Pero también las protestas agrícolas europeas son de interés para Latinoamérica porque sus demandas y críticas al sistema agroalimentario neoliberal tienen similitudes con las exigencias y críticas que hacen miles de pequeños agricultores familiares latinoamericanos. Por ejemplo, el paro nacional de junio de 2022 en Ecuador tenía una agenda de denuncias que evidenciaban el dominio empresarial sobre el mercado agroalimentario, además de los impactos del cambio climático y la crisis energética que perjudicaba a la gran mayoría de agricultores que utilizan insumos petroquímicos para su actividad productiva.

Las demandas de aquel paro nacional en Ecuador exigían que el Estado promueva mecanismos para mejorar la rentabilidad de las unidades productivas de la agricultura familiar; subsidiar los insumos y el transporte para la actividad agrícola; controlar el ingreso de productos alimentarios de otros países, sobre todo los fronterizos; generar políticas regulatorias para proteger a los pequeños productores de las trampas del mercado. Aunque a diferencia de Europa, la derecha ecuatoriana no salió a apoyar a los indígenas y campesinos levantados en 2022, sin embargo, estas élites tienen el control de los imaginarios agrícolas y ocupan espacios importantes del sector donde se define la orientación del programa agrario, espacios como las Cámaras de Agricultura, el clúster agroexportador e incluso, tienen a sus representantes en altos cargos públicos y de elección popular.

Ahora bien, ¡no!, no estamos diciendo que los agricultores europeos son iguales a los latinoamericanos o ecuatorianos, solo nos interesa establecer similitudes en el marco de un sistema agroalimentario neoliberal que hace crisis. Lo que esta pasando en el sector agrícola de Europa, nos obliga primero, a mirar con atención el destino que tomará en la UE el programa agrario de los próximos años, porque tendrá afectaciones directas en la agricultura y el comercio de América Latina; y segundo, porque se puede aprender de esta experiencia, que la transición ecológica en la agricultura –aunque retroceda en esta coyuntura– se muestra como horizonte de lucha de miles de agricultores, y que dicha transición no puede hacerse a espaldas de quienes producen los alimentos, sino de manera acompañada, consensuada, planificada y equitativamente financiada, sobre todo con enfoque en la agricultura familiar y campesina.

Una vez transcurrido el año 2014, las acciones que se llevaron adelante tuvieron repercusiones positivas para visibilizar el rol sustancial de la agricultura familiar en la provisión de alimentos y en las prácticas y tecnologías de producción sostenibles y resilientes frente al cambio climático. Uno de los efectos más significativos fue el surgimiento y fortalecimiento de iniciativas locales sostenidas por organizaciones sociales de base. En el caso del Ecuador, esta declaración facilitó la amplificación de las iniciativas del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria que desde el año 2012 viene generando iniciativas locales para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y rural del país.

El Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria del Ecuador se constituyó por iniciativa de la Mesa Comunitaria de la Políticas Públicas (MCPP) y del Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales (CAFOLIS). Según el sociólogo rural, Fernando Rosero Garcés, la iniciativa ecuatoriana y costarricense de construir comités nacionales de agricultura familiar representó el impulso para la conformación de propuestas similares en más de cuarenta países. Por ello, en 2014, la FAO reconoció a los comités nacionales como interlocutores para la programación de actividades en diferentes países del mundo (Rosero Garcés, 2021).

A qué se enfrenta la AF y porqué es importante el Decenio

Pese a los esfuerzos realizados y las iniciativas que se implementaron, el año 2014 no fue suficiente para lograr el alcance, la repercusión, la concientización y la valorización requeridas para posicionar a la agricultura familiar. Esto representa una consecuencia concreta producida por los procesos de deslegitimación e invisibilización sistemática que la agricultura campesina ha tenido que enfrentar por parte de las élites económicas y políticas que controlan el mercado de la alimentación desde hace décadas. En efecto, un año de buenas intenciones no pueden contrarrestar los años, las décadas y los centenarios de la instalación, perpetuación y agudización de un modelo de producción agrícola que objetiviza y mercantiliza el alimento para la acumulación del capital, en detrimento del empobrecimiento ecosocial y del suicidio planetario.

Así, pese a las evidentes consecuencias de hambruna, contaminación y despojo multidimensional proveniente del agronegocio, este modelo sigue manteniendo su hegemonía. Esta supremacía toma sentido cuando la comprendemos a la luz del postulado de los sociólogos Corrigan y Sayer (2007) y su análisis respecto a la conformación del Estado. El Estado está concebido desde una matriz hegemónica que le permite conseguir la legitimación de aquello que es ilegítimo por naturaleza. En este sentido, la hegemonía del agronegocio, con el uso de la fuerza y la coerción, ha logrado imponer su modelo de producción y ser perpetuado como legítimo en las cúpulas políticas y financieras, acreditando un carácter de interés colectivo a un modelo que mantiene intereses individuales en torno a la monopolización del negocio agroalimentario. La única manera de posibilitar la legitimidad del agronegocio, de este modelo ilegítimo y descomunalmente destructor, es solamente a través del abuso de poder de las élites políticas y multinacionales que controlan en sus manos el negocio de la alimentación.

El ejercicio de legitimidad del agronegocio requiere, para instaurarse como tal, la desvirtuación, silenciamiento, invisibilización y deslegitimación de la agricultura familiar y otros modelos no convencionales de agricultura. Así, desde los intereses oligopólicos, la legitimidad del agronegocio se consolida a partir de la construcción social y política de una agricultura familiar insuficiente, inapropiada e improductiva. Sin embargo, las cifras y los estudios estadísticos demuestran todo lo contrario. Según la FAO, el 80% de los alimentos son producidos por agricultores familiares.^[2] En el caso de Ecuador, varios analistas estiman que el 60% de los alimentos provienen de la agricultura familiar (Laforge y Salas, 2016), y el 75% de las unidades de producción agropecuaria que existen en el país representan a fincas que están en manos de mujeres rurales. Desde estas fincas, las mujeres ejercen la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente, y sostienen la producción y reproducción de las economías campesinas (CNAFCC, 2022).

De esta manera, la agricultura familiar cumple un rol sustancial en el aprovisionamiento de alimentos para las familias ecuatorianas, y logra cubrir esta necesidad nacional en medio de condiciones sumamente desfavorables. Tal como lo establece Francois Houtard, cuando analizamos las condiciones a las que la agricultura familiar se enfrenta: “podemos concluir que la AFC no es muy productiva, pero la razón fundamental no es por el hecho de que sea una agricultura de pequeña dimensión y/o familiar o indígena. Sino que las condiciones generales económicas, sociales y políticas, impiden a la AFC ser productiva: no tiene acceso a las mejores tierras, tiene dificultades de acceso al agua, no tiene posibilidad o muy poco de crédito, tiene dificultades de comercialización”.^[3] Así, la legitimidad del agronegocio deviene de un entramado de poder político y económico que, por la fuerza y el poder, se impone por encima de otros modelos productivos. La consolidación de esta legitimidad se traduce en políticas públicas que avalan, sostienen y fomentan un modelo de producción que, aunque ilegítimo y destructor, cuenta con legitimidad política.

La importancia del Decenio frente al contexto problemático

En el año 2019, pese a la cooptación de la alimentación por parte del agronegocio, la fuerza y la viva voz de las organizaciones sociales lograron instaurar el proclamado Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, impulsado por la sociedad civil desde diciembre del 2014. Así, en ese año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) inauguraron una estrategia articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para llevar adelante iniciativas que logren una repercusión mayor para el fomento de la agricultura familiar. 

Son momentos como la guerra en Ucrania que dejan cruelmente al desnudo la vulnerabilidad del sistema alimentario global y generan nuevas urgencias para fortalecer caminos de Soberanía Alimentaria. Y, son momentos que indican que esta esfera alimenticia, que muchas veces en la percepción societal sigue relegada al ámbito privado, en realidad es altamente política y dependiente de los acontecimientos globales.

En este texto queremos señalar los principales nexos entre el actual conflicto bélico y nuestra alimentación para debatir la forma en la que se configura el sistema agroalimentario actual, el direccionamiento de las políticas públicas y los cambios urgentes que emergen de esta problemática. Si miramos esos nexos, encontramos sobre todo dos afectaciones principales que devienen de la guerra: por los precios de los alimentos básicos en el mercado global, especialmente del trigo, y por la disponibilidad de fertilizantes químicos. 

Los alimentos básicos

En primer lugar, es fundamental mencionar el peso importante que tienen Ucrania y Rusia en las exportaciones de trigo, lo que los convierte en lo que llaman “el granero”, especialmente de Europa, de África del Norte y de países del Medio Oriente (2). En conjunto, estos dos países exportan alrededor de la tercera parte de trigo y cebada a nivel global. El 40% de las exportaciones de trigo de la región del mar negro está dirigido a países africanos y del Medio Oriente. Existen países como Egipto, Turquía, Túnez, Marruecos o Yemen que son fuertemente dependientes del trigo importado para cubrir su consumo de harinas, recibiendo hasta el 80% de sus importaciones de trigo desde esa región (3).

Con el inicio de la guerra se desencadenan varios efectos. En primer lugar, desde incluso unos días antes de la guerra debido a las tensiones ya existentes, en el mercado global empezaron a dispararse los precios de los alimentos como trigo. Así, el trigo llegó al valor más alto de los últimos diez años – si tomamos en cuenta los últimos 25 años, el precio actual sólo ha sido superado en el marco de la crisis alimentaria del año 2008 (4).

De forma similar, el precio de la soya ha llegado a su punto más alto de los últimos 5 años y también el precio del maíz ha registrado un incremento significante. Ya en febrero, el Índice de Precios de los Alimentos de la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas (FAO) registró su nivel más alto en la historia (superando el valor del año anterior en un 20%), la tendencia es creciente (5).

Debido a estos altos precios, Rusia decidió restringir la exportación de productos como cebada, centeno, trigo, maíz y azúcar, para evitar el desabastecimiento interno de alimentos básicos (6). 

Más grave aún es la situación en Ucrania –responsable del 10% de las exportaciones globales de trigo y del 15% de maíz– que prohíbe las exportaciones de diversos productos alimenticios y que ve muchos de sus campos convertirse en campos de batalla. Además, en gran parte de Ucrania, las condiciones no permiten la siembra que normalmente debería darse en el mes de marzo, por lo que ya se puede prever el creciente desabastecimiento que se generará en un futuro próximo, cuando sea momento de cosecha. A esto se suma que los puertos de salida en el mar negro están paralizados.

Los incrementos de los precios en el mercado global se traducirán en un encarecimiento de los productos básicos de alimentación a nivel local en todo el mundo. Otro factor agravante adicional al incremento de los precios globales es el aumento en los costos de transporte. Esto se debe, por un lado, al incremento de los precios de flete por trabas en la logística a nivel mundial desde la pandemia y, por otro lado, a la subida en los precios del petróleo lo que encarece la movilización de los productos aún más. En consecuencia, las personas más afectadas serán el consumidor y la consumidora final a los que se traslada ese incremento de costos. 

Pero no solamente la logística y el conflicto bélico generan una escasez en ciertos productos. El cambio climático también afecta la producción agrícola en muchas regiones del mundo, incluyendo el Ecuador. Es en este contexto, que el World Food Program (WFP) de la ONU recientemente alertó sobre las amenazas serias que representan todos estos factores de forma conjunta para la seguridad alimentaria a nivel global (7).

En el caso del Ecuador, vemos que también importa trigo y soya desde diversos países y regiones del mundo. Según los datos del BCE (8), el trigo (9) representa el 15,40% del total de las importaciones agropecuarias del Ecuador. En el año 2021, el principal origen de los productos de trigo importados fue Canadá (1 millón de toneladas, por un valor de 344 millones de dólares), seguido por Estados Unidos (376 mil toneladas por 121 millones de dólares) y Argentina (119 mil toneladas por 39 millones de dólares).

Rusia recién aparece en el puesto 23 en términos del valor económico de las importaciones de trigo (en este caso, específicamente, almidón de trigo), y en puesto 15 en términos de volumen importado. Aunque no dependemos directamente del trigo importado desde Rusia, los efectos del aumento de precios sí se percibirán con el traslado al incremento del precio del pan. 

En el caso de la soya, esta representa el 23,40% de las importaciones agropecuarias y llega a tener un peso especial debido a su uso en los balanceados para animales (10). Aquí los principales orígenes de las importaciones son Estados Unidos, Argentina y Bolivia. En el contexto de la subida de los precios, Argentina suspende la exportación de harina y aceite de soya (11), aportando por su parte a la incertidumbre de los mercados globales. Lo que nos puede preocupar de esta incertidumbre tiene que ver con que cada vez más países reduzcan sus exportaciones para asegurar el abastecimiento interno lo que, por lo menos a corto plazo, podría generar una escasez en el mercado global y, por lo tanto, una subida aún más acelerada de los precios. Sin embargo, para mediano y largo plazo podría representar un impulso para reorientar el sistema agroalimentario hacia una mayor soberanía, sobre todo en países como el Ecuador que tienen las condiciones biofísicas para la producción de un abanico amplio de productos para el consumo interno. La reorientación debería tener varios principios que se basan en productos locales, semillas adaptadas nativas y una priorización del uso del suelo para la alimentación directa de los humanos y no para otros usos como los biocombustibles o los balanceados para animales, dirigidos a la inmensa industria no sustentable de carne. 

Los insumos agroquímicos

Pero aparte del encarecimiento de los productos básicos de alimentación, se da otro efecto sobre el sector agroalimentario en el Ecuador. Desde la transformación empujada para el agro bajo la ideología de la revolución verde, se ha incrementado paulatinamente la dependencia de la producción agrícola de los insumos químicos – en su gran parte importados y basados en combustibles fósiles (12). 

En términos generales, Sudamérica es el continente donde más ha aumentado el uso de agroquímicos entre 1999 y 2019, evidenciando los efectos materiales de lo que significó aquí la visión de la revolución verde. En esos veinte años, en nuestro continente el uso aumentó en un 148% frente a un 3% en Europa y Norteamérica, un 29% en Asia y un 71% en el continente africano. También, Sudamérica es el único continente donde la aplicación de agroquímicos supera (en promedio) los 5 kilos por hectárea (13). Esto ya nos indica la alta dependencia de la mayoría de los rubros, especialmente los de agroexportación, pero también los monocultivos para el consumo interno, dependen altamente de estos insumos. En el Ecuador, alrededor del 77% de los fertilizantes son importados (14). La mayor parte viene de Rusia quien es el exportador más importante a nivel global de tres grupos de fertilizantes: nitrógeno, potasio y fósforo (15). 

Frente a las limitaciones en las exportaciones de fertilizantes rusos, Ecuador empezó negociaciones con China para sustituir estas importaciones con urea de ese país asiático (16). 

Sin embargo, más allá de la disponibilidad, los precios de los fertilizantes químicos también dependen altamente de los precios del petróleo y del gas. En consecuencia, la inflación y la crisis energética actual también tienen sus efectos sobre los precios de estos insumos agrícolas –estos ya llegaron a su punto más alto de la historia a finales del año 2021. En febrero 2022, el Índice Mundial de Nitrógeno estaba tres veces más alto que el promedio del año 2020 (17).

El problema fundamental se genera en el momento en el que toda la lógica de producción y de mercado está basada en una aplicación del kit tecnológico, es decir, del paquete de semillas y agroquímicos importados. En el Ecuador, esta tendencia no es resultado únicamente de la creciente influencia de las empresas productoras y distribuidoras de agroquímicos, sino también de una política pública que apunta hacia el fomento de los monocultivos intensivos en insumos químicos y la “integración” de pequeñxs y medianxs productorxs a estos rubros. 

Esto lleva a una situación en la que una vez integrados al modelo de la revolución verde –semillas híbridas en vez de criollas, insumos químicos en vez de orgánicos, monocultivos en vez de cultivos diversificados– no resulta tan simple dejar este modelo atrás y recuperar modos soberanos, campesinos de producción. Ejemplo claro de esto es el modelo de “siembra por contrato”, que ancla a agricultorxs, muchxs de ellxs pequeñxs productorxs, a la cadena agroindustrial del maíz. Las y los agricultoras reciben créditos en forma de insumos (semillas y agroquímicos) para producir específicamente lo que les pide la empresa. En cambio, se comprometen en pagar el crédito (más los intereses) con su cosecha. Dejar de aplicar todos los insumos químicos como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc. por los altos precios para ellxs significa arriesgar la cosecha y, por lo tanto, la posibilidad de cumplir con el pago de la deuda. La cadena del endeudamiento, por su parte, puede llevar a la acumulación de las deudas, la imposibilidad de acceder a recursos para la siguiente siembra, y, en el peor de los casos, hasta a la pérdida de sus tierras y recursos productivos.

Lo vicioso tiene que ver con que es el mismo modelo de producción, anclado en una visión de “modernización” del campo, que genera la dependencia de estos insumos ya que los monocultivos degradan tanto los suelos que estos ya no tienen nutrientes que los cultivos requeiren – se vuelve necesario agregar constantemente esos nutrientes (importados) para asegurar la sobrevivencia de las plantas. Como señala Omar Giraldo (18), las prácticas de la revolución verde significan romper el ciclo de nutrientes, generando flujos lineales de extracción, sin devolverlos a la tierra de forma natural y creando la dependencia de insumos externos y, por su base en los combustibles fósiles, no sustentables.

Además, el rendimiento que prometen las empresas vendedoras de las semillas híbridas – y a cuya base se calcula la rentabilidad para el agricultor y la agricultora – se logra únicamente aplicando todos los insumos químicos del paquete y en las mejores condiciones climáticas – lo que, especialmente en las condiciones inestables que genera el cambio climático, no representa la realidad para la mayoría de productorxs. 

Conclusiones

Podemos, a modo de cierre, rescatar varias conclusiones de la situación actual marcada por la guerra en Ucrania y sus amenazas para la alimentación. Primero, que las tendencias globales abren nuevamente un debate sobre el uso de la tierra, sacan a la luz la urgencia de pensar ¿la tierra para quiénes y para qué? ¿Cómo debemos trabajar la tierra para poder contrarrestar una posible crisis alimentaria? Para responder a estas preguntas es fundamental cuestionar seriamente las dependencias actuales que existen en el sistema agroalimentario dominante de los precios globales y de la disponibilidad de importaciones de fertilizantes químicos para “nutrir” (o malnutrir) a las plantas de nuestros cultivos.

Segundo, esto implica para la política pública la tarea urgente de reevaluar las tendencias actuales en el agro ecuatoriano a la luz de la crisis global y dar un giro radical en las priorizaciones para alejarse de su estrategia de promover un modelo que perjudica nuestras capacidades de producir alimentos de forma soberana, justa y sustentable. Si seguimos promoviendo en primer lugar las agroexportaciones y la inserción de pequeños productores a las cadenas altamente dependientes de insumos externos, nos seguiremos adentrando al camino hacia una crisis multidimensional del sector agroalimentario. Tercero, que las presiones actuales nos podrían servir de impulso para acelerar el cambio que está pendiente hace décadas, disminuir las dependencias de combustibles fósiles y las empresas transnacionales que controlan el mercado global de semillas y agroquímicos. Una nueva estrategia implicaría redistribuir los recursos públicos por ejemplo hacia la investigación en bioinsumos, capacitaciones en agroecología (¡sin cooptación del término para pintar de verde las mismas estrategias de siempre!), y fomentos para la transición de fincas hacia modos de producción agroecológicos. Presionar hacia ese cambio será inevitable para aliviar las presiones actuales y hacer más resiliente nuestro modelo agroalimentario. 

Las legislaciones y reglamentos son instrumentos que viabilizan los procedimientos que se requieran para alcanzar el cumplimiento apropiado de los derechos y principios establecidos en la Constitución. El derecho humano al agua es primordial para el buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, Artículo 12). Debido a su importancia y, en el marco de la conformación de la Constitución del 2008, se dispuso que se concretice una nueva Ley de Recursos Hídricos en el plazo de un año, para actualizar la legislación elaborada hace más de treinta años, en el año 1972. Después de 6 años, el 5 de agosto de 2014, finalmente se aprobó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Sin embargo, esta legislación no fue aceptada por distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo de los movimientos sociales y runas representados principalmente por la CONAIE, la ECUARUNARI, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, la Tukuy Cañar Ayllukunapa Tantanakuy (Tucayta), la UCIA, la Unión de sistemas comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA). 

En el mes de junio del 2015, las personas representantes de estos movimientos presentaron acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la ley y su reglamento. Como respuesta a esta acción pública, el día 12 de enero del presente año, la Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad de la ley (Corte Constitucional del Ecuador, 2022). Los movimientos sociales tuvieron que esperar 6 años hasta obtener una respuesta. 

Los argumentos en contra de la legislación tienen que ver con la inconstitucionalidad de forma y de fondo, específicamente por los siguientes elementos: