Un despojo capitalista que desplaza a más de 7.400 personas de sus territorios ancestrales

OCARU

Proyecto de la segunda pista del aeropuerto Jose María Córdoba de Rionegro, Antioquía, Colombia.

El avance del capital sobre la tierra y el territorio en países como los latinoamericanos, mantiene una doble estrategia para hegemonizar el control de los recursos naturales y disciplinar a las poblaciones campesinas y populares a favor de su voraz acumulación.

Primero, utiliza la concentración y acaparamiento de la tierra en manos de grandes corporaciones y transnacionales; y segundo, determina el uso que se le debe dar a la tierra en busca de mayores ganancias, vía el extractivismo.

Durante los últimos años, en países como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, una serie de violaciones a los territorios de campesinos, indígenas, afros y otros sectores populares, se presentan a nombre de alcanzar el progreso económico, modernización y desarrollo social y sustentable de los países, las localidades, municipios, veredas, regiones, comunas y comunidades. Estas violaciones vienen dadas por medio de la implantación de proyectos mineros a cielo abierto, extensos monocultivos de maíz duro, palma africana, caña de azúcar, flores de exportación, algodón y soja, con el ingreso de semillas transgénicas y el uso intensivo de agrotóxicos, megaproyectos hidroeléctricos y multipropósito, grandes obras de infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos.

Esta arremetida de violaciones se desenvuelven en medio de escenarios de conflictos y resistencias, escenarios generados por el capital que despoja, expulsa, excluye, expropia y explota poblaciones y naturaleza; y otros escenarios que son creados por los campesinos y sectores populares que resisten, se organizan, toman la iniciativa, luchan, se recrean y crecen.

Esta conflictualidad generada por la expansión de la territorialización del capital con apoyo, tanto de gobiernos neoliberales y progresistas» de la región, atenta directamente contra la autonomía campesina y violenta sus derechos; mientras, el proceso de territorialización campesina genera solidaridades y recrea al movimiento social y popular hacia la transformación (Mançano 2004). Ambas propuestas de territorialización enfrentadas promueven dos modelos distintos de sociedad: por un lado, aquélla basada en los relatos y prácticas del desarrollo y crecimiento económico; y por otro lado, el antidesarrollo, el buen vivir y la cotidianidad armónica. Las dos propuestas se entrecruzan entre el avance del capitalismo y la resistencia de las clases populares.

Tanto la propuesta de territorializacion del capital como la territorialización campesina se están enfrentando, en estos precisos momentos, en tierras colombianas. En el Oriente de Antioquia, las Veredas del Municipio de Rionegro: Abreito, Barro blanco, El Carmín, Chachafruto (La Bodega) Abreo y parte de las veredas, Aeropuerto, Mampuesto corren el riesgo de desaparecer, debido a la Resolución 964 del año 2015 de la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil que declara 784 hectáreas en utilidad pública; tierras que servirán para la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba de Rionegro en Antioquía, Colombia.

El proceso ha estado expuesto a una serie de violaciones a los derechos que tienen los pueblos ancestrales, trasgresiones como: la consulta previa y a la información oportuna y apropiada sobre proyectos de infraestructura que comprometan territorios donde habitan y desarrollan la vida hombres y mujeres. Frente a esta compleja situación, la solidaridad y compromiso de organizaciones sociales, como el movimiento Agrodescendientes, aporta con su lucha y acompaña el proceso de resistencia de estas veredas que han tenido avances en sus estrategias de movilización.

Entre algunos de los elementos a considerar sobre la ampliación del aeropuerto, se encuentran: en primer lugar, la magnitud del desplazamiento de la población que generaría el proyecto; aproximadamente 7.400 familias serían expulsadas de sus territorios ancestrales; y un segundo elemento que aumenta la indignación de la comunidad ya que no se enteraron hasta finales de julio de 2015 de la existencia de la Resolución 964 que atenta contra sus derechos.

Sin perder tiempo, la comunidad acudió a expertos sobre Derechos Humanos donde solicitan asesoría para la defensa de su territorio y la vida de la población. Desde ese momento, una serie de acciones colectivas se vienen desarrollando entre la comunidad, agrodescendientes y defensores de derechos humanos, formulando inicialmente el Derecho de Petición para acceder a mayor información sobre el proyecto. Luego se organizan asambleas, se elaboran informes sobre los avances del proceso, se conforma una veeduría y se sigue incentivando a la participación de la mayor cantidad de actores de las poblaciones afectadas.

Cabe indicar que la defensa del territorio genera y recrea la movilización social y la reconstitución de la identidad, del sujeto político, social y económico; del sujeto transformador y comunitario que lucha por su cotidianidad, su ancestralidad, por la tierra y el territorio, donde se siente parte de la naturaleza y no por fuera de ésta; que lucha por la redistribución, el reconocimiento y la representación (Mendez, 2015).

 

Yuli Fernanda Sánchez, Núcleo Central Agrodescendientes. Antioquia, Colombia.

Esteban Daza e Isa Salcedo

Observatorio del Cambio Rural

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