El Gobierno, después de su mensaje, aclaró que se propone una tenencia de armas ‘regulada’. Cuyos requisitos son los siguientes:

• Mayor de 25 años.
• No haber sido sentenciado por un delito.
• Sin antecedentes de violencia doméstica.
• Aprobar prueba psicológica y toxicológica.
• Certificado de destreza en manejo de armas. 

Por supuesto, quienes apoyan esta medida consideran que la regulación es suficiente para hacerla efectiva. Pero debemos ir a nuestro contexto. En Ecuador, un país donde se venden títulos universitarios, se obtienen carnets de discapacidad de forma fraudulenta, al igual que licencias de conducir, ¿es posible que la regulación para el porte de armas esté libre de corrupción?

¿Un gobierno incapaz o un paso más hacia un estado neoliberal?

A parte de Ecuador ser un país donde el refrán <<quien hizo la ley hizo la trampa>> vuelve todo posible. El Ejecutivo sugiere a los ciudadanos adquirir armas como una forma de garantizar su propia seguridad. ¿Acaso es una declaratoria abierta de la incapacidad del Gobierno Nacional para garantizar la protección de los ciudadanos, y su derecho a una cultura de paz?

El ministro de gobierno Henry Cucalón, en entrevista para la DW¹, aseguró sobre las nuevas medidas que: <<esto está enfocado, si uno analiza el decreto ejecutivo presidencial, para las compañías de seguridad privadas que tienen cerca de 80,000 miembros en el Ecuador>>. Lo que resulta en un incentivo para que las empresas privadas reemplacen los vacíos de seguridad a ‘cómodos precios’.

En un modelo de estado neoliberal, a breves rasgos, la institucionalidad se transforma en guardiana del mercado, y todos los bienes y servicios estatales entran en un proceso de privatización. Por ende, esta nueva propuesta de armar a los ciudadanos va muy en consonancia con la privatización de la seguridad. Es decir, tendrás seguridad mientras puedas pagar por ella. Entonces, ¿sálvese quién pueda?

¿Quién podrá acceder a las armas?

La privatización es un elemento esencial de toda política de exclusión, ya que no todxs los ciudadanos podrán pagar por ciertos servicios, en este caso una seguridad eficiente. En un artículo publicado por Ecuavisa² se abordó los costos de adquirir un arma, mismos que oscilan entre USD 1,200 a USD 1,500. También es importante contemplar que las municiones y el mantenimiento del arma tienen costos adicionales. Aparte, lograr destreza en el manejo del equipamiento necesita de constante entrenamiento, algo que solo un pequeño porcentaje de la población puede subsidiar.

Para nadie es un secreto que existe un aumento del trabajo informal en el país, lo que repercute directamente sobre los ingresos de los ecuatorianos. Según el análisis realizado por el economista Andrés Mideros³ sobre los datos del INEC, se concluye que: <<el 95% de la población percibe ingresos menores de USD 532 al mes>>. Y en el caso de las zonas rurales, según datos del INEC (2019), los campesinos que tienen una tenencia de tierra menor a una hectárea tienen una renta anual de USD 1,573.

Por ende, adquirir un arma de forma segura y responsable es algo fuera del alcance de la mayoría de la población ecuatoriana. Aparte, es pertinente preguntarnos, ¿se puede combatir la violencia con más violencia?

La especialista en temas de seguridad, Carla Álvarez, en entrevista con Ecuavisa⁴, explicó que armar a la población civil no es el camino para frenar la violencia. Y citó el caso de Estados Unidos, <<donde aproximadamente el 80% de personas armadas que se defienden terminan muertas o gravemente heridas>>.

Y para no ir tan lejos, este sábado 08 de abril del 2023, un policía hirió de bala a su propio compañero mientras intentaba someter a un sospechoso que portaba armas blancas. El incidente se registró en la provincia de Los Ríos, y es un ejemplo que ilustra perfectamente lo que puede suceder cuando se manejan armas de fuego. Se supone que la policía está entrenada, y se entrena constantemente, en el uso de estos equipos. Por ende, al liberar el porte y tenencia de armas estos incidentes se multiplicarán, ya que las armas de fuego están diseñadas para matar, no para disuadir.

¿Qué significa el porte de armas para los campesinos, activistas y defensores de la naturaleza?

Para nadie es un secreto que el Gobierno de Guillermo Lasso presiona para ampliar la frontera minera, petrolera y agroindustrial en el país. Pero, ¿qué relación tiene eso con el porte y tenencia de armas?

Citemos el caso de Brasil. Jair Bolsonaro, tras asumir la presidencia en 2019, firmó decretos para permitir el acceso de la población a las armas, lo cual tuvo como consecuencia el incremento de los homicidios en la franja agroindustrial de la Amazonía. El asesinato de líderes sociales y campesinos es a consecuencia de los intereses agroindustriales. Los industriales necesitan apropiarse de las áreas amazónicas biodiversas para expandir sus monocultivos, lo cual desemboca en una batalla por la tierra y los recursos.

Ecuador no es ajeno a esta realidad. Y aquí es pertinente citar el caso de Eduardo Mendúa, líder indígena que fue el rostro visible de la resistencia antipetrolera en su comunidad. Mismo que fue asesinado por sicarios la noche del 26 de febrero de 2023, recibiendo doce impactos de bala. 

¿Qué significa el porte de armas para las mujeres y disidencias?

Cuando pensamos en alguien que porta un arma, o nos imaginamos a una persona disparando un revólver, probablemente la imagen que hayamos dibujado en nuestra cabeza corresponda a la de un hombre. Y en un contexto como el nuestro, donde en el año 2022 se registró el índice de feminicidios más alto desde 2014, la imagen de hombres legalmente armados resulta terrorífica.

Otro dato⁵ importante a tener en cuenta es que el 60% de los femicidios se perpetraron con armas de fuego, a pesar de ser ilegales en el país. Entonces, legalizar las armas va a devenir inevitablemente en un aumento de la violencia contra la mujer, el número de víctimas mortales, la violencia intrafamiliar, y la violencia contra personas LGBTIQ+.

En conclusión, desde este espacio exigimos a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional el inmediato archivo del decreto 707, y la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo. Y le sugerimos al Ejecutivo ensayar otras soluciones al tema de la violencia en el país. Y apuntamos nuestra pluma a la necesidad de implementar políticas integrales, que construyan sociedades más igualitarias, ya que la inseguridad y violencia que vivimos actualmente tienen su principal raíz en la precariedad.