Las demandas sobre la producción y comercialización de la leche coparon el debate. Santiago Varo, representante de los productores del centro sur del país, recalcaba la inexistencia de una ley de desarrollo agrícola en el país y la necesidad de requerir de unas  ‘reglas claras’ del juego. Su discurso exigía la derogatoria del decreto que deja usar el suero en las bebidas como negocio para la industria y no para el productor lechero.

En medio del auditorio, el representante se preguntaba: ¿hacia dónde apunta el gobierno? ¿A los negocios comerciales ó piensa en las miles de familiar vinculadas al entorno productor lechero y agrícola en general? Como propuesta, se hizo un llamado a la hermandad entre los diferentes dirigentes del sector agropecuario en la conformación de una federación donde ‘’estemos los que tengamos que estar’’, añadió Varo.

Desde la Feunassc, Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, Mesías Ugshiña, interpeló a las cámaras de televisión y a los medios convocados, con las siguientes palabras: »Señor Presidente de la República, desde la provincia de Chimborazo, queremos solicitar que atienda todos los requerimientos que planteamos el 8 de enero en el Palacio Presidencial; propuestas que tienen que ver sobre el desarrollo productivo, propuestas que tienen que ver con los recursos para la conservación de las fuentes de agua, para la rehabilitación y construcción de los sistemas de riego y consumo humano», recursos para crear el Fondo Nacional del Agua. Le planteamos que controle el agrocontrabando que venden productos de contrabando del Perú y Colombia’’.

Haciendo honores al recurso hídrico como derecho humano, en su día de celebración, José Buñay, Presidente de COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria), lanzó la pregunta: ¿qué tan importante es tener el agua para la vida de nuestros pueblos? Hizo referencia a cómo desde la COPISA han llevado el diálogo en torno a la discusión de la Ley de Aguas, Ley de Tierras y Ley de Semillas en defensa de la Soberanía Alimentaria en Ecuador.

Llamando al campesino y al indígena que forman parte de la chacra en la producción de la alimentación, Delfín Tenesaca, Presidente de Cosmovich, Coordinadora de Organizaciones Sindicales, Indígenas y Populares de Chimborazo, sostuvo que es importante pensar el futuro de la vida y la importancia que desde los pueblos y nacionalidades indígenas y los gobernantes sepan qué es distribuir y redistribuir el recurso agua y qué implica la participación de los pueblos y organizaciones en el proceso.

Al hablar de relevo generacional en el campo, Fernando Oleas, Coordinador Provincial de Interjuntas de Chimborazo, manifestaba cómo los jóvenes no están motivados para quedarse en el campo.

Marco normativo en contra de la Soberanía Alimentaria y autonomía campesina

La Ley de Tierras

Los nudos críticos de la Ley de Tierras expuestos por Esteban Daza, investigador de IEE/OCARU, atendieron a los discursos que desde el gobierno indican que la pobreza tiene que ver con carencias. Según Daza, no es así, ya que las luchas históricas de los sectores campesinos no tienen que ver con las carencias sino con sus derechos; ‘’se lucha por la autonomía de la administración del agua, de la tierra y las semillas. La Ley de Tierras, de Aguas y  de Semillas tienen que ver con nuestros derechos y autonomía’’, destacó.

Entre los nudos críticos se resaltaron: se trata de una ley de uso exclusivo para la productividad, ‘’Tienen que producir para producir más pero la ley atenta contra la soberanía alimentaria’’, insistía el investigador; la redistribución de tierra se plantea desde la venta de la tierra vía el mercado; la inversión extranjera no permite estar en igualdad de condiciones al campesino con respecto al extranjero; en la Ley de Tierras no se contempla un Fondo de Tierras. Con ello, un acuerdo interesante que propone en relación al Plan Tierras, atendería a que, habiendo condiciones con el Consejo de Participación Ciudadana, sería bueno realizar una veeduría con el Plan Tierras y el Plan Semillas en relación a los kits agropecuarios.

La Ley de Semillas

Como integrante del Colectivo Agroecológico del Ecuador, Roberto Gortaire, hizo un recorrido de cómo la Ley de Semillas se empezó a trabajar desde la COPISA en 2009 y 2010 con la participación de 2.500 personas en la discusión sobre la propuesta de ley.

‘’Se quiso proponer un nuevo modelo de agricultura para el Ecuador en defensa de la Soberanía Alimentaria’’, expresaba Gortaire. Hizo mención a cómo con esta ley se quiso responder a un modelo de agricultura colapsado y que ya no funciona. Para Gortaire el objetivo de las nuevas tecnologías en las semillas ‘’es un interés de la industria para monopolizar y privatizar las semillas’’.

Los puntos de la Ley de Semillas que se lograron sostener con la movilización, fueron sintetizados de la siguiente forma: se logró diferenciar que hay un pensamiento y paradigma campesino de los pueblos sobre la agricultura frente al pensamiento agroindustrial capitalista; la semilla es patrimonio de los pueblos campesinos y no del Estado.

Y como puntos sobre los que hay que hacer especial seguimiento: la ley abre las puertas a los cultivos y semillas transgénicas; la libre circulación de semillas, la semilla no tiene que estar regulada; cuando se habla de sistemas financieros de crédito diferentes para las comunidades y pueblos, especialmente para mujeres y jóvenes, es necesario comprobar que se cumpla en el reglamento; tiene que haber una norma diferente para el registro sanitario, que derive en un trato diferente entre el campesino y la empresa.

La Ley de Aguas

Con la pregunta, ¿qué es el agua para nosotros?, Gerónimo Yantalema, asesor de Ecuarunari, inició su exposición señalando cómo la constitución es garantista en relación a: considerar al recurso como un derecho humano, al igual que está prohibida la privatización y el acaparamiento del recurso vital; cómo en el Art. 318 se habla sobre la gestión comunitaria del agua de forma pública y comunitaria y cómo el Estado fortalecerá el funcionamiento de las gestiones comunitarias.

Entre los nudos críticos se reiteró en cómo los derechos colectivos establecidos en la Constitución se ven afectados cuando se trata de una ley que quiere intervenir o afectar a las cuencas comunitarias; el artículo 6 de la ley prohíbe la privatización pero no dice nada de cómo evitarla, mientras que en el artículo 7 sí se ve cómo se puede privatizar permitiendo la entrada a las empresas con el interés de los grandes negocios.

Para Yantalema, estamos ante una Ley de Aguas donde se permite la privatización y el acaparamiento; ‘’se trata de una ley estatista, concentradora de poder y que no está en los poderes comunitarios, está en el Estado’’, concluyó.

Como aporte para el debate, Alex Ramos, representante de SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua), indicó la cifra en relación a la inversión para la administración de sistemas de riego, 23,6 millones de dólares para las 23 provincias. En el caso de la provincia de Chimborazo, tiene asignados 43.000 dólares mensuales en el fortalecimiento de unidades de riego y de administración de sistemas de riego.

Y, desde una mirada del mejoramiento de los sistemas de agua, Carlos Zambrano, representante del Foro de Recursos Hídricos, hizo hincapié en que no habrá fortalecimiento sin la posibilidad de intercambios y de capacitaciones. ‘’Las organizaciones somos autónomas pudiendo ayudar y manejar esos sistemas e inversiones; que el Estado respete nuestros territorios’’, manifestó.

Acuerdos para futuros encuentros agrarios

Tras más de cuatro horas de exposiciones y debates urgentes en torno a la situación agropecuaria, Mesías Ugshiña consensuó varios acuerdos con el público presente:

1. Pedido del cumplimiento de las ONG’s e instituciones reunidas para codificar las leyes presentadas y continuar con talleres de capacitación e información. El 29 de marzo tendrá lugar una reunión en la Troncal sobre Ley de Aguas, Tierras y Semillas. Desde el Oriente del país también se ha solicitado trabajar en un encuentro regional de las provincias amazónicas para tratar dichas leyes.

2. Planteamiento de que las organizaciones puedan replicar la Cumbre Nacional Agraria que tuvo lugar en 2016. Se propone que desde la CONAIE, FENOCIN y FEUNASSC inviten a otras organizaciones al evento en Quito y determinar los paquetes de reformas de las leyes.

3. Elaboración de un manifiesto del encuentro para exigir al gobierno nacional que resuelva las demandas planteadas el 8 de enero.

4. Participación en el Encuentro del 3 de abril sobre las tres leyes con organizaciones campesinas en Columbe.

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, El Foro de Recursos Hídricos, el Colectivo Agroecológico, la Senagua y el IEE/OCARU seguirán apoyando en los debates urgentes para una mejora de las condiciones de vida en el campo.