(CAMAE, 2021). La pandemia también nos ha demostrado que estamos viviendo una crisis de los cuidados en el campo: las mujeres rurales son quienes cuidan de los suelos, animales, páramos, semillas, biodiversidad, producen alimentos, realizan labores del hogar, han cuidado de los enfermos, se han encargado de la educación en casa y además han desplegado varias estrategias para mantener las economías familiares a flote. Ellas tienen la carga laboral no remunerada más alta en el país.

Desde este contexto, interpelamos a los planes para la ruralidad de los dos candidatos. Las organizaciones del campo necesitan a corto plazo:  un plan de vacunación para el campo, acceso a crédito blando para la reactivación de las economías y a mediano y largo plazo política diferenciada para la AFCI que fortalezca sus canales de comercialización, la redistribución de los trabajos de cuidado y la redistribución equitativa de recursos productivos como la tierra y el agua (Daza 2021). Los y las campesinas además manifestaron con claridad que el encadenamiento productivo de la AFCI al complejo de producción agroindustrial no es una vía de desarrollo, con el rotundo rechazo al proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario por parte de organizaciones campesinas, indígenas, gremios y otros sectores sociales (Carta Abierta, 2021).

El programa para la ruralidad que necesita el país es aquella propuesta que transforme el régimen agroalimentario desde la soberanía alimentaria, que logre redistribuir los recursos productivos, que sea justo con quienes sostienen el cuidado, quienes producen y consumen alimentos, que construya modelos productivos que cuidan de la naturaleza como la agroecología, priorice el derecho a la alimentación y nutrición adecuada por sobre la agroexportación; un régimen agroalimentario donde los y las campesinas puedan participar en la creación y ejecución de políticas públicas que les afectan. Tras el cierre de una tercera vía que planteaba Yaku Pérez, en esta segunda vuelta electoral nos enfrentamos cara a cara con la recurrente polarización Estado-mercado que reproducen los candidatos Arauz desde el autodenominado progresismo y Lasso desde la derecha neoliberal.

Parto desde las expectativas más generales que se han colocado sobre los dos candidatos. Por un lado, Andrés Arauz como representante de la “izquierda”, a nivel internacional se percibe como el único capaz de ofrecer un camino transformador, “procediendo de la creencia de un futuro poscapitalista y una sociedad alternativa […] orientada a satisfacer las necesidades reales de las poblaciones […]” (Sousa Santos, 2021). Sin embargo, los movimientos sociales en el país advierten el regreso de la expansión de un Estado autoritario financiado a través de la acumulación capitalista (neoextractivismo) con fines a menudo redistributivos. Por otro lado, Lasso, representante natural de las élites financieras del país genera expectativas igualmente de acumulación capitalista a través de la privatización, poca interferencia del Estado, precarización laboral en función de la competitividad y recetas de mercado para la reducción de la pobreza.

No obstante, haciendo un balance general, los dos candidatos tienen propuestas muy similares, aunque con pequeñas variaciones, en torno a servicios para mejorar la calidad de vida en las áreas rurales: centros de salud rural, internet para el campo, atención a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), inversión en vialidad en coordinación con los GADs, asociatividad y cooperativismo, acceso a riego tecnificado, énfasis en el sector ganadero y acceso a crédito. Sin duda, ningún candidato ofrece una propuesta estructurada en torno a la soberanía alimentaria. Por un lado, Lasso hace omisión absoluta las discusiones en torno a ella; y, por otro lado, Arauz al igual que su predecesor, interpreta la soberanía alimentaria como abastecimiento interno desde la industria nacional de alimentos sin importar su modelo de producción, origen y calidad: “la soberanía alimentaria debe ser elevada a un rango de objetivo estratégico de seguridad nacional. No podemos arriesgar que falten alimentos en el Ecuador” (Presentación Futuro Rural 2021). Esto invoca la visión nacionalista y de modernización capitalista que favorece los grandes encadenamientos industriales de maíz, arroz, etc.

Adicionalmente, los dos candidatos han demostrado intenciones prematuras de congeniar con el sector del agronegocio. Por ejemplo, a una semana de las elecciones, Arauz firma un acuerdo de reactivación del agro con el proyecto “Arar” liderado por empresarios y gremios productivos (El Universo, 2021). Recordemos también el estrecho vínculo entre la Revolución Ciudadana con las élites agroalimentarias del país como Agripac, PRONACA, La Favorita para mencionar unas pocas (Macaroff et al, 2019). La candidatura de Lasso, en cambio está sustentada también por grupos económicos financieros, agroindustriales y exportadores. Queda claro que los dos candidatos definitivamente promoverán el modelo del agronegocio, sin embargo, desde distintas posiciones. Araúz desde el Estado empresarial y Lasso desde un mercado poco regulado con principios de competitividad, los dos en alianza con las élites agroalimentarias del país. Entonces la pregunta importante es: ¿hasta qué punto se apoyará un modelo a favor de la AFCI? Y ¿cuánto presupuesto y cuántos programas estarán destinados para la AFCI y la soberanía alimentaria?

¿Qué plantea Arauz?

Los tres pilares fundamentales del “Acuerdo Nacional por el Futuro Rural” plantea seis prioridades, algunas de las cuales resultan opuestas como “incremento de exportaciones” y “agro industrialización” frente a “producción agroecológica”, “trabajo digno” y “agricultura familiar campesina”. No deja en claro si esto se traducirá en política diferenciada o programas marginales. Debemos también considerar que el modelo estatista empresarial que le precede a Arauz se financió a partir del 2014 través de la bonanza petrolera. Sin embargo, si fuera llegar al poder, Arauz no tendrá la misma capacidad económica lo cual puede influir en la priorización del gasto público para el agro, considerando que su acuerdo “Futuro Rural” abarca más proyectos que el de Lasso.

La herencia correista es evidente en los programas que plantea como “Plan Renova” reminiscente al Plan de Renovación Vehicular (REN-OVA) impulsado en el 2008, Arauz promete comprar nuevas embarcaciones para la pesca artesanal. También promete sembrar 60 mil ha de árboles cada año “con finalidad ambiental-comercial con incentivo del 75% de costos de instalación”, que recuerda al Plan Nacional de Forestación de la Revolución Ciudadana que impulsó los monocultivos forestales como pino, teca, eucalipto, melina y balsa en manos de grandes empresas que acaparan agua, tierras y un modelo en base a los agrotóxicos (Daza y Artacker, 2019).

Otra herencia son los matices del populismo y demagogia característico de la Revolución Ciudadana, Arauz ofrece iniciar la “Campaña Orgullo agricultor” para la revalorización del rol de la agricultura, empoderamiento y autoestima. En general su campaña ha utilizado lenguaje que suscita los movimientos sociales como “agricultura familiar”, “economía solidaria”, “circuitos cortos”, etc. También menciona que el “acceso a la tierra más equitativo” será una de sus 10 políticas para el agro, sin embargo, no profundiza sobre este eje en ninguna parte de su plan (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural, 12 marzo).  De hecho, es un punto nuevo ya que no fue mencionado en la primera exposición vía Facebook live (Presentación Futuro Rural, 19 enero). Esto podría demostrar un cierto nivel de resguardo en la tensión entre representar un proyecto popular y mantener alianzas empresariales.

En general existe poca reflexión crítica del régimen progresista anterior sobre el cual construir propuestas distintas y hay una falta de pronunciamiento sobre los casos de corrupción, el modo autoritario de persecución social y el modelo de modernización capitalista aplicado al campo (Plan V, 2021). Uno de los puntos que perjudicará a la AFCI son los tratados de libre comercio (TLC) o acuerdos comerciales. Arauz ha afirmado que revisará los TLCs y Tratados Bilaterales de Inversión “de comprobarse que afectan el interés nacional” (El Universo 2020). También afirmó: “por supuesto que necesitamos colocar nuestros productos en el mundo, pero los acuerdos comerciales tienen que responder a un equilibrio” (Presentación Futuro Rural, 19 enero). Por lo tanto, su programa incluye “acuerdos comerciales bien negociados” e “incremento de las exportaciones en un 15%” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural).

Recordemos que el acuerdo comercial con la Unión Europea lo negoció y ratificó el gobierno de Rafael Correa en diciembre de 2016. Los impactos negativos en la agricultura se evidenciaron al tercer año, con una división pronunciada entre grandes ganadores (exportaciones de camarones, flores, banano, plátano y enlatados de pescado) y grandes perdedores vinculados a la producción nacional de las agriculturas campesinas y el sector lácteo particularmente (Daza et al, 2020). Lo preocupante de pretender “negociar bien” un tratado comercial es que no responde ¿para quién se está negociando? y realmente son las élites agroexportadoras del país que tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones, en detrimento del resto de medianos y pequeños productores.

Aquí nos topamos con un límite donde se desmantela la dicotomía neoliberalismo versus progresismo, al ver una “izquierda” que se aleja de un proyecto popular y alternativo. Ahora bien, Arauz responde a esto con una contrapropuesta en torno a la comercialización relacionada con la “protección de productos sensibles (leche, maíz, arroz, carnes, etc.)”, “la lucha contra el contrabando”, “comercialización asociativa” y la “modernización de mercados” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural). ¿Pero será esto suficiente para mantener las economías campesinas frente a los TLCs?  Probablemente no.

Debemos rescatar que, Arauz plantea algunas propuestas interesantes. Destacamos por ejemplo que la “educación tecnológica especializada al servicio del agro” es una demanda importante que existe en el campo y Arauz plantea tener “10 mil jóvenes agricultores, sistema de certificación de competencias para 50 mil técnicos especializados”. Sin embargo, habrá que analizar detenidamente el currículum que promueva modelos de producción como la agroecología, que sea educación técnica de calidad adaptada al potencial productivo territorial y planes de vida de los jóvenes rurales (Agenda Ambiental, 2021).

Otro eje o política interesante que ofrece Arauz es el turismo rural: “promoción de senderos y caminatas, alianzas, reconocimiento de productos de calidad con denominación de origen, 50.000 nuevos empleos en el sector turístico rural”, turismo para la pesca artesanal y llevar a cabo un censo agropecuario que es algo que le corresponde al siguiente gobierno de igual manera.  Finalmente, una fortaleza a comparación del programa rural de Lasso es que Arauz hace una diferenciación clara en cuanto a los créditos que ofrece, “2.200 millones en créditos a 200.000 pequeños y medianos productores con acceso rápido y ágil, tasas de interés competitivas, asistencia técnica y seguro agrícola”.

¿Qué plantea Lasso?

Algo característico de Lasso en estas elecciones ha sido que sus promesas electorales dieron un giro importante para intentar captar los votantes de Yaku Pérez al confirmarse su participación en la segunda vuelta. Aunque Arauz también ha dialogado con nuevos sectores, para la derecha neoliberal “conservadora en lo social” es algo menos natural. Sin embargo, Lasso intentó entablar diálogo sobre derechos LGTBI, derechos de las mujeres y con sectores ecologistas. De hecho, ya se comprometió con la agroecología por ejemplo (Frente al Ambiente, 2021). Además, estableció un hashtag titulado #encontrémonosparalograrlo con el fin de que sectores de la sociedad civil se acerquen a dialogar. Posteriormente, su plan para la ruralidad también fue modificado y se agregaron varios puntos. Sin embargo, sus planes de trabajo ya venían predeterminados hacia la modernización capitalista del campo enfocada en el productivismo. Su plan de trabajo actualizado afirma:

“Es preciso trabajar en un marco regulatorio en temas laborales, tributarios, y tecnológicos adecuado para la modernidad y el desarrollo. Asimismo, la agricultura experimenta cambios sustanciales debido a las innovaciones tecnológicas y a las dinámicas de los mercados nacionales e internacionales. Estas tecnologías representan una oportunidad para realizar importantes mejoras en los procesos productivos en materia de bioseguridad, sostenibilidad ambiental, pero sobre todo de productividad” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 67).

Esto alude a que se buscan cambios que favorezcan la institucionalidad mercado-céntrica en función de la productividad y no de la soberanía alimentaria y de los derechos de quienes producen y consumen alimentos. Es más, la argumentación del plan de gobierno de Lasso se centra en la economía agroexportadora y sus beneficios, y su propuesta para el campo consiste en la economía del goteo. Por ejemplo, reconoce que “solo 2 de cada 10 trabajadores tiene un empleo adecuado” en el campo, sin embargo, responde a esta situación afirmando:

“En una economía dinámica, con fuerte crecimiento de la inversión, estas personas conseguirán empleos de calidad en su propio entorno…la introducción de nuevas modalidades contractuales y la tecnificación del sector agrícola permitiría que los trabajadores rurales tengan mayores ingresos” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 35).

Esta afirmación descarga la responsabilidad de conseguir empleo digno en las y los trabajadores del campo, omitiendo el deber del Estado de asegurar derechos laborales—una anulación total sobre la situación de las y los trabajadores rurales quienes sufrieron graves vulneraciones a sus derechos laborales durante la pandemia, perpetradas por el sector agroindustrial. La última frase además nos presenta una contradicción rotunda con la promesa de crear empleo rural digno, ya que la tecnificación reemplaza la mano de obra. Adicionalmente, el apoyo incondicional a la agroexportación y los TLCs, en particular con Estados Unidos, es central en el programa de Lasso, quien afirma en su plan de gobierno:

“Se deben realizar nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión […]  de carácter legal y vinculante para sus partes, es decir, de obligatorio cumplimiento […] Se necesita en especial, la firma de un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial; Estados Unidos y su plena inclusión en la Alianza del Pacífico” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 102).

Afirmó que fomentará las exportaciones “con énfasis en la diversificación de nuevos rubros y el apoyo de emprendimientos de jóvenes y mujeres rurales” (La República 2020) pero no ha profundizado sobre algún programa particular para mujeres y jóvenes rurales. Curiosamente, el Plan Equidad Rural pone énfasis en el sector lechero y ganadero, que son de los sectores más afectados por el acuerdo comercial con la Unión Europea. Su plan afirma incrementar el consumo de lácteos en la población a través del desayuno escolar, promete construir establos comunitarios “para producción de leche e industrialización de carne vacuna y de ovinos”. También emprenderá el programa “Ecuador ganadero” para impulsar producción de carne de res, leche y derivados mejorar oferta exportable (Plan Equidad Rural, 2021).

Pasando concretamente al fomento de la producción agrícola, Lasso ofrece una serie de medidas para beneficiar y facilitar la reactivación del sector agropecuario: $1.000 millones en créditos al 1% hasta 30 años plazo a través de la banca pública con apoyo de organismos internacionales, seguro agropecuario productivo, cero aranceles para el sector agrícola y ganadero en la importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas para la agricultura, maquinaria para almacenamiento, enfriamiento y transporte de leche y producción de lácteos (Plan Equidad Rural, 2021). Por un lado, estas medidas conllevan la pregunta ¿Para quién? ¿Quién podrá acceder a esta nueva línea de crédito y al seguro agropecuario “productivo”: pequeños y medianos productores de la AFC o solamente las grandes empresas agrícolas? La eliminación de aranceles e impuestos, por otro lado, es una política dirigida netamente a las grandes empresas que tienen la capacidad de importar estos insumos agrícolas que deja en claro la fuerte alianza público-privada y con élites agroindustriales.

Entonces hasta ahora consta el enfoque de “talla única”– no hay una claridad sobre cómo se abordará la heterogeneidad de productores que existe sin una política diferenciada y deja a la imaginación si las mismas condiciones para acceder a créditos aplicarán para pequeños y grandes productores. Más aún preocupante es la promoción de “semilla de alto rendimiento para el pequeño agricultor” que demuestra intenciones de profundizar el encadenamiento productivo de la AFCI y de no respetar las semillas campesinas y nativas, ni los modelos de producción ecológicos y que generan autonomía. Finalmente, una propuesta nueva es la “creación de una división especializada para el campo y la ruralidad con equipamiento y entrenamiento especializado para la defensa de agricultores, camaroneros pescadores, etc.” (Plan Equidad Rural, 2021). En términos de capacidad y cobertura, seguramente se plantea en función de proteger a grandes empresas.

¿Y la política para la AFCI? Lasso se presenta como el empresario trabajador meritocrático y busca crear un falso sentido solidaridad de clase con quienes aspiren a llegar a ser parte de la clase empresarial, idea que se refleja en el lenguaje que utiliza “las ferias permanentes en las ciudades generarán asociatividad y formarán una economía rural colaborativa” (Plan Equidad Rural, 2021). Las comunidades rurales demostraron no solo colaboración sino iniciativa y profunda solidaridad durante la pandemia, realizaron trueques, enviaron alimentos a las poblaciones más necesitadas de las ciudades, armaron redes de cuidado y fortalecieron la economía solidaria. Entonces la problemática que realmente se debería señalar son las relaciones de poder y explotación en la intermediación, y como propuesta fomentar los circuitos cortos de comercialización campesina.

Ahora bien, sí se plantea la asociatividad productiva y comercial “para mejorar las ganancias de comunidades indígenas y campesinas” y “ferias permanentes en las ciudades” pero quedamos a la expectativa de ver cómo se ejecutaría este plan. Adicionalmente, destacamos algunos otros programas interesantes como la “entrega gratuita de maquinaria agrícola para comunidades y pequeños agricultores” y el “fortalecimiento del seguro social campesino” con enfoque en servicios de salud, desempleo y jubilaciones justas, un “plan hambre cero” que consiste en implementar comedores comunitarios con almuerzo gratuito y kits de nutrición para mujeres embarazadas y niños de 2 años, fomentar el desayuno escolar, agua potable para el campo, centros de salud con reconocimiento ancestral, fortalecer escuelas rurales y la Secretaría de Educación Intercultural bilingüe  (Plan Equidad Rural, 2021).

Conclusión

Más allá de las tantas promesas de campaña por parte de los dos candidatos, ninguno ofrece crear las condiciones necesarias para la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la justicia social y ambiental. Estas condiciones serían: la redistribución equitativa de los recursos productivos y poner el cumplimiento pleno de los derechos campesinos, de los trabajadores y trabajadoras rurales, de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza por sobre el proyecto agroindustrial, agroexportador y productivista. La soberanía alimentaria no comprende un eje organizador de las propuestas electorales, a pesar de ser un mandato constitucional. De hecho, los dos candidatos indudablemente favorecerían con sus propuestas el aparato agroindustrial, cuya modalidad para incluir a la AFCI en la economía agraria es a través de las cadenas de valor. Este modelo existe en función de la acumulación capitalista en el campo y ha demostrado durante décadas, ser un modelo que empobrece y despoja de su autonomía productiva a los y las campesinas y otros habitantes rurales. Por lo tanto, ya sea desde una receta de Estado o mercado, los dos candidatos proponen un proyecto similar.

Desde la perspectiva de los movimientos por la soberanía alimentaria en el campo, Arauz figura un oponente con más potencial de cooptación de las organizaciones sociales, por lo tanto, supone mayor posibilidad de confrontamiento en el proceso de disputa por las autonomías territoriales, organizativas, sus demandas y necesidades desde su pluralidad. Además, el proyecto de reconstruir un Estado fuerte con capacidad regulatoria seguramente será financiado de la misma manera que el anterior gobierno progresista – neoextractivismo— lo cual generará confrontamientos territoriales en contra de la expansión del monocultivo, camaroneras, de la minería en la defensa de las fuentes de agua y de los territorios campesinos, etc.  Por otro lado, la derecha neoliberal, tiene la misma capacidad de ejercer esa violencia capitalista opresora, pero se distingue como un adversario constante e inequívoco, lo cual puede facilitar la articulación a largo plazo del campo popular organizado. Sin embargo, es una opción que prescindiría de cualquier posibilidad redistributiva y quizá podría limitar más las posibilidades de construir proyectos de transformación o reforma a favor de la AFCI por ejemplo a nivel local descentralizado. Con esto en mente, una fortaleza será la reconfiguración de las relaciones de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, que puede ofrecer luces para perseguir una agenda de reforma y negociación por un sistema agroalimentario distinto frente a los grupos de poder.

Como Observatorio del Cambio Rural seguiremos reflexionando y trabajando para contribuir a la construcción de un sistema agroalimentario más justo y por la soberanía alimentaria en el país.

Valeria Recalde-Vela es investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos y forma parte del equipo de comunicación del Observatorio del Cambio Rural.