capitalista a otros sectores de la economía, primero hacia el sector comercial y financiero que se profundiza en los años 70 con la conformación de grupos económico cuyo control abarca desde la importación de insumos, hasta inversiones financieras, medios de comunicación, universidades privadas y otros.

Cabe remarcar que hasta el boom petrolero, la agricultura representaba la principal fuente de ingresos del país. Con la explotación petrolera la agricultura y agro-negocios basados en las grandes extensiones de tierra pasaron a un segundo lugar pero mantienen una importancia crucial ya que los ingresos petroleros no derivaron en una marcada industrialización ni cambiaron la condición primario exportadora del Ecuador. Por ello, más allá de la creciente diversificación, podemos hablar una “vía terrateniente” de acceso al poder político y económico.

Por último, remarcar uno de los principales efectos de la transformación en la composición de las élites en función de su adaptación al capital que es la creciente presencia de capital transnacional, lo que conlleva un cambio de comportamiento de las élites, hoy sus intereses ya no son de carácter nacional sino transnacional y se expresan en su marcado interés por los tratados de libre comercio y políticas fiscales que no limiten la salida de capitales al exterior.

*Instituto de Estudios Ecuatorianos.

Tras las sucesivas crisis políticas que sacudieron al país, la Constitución de 2008 generó esperanzas en la población. Para los trabajadores representó avances importantes en torno a derechos laborales que, junto a la recuperación de la capacidad del Estado como garante de derechos básicos, auguraban una mejora en la calidad de vida. 

En este sentido el Mandato No. 8, expedido por el ex-presidente Rafael Correa al inicio de su gobierno, marcó un punto de inflexión al prohibir la tercerización laboral y cualquier forma de precarización del trabajo. Esta norma fue el marco para avanzar respecto a estabilidad, salario mínimo y seguridad social. Sin embargo en la práctica, los empleadores encontraron formas de evadir las leyes, mediante estratagemas legales o incumpliendo abiertamente las normas ante la ineficiencia de los controles y al amparo de los largos procesos que resultan de las denuncias laborales. Por ello, los primeros avances en la materia no lograron cumplir las expectativas de transformación profunda, ni se realizarán mayores cambios para avanzar en la ampliación de derechos laborales. Como se verá para el sector bananero, siguen vigentes viejas prácticas atentatorias a los derechos laborales y de sindicalización de sus trabajadores.

En la actualidad, el banano junto con el camarón son los principales productos de exportación no petrolera [3], consolidando el lugar de Ecuador como principal exportador de banano en el mundo. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), existen 162.234 hectáreas dedicadas a esta actividad, distribuidas en 8 provincias y al rededor de 4.500 fincas.

En términos de generación de empleo la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) afirma que el sector puede llegar a emplear indirectamente a 2 millones de personas, y a 200 mil de manera directa [4] . Sin embargo, a pesar de ser un sector estratégico en términos económicos y con gran cantidad de trabajadores, llama la atención la permanecía de un alto grado de informalidad y el reducido porcentaje de organizaciones sindicales reconocidas de manera oficial.

Otras investigaciones [5] han dado cuenta de diversas violaciones a los derechos de los trabajadores relacionadas con: 1) La permanencia de informalidad en el sector, si bien desde el reconocimiento constitucional de la seguridad social como un derecho irrenunciable aumentó el número de trabajadores asegurados, en el sector rural, aún existe un gran porcentaje de trabajadores sin contratos ni afiliación o con subafiliación con la consecuencia que esto tiene para los aportes de dichos trabajadores. 2) Relacionado con lo anterior, muchos trabajadores no llegan a percibir el salario mínimo establecido legalmente ya que los empleadores hacen depender el salario del volumen obtenido por su trabajo, por ejemplo el número de las cajas empacadas, la superficie del campo bananero obrado, etc. 3) Además cabe señalar las afectaciones a la salud y malas condiciones de trabajo en las que se encuentran muchos trabajadores del sector, especialmente relacionadas con el uso de agrotóxico y las fumigaciones aéreas. (En: “Contribución de Astac para el tercer ciclo del examen periódico universal a Ecuador” ASTAC: 2017).

En este contexto de violencias y atropellos, la organización de los trabajadores y su formalización en sindicatos se convierte en urgencia para la defensa de sus derechos. Sin embargo, tal como lo plantean las organizaciones de trabajadores: la secases de asociaciones es producto de acciones y prácticas específicamente orientadas a impedir la formación de sindicatos en el sector. Hoy, las empresas bananeras gozan de altos niveles de impunidad al punto de registrase amenazas contra la vida de quienes deciden levantar su voz, es el caso de Jorge Acosta activista y coordinador general de a Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTA) quien a inicios e marzo recibió un llamado telefónico en el cual una voz de mujer le advertía “Si sabe como mueren los sapos” [6]

Este tipo de prácticas mafiosas que buscan acallar las denuncias torna imprescindible dar a conocer cómo se manejan las empresas bananeras respecto a las constantes violaciones de los derechos de sus trabajadores. A continuación se presentan siete casos ocurridos durante los últimos tres años, donde se detallan los factores estructurales y las presiones ejercidas por parte de las empresas, que limitar el derecho de los trabajadores bananeros a libre asociación sindical.

Trabas estructurales, exigencia de 30 trabajadores para el sindicato por empresa e imposibilidad de constituir un sindicato por rama

La primera dificultad que se encuentra a la hora de indagar sobre el bajo porcentaje de sindicalización del sector está relacionada con un tema legal ya que la legislación ecuatoriana determina que para formar sindicato por empresa, se requiere un número mínimo de 30 trabajadores afiliados. Así, aunque cerca del 50 % de fincas bananeras son entre pequeñas y medianas, las cuales muchas veces no llegan a emplear ese número de trabajadores, en las otras tantas, en las que se cuenta con mas de 30 trabajadores efectivos, las empresas mantienen a un porcentaje de sus trabajadores sin afiliación al IESS de manera tal que no son reconocidos como empleados y, por tanto, no cuentan oficialmente para la conformación de un sindicato. Así mismo la legislación no contempla la existencia de sindicatos por ramas productivas en la cual trabajadores de distintas empresas pero pertenecientes a un mismo sector y con los mismos intereses y preocupaciones puedan conformar una organización sindical.

Este es el caso de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), quienes después de varios años realizando denuncias por las afectaciones a la salud por las fumigaciones aéreas y de comprobar la necesidad de organizarse, en febrero de 2014, con 66 trabajadores se reúnen para constituir un sindicato de rama [7] y al presentar la solicitud de registro ante la Dirección Regional de Trabajo de Guayaquil [8] su constitución es negada por el Viceministro de Trabajo, argumentando que los trabajadores de ASTAC, no tenían relación de dependencia con una único empleador y esto contravenía los procedimientos establecidos en los artículos 1, 9, 443 y 454 del Código del Trabajo. Es decir no se les permitió establecer un sindicato por rama.

Tras la negativa se suceden un serie de acciones legales: en 2015, elevan un recurso extraordinario de revisión [9] el cual es rechazado por el Ministerio de Trabajo utilizando los mismos argumentos iniciales, y en 2016, la Corte de Justicia de Quevedo declara inadmisible, por falta de competencia territorial, la acción de protección interpuesta desde ASTAC en contra del Ministro de Trabajo por vulneración de la libertad de asociación.

Las organizaciones querellantes manifiestan finalmente que el Ministerio de Trabajo sí reconoce en otras áreas la validez del modelo sindical sectorial, es decir, sin un único empleador tal como lo demuestra el registro, el 20 de junio de 2016, del Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (SINUTRHE).

Actualmente ASTAC funciona como una organización de hecho, aun sin contar con el reconocimiento oficial como sindicato y desarrolla una importante actividad asesorando a los trabajadores tanto para formar sindicatos de empresa como para exigir la realización de inspecciones y realizar acompañamiento legal a los trabajadores.

Despidos y amenazas, a quienes se organizan

Entre los casos más preocupantes y frecuentes se encuentran aquellos en los que ante la decisión de los trabajadores de formar un sindicato, el empleador reacciona con despidos y amenazas de diferente índole como colocar a los trabajadores en las llamadas “listas negras” para que no vuelvan a ser contratados por ninguna otra empresa. En algunos casos se ha llegado al extremo de amenazas directas a la integridad física de trabajadores y familiares. A continuación presentaremos algunos casos ejemplares en este sentido.

La Asociación de Trabajadores Bananeros 7 de Febrero de la empresa Frutas Selectas S.A. Frutsesa, domiciliada en Puerto Santa Ana, Guayaquil; en junio de 2014 sus trabajadores constituyen el sindicato de empresa con 45 firmas, el trámite se presenta ante la Dirección Regional de Trabajo del Guayas cuya inspectora notifica al empleador, pero a partir de allí comienzan el boicot de la empresa para desarmar el sindicato.

Primero, presionando bajo amenaza de despido a los trabajadores, los obligan a firmar declaraciones juramentadas afirmando “no haber participado en la asamblea constitutiva del sindicato” y declarando “no tener la voluntad de formar parte del mismo”. Ante el miedo de perder sus fuentes de ingreso algunos trabajadores firman y la Dirección Regional de Trabajo de Guayaquil recibe 11 declaraciones juramentadas con idéntico texto. Según denuncias, estos trabajadores no solo firmaron bajo presión, sino que el notario nunca les leyó el texto de las declaraciones.

En paralelo, la empresa desconoce la relación laboral con 12 de los 45 miembros fundadores del sindicato y argumenta que dos personas concluyeron su relación laboral antes de la creación del mismo. Cabe señalar que el Estado comprueba la pertenecía de los trabajadores mediante el reporte de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero en más de una oportunidad los trabajadores han denunciado la falta de la afiliación de todos los empleados. La suma de estas estrategias permitió al representante legal de la empresa impugnar el trámite de constitución del sindicato, argumentando que no reunían el número mínimo de afiliados válidos.

Cumpliendo las amenazas la administración comienza a despedir a los miembros del sindicato que se negaron a firmar las declaraciones juramentadas. El Gobierno señala [10] que: de los 18 trabajadores despedidos -fundadores del sindicato- solo tres fueron por “despido intempestivo” y 15 contratos fueron finalizados de forma “consensuada” entre el 31 de agosto de 2014 y marzo de 2015; haciendo la vista gorda al hecho de que los trabajadores se ven forzados a salir de manera “consensuada”, por miedo a ser incluidos en las llamadas listas negras y no volver a conseguir trabajo.

Finalmente, las maniobras de la empresa dan resultado y en noviembre de 2014, el Viceministro de Trabajo niega la constitución del sindicato por no contar con el número mínimo de afiliados. La resolución indica que basándose en el cotejo realizado con el empleador, de las 45 personas señaladas como miembros fundadores, tan sólo 31 trabajaban allí al momento de la creación del sindicato y que, de estas 31 personas, 11 presentaron una declaración juramentada por medio de la cual negaban su participación en la constitución del mismo.

Otro caso similar se registró en la compañía CEINCONSA S.A., domiciliada en Machala, cuando en mayo de 2015, 42 trabajadores de las haciendas “La Paz”, “María Victoria” y “La Bonita”, pertenecientes a la compañía, pero ubicadas en el cantón El Guabo provincia de El Oro -con asesoría de ASTAC-, constituyen un sindicato y presentan la documentación a la Inspectoría de Trabajo de Machala.

La primera reacción del empleador, al ser notificado por el Inspector de Trabajo, fue despedir a 11 trabajadores. Ante estos hechos, desde ASTAC-El Oro, se solicita al Inspector de Trabajo, una inspección y la declaración de DESPIDO INEFICAZ para que los trabajadores sean reintegrados a su puestos [11], ya que existe la prohibición de despedir a trabajadores por conformar una organización sindical. Tras la inspección se constata que de los 11 despidos, 9 trabajadores eran dirigentes por lo cual, el 20 de julio, se ordena el reintegro de los 11 trabajadores a sus puestos de trabajos.

Una vez otorgada la vida jurídica al sindicato CEINCONSA [12] , la organización realiza una denuncia por falta de afiliación o sub-declaración de “aportes al IESS” de 12 trabajadores. La compañía CEINCONSA S.A., responde con amenazas de despido y un fuerte hostigamiento que llevo a 8 trabajadores del sindicato a presentar su renuncia y firmar contratos con nuevas compañías (BANAEDEN WYR, BANATROPICAL PMY, Sociedad de hecho SERBANA DYM y BANABAYCORP S.A.) ligadas al mismo patrono, contraviniendo el Mandato Constituyente No. 8, que prohíbe la tercerización e intermediación laboral.

Durante el siguiente mes, 6 miembros del sindicato son desvinculados de la empresa, 2 por negarse a renunciar y firmar con otra compañía [13], a 3 trabajadores el empleador negó tener relación laboral [14] y el último fue notificado con VISTO BUENO del Ministerio de Trabajo [15]. Todos presentaron las respectivas denuncias ante el Ministerio del Trabajo. Al tiempo que continuaron las amenazas al resto de los trabajadores para forzarles a renunciar y firmar con las compañías de subcontratación, y a modo de hostigamiento, 29 trabajadores del sindicato fueron notificados mediante un MEMORANDUM, por no firmar los roles de pagos. A pesar de las presiones recibidas el sindicato se mantiene en pie en la actualidad.

Como se ve en el caso anterior otro detonante de persecución a los trabajadores es cuando estos se organizan para exigir al Estado realicen los controles e inspecciones necesarias para hacer cumplir sus derechos. Esto sucedió también en diciembre del 2015 en la empresa VIESFRUT S.A cuando los trabajadores conjuntamente con ASTAC exigen al Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social que realice una inspección a las haciendas bananeras “Belitama”, “Chiquisagua” y “Cucalon” ubicadas en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, aunque su domicilio tributario se encuentre en Naranjal provincia del Guayas. Las inspecciones comprobaron la falta de afiliación de un gran porcentaje de trabajadores, a lo que se suma la denuncia por falta de afiliación al IESS presentada por otros 7 trabajadores que no estuvieron presentes el día de la inspección.

Con este antecedente, en enero de 2016, 35 trabajadores se reúnen para constituir un sindicato y presentan la documentación a la Inspectoría de Trabajo de Guayaquil, luego varias idas y vueltas de papeleos y devoluciones del trámite [16] , el 19 de febrero ingresa en la Inspectoría de Trabajo de Guayaquil y se notifica al empleador. La respuesta no se hizo esperar y tan solo unos días después son despedidos, en diferentes tandas, 13 trabajadores, incluido el secretario general y cuatro integrantes del sindicato. Pero la gravedad de echo aumenta ya que se registraron amenazas directas a los trabajadores por parte del patrono, Rodrigo Viteri Astudillo [17].

Con la asesoría de ASTAC, los abogados presentaron una medida cautelar pidiendo el reintegro [18] de los 13 compañeros, y si bien el Juez ordeno 6 reintegros por Despido Ineficaz, los trabajadores no pudieron volver a sus puestos ya que no se les permitió el ingreso a las haciendas [19] , por lo que desde el sindicato se solicitó a la Delegación de Trabajo y Servicio Público la verificación del impedimento de reintegro de los trabajadores [20].

Ya con el Sindicato constituido [21] la empresa no cesó las intimidaciones, llegando a despedir a 24 trabajadores de los 35 que formaron el sindicato. Con estas acciones la empresa logró socavar la existencia del sindicato que no logro sobrevivir.

Amenazas a la integridad física

Como decíamos al inicio, algunos activista y trabajadores no solo fueron despedidos o puestos en listas negras, también se ha llegado al extremo de amenazar sus vidas, como el caso Luis Ochoa, trabajador despedido por ser Secretario General Frutas Selectas S.A. Frutsesa. La razón del despido fue que Luis Ochoa, en abril de 2015 participó en Lima, del Tribunal Ético Andino en el cual se condenó a las empresas bananeras Compañía Frutsesa Frutas Selectas S.A. y REYBANPAC Rey del Banano del Pacífico S.A. por violación a los Derechos Humanos. A partir de ese momento Luis recibió llamadas y mensajes de texto amenazando su integridad física e instándolo a dejar su contacto con los trabajadores de la empresa [22] .

Los casos presentados hasta aquí motivaron la presentación, por parte de ASTAC, de una queja formal ante la OIT en contra del Gobierno de Ecuador, por incumplimiento del convenio 087 sobre Libertad Sindical, caso asignado con el número 3148. La queja se sustenta en la intención de violar el derecho humano a formar sindicatos.

El siguiente caso relevado ocurre en la conocida hacienda Los Álamos, del Grupo Exportadora Bananera Noboa [23] , que ha sido objeto de sucesivas denuncias por maltrato laboral, trabajo infantil, despidos “injustificados” y persecución sindical [24] .

El primer sindicato en Los Álamos, fue resultado de una huelga violentamente reprimida en el 2002, que se desmanteló debido a la multitud de compañías que subcontrataban trabajadores. Esta era una táctica habitual que evitaba que un patrono tuviera una plantilla lo suficientemente grande como para permitir un sindicato. Tras el mencionado Mandato No 8, en 2011 se vuelve constituir el Sindicato de Trabajadores de Industrial Bananera Noboa – Los Álamos. En aquel momento la empresa presionó y despidió trabajadores, pero el sindicato logro mantenerse [25] . Sin embargo, en junio de 2014, luego de ser elegidos para el comité de empresa, 17 trabajadores son despedidos y, a los pocos días, se sumaron los despidos del secretario general y el tesorero del sindicato tras cuestionar una deducción sin explicar de un 1% en las nóminas de los 1200 trabajadores con efecto retroactivo a Febrero [26] . La situación volvió a repetirse en 2016 con el despido de 23 trabajadores – también candidatos para el comité de empresa- de estos, solo 9 recibieron la liquidación acorde a la ley.

Los trabajadores se acercan a ASTAC con quien en 2017 solicitan a la Defensoría del Pueblo una inspección en la hacienda [27] la cual se intentó en 2 oportunidades [28] sin éxito, porque los administradores no permitieron el ingreso de los inspectores. Paralelamente, la compañía emprende una ofensiva para desarmar la organización, y a modo de represalia, despide de manera intempestiva a 10 dirigentes [29] a los cuales les pagaron de forma inmediata su liquidación bajo condición que firmen la renuncia. Luego, y bajo amenaza de despido, la empresa ofrece 20 dólares a unos 200 trabajadores para desafiliarse, seis se negaron a firmar y fueron despedidos. Si bien se denunció lo sucedido las maniobras empresariales dieron resultado y en la actualidad el sindicato ha dejado de existir.

A fines de 2016, trabajadores de la Hacienda Bananera “Sitio Nuevo” del Cantón Valencia-Los Ríos, acuden a ASTAC para denunciar la realización de fumigaciones aéreas mientras almuerzan. Desde ASTAC se solicita una inspección a la hacienda perteneciente a la empresa Manobal del grupo Manobanda. Durante la visita el 22 de diciembre de 2016 con representantes del IESS y la Defensoría del Pueblo, la administradora de la hacienda admitió que el 50% de trabajadores no estaban asegurados, y que el dueño de la hacienda debía realizar esa labor.

En la toma de testimonios, la mayoría de trabajadores indicaron no estar asegurados al IESS y muchos de los presentes no trabajaban en esa hacienda, pero el dueño les había ordenado estar allí ese día; las empacadoras corroboraron esta versión de que los trabajadores habían sido cambiados para tener mayor presencia de “asegurados”; denunciaron además, que se les obliga a pagar sus uniformes y camisetas [30] .

Luego de la inspección, la empresa tomó represalias y a través de su administrador amenazó con despedir e ingresar a las “listas negras” a todos los trabajadores afiliados a ASTAC. Al momento hay 21 trabajadores despedidos que, gracias al equipo legal de ASTAC y el apoyo internacional, al menos lograron recibir mejores indemnizaciones.

El último caso es el de la hacienda Matías del grupo ORODELTI, ubicada en el recinto Jaime Roldós, cantón Naranjal. Entre octubre y noviembre de 2017, 10 trabajadores fueron despedidos por ser miembros de ASTAC. Siendo ORODELTI proveedor del supermercado Alemán más grande de Europa LIDL, después de los primeros 4 despidos, representantes de ASTAC y Oxfam Alemania mantuvieron una reunión con su gerente el Sr. Kléber Siguenza quien negó la existencia de una represión anti-sindical y afirmó que no abría nuevos despidos, lo cual fue incumplido poco después.

Tiempo después se realiza una visita a la hacienda La Rural de propiedad del Sr. Federico Ponce, con un representante de ASTAC y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, para constatar la situación de un trabajador despedido que no podía ingresar a ver a su familia la cual habitaba dentro de la hacienda. Según versiones de los guardias, desde la hacienda Matías, se envió una lista con nombres de trabajadores “problemáticos” confirmando la existencia de “listas negras” mediante las cuales se discrimina a los trabajadores, por lo que desde ASTAC se presentó una denuncia por discriminación [31].

La situación motivó acciones con las organizaciones europeas de la red Make Fruit Fair quienes enviaron una carta dirigida al Sr. Kléber Sigüenza, Gerente de Orodelti y presidente de la Cámara de Agricultura de la Zona II, expresando preocupación ante estos hechos. La respuesta no vino de parte de Orodelti sino mediante el grupo empresarial AGROBAN, del cual Orodelti forma parte, quienes enviaron una carta negando la existencia de actos anti-sindicales en Matías/Orodelti sin dar más detalles sobre lo ocurrido.

Conclusiones

Para concluir, es importante recalcar que tras la denuncia realizada ante la OIT, el comité mediante el informe provisional No. 381 del mayo de 2017 [32] , para el caso de ASTAC “ …recuerda que el libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica la libre determinación de la estructura y la composición de estos sindicatos y que los trabajadores deberían poder decidir si prefieren formar, en el primer nivel, un sindicato de empresa u otra forma de agrupamiento a la base, tal como un sindicato de industria o de oficio [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafos 333 y 334]. Además, el Comité recuerda que el número mínimo de 30 trabajadores para la constitución de sindicatos sería admisible en los casos de sindicatos de industria, pero dicho número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, sobre todo cuando el país tiene una importantísima proporción de pequeñas empresas y la estructura sindical se basa en el sindicato de empresa”.

En base a lo anterior el Comité hace las siguiente recomendaciones al Gobierno Ecuatoriano:

1. a) que tome las medidas para que su legislación cumpla con los principios de libertad sindical en relación con el número mínimo de trabajadores exigido para conformar una organización sindical.
2. b) que tome medidas para permitir, el registro de la ASTAC y que, mientras tanto, se brinden las garantías y protecciones a sus miembros;
3. c) la realización de una investigación relativa a los actos antisindicales que habrían acompañado la creación del sindicato de empresa y que informe de los resultados y las acciones tomadas por las autoridades a raíz de dichos resultados;
4. d) el Comité confía en que la denuncia penal presentada por el secretario general del mencionado sindicato de empresa dará lugar a investigaciones y decisiones pertinentes de las autoridades competentes.
5. e) El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto, y pide al Gobierno que la mencionada empresa tenga la oportunidad, si así lo desea, de expresar su punto de vista sobre las alegaciones.
   Siendo el Estado ecuatoriano, miembro de la OIT desde 1919 y habiendo ratificado el convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, las recomendaciones realizadas por el comité de la OIT aún no han sido acogidas.

A partir de los casos presentado podemos afirmar que los trabajadores del sector enfrenan una presión sistemática que limita seriamente la libertad de organización sindical y que se asienta en la actitud mafiosa de las empresas bananeras y en la complicidad estatal al no exigir que efectivamente se respete la legislación y la prohibición de despedir trabajadores por formar sindicatos. Pero ademas de estos actos de omisión complice, la misma legislación -como ya señalaba el informe del comité de la OIT – presenta trabas al ejercicio de la libre sindicalización al exigir un número de 30 trabajadores para la conformación de sindicatos por empresas y no permitir la conformación de sindicatos por rama.

Finalmente, es fundamental realizar un seguimiento permanente a la situación de los trabajadores bananeros y analizar profundamente las implicancias de las recientes reformas al Código del Trabajo propuestas por el Ministro Ledesma que entre otras cosas preocupantes, anunció que las inspecciones laborales a las empresas serán notificadas con 15 días de anticipación, con lo cual, como ya vimos, las haciendas bananeras tiene tiempo suficiente para preparar un montaje y hacer que sus trabajadores no regularizados no estén presentes el día de la inspección.