Resumen

Con el gobierno de Rafael Correa (2006 – 2011) y la Constitución del 2008, hay en la sociedad y las organizaciones rurales mucha expectativa, sobre todo porque hay un marco normativo que abre la oportunidad de cambiar el modelo de acumulación en el agro; pasar del viejo modelo primario exportador a uno de soberanía alimentaria. Sin embargo, desde la constitución hacia delante, a pesar de la fuerte inversión social, los cambios normativos y el reconocimiento de los pequeños productores en la política pública; la organización de las instituciones de atención al agro y la recuperación de la capacidad de intervención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, muestran que la política pública en agricultura mantienen, reproduce y fortalecer el viejo modelo primario agroexportador y traslada a los pequeños productores a políticas sociales, más no como sujetos de la Soberanía Alimentaria.

Review

With the arrival of Rafael Correa´s government (2006 – 2011) and the Constitution of 2008, there were great expectations in ecuatorian society and rural organizations, especially because a regulatory framework was built and that opens the opportunity to change the pattern of accumulation in agriculture; by passing the old model to a primary exporter of food sovereignty. However, since the Constitution forward, despite the strong social investment, regulatory changes and the recognition of small producers in public policy, the organization of state institutions to agriculture and the recovery of the ability to intervene the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, show that public policies in agriculture have benn maintained, reproduced and strength the old primary agricultural export model and moved to small producers to social policies, but not as actors of Food Sovereignty.

Introducción

Siguiendo los planteamientos de L. North (2007), quien propone que el desarrollo rural no es un tema técnico sino que constituye un problema político que depende de los actores y relaciones de poder; y de B. Ulrich (2011), el Estado y las políticas públicas son una relación social que, si bien siempre favorecen a las élites, son permeables a la acción política, podemos sostener que la política agraria constituye un conflicto abierto que está lejos de resolverse en la coyuntura de Rafael Correa, 2006-2012. El punto central del problema es que la propuesta neo-desarrollista del gobierno, eje de acción y legitimidad, no solo no resuelve los problemas estructurales, sino que mantiene los ejes de acumulación más importantes del neoliberalismo.

Campo y gobierno

Aunque es difícil construir una crítica adecuada a la coyuntura abierta por el gobierno de Rafael Correa, sobre todo porque frente a 20 años de neoliberalismo, es innegable que sus acciones han recuperado la presencia del Estado en la vida rural y el desarrollo agrario; hay una fuerte inversión social que más allá de las críticas clientelares y populistas, constituye una labor de justicia y compensación necesarias –no olvidemos que los ancianos jubilados del Seguro Social Campesino pasaron de recibir de tres a 43 dólares, las mujeres en extrema pobreza que ganaban menos de un dólar diario hoy son beneficiarias de un bono de 45 dólares, las escuelas rurales que permanecían vacías porque es prioritario el trabajo infantil para la sobrevivencia de sus familias hoy se llenan porque los bonos condicionan a las madres a matricular los hijos, adicionalmente en las escuelas los materiales y uniformes son gratis–, hay un incremento del gasto en agricultura una muestra es que en el 2010 llegó a ejecutarse en el sector 309 millones de dólares, casi tres veces más de los 117 que se gastó en el 2006, de estos 309 millones el 55% son recursos centralizados en el MAGAP.