En este sentido, creemos importante dar a conocer que, la cadena de supermercados LIDL, considerando las denuncias realizadas por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) y la campaña emprendida por las organizaciones de Make Fruit Fair¹, anunció cambios respecto a la certificaciones que deberán tener sus proveedores de fruta. Además, un parlamentario, tomando como un caso la denuncia de inconstitucionalidad presentada por ASTAC, ha interpelado al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos laborales de los trabajadores bananeros.

En el primer caso, la decisión tomada por la cadena de supermercados responde a la acción activa de la sociedad civil que, mediante una campaña han interpelado la responsabilidad compartida que tienen las cadenas de supermercados con los derechos de los trabajadores, pues debido a sus políticas de bajos precios, influyen en la reducción extrema del precio mínimo legal del banano en Ecuador, lo que conlleva un deterioro en los estándares de las normas sociales y los derechos de los trabajadores. Tal como lo ha demostrado Oxfam, “Los bajos precios hacen muy difícil para los países productores un adecuado desarrollo social y refuerzan la condición de explotación y violación de derechos humanos que ha sufrido tradicionalmente el sector bananero” (2014:2).

La campaña también cuestiona el engaño que los supermercados realizan a sus consumidores cuando afirman que los productos que expenden cumplen con todas las normas en temas de derechos sociales y ambientales. Estas afirmaciones se hacen mediante certificaciones que, supuestamente, garantizan este cumplimiento de derechos. En el caso de los bananos que comercializa LIDL, actualmente cuentan con una certificación de Rainforest; sin embargo, desde ASTAC se han documentado y denunciado violaciones a derechos ocurridos en fincas que se encuentran bajo esta certificación, situación que fue oportunamente comunicada a la empresa certificadora. Si bien, la certificadora receptó estas denuncias y se comprometió a investigar y finalmente optó por mantener intactas las certificaciones otorgadas, demostrando la fragilidad en los niveles de rigurosidad de la certificación. Por ello, el actual anuncio del supermercado en cambiar su certificación a Comercio justo es interesante en la medida que la certificación se plantee un mecanismo para hacer cumplir mayores estándares en términos de cumplimiento de derechos, en los cuales se incluya el tema de la libertad sindical.

La segunda noticia, está relacionada con el panorama que se abre tras adherir al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, el cual contempla un título específico sobre derechos laborales y ambientales. En este marco, las denuncias por la continuidad en el incumplimiento de los derechos laborales también implican un incumplimiento de dicho acuerdo comercial; en este sentido, resulta crucial la pregunta que un parlamentario² elevó recientemente a la comisión del parlamento sobre: “Situación laboral preocupante de los trabajadores bananeros en Ecuador”.

La pregunta se formuló de la siguiente manera:

“Los bananos son la mayor exportación ecuatoriana a la UE, representando casi el 30% de las exportaciones totales del país a la UE. En agosto  de 2018, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) de Ecuador ha presentado un recurso de inconstitucionalidad respecto a tres Acuerdos Ministeriales, relativos a la regulación de las relaciones de trabajo agrícola y del sector bananero. Se denuncia en ese sector la vulneración al derecho a un salario mínimo, a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a una remuneración justa.

Los acuerdos van en beneficio directo de las grandes empresas y en detrimento de los trabajadores bananeros.

El salario básico es una forma de protección para el trabajador y al quitárselo se está incumpliendo el Artículo 277 del Título XIX del Acuerdo Comercial UE – Ecuador en temas laborales.

El Acuerdo no se está cumpliendo a cabalidad y la UE establece prohibiciones, pero no sanciones, para los países».

Puede la Comisión explicar:

– ¿Si está al tanto de la situación de explotación de los trabajadores bananeros?

– ¿Qué medidas concretas pretende tomar la Comisión para paliar a esas carencias con respeto al cumplimiento por parte de Ecuador del artículo 277 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador?

Estas dos acciones, la decisión del Lidl de cambiar su certificación y la pregunta elevada por el parlamentario europeo, son fruto de una acción que, lejos de intentar perjudicar al país, busca encontrar diferentes mecanismos para lograr que tanto las autoridades nacionales como las empresas asuman sus responsabilidades.