que formalmente tendrían que ser coherentes con las reivindicaciones sociales estipuladas en dicha Constitución. Algunas de estas leyes han generado gran polémica sobre todo, aquellas que tienen que ver con el uso y manejo de los territorios y los llamados recursos naturales que contienen.

Dentro de este debate tenemos destacan la ley de recursos hídricos que generó un gran descontento y la movilización de distintos actores políticos campesinos e indígenas que establecieron una alianza en torno a ésta; así mismo el caso de la ley de minería movilizó a ecologistas, campesinos e indígenas, por mencionar algunas.

La ley de tierras ha despertado un gran interés y expectativa, dado las contradicciones internas que existen entre los derechos estipulados en la Constitución ecuatoriana y el perfil que tiene el modelo de desarrollo impulsado desde el Gobierno basado en la extracción de recursos y en el impulso de modelos agroindustriales.

En este contexto el Centro de Derechos Económicos Sociales y Culturales – CDES, presenta una serie de entrevistas con distintos expertos en el tema agrario con el fin de aportar a este debate.

«Por la necesidad de redefinir la tierra colectiva y conquistar los derechos laborales del campesinado»
Entrevista a Enrique Ormachea Saavedra[1]

Realizada por Elena Gálvez –CDES-

¿Cuáles considera usted que son las primeras fuerzas de transformación del paisaje agrario boliviano actual?

Lo que yo percibo, a partir de una serie de datos y estudios, es una profunda presencia de la economía mercantil en la agricultura, es decir, el proceso de cambio o transformación de la economía con fuertes rasgos en ciertos lugares del país. Éstos se evidencian sobre todo en la zona andina, en comunidades con fuertes rasgos de consumo que han transmutado desde economía natural a una economía mercantil. Digamos que se trata de zonas donde, en algunas de manera acentuada y en otras de manera lenta, se están produciendo procesos de diferenciación social: la aparición de productores capitalistas. En algunos casos se trata de pequeños capitalistas, es decir, productores directos que participan con la producción directa, pero que también contratan jornaleros. En otros casos, hablamos de capitalistas plenos y, por tanto, también con la aparición de jornaleros en el peritaje agrario.

En el caso boliviano, el desarrollo del capitalismo en la agricultura se dio a partir de la Reforma Agraria del 52. Pero este desarrollo capitalista se asentó fundamentalmente en la zona del oriente, en los Yambos. Por otra parte, estos procesos también ya se están presentando en alguna medida en las zonas del valle y del altiplano. Por ejemplo, la exportación de quinua o de otros productos como la coca, el cacao, etc, va introduciendo nuevas formas de producción y, por tanto, de relaciones de producción en estos cultivos. A su vez, está en el debate, o por lo menos yo vengo planteando el debate, el tema de la propiedad colectiva.

El debate surge remontándonos a la subida de Evo Morales al poder, con las propias reformas neoliberales que hubo en Bolivia en relación a la tierra. Con la famosa Ley INRA, a partir de movilizaciones, sobre todo de indígenas de tierras bajas, se planteó el conocimiento de propiedad colectiva en Bolivia. Se les llamaron Tierras Comunitarias de Origen. Pero, por otra parte, a esta ley también se la conoce como «de la propiedad privada». Hoy en día, esta misma ley sigue vigente durante el gobierno de Evo Morales y los teóricos defensores de la propiedad colectiva plantean que esta propiedad colectiva sería un muro de contención, pues evitaría la mercantilización de la tierra y de al propia vida de los campesinos.

Con este concepto de «propiedad colectiva» planteamos, por tanto, la suerte de una economía alternativa al capitalismo. Lo que yo he podido constatar es que la propiedad colectiva no es ni significa una muralla para evitar la presencia del capitalismo en la comunidad o la mercantilización de la tierra o de la vida económica social de los comuneros. Entonces, en el caso Boliviano está presente este debate, pues hay que tener en cuenta que se está dando en un escenario con un predominio de la economía mercantil en Bolivia y de, por tanto, predominio capitalista en las formas de producción en la agricultura. Ya en el país se está demandando una primera reacción a este contexto.

En el Ecuador existe un gran debate en torno al fuerte movimiento de titularización de tierras, uno de los proyectos estrella del actual gobierno. Las organizaciones campesinas e indígenas plantean la necesidad de titularizar colectivamente la tierra, pero el límite a la Reforma Agraria en el Ecuador es el acaparamiento como resultado de la agricultura capitalista de la agroindustria. En este contexto, ¿cómo plantearía usted, viniendo de un país con fuertes experiencias agroindustriales, que la hipótesis de la titularización colectiva no supondría necesariamente limitar este problema del acaparamiento?

El tema es que, a la par de la titularización colectiva, lo que hay es un uso privado de la tierra individual, un fruto individual. Desconozco el caso de Ecuador, pero en Bolivia los recientes estudios van confirmando este hecho: existe propiedad colectiva, pero el uso de la tierra es individual. En la medida en que el fruto de la tierra es individual, es al interior de las propias comunidades campesinas e indígenas que se va gestando la diferenciación. No necesariamente la diferenciación social es un producto externo a la comunidad, que es lo comúnmente se cree, sino que el contorno externo lo que hace es que, en un momento, se desencadenara un proceso que ya se dio internamente. Es decir: aparecen fracciones de clases distintas como proceso interno de la comunidad, dentro de un entorno del que ya no pueden salvarse que es el de la presencia del capital por diferentes formas, ya sea la manera de producción, el comercio, el crédito usurero a través del consumo, etc.

No sé cómo están discutiendo las organizaciones en el Ecuador. Yo he discutido con organizaciones campesinas, que sí plantean la titulación colectiva pero reivindican el uso privado parcelario de la tierra. No se plantean una producción colectiva que es, además, la única que permitiría la introducción de mejor nivel de producción colectivo, con mayor posibilidad de innovación en la tecnología. En su idea está el fruto privado de la tierra, entonces el tema para mí es ese, es decir, titulación colectiva sí, pero cuál es el uso que se le dará a la propiedad colectiva. Si el uso va a ser privado la base es el capitalismo, que se encuentra en la pequeña producción familiar, subsidiaria, y a su vez es la base del pequeño mercantil que por último es la base del capitalismo, ahí radica la raíz del cuestionamiento.

Otra de las discusiones más fuertes que se están dando aquí en Ecuador es el la tenencia de tierra. Por un lado, se plantea si solamente las comunidades indígenas van a tener tierra comunitaria. Por otro, se habla de poner límites a la extensión de propiedad de la tierra y expropiar aquella que exceda esos límites. Y por último, el gobierno plantea que poner límites supondría disminuir la productividad de la tierra. ¿Ustedes han tenido esta discusión sobre poner límites a la gran propiedad en Bolivia?

Por supuesto. En el caso Boliviano se ha puesto un límite de 5 mil hectáreas en la Constitución, pero no es retroactivo. Con esto, en el fondo el gobierno de Evo Morales ha sacrificado el verdadero cambio en la estructura de tenencia de la tierra. Lo que hay que discutir es el que la gran propiedad, entendida de un modo moderno, es absolutamente distinto al concepto que existía en la época feudal con los latifundios. No es cierto que en Bolivia hubiera un latifundio con continuidad territorial, en el caso de meridianos ese tipo de latifundio se eliminó, el latifundio con base de trabajo y prestación personal gratuita ya no existe.

¿Cual es el nuevo latifundio? No se logra discutir totalmente si con ese concepto hablamos de un latifundio donde todavía persisten relaciones renta-trabajo, si es un latifundio de cariz feudal, si hablamos de empresas agrícolas capitalistas, o de propietarios de tierras que tienen rentas capitalistas de la tierra y por lo tanto el latifundio es un producto capitalista. Hoy en día una empresa capitalista con un latifundista puede tener cien mil hectáreas distribuidas en predios de diferente tamaño y ubicados en diferentes zonas. El latifundio no tiene por qué pasar por la continuidad territorial, sino por la concentración de diferentes predios manejados centralizadamente en una empresa.

Ahí radica el límite de la idea de que se puede eliminar el latifundio con la colectividad de la tierra. Además, imagino que en Ecuador la nueva Ley no va a prohibir el mercado de tierras. Así pues, a partir del mercado, el proceso de concentración va a seguir por más que pongas límite al latifundio. Yo puedo empezar con una empresa de mil hectáreas, pero puedo ir adquiriendo tierras en diferentes zonas. Pero además existe el arriendo, otra manera que tienen las empresas de incrementar su propiedad de la tierra y su producción.

Otro de los debates en torno a la tierra en el Ecuador, como país mega diverso al igual que Bolivia, es el uso de ésta no necesariamente como propiedad, pero sí para el control territorial. Existen el acaparamiento por conservación o la concentración territorial a través de proyectos para la mitigación del cambio climático. ¿Han trabajado ustedes el control territorial con fines de conservación?

No tanto el control con fines de conservación, pero sí lo que se podría llamar «extensión territorial frente a subordinación del territorio industrial o comercial». Por ejemplo, en Bolivia hay 200 territorios comunitarios entregados a diversas nacionalidades, también hay tierras comunitarias de origen en las zonas bajas como la de Santa Cruz, etc. Sin embargo, en mi país lo que se observa es que las empresas madereras, que anteriormente pretendían acaparar los bosques a través de las concesiones estatales, ahora están llegando a acuerdos con comunidades indígenas, con empresas comunitarias, para integrarlas a las cadenas de producción forestal. Además, en este contexto el estado no da ningún tipo de apoyo a estas comunidades indígenas que se alían con grandes empresas forestales.

El capital está haciendo sujetos de recursos a las comunidades campesinas, que son las menos beneficiadas en estos procesos pues brindan materia prima a precios bajos. A lo máximo a lo que pueden aspirar es a convertirse en trabajadores asalariados.

Llegados a este punto, un tema que ustedes deben comenzar a discutir es definir el territorio como indígena o campesino. Existen en Bolivia ejemplos donde el territorio indígena se definió como comunitario, pero a su vez, en el interior de ese territorio se reconocieron propiedades privadas de terceros que las hubieran adquirido legalmente. Entonces la apariencia de estos terceros, que son ganaderos, agricultores, etc, hacen que estos territorios no tengan una continuidad territorial plena. Generalmente utilizan fuerzas de trabajo indígena campesina como peones temporales de sus actividades productivas. Por eso nosotros planteamos que lo colectivo se está convirtiendo en una «mega forma patética», porque el capital de la industria, el capital comercial, se está aprovechando de los recursos y de la fuerza de trabajo indígena y campesina.

En el Ecuador el discurso de las políticas públicas respecto a la tierra es el del aprovechamiento y la efectividad. En este sentido, el Estado apoya el impulso de la agroindustria en detrimento a la pequeña producción campesina para la soberanía alimentaria. ¿Ustedes ha discutido el tema de la efectividad de la pequeña producción campesina tomando en cuenta que la industria genera otro tipo de dinámicas violentas en lo laboral y en lo ambiental? ¿En otros aspectos han profundizado el tema de esta oposición a la gran producción industrial frente a producción pequeño campesina?

Creo que es inocultable que la gran producción en la agroindustria es superior a la pequeño campesina. En el caso Boliviano, por ejemplo, el gobierno actúa al revés, plantea que la soberanía alimentaria se va a asentar sobre la pequeña producción. Pero nosotros hemos verificado que más del 80% de la población agrícola está en las empresa medianas y grandes, y que la producción campesina esta realmente en proceso de estancamiento y, en muchos casos, de declive.

Así pues, esto viene asociado a lo que te decía anteriormente, cómo permitimos que se dé la pequeña producción parcelaria que es físicamente limitada, es decir, que no puede plantearse una seguridad alimentaria en base a la pequeña producción. No es posible, por tanto, porque es difícil la incorporación a un contexto de grandes unidades parcelarias. No estoy hablando de tamaño, sino de superficie en producción. Hoy en día, la tendencia de la agricultura es ser más intensiva, por eso la pregunta sería cómo se logra que los campesinos fomenten un nivel de producción superior al que tienen ahora. Evidentemente, la pequeña parcela campesina es la fuente de la miseria de los campesinos, eso es lo real, lo evidente y no podemos discutirlo. Desconozco si en el caso de Ecuador es así, pero en Bolivia sabemos que la mayor parte de minifundistas ya no son propiamente productores. Producen tan poco, que la mitad se ven forzados a hacerse jornaleros, tanto en ciudades como en actividades agrícolas.

Entonces, creo que desde el punto de vista teórico, es muy difícil sostener que se puede tener seguridad y soberanía alimentaria en base a la pequeña producción. Precisamente por eso reitero que hay que preguntarse si queremos que la propiedad colectiva nos sirva o para la pequeña producción parcelaria, o para dar un salto cualitativo en la forma de producción campesina y lograr poner asociados en la producción y en otros procesos que nos lleven realmente a mejorar su productividad, ingresos, etc.

Respecto a este último hecho de campesinos que se ven obligados a proletarizarse trabajando para terceros ¿ustedes han estudiado el tema de la transición clasista del sujeto campesino de nuestros países?

Sí, claro. Alguna institución esta haciendo hincapié en eso, yo te decía al principio de la charla más o menos este proceso.

En el caso boliviano, en Llanos, los jornaleros trabajan con empresas capitalistas que tienen altos niveles de mecanización. Allí ya se ha conformado un mercado de trabajo regional importante. Existen proletarios agrícolas y propietarios puros, porque los campesinos no tienen tierra y van rotando de cultivo o empresa. Es gente que se asalaria una temporada y por otra parte se asegura con una papita en pequeña parcela.

En el caso andino, cada vez es más difícil encontrar el campesinado puro, que permanece en su chacra trabajando todo el año con la fuerza de trabajo de la familia y que su producción le alcance para vivir. Lo que se encuentra es una gran cantidad de campesinos pobres que producen algo para autoconsumo o mercado, pero en realidad sus ingresos provienen de puestos de trabajo, ya sea en la ciudad o en actividades agrícolas de terceros, ya sea para la pequeña fracción de campesinos ricos o burguesía campesina, que trabajan directamente la tierra, o con el apoyo de pequeños jornaleros patronos.

En Bolivia los pequeños productores capitalistas han logrado incorporar un nivel de tecnología importante. Por ejemplo, han incluido la producción de quinua y tienen 30, 40, 50 hectáreas de bases mecanizadas. Por eso, para discutir con fundamento una ley agraria hay que debatir el proceso de tenencia pero también el de diferenciación social. Es imprescindible discutir el derecho y la protección laboral, tema que no se toma en cuenta.

Éste es el tema que venimos discutiendo en Bolivia con muchas ONGs que no quieren reconocerlo, pues quieren seguir viendo campesinos puros donde no hay.

Entonces, ¿usted cree que un aspecto fundamental sería más bien discutir sobre las condiciones de los sujetos y sus condiciones laborales en estas nuevas formas de trabajo asalariado agrícola?

Así es. Me imagino que en Ecuador es mayor la cantidad de trabajos agrícolas que se prestan, ya sean permanentes o temporales. Por lo tanto, es muy importante que esos trabajadores tengan su derecho laboral amparado. La industria ha crecido y con ella de alguna forma la explotación de la fuerza de trabajo humano. Muchos de ellos son campesinos que tienen su pequeña parcela y luego se asalarian y eso ahonda más la precariedad de ingresos, de seguridad social, etc.

[1] Investigador de la CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). Nació en La Paz. Estudió Sociología de la Universidad de París VIII, Francia. Fue fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y es parte de la Asamblea de Socios de la Institución. Posteriormente, desempeñó funciones de Coordinador General del Centro por muchos años. Desde los primeros años de existencia del CEDLA realizó investigaciones sobre empleo y mercados de trabajo urbanos y rurales. Varios de sus estudios estuvieron referidos a la problemática del trabajo asalariado en la agricultura. Actualmente, es responsable de la Unidad de Recursos Naturales y Productivos.