OCARU
En #Ecuador, desde el inicio de la #EmergenciaSanitaria #COVID19 a mediados de marzo hasta inicios de agosto de 2020, 289.258 contratos fueron dados de baja, y alrededor de un millón de personas se encuentran desempleadas. Las cifras publicadas recientemente por el INEC muestran la abrupta caída de un 22,1% del empleo adecuado que actualmente no supera el 16,7%, y del correspondiente aumento del #Subempleo que a fines de 2019 era de 17,8% y hoy se encuentra en 34,5% (INEC). En pocas palabras, además de las miles de personas perdieron su fuente de ingreso otras miles, pasaron a trabajar en condiciones de #Precariedad que no garantizan el sustento familiar ni la vida digna.
En el mes de abril 2020, a través del informe “Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19” la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, CELAC, 2020) advierte que la pandemia repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”. El presente informe de monitoreo de los impactos del COVID-19 sobre los derechos de las familias campesinas, busca caracterizar una eventual crisis alimentaria desde la perspectiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) el cual se encuentra reconocido en un sinnúmero de estándares internacionales , incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.11). A nivel nacional el DHANA ha sido reconocido en la norma suprema
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