¿Qué lugar ocupan el campesinado y la Soberanía Alimentaria en la Gran Minga Agropecuaria?

OCARU / Por Esteban Daza

25.000 dólares fue el monto del préstamo que el BanEcuador entregó este 19 de agosto de 2017 a un campesino del Cantón Mocache en la provincia de Los Ríos. La entrega de este crédito fue todo un acontecimiento por tres hechos inusuales en las prácticas de la banca pública de fomento agropecuario: primero, se desarrolló un día sábado donde las oficinas de la dependencia estatal se encuentran cerradas; segundo, la entrega dejó de ser un acto entre anónimos –el solicitante y el asesor de crédito– para convertirse en un acto público y publicitario; y tercero, el suceso fue consumado en un estadio abarrotado de agricultores (15.000 aproximadamente) que claman por una práctica crediticia similar que algún momento les favorezca.

El lugar del acontecimiento fue el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, allí se reunieron miles de agricultores, todos prestos a celebrar la inauguración de la “Gran Minga Agropecuaria”, nombre con el cual se han dado a conocer los ejes de la nueva política pública para el campo encabezada por Lenin Moreno y la Ministra de Agricultura Vanessa Cordero. Los discursos pronunciados se articulaban perfectamente: por un lado, los representantes de los agricultores agradecían y demandaban la atención del gobierno nacional; y, por otro lado, los funcionarios públicos ofrecían cubrir con creces esa atención. Es así que se escuchaban por los altoparlantes frases como éstas:

           “Queridos guerreros de la paz y de la vida, bienvenidos”; “la Gran Minga Agropecuaria recoge la voz de los agricultores”; “hoy sembramos la primera semilla de sueños e ilusiones”; “2.500 millones de dólares serán los que se invertirán en el campo”; “ahí está la mayor riqueza de nuestra patria”.

Al día siguiente el diario el Telégrafo –medio de comunicación público– daba cuenta que, “para volver los ojos al campo y cumplir el desafío de lo ofrecido hay que cobijarse de pragmatismo”[1]Según el mencionado análisis que hace el rotativo, responder a las necesidades de los agricultores, a la “esperanza del campesino, el eterno trabajador del campo”, solo puede ser posible si priman los valores prácticos. En otras palabras, la eficacia y la utilidad de la política pública planteada deben ser los medios para lograr que “ 190 mil personas del sector rural salgan de la pobreza y extrema pobreza, crear cerca de 40 mil empleos e incrementar 2 mil millones de dólares en exportación de productos agropecuarios primarios y agroindustriales”[2].

Ahora bien, si revisamos con detenimiento los ejes de la “Gran Minga Agropecuaria”, nos encontramos, por un lado, con una continuidad de ciertos puntos que movilizaron la política pública del régimen anterior, incluso los mismos parámetros discursivos como la lucha contra la pobreza y el aumento de la productividad; y por otro lado, la novedad estaría en la mirada integral que componen los nueve ejes propuestos por la minga para la incorporación planificada de pequeños y medianos productores al complejo agroindustrial. En ambos puntos podemos encontrar una política pública agropecuaria que radica fundamentalmente en ese pragmatismo que privilegia el extractivismo agrario como fuente de ingresos para el país, revestido de un discurso de justicia y reconocimiento de los agricultores, pero no como actores decidores de la transformación, sino como beneficiarios de la atención estatal, cuyo proyecto es consolidar el agronegocio como la “nueva” apuesta para el campo.

Repasemos por un momento las metas que tiene la minga[3]:

  1.      2.560 millones de dólares serán destinados a esta campaña: 1.360 millones del MAGy 1.200 millones de créditos del BanEcuador.
  2.     Entrega de 300 mil títulos de propiedad a los agricultores.
  3.     Incrementar la productividad nacional en el 13%.
  4.     Entrega de un millón de kits tecnológicos subsidiados (semillas certificadas y agro-insumos).
  5.      $1.200 millones de dólares en entrega de créditos a 15 años de plazo con tasa preferenciales del 2% al 5% anual.
  6.   Tecnificar 60.000 nuevas hectáreas con riego.
  7.    Disponer de 80 centros de información y extensión rural para acceder a los beneficios de la minga.
  8.    94 millones de dólares constituirán un fondo de cobertura de los seguros agrícola y ganadero. Para el primero se planifican reactivar 766.000 hectáreas y para el segundo, 228.000 cabezas de ganado.
  9.     También se aumentará la pensión del Seguro Social Campesino de 63 dólares a 100 dólares.
  10. Crearán más de 500 centros de acopio y comercialización.

En estos diez puntos podemos constatar las metas propuestas que consolidarían un agro eficiente y saldarían la deuda agraria con los campesinos –herencia del régimen anterior–. En medio de tales formulaciones nos preguntamos cuál es el lugar que ocupa la Soberanía Alimentaria dentro de la Gran Minga Agropecuaria. Y para respondernos nos remitimos a una entrevista que da la ministra de Agricultura al diario el Telégrafo el 13 de julio de 2017. Allí, Cordero comenta que la minga fomentará 21 cadenas productivas divididas entre: aquellas destinadas para el mercado interno (soberanía y seguridad alimentaria) y las que se consignan al mercado externo. Rubros como arroz, maíz, soya y plátano entre otras aparecen como productos de la soberanía y seguridad alimentaria (mercado interno).

Para tomar el ejemplo dado por el MAG, la producción de arroz y maíz considerados como soberanía y seguridad alimentaria generan en el campesinado una lógica de dependencia a la cadena de valor, pues dependen de quienes venden los insumos hasta quienes compran las cosechas. Tal dependencia se ha profundizado en el Ecuador con el aparición del Plan Semillas de Alto rendimiento en el gobierno anterior, y entre sus resultados –juicio pragmático de la política pública– nos encontramos con miles de campesinos que han perdido su autonomía y pocas empresas importadores de insumos y ligadas a la agroindustria que han ganado centenares de millones de dólares. Podemos mencionar, entonces, que el arroz y maíz –parte de la cadena agroalimentaria relacionada con la producción de pollos y carne– están más en la lógica de la seguridad alimentaria ligada a la agroindustria que a la soberanía alimentaria propuesta por campesinos y campesinas.

Dicha distinción no solo es una diferencia conceptual sino una oposición de modelos que sitúan al campesino en lugares diferentes. Para la seguridad alimentaria el agricultor es solo proveedor de materia prima, mientras que para la soberanía alimentaria el agricultor es actor fundamental del campo, el que decide qué producir y cómo hacerlo. No pretendemos evaluar una política pública agraria que apenas tiene 5 días de lanzada, pero sí queremos llamar la atención sobre cuáles son las concepciones que tiene el MAG sobre el campesinado y su autonomía, sobre la soberanía alimentaria como propuesta alternativa para el campo; y nos preguntamos cómo en este marco la producción agroecológica y sus lógicas organizativas y productivas son parte de la minga; qué va a hacer la gran minga con respeto a la producción de transgénicos para investigación; cómo responde a una ley de tierras y de semillas que desconoce las demandas más sensibles de la agricultura familiar campesina; cuál será el papel de la Subsecretaria de Agricultura Familiar campesina en un contexto de crisis económica y de un ministerio que destina sus esfuerzos para consolidar el agronegocio; cuáles serán las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en medio de las flexibilizaciones y la informalidad del trabajo en el campo; etc.

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Esteban Daza

Director

Esteban Daza Cevallos: Sociólogo por la U. Central del Ecuador, estudios de Master en Filosofía y Pensamiento Social por FLACSO-Ecuador, Coordinador del OCARU y Coordinador Académico del IEE. Miembro del GT Desarrollo Rural Estudios Críticos de CLACSO.

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