Entre los testigos que fueron convocados estuvo Tamara Artacker, investigadora del IEE y OCARU, quién con base en sus investigaciones sobre las plantaciones de balsa en el Ecuador, expuso cómo la expansión de monocultivos forestales puede representar un riesgo para la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros impactos. Destacó que el sector cuenta con una fuerte presencia de empresas europeas que controlan gran parte de los cultivos en el país. Además, son pocas las empresas exportadoras, lo cual implica procesos de dependencia de los productores hacia dichas empresas. Debido a que más del 90% de la producción de balsa está destinada a la exportación; este rubro se inscribe en la orientación agroexportadora dominante y recibe apoyo desde la política pública a través de líneas especiales de crédito para el establecimiento de nuevos cultivos.

También se recalcó que la demanda internacional de balsa durante el 2020 ha sobrepasado la capacidad de oferta de las plantaciones ya establecidas, lo cual ha orillado a que se generen explotaciones de bosques nativos y un incremento en plantaciones no controladas de este cultivo.

En esa misma línea, tampoco se puede dejar de mencionar que se criticó el discurso verde que rodea los cultivos de balsa, sin tomar en cuenta sus efectos negativos como la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de otros usos de suelo como la producción alimentaria o la vegetación natural. Durante el evento fueron expuestos diversos testimonios desde la región de la Costa, Sierra y Amazonía ecuatoriana sobre los impactos que viven los territorios debido a la “fiebre por la balsa”, que evidenciaron el lado problemático y la externalización de los costos socioambientales de la tal llamada transición energética en otras partes del mundo.