Con respecto a la Reforma Rural Integral, abordaremos lo relativo al decreto-ley, por medio del cual se regulan los temas relacionados con el acceso a la tierra. La recomposición de poder político se presentará a luz de las disputas electorales por la Presidencia de la República en el 2018 que la ultraderecha quiere ganar para “destrozar” y revertir los acuerdos de paz. El situación a la que se enfrenta el movimiento social con sus luchas y resistencias, será abordado teniendo en cuenta la violenta reacción de los grupos que se oponen a la paz han tenido sobre los movimientos y los liderazgos sociales con el asesinato sistemático de más de un centenar de líderes posterior a la firma de los acuerdos.

La Reforma Rural Integral y acceso a la tierra.

Como es de amplio conocimiento en Colombia y en el exterior, el pasado 24 de noviembre de 2016 el presidente Juan Manuel Santos y el Jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Rodrigo Londoño, firmaron por segunda vez en el emblemático Teatro Colón en Bogotá, el Nuevo Acuerdo de Paz, que puso fin a la cruenta guerra que el grupo guerrillero estaba librando contra el Estado colombiano hace más de cincuenta años.

Este nuevo acuerdo recoge muchas de las propuestas, complementos y aclaraciones hechas por los más diversos sectores sociales, religiosos, gremiales y políticos que se opusieron al primer acuerdo suscrito entre las partes en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y que promovieron la campaña en contra de él, ganando tan sólo por unos 53.000 votos, en una disputada jornada en la que participaron casi trece millones de ciudadanos, votación sin antecedentes en nuestra historia reciente para un evento de ese carácter.

En efecto, cabe resaltar en primer lugar que se mantiene la esencia con la cual se concibió la Reforma Rural Integral – RRI- en el primer acuerdo, esto es, que ella sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones y posibilidades para lograr el bienestar para la población rural y señala el camino para la construcción de una paz estable y duradera.

Del mismo modo, se reitera que “una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social” (Acuerdo Final, 2016).

En cuanto a la estructura, también se mantiene lo acordado en el primer acuerdo. Las bases para la transformación estructural del campo colombiano, como fue dicho en el párrafo precedente, se contemplan en la RRI y está soportada en cuatro grandes pilares, cada uno de los cuales, a su vez, está compuesto por varios sub-puntos como se observa a continuación:.

Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

1. Fondo de Tierras: Fuentes. Formalización masiva de la pequeña propiedad. Tierras inalienables e inembargables. Restitución. Formalización y actualización del catastro e impuesto predial rural. Cierre de la frontera agrícola y protección de las Zonas de Reserva Campesina.

2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Planes de acción para la transformación territorial para todas las zonas rurales, priorizando en una primera fase los municipios más afectados por el conflicto armado, los más pobres, los que tienen cultivos de uso ilícito y aquellos cuya institucionalidad sea más débil.

3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Planes de infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura de riego, eléctrica y de conectividad. Desarrollo Social en materia de salud, educación, vivienda – agua potable y erradicación de la pobreza. Estímulos a la producción agropecuaria, la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Por último, el diseño y puesta en marcha de un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

4. Derecho a la Alimentación.

En segundo lugar, respecto a los aportes, precisiones y aclaraciones al punto sobre la RRI, amerita destacar algunos elementos contenidos en los proyectos de Decreto-Ley que ya expidió el Presidente, sobre los que debemos prestar gran atención, por sus mismas implicaciones:

 Las víctimas del conflicto armado interno son los principales beneficiarios de la RRI y en particular del Fondo de Tierras garantizando transparencia en la selección de ellos, hecha por una institución y autoridad competente.

 Sobre el Desarrollo Rural. Se introduce un acuerdo que tiene como principio que el desarrollo integral del campo depende de un “adecuado balance entre la agricultura familiar y/o la agricultura comercial de escala; y que igualmente depende de la competitividad y de la promoción de la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos. Se trata de promover a la vez encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones de equidad, y apoyar y proteger la agricultura familiar y campesina” (Gobierno y FARC-EP, 2016).

La integralidad de los acuerdos.

Una consideración de suma importancia, es la integralidad de los puntos centrales del acuerdo (RRI, Participación Política, Victimas del Conflicto, Solucíon al Problema de las Drogas y Fin del Conflicto) pues, cuando estos se fragmentan, como es la lógica del gobierno, cada uno de ellos queda expuesto a la interpretación del Ministro de turno, o del Director de alguna de las instituciones adscritas al Estado.

Este ha sido el caso de la aplicación de la Ley de Amnistía a los excombatientes de las FARC-EP que después de ser aprobada hace seis meses, aún quedan en las carceles más de dos mil hombres y mujeres, por las disímiles interpretaciones de los jueces y el interés de ciertos sectores del gobierno como la Fiscalía que buscan frenar cualquier tipo de implementación de lo acordado. Algo similar ha ocurrido con la Susitución de los Cultivos de Uso Ilícito, y lo más grave aún, con lo que está ocurriendo con la implementación del punto 1 sobre RRI, específicamente con el proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad que fue puesto a consideración de la opinión pública por el gobierno nacional de manera inconsulta con la contraparte. Sin tener en cuenta los mecanismos previos para acordar ese tipo de medidas, como lo es la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Acuerdo dePaz), dicho proyecto fue objeto de una constelación de críticas, incluida la comisión de expertos nombrada para tal fin, desconociendo lo acordado, y con el interés de incluir temas que no estaban dentro del acuerdo, buscando derogar la Ley 160 de Reforma Agraria de 1994, que a estas alturas resulta mucho más progresista que varios aspectos del acuerdo en materia de tierras.

Lo anterior, constituye el contexto dentro del cual fueron expedidos casí cuarenta Decretos-Ley, entre el 28 y 30 de mayo de 2017 bajo la figura de las funciones especiales del Presidente de la República para ese fin, funciones que terminaban el 31 de mayo de 2017. De no haber expedido dichos Decretos-Ley, aspectos de vital importancia en el acuerdo hubiesen quedado completamente en el limbo y éste letalmente destrozado por la incompetencia, la crisis de gobernabilidad del gobierno de Santos, la falta de organización y preparación para asumir las más elementales tareas, como la lógistica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que a estas alturas no han terminado de construirse, siendo los propios excombatientes quienes han trabajado en ellas para construirlas.

La implementación de la Reforma Rural Integral.

Respecto al punto de la RRI, las normas necesarias para inciar su proceso parcial de implementación fueron expedidas como parte de los Decretos-Ley antes mencionados en donde el Presidente de la República, haciendo uso de las facultades extraordinarias para la implementación de los acuerdos de La Habana expidió el Decreto – Ley 902/2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras».

Este Decreto/Ley define en materia de acceso y formalización a la tierra tres tipologias de sujetos: A titulo gratuito, parcialmente gratuitos y onerosos. Del mismo modo, define las formas de acceso a la tierra que en este caso, retoma lo establecido años atrás: la adjudicación directa, el subsidio integral, el crédito especial y la prelación para la asignación de derechos sobre los terrenos baldíos de la nación, que ella misma no sabe cuáles son. Además, llaman la atención dos aspectos centrales en este Decreto/ley: por un lado la falta de haber incluido en el mismo el catastro rural multipropósito y, por otro lado, la reiterada insistencia en el respeto a la propiedad privada.

Así mismo, contiene la creación del Registro de los Sujetos de Ordenamiento (RESO) y finalmente, en el titulo VI del decreto-ley, que es casí una copia del que estaba en el proyecto incial inconsulto que hizo público el gobierno, conservando el nombre de “Ordenameinto Social de la Propiedad”, se reglamenta todo lo que tiene que ver con el Procedimiento único, que atenderá primero las zonas focalizadas para implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En ese sentido, vale la pena destacar que éste es un timido esfuerzo que está muy distante de lograr la veradadera transformación estructural de los problemas agrarios colombianos y que como tal, es parte del destacado proceso de negociación entre partes enfrentadas en un conflicto armado, en este caso entre el Estado y las FARC-EP que no tuvo vencedores, ni vencidos. Dicho proceso refleja además, la profundidad de las conseciones que cada parte se vió obligada a ceder en sus pretensiones históricas y a dejar de lado las exigencias y los cambios y transformaciones para los cuales no existen condiciones políticas, sociales, económicas, militares o de fuerza que obligue al contrincante a aceptarlas o imponerlas.

En suma, los acuerdos tienen el gran mérito político y simbólico de crear un hecho sin antecedentes en nuestra historia de guerras, conflictos armados y negociaciones para sentar unas bases seguras, para aportar a la construcción de la anhelada “Paz estable y duradera”. Y son, en sus aspectos más sustanciales, una excelente brújula, carta de navegación y clara orientación de lo que toda la sociedad colombiana debe hacer y lo que todos los ciudadanos debemos exigirle al Estado para su cabal cumplimiento.

La Paz de Colombia es un imperativo ético y moral de toda la población colombiana, sin distingo o discriminación de credo religioso, político, raza, edad o género que tiene que estar por encima de los intereses económicos, ansias de poder o venganzas individuales o de grupo. La paz es la única manera de lograr la reconciliación de los colombianos, la convivencia entre diferentes, de aceptar la pluralidad ideológica y política que competirá con argumentos y convicciones y no con engaños, mentiras o atizando el regreso de la guerra y violencia política que ha hecho de nuestra historia una incesante tragedia, particularmente para los sectores sociales y políticos que han estado en desventajas y que han sido excluidos o eliminados de cualquier posibilidad de contribuir a la solución de nuestros más caros y estructurales problemas.

La gran pregunta que a todas y todos los colombianos nos queda, es ¿Cuáles son los principales retos y amenazas que tenemos que asumir como sociedad para lograr la implementación exitosa de los acuerdos y dentro de ellos, de llevar a cabo e implementar la Reforma Rural Integral?

Compartamos entonces algunas posibles respuestas al interrogante antes señalado, con la suficiente conciencia y claridad que dichos acuerdos no resuelven en sí mismos los graves problemas acumulados históricamente en el campo y menos aún, aquellos que son de carácter estructural. Los acuerdos crean unas nuevas condiciones de posibilidad histórica, un nuevo clima político nacional e internacional y una predisposición social para apoyarlos y para que entre todos emprendamos la titánica tarea de implementarlos.

Los desafíos y amenazas para implementar la reforma rural integral.

El principal desafio que se nos presenta a los defensores de los acuerdos es aumentar la comprensión y la voluntad política de la sociedad civil colombiana a partir de todos aquellos sectores sociales, gremios, comunidades y empresas organizadas para que presionen por la defensa de los acuerdos y la exigencia de su implementación a unas elites políticas y poderes económicos que se resisten a cumplir con ellos.

Un segundo desafío, es el férreo trabajo por transformar y cambiar el modelo de Desarrollo Rural que hasta hoy predomina en nuestro país, de tal suerte que quienes detentan el poder político y económico garanticen, reconozcan y protejan la existencia de otros modos de vida distintos al capitalismo, otro tipo de economías, de mercados, como los que representa la economía campesina; es decir, otros modelos que sean más incluyentes, y sobre todo más amigables y en plena armonía con el medio ambiente y el adecuado aprovechamiento de los recursos y los bienes naturales que poseemos.

El tercer desafio, es la garantía de la seguridad para los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y en especial para las comunidades rurales que está localizadas geográficamente en los territorios que dejaron las FARC-EP y que hoy están siendo copados principalmente por fuerzas paramilitares.

El cuarto desafio, es la necesidad de construir la unidad en el campo político, social y étnico-popular de todas las fuerzas que buscan otro tipo de sociedad distinta. Es la hora de dejar atrás las posturas sectarias, vanguardistas e igual de excluyentes a las que nos han sometido las clases dominantes, las elites políticas y los poderes económicos. Es la hora de consolidar la Unidad de todas las fuerzas y organizaciones que están representados en plataformas como la Cumbre Agraria Nacional Campesina, Étnica y Popular. Y por supuesto es la hora que los egos políticos, las ansias de poder y las pretensiones presidenciales de varios de los candidatos que se consideran democrátas o progresitas cedan en sus pretensiones para construir un proyecto político y un programa unitario que defienda la paz, la democracia, la libertad y la justicia social.

Finalmente, la gran amenaza que enfrenta la implementación del acuerdo de paz, esta representada en las fuerzas de la derecha, la ultraderecha que hoy conforman partidos como el Centro “Democrático”, Las distintas facciones del Conservatismo laureanista y pastranista, el Vargas-llerismo y Cambio Radical y los sectores critianos convertidos en las últimas elecciones en actores políticos que sumados a los anteriores y con base en la religiosidad de muchos ciudadanos y sus pedagogías del miedo, la mentira y el invento de las ideologías de género han prometido “hacer trizas el acuerdo de paz”.

La Recomposición del poder político. De cara a las elecciones presidenciales en 2018.

En aras de la transición a la paz la precampaña electoral muestra un abanico grande de posibilidades en materia de candidatos presidenciales y de alianzas políticas. Se habla entonces de la consolidación del multipartidismo en Colombia.

La lista es larga: está la opción del Partido Verde, donde se destacan tres candidatos con buena imagen en el electorado, como son los senadores Antonio Navarro, (excandidato presidencial y miembro del extinto M-19), Claudia López (una de las senadoras más votadas en la última elección) y el reconocido exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Está el grupo político Cambio Radical liderado por German Vargas Lleras, exvicepresidente del gobierno de Santos, que pese a la importancia de su cargo dentro del gobierno Santos se mantuvo al margen del proceso de paz de manera inexplicable para muchos sectores de opinión. Está el tradicional partido conservador que, tanto por sus raíces de derecha como por su estrategia de aliarse con el más fuerte (fue un gran aliado del presidente santos), se perfila ahora hacia una alianza con el movimiento político Centro Democrático, la agrupación política más representativa de la derecha en Colombia que dirige el expresidente Uribe Velez, y que aún no ha definido candidato presidencial; sin embargo, aún no se descarta una alianza de estos dos últimos movimientos con German Vargas Lleras, creando un frente de derecha bastante robusto, que incluiría seguramente al ideólogo del oscurantismo el exprocurador Alejandro Ordoñez.

El también tradicional partido liberal, casa original del presidente Santos, aunque tiene varias opciones, entre ellas la del senador Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán el popular político liberal asesinado a finales de los años ochenta, se podría inclinar por el Negociador de Paz de los Acuerdos de la Habana el exvicepresidente Humberto De La Calle. La izquierda, por su parte, está dividida (algunos dirían que como siempre) entre tres fuertes precandidatos: el conocido senador Jorge Robledo (por el Polo Democrático) y los que van por firmas como la excandidata presidencial Clara López y el exalcalde de Bogotá y exmiembro del M-19 Gustavo Petro. Obviamente, por el lado izquierdo, también están las FARC, pero ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el movimiento político legal recientemente creado. Su propuesta, para estas elecciones presidenciales es no proponer un candidato propio, pero si unirse a una gran alianza política y social que defienda la construcción de paz, la justicia social y obviamente la implementación de los Acuerdos de la Habana.

La defensa clara de los acuerdos de paz estaría entonces en cabeza de los verdes, las izquierdas y los liberales, y de ahí entonces la posibilidad de que surja una gran alianza. Por su lado, el Centro Democrático en su última convención aplaudió a rabiar a uno de sus líderes, el exministro del primer gobierno de Uribe Velez, Fernando Londoño, quien dijo que si su movimiento político llegaba al poder en el 2018 éste haría trizas los Acuerdos de la Habana. Según esta agrupación, los acuerdos de la Habana nos conducirán por el camino del Castrochavismo y nuestro destino sería la Venezuela actual. Fieles a su lógica de guerra para esta agrupación es importante crear y mantener un enemigo fantasma y caballar sobre él.

El otro tema fundamental en esta elección es la llamada lucha contra la corrupción, tema que algunos analistas atribuyen a la posibilidad que otorga el desarme de las FARC para hablar de otros problemas diferentes al conflicto armado. Se trata en todo caso de un slogan paradójico, pues la gran mayoría de las agrupaciones políticas (sobre todo dentro del partido de la U, la alianza política que sostuvo al presidente Santos, y de los sectores de la derecha) tienen miembros en la cárcel o salpicados por diferentes procesos de corrupción, donde se destacan los sonados sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios, magistrados y a las campañas del presidente Santos y del candidato del Centro Democrático en el 2014, Oscar Iván Zuluaga.

El movimiento social y los retos en la era pos-acuerdos.

Los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional se han convertido en una oportunidad para que el movimiento social desarrolle sus agendas políticas que antes, por las mismas dimensiones del conflicto armado habían sido bloqueadas, asociando de manera generalizada a la protesta social con los intereses de la insurgencia, como lo manifiestan Ferro & Espinosa (2015)

Sin embargo vale la pena mencionar que los acuerdos de paz como una oportunidad política para el movimiento social, no significan necesariamente mejores condiciones para la movilización y la protesta social. Si bien con los acuerdos de paz se abre una ventana de oportunidad, los hechos recientes han demostrado que el silenciamiento de los fusiles, no significa el cese del conflicto social, al contrario, este se ha incrementado y distintas expresiones sociales han manifestado su inconformismo ante un gobierno que incumple lo que se ha pactado tanto con la insurgencia, como con distintas organizaciones del movimiento social y popular como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que precisamente se encuentra impulsando una gran movilización para este mes de octubre.

Por otro lado, la continuación de las violaciones de los derechos humanos de los líderes sociales evidencia un escenario de gran incertidumbre para las organizaciones agrarias. Desde el 2016 han sido asesinados mas de 150 líderes de organizaciones sociales, principalmente en zonas en las que distintos actores armados se disputan el territorio que han dejado las Farc en su proceso de reincorporación a la vida civil. Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y ONG han denunciado la presencia de grupos paramilitares en distintas regiones de Colombia y la sistematicidad de los ataques a los líderes, incluso comparándolo con el caso dramático de la Unión Patriótica hace ya más de 3 décadas. Sin embargo, el gobierno nacional actúa con lentitud, desconociendo cualquier posibilidad de un ejercicio sistemático contra los líderes sociales y menos, la presencia de grupos paramilitares.

Pero las acciones del gobierno no solo desconocen los graves hechos en materia de derechos humanos para las organizaciones sociales en Colombia, sino que se contradicen en la implementación de los acuerdos de la Habana y la necesidad de profundizar el modelo de desarrollo agroexportador y minero-energético. Estas contradicciones se ejemplifican en las acciones para la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ílícito que busca una sustitución concertada, gradual y voluntaria de los cultivos de coca con los campesinos cocaleros, que recientemente han conformado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, al tiempo que continúan las erradicaciones forzadas en cabeza del Ministerio, bajo la orientación de la política Antidrogas de Estados Unidos, que criminaliza, estigmatiza y ataca al eslabón más débil de esta cadena que es el cultivador de coca.

Finalmente, los retos que se avecinan para el movimiento social van desde la exigencia para el cumplimiento de lo pactado en la Habana en términos de la reforma rural, pasando por la capacidad de aumentar sus bases sociales y la solidaridad de otros sectores sociales con capacidad de incidencia en el escenario político, así como en contrarrestar el modelo agroexportador y minero-energético impulsado por el gobierno Santos.