Los boletines de Desgranando Cifras hasta la fecha se han centrado en las dinámicas agrícolas y alimentarias en Ecuador y en el Sur Global, resaltando, sobre todo, en el caso de nuestro país, la especialización agroindustrial de la costa ecuatoriana; sin embargo, el análisis de la Amazonía ha quedado relegado. En este camino de conocer más sobre la Amazonía, nos contactamos hace un par de años con el Frente de Defensa de la Amazonía, del que Luis Yanza fue uno de los fundadores.
Antes de conocer a Luis, yo llamaba a este territorio el oriente, y tanta fue su paciencia para enseñarme que esa no era la forma correcta de nombrarla. Luis había luchado durante décadas en el territorio, no solo protestando por los daños ambientales, sino también tejiendo comunidad para soñar con días más justos para la población.
Como él mismo decía, “toda la riqueza sale y lo que se queda son las enfermedades”. Gracias a él pude conocer de manera más cercana los impactos de la explotación petrolera en la Amazonía, pero también la fortaleza de la organización social para resistir al poder transnacional.
Una de sus luchas fue contra la empresa Chevron. Como él relata en su documento[1] titulado “Caso Aguinda vs Chevron” (Yanza S.F.). Más de 30 mil personas fueron afectadas por la contaminación de 12 campos petroleros administrados por Texaco, en una superficie que abarcaba las provincias de Orellana y Sucumbíos. Parte de la línea histórica de esta lucha la podemos encontrar en la acción legal conocida como el caso Chevron.
En el 2011, la sentencia del caso Aguinda vs Chevron condenaba a la empresa a pagar más de 8.600 millones de dólares. De esta cantidad, 800 millones se destinarían a un fondo y a un plan para el tratamiento del cáncer.
Posteriormente, en 2018, la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, señaló que el gobierno ecuatoriano debe compensar a Chevron debido a que la empresa no fue juzgada de manera justa (Pellegrini et al. 2020). En 2025, esta causa avanzó y se determinó que el pago del Estado a la empresa ascendía a 220 millones de dólares, decisión que fue celebrada por el gobierno de Daniel Noboa debido a que el monto solicitado por Chevron era de 3350 millones (Ruiz Agila 2025).
(…) al menos se podía haber contado con más de 10 millones de dólares para crear el fondo de tratamiento de cáncer; en este caso, las personas enfermas no tuvieran que estar mendigando por atención médica ante las instituciones, gobiernos y autoridades de turno (Yanza S.F.).
Pero no solo que el poder corporativo determina la suerte de miles de familias afectadas por la extracción petrolera, también el abandono en el sector de la salud por parte del Estado cumple con la profundización de la desatensión, y es por esa razón que parte del dinero demandado estaba pensado para investirlo en salud de la población expuesta a los impactos del extractivismo. Un ejemplo este abando es que la Amazonía tiene el 3,9% de los ambientes físicos del sistema de salud[2], mientras que cuenta con 5% de la población, por lo que no logra ser proporcional en las 6 provincias; la Amazonía cuenta solamente con 8 salas de cuidados intensivos (INEC 2025).
Dado el contexto extractivo y la multiplicación de enfermedades que este genera en la Amazonía y con el propósito de garantizar un desarrollo socialmente equitativo y equilibrado, así como de satisfacer las necesidades de la población de la Amazonía, en 2018 se expidió la “Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica”. Es importante reconocer que en esta ley se encuentran algunos de los puntos por los que el Frente de Defensa de la Amazonía y Luis Yanza han peleado durante años.
Uno de los puntos a destacar de esta normativa es el “principio de reparación”, según el cual la deforestación debe ser restaurada y la contaminación pagada por su causante, además de la indemnización a quienes figuren como afectados. En cuanto a la salud, la ley exige que el Estado debe proveer el servicio en concordancia con las características culturales propias, y que se debe garantizar tanto el personal como los insumos en las zonas mas remotas. Así mismo, quienes tengan enfermedades catastróficas deben ser cubiertos por sus traslados y de un acompañante en caso que su tratamiento se dé afuera del territorio.
La ley creó dos fondos: uno para el Desarrollo Sostenible, el cual se basa en el 4% de cada barril de petróleo comercializado, y un mínimo de 2 dólares, este está dirigido casi en su totalidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para obras de fomento productivo y de saneamiento. El segundo es el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el cual se compone en un 60% de las regalías de las empresas que explotan petróleo y minas. Este fondo está administrado por una secretaría técnica específica y es el que las personas con enfermedades catastróficas deberían utilizar. La evolución del presupuesto de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se muestra a continuación:
Es un dato alentador que la administración del fondo se haya hecho casi en su totalidad mediante transferencias o donaciones para la inversión; por ejemplo, en 2025 se alcanzó el 98% y en 2020 ya era del 94% del total del presupuesto (Ministerio de Economía y Finanzas 2026). Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre las decisiones relativas al uso del fondo. El presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos expresó en 2022 que el fondo respondía a intereses políticos (Cazar Baquero 2022).
Por otra parte, según Fredy Armijos, algunos contratos petroleros no se incluyeron en el fondo debido a la fecha en que fueron firmados. A esto se suma la deuda que el gobierno tiene con los GADs, la cual en junio de 2022 ascendía a más de 295 millones de dólares (Cazar Baquero 2022). Esto también se refleja en la Figura 1, donde el fondo logra devengarse, pero no se paga por parte del gobierno central; además, en los tres últimos años, hasta diciembre de cada año, solo se había pagado menos del 58% del presupuesto devengado. (Ministerio de Economía y Finanzas 2026).
Este boletín cierra con la esperanza de que las luchas de Luis se sigan multiplicando y que un día se alcance la justicia social, ambiental y económica en la región amazónica, y que las leyes existentes se destinen a una reparación digna para las poblaciones afectadas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural.
Notas:
[1] Para la elaboración de este artículo se utilizaron documentos proporcionados por la FDA.
[2] Salas de operaciones, salas de cuidados intensivos, salas de cuidados intermedios, salas de parto.
Referencias:
Cazar Baquero, Diego. 2022. “Los Fondos Regionales Amazónicos caen en vacíos normativos y postergan las urgencias de la región.” La barra espaciadora. https://labarraespaciadora.com/fondos-regionales-amazonicos-postergan-urgencias/.
INEC. 2025. Registro Estadístico. Recursos y Actvidades de Salud 2021. Editado por Actividades y Recursos de Salud. Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Ministerio de Economía y Finanzas. 2026. Ejecución Presupuestaria – Por Función/Consejo Sectorial/Entidad Pública. Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.
Pellegrini, Lorenzo, Murat Arsel, Martí Orta-Martínez, and Carlos F Mena. 2020. “International Investment Agreements, Human Rights, and Environmental Justice: The Texaco/Chevron Case From the Ecuadorian Amazon.” Journal of International Economic Law 23 (2):455-468. doi: 10.1093/jiel/jgaa016 %J Journal of International Economic Law.
Ruiz Agila, Gabriela. 2025. “Chevron y el uso del arbitraje internacional en contra de Ecuador.” Wambra Medio Comunitario. https://wambra.ec/chevron-arbitraje-internacional-en-contra-de-ecuador/.
Yanza, Luis. S.F. Así ocurrió el pago de los 112 millones de dólares a la compañía Chevron.
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David Singaña Tapia
Investigador del OCARUIngeniero en Ciencias Económicas, Master en Desarrollo Territorial Rural, realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Justus Liebig – Giessen, Alemania.
Integra el grupo HINASES (Human-nature Interactions in Agricultural Socio-Ecological Systems).
Líneas de investigación y publicación: Soberanía Alimentaria, Agricultura Familiar y Acuerdos Comerciales.
