¿Cuál es la postura que mantiene la Red Agroecológica de Loja en cuanto a las leyes que se han implementado para el agro?

Nosotros señalamos que estamos viviendo un retroceso desde que se elevó la Soberanía Alimentaria como un principio constitucional, un principio rector del acuerdo social forjado en la sociedad ecuatoriana. Recuerdo un análisis que se generó en ese tiempo cuando se debatía el tema de la Ley de Soberanía Alimentaria (LORSA) en el que se decía que no se consiguió una ley que esté a nivel mandatorio, que tenga una cierta capacidad de decisión en las políticas ministeriales. Entonces para salir de eso, se nombró a la COPISA para que al menos se mantenga de cierta manera la voz de las organizaciones. Pero la COPISA no es un ente que tiene una competencia de decisión. Observando desde ahí como pierde fuerza el principio constitucional. También quisiera señalar que en este artículo citado se menciona que la Soberanía Alimentaria es un principio que la mayoría de los ecuatorianos aun no se empodera y por eso podemos ver en el nivel en el que se encuentra.

Si seguimos la secuencia de estas leyes, me parece que la LORSA se elaboró como una ley marco, con un alcance sobre otras leyes, trazando algunos principios generales. Algunas leyes que recuerdo por ejemplo la ley de semillas, de sanidad agropecuaria, tierra, agua, el desarrollo de la tecnología, etc. Hubo algunos acontecimientos que nos tocó enfrentar a partir de la formulación de estas leyes, que se suponen deben ser conexas y estar bajo el paraguas de la Soberanía Alimentaria, pero fue todo lo contrario, nos lanzaron leyes que transgredieron los principios generales, como la Ley de Sanidad Agropecuaria que la pusieron al mismo nivel que la LORSA, bajando el nivel de aplicación de la Soberanía Alimentaria.

De igual manera, en la LORSA, en cuanto temas de sanidad e inocuidad, debía establecerse principios diferenciadores para la pequeña producción. Pero cuando formulan esa ley, colocan una legislación para la agroindustria y esa misma aplicación rige para todas las producciones campesinas, pretendiendo que la producción campesina aplique las mismas normas del agronegocio y la empresa. Por ejemplo, nos señalan que el transporte de cárnicos tiene que realizarse en vehículos adecuado que contengan cadena de frío o refrigeración, sin hacer excepciones de los circuitos cortos, esto no corresponde a la realidad de la agricultura campesina.

¿Cuáles serían los pro y contra del proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable para el sector Agropecuario?

Con el grupo de incidencia se generó un análisis de los cuerpos de este proyecto de ley, como se articula. Entonces hemos visto que en primer lugar se hablaba de apoyar a la agricultura familiar campesina y promover un desarrollo sustentable, pero, si miramos tras bastidores se puede ver que esta ley está dirigida a promover la exportación, el encadenamiento productivo, el valor agregado bajo la cadena de producción. Se ve una vinculación de la agricultura familiar campesina a este proceso, pero de forma subordinada. Por que si bien es cierto uno de los rubros fuertes del país es la agroexportación, pero observamos que esto se quiere extender a la agricultura familiar, es decir, relacionarla a procesos de exportación y encadenar lo que aun no se encuentra encadenado.

El problema de esta ley es que no ofrece un marco normativo que vaya en una dirección cercana al principio 281 de la Constitución sobre la Soberanía Alimentaria. Nosotros hicimos notar esto en una reunión que tuvimos con el Asambleísta Mauricio Proaño, que ni siquiera se define lo que es el desarrollo o la agricultura sustentables. Es tal es el retroceso que se está viviendo que al menos en el reglamento de la sanidad agropecuaria, existe una definición de producción sustentable y otros conceptos en relación, pero en esta ley de desarrollo agropecuario no hay nada, por lo cual se entendería que iría por el marco de la agroindustria

¿Como se quiere vincular la agricultura familiar a estos procesos que menciona?

Se ve claramente que se quiere vincular la agricultura familiar a través de procesos de financiarización y crear condiciones para que los fondos de inversión puedan operar en el país, utilizando capitales que ya estén presentes en el país o haciendo uso de capitales transnacionales. Hay otra parte que vemos, que es la creación de condiciones para la aplicación de la agricultura 4.0 en la agricultura familiar. Hay que mencionar que en algunas zonas de agricultura y exportación ya hay la aplicación de tecnologías, de paquetes tecnológicos, de mecanización y esto quiere extenderse hacia esta agricultura. Nos dicen que es una agricultura para aportar subsidios, para apoyar a la agricultura familiar, pero nosotros decimos para llevarnos hacia donde, si, subsidios, pero para qué, hacia dónde quieren llevar la agricultura familiar.

Con esta agricultura de precisión que incorpora algunos elementos como innovación, robótica, agricultura con drones, con paquetes de pesticidas, con datos vinculados a los satélites para generar información, ¿Que va a pasar? Entonces ¿va a existir un agricultor o una familia campesina que va a adquirir un dron para fumigar su parcela?, eso no se va a dar, pero a la empresa grande si lo va a hacer, provocando que los subsidios sean para la agroindustria.

¿Qué impacto provocaría este modelo en la agricultura familiar

Primero, consideramos que es un salto al vacío, porque enganchar a la agricultura campesina a un modelo tecnológico que se basa en energía de uso del petróleo, es ponerse de espaldas a la realidad del país. Otro punto que quiero indicar es vincularnos a una agricultura 4.0, que es altamente consumidora de metales, de maquinaria, de componentes electrónicos es empujarnos a la minería metálica.

Entonces, como afectaría a la agricultura campesina, señalamos que nos hallamos frente a una ley expropiatoria, que interfiere en las decisiones de lo que se debe producir para satisfacer las necesidades básicas, que aún reposa en las manos de ciertos campesinos que deciden como y que producir, convirtiéndose dicha acción en el centro de la Soberanía Alimentaria. Eso vemos que se trata de impedir con el fin de interponer al mercado. Hay un articulo de la ley, me parece que es el 133, en el cual se propone planes de reconversión y de resiembra de cultivos a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria de cultivos, para promover la siembra de uno pocos monocultivos, eso nosotros los consideramos un ajuste que es diseñado desde la línea de producción de las grandes empresas y desde el mercado. Por lo tanto, vemos que se quiere acabar con la complejidad que representa la agricultura familiar, la interacción social, la cultura entre la comunidad y esa capacidad de relación con múltiples interacciones para pasar a una agricultura lineal, de la máquina, etc. Los compañeros de las organizaciones campesinas de México, de las redes de defensa del maíz coinciden con esta lógica.

Entonces, nos estaríamos enfrentando al debilitamiento de las redes de producción y abastecimiento de los mercados internos, tal como pasa en el agro argentino, el mexicano y en el de la India. Lugares donde la alta penetración de la financiarización genera contradicciones como violencia en el agro. Para seguir con el ejemplo de la India hace un par de meses, se venían movilizando los sectores campesinos en contra del colapso de la agricultura, por la incursión de las empresas transnacionales y la presión hacia el gobierno para desproteger a los campesinos. Nosotros en cambio vemos en este momento que en el país se esta tratando de crear las condiciones para que alrededor de 20 o 30 años seamos como la India.

¿Cuáles serían las implicaciones en la Soberanía Alimentaria en caso de que este proyecto de ley se acepte?

Hemos señalado que esta ley representaría poner fin a la Soberanía Alimentaria, necesitamos una ley que impulse la agricultura campesina, que proteja el sistema agroalimentario, voluntad política para impulsar la agroecología. Tenemos mucho que trabajar, necesitamos subsidios, investigación insumos, créditos. Esta es la dirección que debe seguir una ley que beneficie. Sin embargo, en la actualidad se está hablando de una ley de eficiencia, de competitividad, eficiencia de que, en qué términos. Hay una agricultura industrial tomada de Estados Unidos que deslumbra al país, a nuestra gente e incluso a los propios ministerios. Pero lo que no nos dicen que la base de ese modelo es el petróleo que para producir 10 kilocalorías de alimentos se necesita 100 kilocalorías provenientes del petróleo, es una irracionalidad. Además, este modelo tiene subsidios escondidos del Estado. Por estas razones el modelo de la Soberanía Alimentaria es el que mejor se ajusta, pero es un sector abandonado.

El articulo 281 pone un marco concreto en cuanto promover la recuperación de la agrobiodiversidad y los saberes ancestrales.  Pero ya hay leyes que nos obligan a ir en contra de estos marcos, por ejemplo, la ley de semillas expropia las semillas nativas y la ley la economía social del conocimiento que tiene un capítulo para patentar el conocimiento campesino.  Por estos motivos, lo que pretende esta ley es romper el tejido social y que se forje una organización de productores por líneas de productos, papero, tomateros, maiceros. Entonces es una ruptura a la Soberanía Alimentaria, y un irrespeto a los derechos colectivos.

También quisiera mencionar que en las organizaciones de pequeños productores movilizados en resistencia frente a la ley de desarrollo agropecuario, existe un punto de coincidencia en cuanto al reconocimiento de la deuda que mantiene la sociedad ecuatoriana con la agricultura campesina. Pero aún se la sigue relegando, sin tomarla en cuenta en las decisiones fundamentales. En la pandemia se vio con claridad el tema del abastecimiento cercano de alimentos y el tema fundamental de la Soberanía Alimentaria. Por ejemplo, yo reflexionaba en el encierro pandemico, que de vestimenta puedo pasar meses, años con la misma ropa, pero la comida, el desayuno, no. Entonces dos cosas, la comida es fundamental, así como su cercanía al mercado interno y el otro punto es la comida toxica a la que estamos expuestos por el uso de pesticidas, por la deformación del alimento, etc. Es aquí donde debemos pensar en un alimento nutritivo y ecológico que en verdad nos alimente. Esta es la parte central de la Soberanía Alimentaria juntamente con el reconocimiento del trabajo de la agricultura familiar campesina y el tema de la tierra y el agua.

 ¿Como definirías este proyecto de ley?

Yo podría definirlo a partir de una expresión que ha circulado en estos días que es la amenaza a la Soberanía Alimentaria y a la agricultura campesina. Hemos oído hablar a los asambleístas que señalan que esta ley es para apoyar la agricultura campesina, pero si vemos en el fondo, el sujeto prioritario de la ley no son los campesinos sino la cadena de valor. Por lo tanto, decimos que una ley que quiera apoyar a la agricultura familiar debe ser hecha desde nuestro agro, desde sus bases, desde las manos callosas y desde la solidaridad campo-ciudad. Por estos motivos pedimos que se archive esta ley.

¿Cuáles son las demandas de las organizaciones que piden al gobierno en cuanto al proyecto de ley y la implementación de políticas públicas para el sector agrario?

Primero la coincidencia de todos los sectores es que se archive esta ley y el segundo planteamiento es que no se puede hacer una ley al apuro. Se hizo llegar una carta a los candidatos finalistas a la presidencia de la Republica y a los asambleístas electos, en la cual invitamos a revisar este proyecto de ley. Además, señalamos que la construcción de una ley de apoyo a la agricultura familiar debe realizarse en un debate sereno y democrático, mirando la realidad de los agricultores, la salud de la población y el futuro del país y que se garantice el cumplimiento del contenido de la constitución.

También señalamos que en el contenido de una ley como esta debería liberarse, resolverse algunos temas como la privatización de las semillas en la ley de semillas. Es decir, debería liberarse normas muy restrictivas, otro ejemplo, en la ley de sanidad agropecuaria se penaliza el uso de insumos agropecuarios provenientes de la finca, y en vez de ellos se obliga a utilizar insumos certificados provenientes del mercado.

Hay otro tema gravísimo que es el cierre de mercados municipales y de ferias agroecológicas por el aparecimiento de cadenas de supermercados que empiezan a crecer poco a poco y se instalan alrededor de estos mercados, convirtiéndose en una amenaza asfixiante para el lugar central que conecta con la agricultura familiar. Esto pasa ya en Pichincha y en otras ciudades. Por eso es otro punto que debe tratarse. Y en un contexto de cambio climático se necesita la recuperación de una agricultura diversificada antes de pensar en planes de conversión de cultivos.

Entonces nosotros señalamos que seguiremos infatigables en nuestra lucha por el reconocimiento de campesinas y campesinas, que no somos un grupo rezago del pasado, sino que somos una parte fundamental del presente y del futuro de nuestro bello país que es Ecuador y que no desmayaremos en nuestro empeño y exigencia que se aplique la Soberanía Alimentaria como objetivo estratégico del Estado.

¿Quién es Fernando Cabascango? 

Desde pequeño estuve vinculado a las actividades del campo, combinando el estudio con la siembra, cosecha y crianza de animales. A los 14 años fui testigo de un conflicto de tierras en Tumbaco cuando militares se tomaron tierras de un tío. Al final se ganó el juicio, pero las deudas generadas y la falta de seguridad jurídica del bien obligaron a vender el terreno. Esta experiencia me llevó a pensar sobre la desigualdad e inequidad que existe en el país y cómo funciona las estructuras del Estado. Años más tarde, me vinculé al trabajo organizativo de la comuna Tola Chica. En 2010, fui cofundador de la escuela Samay, que planteaba el derecho de la educación intercultural bajo una metodología que garantizaba la autonomía del niño y su vínculo con la naturaleza desde los principios comunitarios. En el 2011 también fui cofundador del Centro de Investigación Multidisciplinario Kichwa Estudio; donde se hizo el ejercicio de recrear los principios que tienen nuestros abuelos para replantear la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así también, a partir del 2003 me vinculé al Pueblo Kitu Kara. Aparte del reconocerme, formé un vínculo de trabajo apoyando aspectos organizativos. Por ejemplo, logramos frenar el proyecto inmobiliario “Ciudad Metrópoli” y que se declarare como patrimonio, lo que ahora es el parque arqueológico y ecológico Rumipamba. Luego, en 2014 fui electo presidente del Pueblo Kitukara, en 2017 reelecto y desde el 2018 fui electo Consejero del Consejo de Protección de Derechos del DMQ por delegación del concejo consultivo de pueblos y nacionalidades, cargo al que renuncié para aceptar mis funciones como asambleísta.

¿Cómo te postulaste a la asamblea nacional, cuál es la vinculación con el Pachakutik?

El Pueblo Kitukara siempre ha estado vinculado al Pachakutik por ser filial de la CONAIE que es cofundadora del Movimiento Político. En el caso de Pichincha y Quito, el Pueblo Kitu Kara ha formado parte del Pachakutik desde sus inicios y ha venido participando en las campañas, debates y análisis. Para estas elecciones el Pueblo Kitu Kara resuelve, a través de una asamblea virtual con la participación de los presidentes de las comunas y comunidades filiales, participar con candidato propio. En esta coyuntura electoral para el Movimiento Pachakutik se jugaron varios elementos a favor: el legado de la lucha histórica del movimiento Indígena, la presencia del levantamiento de octubre 2019, la buena gestión de los gobiernos locales del Movimiento Pachakutik, el trabajo organizativo de las comunas y comunidades, elementos que han permitido por primera vez que el Pueblo Kitu Kara tenga un representante en la Asamblea Nacional. Nos alegra tener un espacio para proponer y presionar a que se hagan esos cambios que hemos demandado durante años, como la deuda histórica que tiene el Estado con las comunas, comunidades y los sectores populares.

Pensando en que llegó la derecha neoliberal al poder ¿cómo entienden la coyuntura actual desde el Pueblo KituKara y desde el Pachakutik?

Como Movimiento Indígena hemos enfrentado el neoliberalismo durante años. Tenemos claro a quién representa (el gobierno) y cuáles serán sus políticas en lo que tiene que ver con privatizar sectores estratégicos públicos, frente a acuerdos internacionales con el FMI y tratados de libre comercio que responden a intereses económicos de las élites, más no a iniciativas locales que se deberían fomentar mediante políticas públicas e inversión. Desde la bancada del Movimiento Pachakutik hemos construido nuestra propia agenda legislativa que responde a las promesas de campaña enmarcadas en el documento “Minka Por La Vida” que articuló a diferentes sectores—alrededor de 280 organizaciones a nivel nacional y que fue resultado de un gran debate en el Parlamento de los Pueblos.

¿Qué significa– para el movimiento indígena, para el campo popular y para los proyectos alternativos en el país—que el Pachakutik sea la segunda fuerza en la asamblea nacional?

El llegar a tener 27 asambleístas hoy, responde a una apuesta política colectiva del movimiento indígena con el Pachakutik, podemos reflejar esa apuesta desde las experiencias desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) alternativos. Una de las experiencias más visibles es en la alcaldía de Cayambe donde se ha avanzado en la implementación del Estado plurinacional a través del reconocimiento de la autoridad y del territorio comunitario, y la efectiva participación en la gestión de lo público. Otra de las experiencias es en la prefectura del Azuay. Estos gobiernos alternativos dieron respuesta eficiente durante la pandemia, a diferencia del gobierno nacional que gastó cientos de dólares sin resolver necesidades urgentes. El otro elemento es el “Levantamiento Indígena y Popular de octubre 2019” que posicionó al Movimiento Indígena en un escenario de disputa frente al modelo neoliberal y como una alternativa para el país. Queda como constancia el tema del fraude electoral por lo cual no llegamos a segunda vuelta presidencial, pero se reflejó ese apoyo aún con los 27 asambleístas electos.

¿Qué desafíos existen para construir un proyecto de izquierda popular desde el Pachakutik?

Primero ir cumpliendo la agenda legislativa. Luego, iniciar diálogos con otras bancadas con quienes se pueda impulsar estos temas. Y quizá lo de mayor prioridad, es fortalecer el campo popular con la participación. Hemos tenido acercamientos con varios sectores: trabajadores, mujeres, comunas, etc, quienes nos permiten fortalecer las propuestas en el ámbito legislativo. Es fundamental ver cómo articular las demandas populares desde un Parlamento Plurinacional articulado en un frente nacional en contra del neoliberalismo, que oriente las prioridades que debe tener la Asamblea en este momento. Es decir, estamos conscientes que como bancada no podemos lograrlo solos. Finalmente, 27 asambleístas no son mayoría absoluta. Lo importante es la movilización popular y participación social. Necesitamos respaldarnos de esa base social, en los movimientos sociales, quienes construyeron el documento “Minga por la Vida”, quienes nos respaldaron en campaña y en quienes contamos para hacer propuestas de cambio a través de esa articulación entre lo legislativo y lo social. Ese es un reto que tenemos.

¿Cuáles son las prioridades de agenda legislativa del Pachakutik para este período inicial?

Algunas prioridades son: la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitaria, armar la Ley de Comunas y Comunidades; reforma a la Ley Orgánica de Educación Bilingüe; derogar la Ley de Defensa de la Dolarización ya que esta permite que la banca privada tenga control sobre el sector financiero. Éstas están entre las prioridades. También iniciaremos la fiscalización a las concesiones mineras y petroleras en territorios de pueblos y nacionalidades y que han sido entregadas a dedo sin cumplir debidos procesos e inconsultas

La propuesta Minka por la Vida tiene un eje agrario en torno a la soberanía alimentaria. Entonces ¿qué acciones en torno a este eje se van a priorizar? Tierras, semillas, recursos hídricos…

Debemos analizar las propuestas de ley desde una perspectiva integral. Los cambios deben ser más de fondo. Hay que avanzar en la implementación del Estado plurinacional y lo primero es el respeto a los territorios de los pueblos y nacionalidades, el otro tema es la redistribución de las tierras. En el tema de agua es importante reconocer la gestión comunitaria pero ya no en teoría, sino en la práctica, la ley debe permitir que las comunas y comunidades, a través de sus autoridades, tengan la administración del agua, no puede ser que en el reglamento se pongan trabas para el ejercicio de este derecho. También el tema de la Economía Popular y Solidaria, no se habla de lo comunitario y a las comunas y comunidades que generan servicios no pueden contratar con el Estado.

¿Cuál sería el aporte de la ley de Comunas?

Principalmente tiene que ver con el reconocimiento del territorio y la autoridad comunitaria, esto quiere decir que el Estado debe generar mecanismos de coordinación y cooperación con las autoridades territoriales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la ejecución e implementación de las políticas públicas y que las mismas deben estar acorde con los planes de vida comunitarios. En la ley debe constar con claridad cuáles son sus capacidades administrativas en la regulación y gestión que tienen las comunas y comunidades en sus territorios. Esto como parte de la autonomía y autodeterminación que tienen los pueblos y nacionalidades.

¿En qué consiste el acuerdo Izquierda Democrática – Pachakutik?

El acuerdo con la ID tiene que ver con una agenda de prioridades que responde a nuestros votantes para devolver la confianza de la Asamblea ya que actualmente tiene el 2% de aceptación. Coincidimos en ciertos temas, lo que nos permite priorizar ciertas leyes que responden a los sectores populares, indígenas, etc. Por ejemplo, en la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario, Reforma a la ley de Educación Superior, en temas agrarios y de los trabajadores.

Finalmente, ¿cuáles deberían ser las acciones que nos permitan levantar un proyecto alternativo para el campo desde los sectores populares?

Es importante pensar en la unidad ya que en este momento hay debilitamiento de los sectores sociales, lo primero es reorganizar, lo segundo es construir una agenda programática con prioridades, que es un desafío porque hay varios sectores y muchas necesidades. Pero se debe impulsar la agenda programática, no desde cada uno de los sectores, sino, que de manera colectiva podemos pensar en el Parlamento Plurinacional de los pueblos y organizaciones sociales. El otro tema es que los sectores populares necesitan hacer una reorientación a nivel intergeneracional. Hay demandas de nuevos actores: en torno al tema de los derechos de la naturaleza y animales, acceso a la educación, “mi primer empleo”; temas que deben estar claros en nuestras agendas. Tenemos que ver cómo recrear las demandas históricas para que respondan a nuevos contextos y a nuevas realidades. No quiero decir que no debemos seguir dialogando con los mismos sectores, sino más bien plantearnos cómo recrear ciertos temas. En ecologismo, la lucha anti minera y petrolera son ejes principales, pero hoy en día hay nuevas propuestas de toda una generación milenial. Ahí el reto de cómo articular a esos espacios y sus propuestas.