Hace pocas semanas varios medios de comunicación recogieron la noticia que Ecuador es el tercer país con mayores niveles de hambre en Sudamérica, según el Índice Global del Hambre[1]. Ninguna autoridad pública encargada de la política agroalimentaria ha manifestado su punto de vista sobre la reveladora cifra que evidencia los pocos esfuerzos gubernamentales para garantizar el derecho humano a la alimentación en nuestro país.
En el informe se señala que a partir del 2025 existe un estancamiento de los esfuerzos por reducir la inseguridad alimentaria a nivel mundial, un panorama que se torna aún más difícil debido a los crecientes conflictos armados, la crisis climática, la incertidumbre económica y el debilitamiento de los compromisos para combatir el hambre. (Ayuda en Acción, 2025).
Además, sostienen que la desvinculación política –el esfuerzo que hacen los Estados– es uno de los principales factores que insidien en el aumento del hambre en países del Sur Global como el Ecuador. El informe exhorta a que los gobiernos generen una gobernanza agroalimentaria que garantice los derechos a la tierra, al agua y a la alimentación como instrumentos para reducir los problemas del hambre, las violencias y los efectos del cambio climático.
¿Qué pasa con el hambre en Ecuador?
En el documento ¿Por qué quienes nos alimentan padecen hambre?… publicado en 2024 por FIAN-Ecuador y el Observatorio del Cambio Rural, se advierte que el país avanza silenciosamente hacia una crisis alimentaria como consecuencia de la estructura monopólica del sistema agroalimentario, los efectos del cambio climático y la ausencia de políticas e inversión pública que promuevan la vida digna de las familias indígenas y campesinas. Uno de los señalamientos que se hacen en esa publicación, guarda relación con el abandono de la soberanía alimentaria como propuesta innovadora del desarrollo rural. (Daza & Naranjo, 2024).
En esa misma línea la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), muestra a través de los informes sobre la situación de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, que Ecuador reporta desde el 2018 un deterioro de la seguridad alimentaria y el aumento alarmante de población que pasa uno o varios días sin comer, condición que afecta sobre todo a los habitantes de las zonas rurales que paradójicamente son quienes producen aproximadamente el 70% de la alimentación. (FAO, 2024).
Algunos datos del hambre
Según datos de la FAO (2024) en Ecuador a partir del año 2017 hasta 2023 se observa un acelerado crecimiento de las personas que no tienen acceso constante a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, o personas que no han podido pagar por estos. Las cifras muestran que hemos pasado de 1.7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en 2017 a 2.3 millones en 2023. (Ver figura 1).
Ahora bien, si revisamos el número de personas subalimentadas, encontraremos un aumento importante a partir del 2017 y 2018. Durante estos años crece la cantidad de personas cuya ingesta habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarles la energía necesaria para llevar una vida normal. Las cifras revelan que hemos pasado de 1.4 millones de personas en el periodo 2014-2016, a 2.5 millones durante el periodo 2021-2023. (Ver imagen 2).
Otro dato preocupante que proporciona la FAO (2024) es la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave. Entre el período 2014-2016 impactó al 6% de la población mientras entre 2021-2023 alcanzó al 12,7% de personas que se quedaron sin alimentos, que incluso pasaron un día entero sin comer debido a la falta de recursos. (Ver figura 3).
Si bien las cifras revelan un crecimiento sostenido de la inseguridad alimentaria desde el 2018 aproximadamente, también nos muestran que entre los años 2009 y 2017 Ecuador logró reducir algunos de estos indicadores de inseguridad alimentaria. A continuación, analicemos qué sucedió en el país durante esos años que se lograron avances importantes en la reducción del hambre.
Más Soberanía Alimentaria menos hambre
Desde al año 2008 el Ecuador experimentó un ciclo político que redefinió algunos de los elementos de la gobernanza agraria. Por un lado, promovió una reforma normativa en materia agroalimentaria que se propuso alcanzar la Soberanía Alimentaria, mientras, por otro lado, la reforma impulsó el aumento del presupuesto estatal para el sector agropecuario permitiendo mejorar la inversión pública.
Es importante mencionar que este periodo no estuvo exento de tensiones entre autoridades estatales y las organizaciones sociales, campesinas e indígenas y cierto sector de la sociedad civil que cuestionaron los limites tanto de la reforma como el direccionamiento de las inversiones y las políticas públicas, sin embargo, se dieron pasos importantes para alcanzar un Régimen de Soberanía Alimentaria.
- La Constitución de 2008 y la reforma normativa
La reforma normativa agraria inicia con la aprobación de la Constitución de la República de 2008 que propone a la Soberanía Alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado. Esto significa que los gobiernos deben garantizar de manera permanente una alimentación suficiente y sana para todos los habitantes del Ecuador.
Alcanzar este mandato constitucional requirió de la aprobación de varias leyes que tenían como uno de sus objetivos constituir el Régimen de Soberanía Alimentaria. Entre el 2009 y 2017 es el ciclo más productivo de esta reforma normativa debido a que se aprobaron leyes relacionadas con la tierra y el territorio, los recursos hídricos, las semillas y la biodiversidad, entre otras que pusieron los cimientos –parcialmente– para garantizar varios derechos que promueven la producción y el acceso a los alimentos[1]. (Ver tabla 1).
- Mayor presupuesto para la agricultura
El carácter mandatorio de la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado requería para su implementación del aumento de los recursos públicos tanto para inversión como para gasto corriente que atienda al sector de la agricultura.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2025), el 2011 y 2017 son los años en los que aumentó significativamente el presupuesto para el sector agropecuario, pasando de 205.4 millones de dólares en 2011 a 404.2 millones en 2015 –siendo éste su mejor año–, y para el 2017 el presupuesto llegó a los 231 millones. (Ver figura 4).
Esta cantidad de recursos garantizaron una importante inversión y gasto corriente para las actividades agroproductivas en Ecuador, entre las que estaban planes y programas para la soberanía alimentaria, como aquellos relacionados con el acceso a la tierra, el riego tecnificado, el buen vivir rural, entre otros.
Conclusiones
El Ecuador cuenta con la Constitución del 2008 y varios instrumentos legales para retomar el camino que nos permita alcanzar un Régimen de Soberanía Alimentaria, mecanismo para reducir los problemas del hambre. Sin embargo, las condiciones mínimas dependen de la voluntad política de los gobiernos para continuar impulsando la reforma normativa y aumentar el presupuesto para el sector agropecuario, priorizando las inversiones para la agricultura familiar y campesina.
La relación que se puede establecer entre la reforma normativa y el aumento del presupuesto para la agricultura, dan cuenta de dos de las condiciones necesarias para reducir los indicadores de inseguridad alimentaria, algo que sucedió entre 2011 y 2017. Sin embargo, desde el año 2018 las tensiones alrededor de las dinámicas políticas y la nueva agenda pública de desregulación agropecuaria y agroalimentaria de los últimos 3 gobiernos, han deteriorado de manera acelerada y alarmante la situación de hambre en Ecuador a pesar de la vigencia de la Constitución de 2008.
Actualmente el Ecuador enfrenta varios problemas que aumentan el riesgo de precarizar aún más la situación del hambre, problemas marcados por la violencia, el cambio climático y la inestabilidad política. A pesar de esta situación el país cuenta con la Constitución de 2008 que propone una hoja de ruta para enfrentar las distintas crisis, sin embargo, no basta con tener una Constitución del Bue Vivir, actualmente amenazada de ser cambiada, sino que se requiere de un pacto ético-político entre los actores del sistema agroalimentario para transformar las condiciones precarias de la alimentación en el país. (Ver infografía 1)
Notas:
[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-tercer-pais-con-mas-hambre-sudamerica-segun-estudio/
https://lupa.com.ec/verificaciones/ecuador-indice-hambre/
[2] Sostenemos que estas normativas si bien obedecen al mandato constitucional de la soberanía alimentaria, no lograron transformar las relaciones de poder que hasta el día de hoy dominan las reglas de juego del sistema agroalimentario.
Bibliografía
Ayuda en Acción. (2025). Global Hunger Index. 20 años siguiendo el progreso: es hora de renovar el compromiso con el hambre cero. Bonn/Berlín/Dublín/Bochum: Ayuda en Acción.
Daza, E., & Naranjo, A. (2024). ¿Por qué quienes nos alimentan padecen hambre? El avance silencioso de una crisis alimentaria en Ecuador. Quito: FIAN-Ecuador.
FAO. (2024). Situación de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. Roma: FAO.
* Sociólogo, investigador de la problemática agraria y agroalimentaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
** Nota: El contenido de este artículo es de responsabilidad exclusiva del autor/a y no refleja necesariamente los puntos de vista del Observatorio del Cambio Rural y del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
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Esteban Daza
Coordinador del OCARUSociólogo, Master en Filosofía y Pensamiento Social, realiza su doctorado en Estudios sobre Desarrollo en la Universidad del País Vasco.
Miembro del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural de CLACSO; Participa del Colectivo de Investigación Participativa en Agroecología de Latinoamérica y el Caribe.
Líneas de investigación y publicación: Cuestión Agraria y Agroalimentaria, Políticas Públicas y Soberanía Alimentaria, Agroecología Política, Subjetividades, Historia del Pensamiento.
