Son momentos como la guerra en Ucrania que dejan cruelmente al desnudo la vulnerabilidad del sistema alimentario global y generan nuevas urgencias para fortalecer caminos de Soberanía Alimentaria. Y, son momentos que indican que esta esfera alimenticia, que muchas veces en la percepción societal sigue relegada al ámbito privado, en realidad es altamente política y dependiente de los acontecimientos globales.

En este texto queremos señalar los principales nexos entre el actual conflicto bélico y nuestra alimentación para debatir la forma en la que se configura el sistema agroalimentario actual, el direccionamiento de las políticas públicas y los cambios urgentes que emergen de esta problemática. Si miramos esos nexos, encontramos sobre todo dos afectaciones principales que devienen de la guerra: por los precios de los alimentos básicos en el mercado global, especialmente del trigo, y por la disponibilidad de fertilizantes químicos. 

Los alimentos básicos

En primer lugar, es fundamental mencionar el peso importante que tienen Ucrania y Rusia en las exportaciones de trigo, lo que los convierte en lo que llaman “el granero”, especialmente de Europa, de África del Norte y de países del Medio Oriente (2). En conjunto, estos dos países exportan alrededor de la tercera parte de trigo y cebada a nivel global. El 40% de las exportaciones de trigo de la región del mar negro está dirigido a países africanos y del Medio Oriente. Existen países como Egipto, Turquía, Túnez, Marruecos o Yemen que son fuertemente dependientes del trigo importado para cubrir su consumo de harinas, recibiendo hasta el 80% de sus importaciones de trigo desde esa región (3).

Con el inicio de la guerra se desencadenan varios efectos. En primer lugar, desde incluso unos días antes de la guerra debido a las tensiones ya existentes, en el mercado global empezaron a dispararse los precios de los alimentos como trigo. Así, el trigo llegó al valor más alto de los últimos diez años – si tomamos en cuenta los últimos 25 años, el precio actual sólo ha sido superado en el marco de la crisis alimentaria del año 2008 (4).

De forma similar, el precio de la soya ha llegado a su punto más alto de los últimos 5 años y también el precio del maíz ha registrado un incremento significante. Ya en febrero, el Índice de Precios de los Alimentos de la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas (FAO) registró su nivel más alto en la historia (superando el valor del año anterior en un 20%), la tendencia es creciente (5).

Debido a estos altos precios, Rusia decidió restringir la exportación de productos como cebada, centeno, trigo, maíz y azúcar, para evitar el desabastecimiento interno de alimentos básicos (6). 

Más grave aún es la situación en Ucrania –responsable del 10% de las exportaciones globales de trigo y del 15% de maíz– que prohíbe las exportaciones de diversos productos alimenticios y que ve muchos de sus campos convertirse en campos de batalla. Además, en gran parte de Ucrania, las condiciones no permiten la siembra que normalmente debería darse en el mes de marzo, por lo que ya se puede prever el creciente desabastecimiento que se generará en un futuro próximo, cuando sea momento de cosecha. A esto se suma que los puertos de salida en el mar negro están paralizados.

Los incrementos de los precios en el mercado global se traducirán en un encarecimiento de los productos básicos de alimentación a nivel local en todo el mundo. Otro factor agravante adicional al incremento de los precios globales es el aumento en los costos de transporte. Esto se debe, por un lado, al incremento de los precios de flete por trabas en la logística a nivel mundial desde la pandemia y, por otro lado, a la subida en los precios del petróleo lo que encarece la movilización de los productos aún más. En consecuencia, las personas más afectadas serán el consumidor y la consumidora final a los que se traslada ese incremento de costos. 

Pero no solamente la logística y el conflicto bélico generan una escasez en ciertos productos. El cambio climático también afecta la producción agrícola en muchas regiones del mundo, incluyendo el Ecuador. Es en este contexto, que el World Food Program (WFP) de la ONU recientemente alertó sobre las amenazas serias que representan todos estos factores de forma conjunta para la seguridad alimentaria a nivel global (7).

En el caso del Ecuador, vemos que también importa trigo y soya desde diversos países y regiones del mundo. Según los datos del BCE (8), el trigo (9) representa el 15,40% del total de las importaciones agropecuarias del Ecuador. En el año 2021, el principal origen de los productos de trigo importados fue Canadá (1 millón de toneladas, por un valor de 344 millones de dólares), seguido por Estados Unidos (376 mil toneladas por 121 millones de dólares) y Argentina (119 mil toneladas por 39 millones de dólares).

Rusia recién aparece en el puesto 23 en términos del valor económico de las importaciones de trigo (en este caso, específicamente, almidón de trigo), y en puesto 15 en términos de volumen importado. Aunque no dependemos directamente del trigo importado desde Rusia, los efectos del aumento de precios sí se percibirán con el traslado al incremento del precio del pan. 

En el caso de la soya, esta representa el 23,40% de las importaciones agropecuarias y llega a tener un peso especial debido a su uso en los balanceados para animales (10). Aquí los principales orígenes de las importaciones son Estados Unidos, Argentina y Bolivia. En el contexto de la subida de los precios, Argentina suspende la exportación de harina y aceite de soya (11), aportando por su parte a la incertidumbre de los mercados globales. Lo que nos puede preocupar de esta incertidumbre tiene que ver con que cada vez más países reduzcan sus exportaciones para asegurar el abastecimiento interno lo que, por lo menos a corto plazo, podría generar una escasez en el mercado global y, por lo tanto, una subida aún más acelerada de los precios. Sin embargo, para mediano y largo plazo podría representar un impulso para reorientar el sistema agroalimentario hacia una mayor soberanía, sobre todo en países como el Ecuador que tienen las condiciones biofísicas para la producción de un abanico amplio de productos para el consumo interno. La reorientación debería tener varios principios que se basan en productos locales, semillas adaptadas nativas y una priorización del uso del suelo para la alimentación directa de los humanos y no para otros usos como los biocombustibles o los balanceados para animales, dirigidos a la inmensa industria no sustentable de carne. 

Los insumos agroquímicos

Pero aparte del encarecimiento de los productos básicos de alimentación, se da otro efecto sobre el sector agroalimentario en el Ecuador. Desde la transformación empujada para el agro bajo la ideología de la revolución verde, se ha incrementado paulatinamente la dependencia de la producción agrícola de los insumos químicos – en su gran parte importados y basados en combustibles fósiles (12). 

En términos generales, Sudamérica es el continente donde más ha aumentado el uso de agroquímicos entre 1999 y 2019, evidenciando los efectos materiales de lo que significó aquí la visión de la revolución verde. En esos veinte años, en nuestro continente el uso aumentó en un 148% frente a un 3% en Europa y Norteamérica, un 29% en Asia y un 71% en el continente africano. También, Sudamérica es el único continente donde la aplicación de agroquímicos supera (en promedio) los 5 kilos por hectárea (13). Esto ya nos indica la alta dependencia de la mayoría de los rubros, especialmente los de agroexportación, pero también los monocultivos para el consumo interno, dependen altamente de estos insumos. En el Ecuador, alrededor del 77% de los fertilizantes son importados (14). La mayor parte viene de Rusia quien es el exportador más importante a nivel global de tres grupos de fertilizantes: nitrógeno, potasio y fósforo (15). 

Frente a las limitaciones en las exportaciones de fertilizantes rusos, Ecuador empezó negociaciones con China para sustituir estas importaciones con urea de ese país asiático (16). 

Sin embargo, más allá de la disponibilidad, los precios de los fertilizantes químicos también dependen altamente de los precios del petróleo y del gas. En consecuencia, la inflación y la crisis energética actual también tienen sus efectos sobre los precios de estos insumos agrícolas –estos ya llegaron a su punto más alto de la historia a finales del año 2021. En febrero 2022, el Índice Mundial de Nitrógeno estaba tres veces más alto que el promedio del año 2020 (17).

El problema fundamental se genera en el momento en el que toda la lógica de producción y de mercado está basada en una aplicación del kit tecnológico, es decir, del paquete de semillas y agroquímicos importados. En el Ecuador, esta tendencia no es resultado únicamente de la creciente influencia de las empresas productoras y distribuidoras de agroquímicos, sino también de una política pública que apunta hacia el fomento de los monocultivos intensivos en insumos químicos y la “integración” de pequeñxs y medianxs productorxs a estos rubros. 

Esto lleva a una situación en la que una vez integrados al modelo de la revolución verde –semillas híbridas en vez de criollas, insumos químicos en vez de orgánicos, monocultivos en vez de cultivos diversificados– no resulta tan simple dejar este modelo atrás y recuperar modos soberanos, campesinos de producción. Ejemplo claro de esto es el modelo de “siembra por contrato”, que ancla a agricultorxs, muchxs de ellxs pequeñxs productorxs, a la cadena agroindustrial del maíz. Las y los agricultoras reciben créditos en forma de insumos (semillas y agroquímicos) para producir específicamente lo que les pide la empresa. En cambio, se comprometen en pagar el crédito (más los intereses) con su cosecha. Dejar de aplicar todos los insumos químicos como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc. por los altos precios para ellxs significa arriesgar la cosecha y, por lo tanto, la posibilidad de cumplir con el pago de la deuda. La cadena del endeudamiento, por su parte, puede llevar a la acumulación de las deudas, la imposibilidad de acceder a recursos para la siguiente siembra, y, en el peor de los casos, hasta a la pérdida de sus tierras y recursos productivos.

Lo vicioso tiene que ver con que es el mismo modelo de producción, anclado en una visión de “modernización” del campo, que genera la dependencia de estos insumos ya que los monocultivos degradan tanto los suelos que estos ya no tienen nutrientes que los cultivos requeiren – se vuelve necesario agregar constantemente esos nutrientes (importados) para asegurar la sobrevivencia de las plantas. Como señala Omar Giraldo (18), las prácticas de la revolución verde significan romper el ciclo de nutrientes, generando flujos lineales de extracción, sin devolverlos a la tierra de forma natural y creando la dependencia de insumos externos y, por su base en los combustibles fósiles, no sustentables.

Además, el rendimiento que prometen las empresas vendedoras de las semillas híbridas – y a cuya base se calcula la rentabilidad para el agricultor y la agricultora – se logra únicamente aplicando todos los insumos químicos del paquete y en las mejores condiciones climáticas – lo que, especialmente en las condiciones inestables que genera el cambio climático, no representa la realidad para la mayoría de productorxs. 

Conclusiones

Podemos, a modo de cierre, rescatar varias conclusiones de la situación actual marcada por la guerra en Ucrania y sus amenazas para la alimentación. Primero, que las tendencias globales abren nuevamente un debate sobre el uso de la tierra, sacan a la luz la urgencia de pensar ¿la tierra para quiénes y para qué? ¿Cómo debemos trabajar la tierra para poder contrarrestar una posible crisis alimentaria? Para responder a estas preguntas es fundamental cuestionar seriamente las dependencias actuales que existen en el sistema agroalimentario dominante de los precios globales y de la disponibilidad de importaciones de fertilizantes químicos para “nutrir” (o malnutrir) a las plantas de nuestros cultivos.

Segundo, esto implica para la política pública la tarea urgente de reevaluar las tendencias actuales en el agro ecuatoriano a la luz de la crisis global y dar un giro radical en las priorizaciones para alejarse de su estrategia de promover un modelo que perjudica nuestras capacidades de producir alimentos de forma soberana, justa y sustentable. Si seguimos promoviendo en primer lugar las agroexportaciones y la inserción de pequeños productores a las cadenas altamente dependientes de insumos externos, nos seguiremos adentrando al camino hacia una crisis multidimensional del sector agroalimentario. Tercero, que las presiones actuales nos podrían servir de impulso para acelerar el cambio que está pendiente hace décadas, disminuir las dependencias de combustibles fósiles y las empresas transnacionales que controlan el mercado global de semillas y agroquímicos. Una nueva estrategia implicaría redistribuir los recursos públicos por ejemplo hacia la investigación en bioinsumos, capacitaciones en agroecología (¡sin cooptación del término para pintar de verde las mismas estrategias de siempre!), y fomentos para la transición de fincas hacia modos de producción agroecológicos. Presionar hacia ese cambio será inevitable para aliviar las presiones actuales y hacer más resiliente nuestro modelo agroalimentario. 

Especialmente en esta época de pandemia, en la que el Ministerio ha sido cuestionado por mostrar poca acción y presencia en los territorios rurales, campesinos e indígenas, este slogan debe llamarnos la atención por sus múltiples connotaciones, y debe levantar alertas sobre sus posibles implicaciones para el sector agrario.

En primer lugar, ¿cómo podríamos interpretar la comparación de la agricultura con el petróleo?

Conocemos los impactos económicos, sociales y ambientales que implica basar la estructura productiva del país y el presupuesto estatal en la explotación del crudo en la Amazonía. Incontables veces se ha señalado la “maldición de la abundancia” , el peligro que se encuentra en la generación de una economía rentista, dependiente de un commodity que se comercializa en el mercado global y en las promesas de “desarrollo” vía extractivismo, quiere decir, a través de la explotación y exportación de recursos naturales renovables y no renovables.

La caída drástica del petróleo en el mes de abril de este año nos mostró, nuevamente, la fragilidad de un modelo económico que depende en gran parte de un solo producto primario para la exportación. Como resultado de esto, vemos en estos días cómo los recortes presupuestarios, debido a la baja del precio del petróleo, afectan sobre todo los gastos sociales.

A nivel de los impactos socioambientales, incluso en la actual situación de excepción, todxs nos enteramos de los derrames de petróleo en el río Coca generados por la ruptura de los oleoductos en abril de este año . Lo que tal vez no todxs tenemos tan presente son los impactos a largo plazo que estos derrames significan para las comunidades locales: la contaminación de sus fuentes de agua, la pérdida de sus suelos productivos por la misma contaminación, los altos índices de cáncer en zonas petroleras. Aunque se arregle el oleoducto y vuelva a fluir el crudo, esto no significa que desaparece el petróleo derramado de ríos, suelos y cuerpos.

Ahora bien, frente a la crisis de los precios del crudo, el nuevo slogan del Ministerio de Agricultura (MAG), invita a imaginar un giro, donde la principal fuente de ingresos del país no sea más el petróleo, sino la agricultura.

En este contexto hay que tomar en cuenta, que el mismo MAG anunció en febrero, en sus seis ejes de la “política agropecuaria 2020-2030” que fomentará las agroexportaciones y la apertura de nuevos mercados, de la mano con una mejora de la competitividad y productividad en el campo. Esto lleva a que el slogan del Ministerio sea interpretado como propuesta de acentuar la agroexportación como sustituto de las exportaciones petroleras que se hicieron poco rentables en este escenario de caída de precios.

Pero encontramos más noticias que refuerzan esta interpretación como la reciente aprobación del acuerdo comercial con la EFTA (European Free Trade Association – Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islanda), relación comercial que para Ecuador se basa en la exportación de materias primas como banano, cacao, oro, camarón y rosas; o también los acercamientos al gobierno estadounidense con el objetivo de lograr integrar nuevos productos agropecuarios al sistema de preferencias arancelarias.

Sin embargo, debemos señalar las paralelas que existen entre la explotación agraria, en grandes monocultivos para la exportación, y la extracción de petróleo. Los dos tienen altos impactos sociales y ambientales a nivel local, los dos se basan en una comprensión de la naturaleza como fuente de recursos con valor económico listos a explotar, los dos no toman en cuenta las “externalidades”, los costos no monetarios (sociales y ambientales) que quedan invisibilizados en todo el proceso de extracción y comercialización, los dos se guían según los requerimientos del mercado global, los dos dependen de los precios internacionales, los dos son manejados por grandes grupos económicos o empresas transnacionales. Finalmente, los dos ponen la ganancia por encima de la vida. Por todos estos aspectos en común, se habla de agroextractivismo en paralelo al extractivismo petrolero o minero.

Entonces, ¿qué significa la profundización del agroextractivismo para el sector rural, especialmente frente al panorama de la crisis que se avecina?

Aumentar la producción agraria para la exportación, implica, en primer lugar, una creciente presión sobre el campo. La tierra productiva en el país y también en el mundo es limitada. Los seres humanos actualmente ya estamos ocupando prácticamente toda la superficie de la que se puede sacar uso, y la destinamos principalmente a pastos, forestales, agricultura y, en menor medida, a vivienda.

Para aumentar la superficie dedicada a ciertos rubros agroexportadores, por lo tanto, sólo existen dos vías: o desplazar otros usos del suelo (como los cultivos de alimentos y la ganadería), o deforestar los bosques primarios, lo que conlleva impactos ambientales fatales como mostraron los extensos incendios en la Amazonía en 2019.

En cambio, para aumentar la producción sin aumentar la superficie para estos rubros, se aplica la intensificación de la producción. Debido al enfoque hacia las ganancias a corto plazo, esta se basa en una sobreexplotación de los suelos que lleva a su degradación.

Tanto la intensificación como la expansión del agroextractivismo trae consigo un aumento en el uso de los agroquímicos, que, por su parte, son elaborados con petróleo, lo que nuevamente intensifica la dependencia de este recurso no renovable, sin mencionar sus impactos en la biodiversidad, los suelos, el agua y la salud.

Pero la presión sobre el campo también está relacionada directamente con la situación de lxs pequeñxs productores. En las cadenas agroproductivas de los rubros dirigidos a la exportación –principalmente el banano, el cacao y la palma africana– ellxs cumplen un rol importante en la producción, pero no son lxs que se llevan las ganancias. Muchas veces venden sus productos al límite del costo de producción. No logran competir con los precios más bajos de lxs productores grandes, las empresas agropecuarias, y se endeudan cada vez más y van perdiendo sus tierras. Vemos como consecuencia que, por ejemplo, en el banano hay cada vez menos productores pequeñxs, mientras que la superficie de lxs grandes productores aumenta.

Así, el fomento del agroextractivismo favorece la reconcentración de la tierra y desplaza a la agricultura familiar campesina. Por otro lado, cuando lxs pequeñxs productores son insertadxs en las cadenas agroexportadoras, dedicando su tierra a los monocultivos para la exportación, pierden su autonomía, sus semillas nativas, su subsistencia y con eso, su resiliencia frente a momentos de crisis.

Además, esta idea del fomento de las agroexportaciones se promueve en un momento, en el que el mundo vive una fase de “desglobalización” , de cierres de fronteras y mercados, de reducción de los flujos comerciales a nivel global, un momento en el que muchos países buscan caminos nacionalistas, mirando hacia dentro. En un momento, además, en el que muchxs nos planteamos que no podremos seguir produciendo, consumiendo y viviendo como lo veníamos haciendo porque nos lleva a una crisis socioambiental.

Aplicar entonces en este momento una estrategia de seguir el mismo rumbo extractivista, sustituyendo únicamente un rubro primario por otro, el petróleo por los productos agrícolas, significa no haber aprendido nada de los impactos que generó la dependencia, el tambaleo del presupuesto estatal frente a la caída del precio del petróleo, los despidos masivos en los sectores agroexportadores, la falta de ingresos de lxs pequeñxs productores insertadxs en las cadenas agroindustriales.

Y, lo que debería alertarnos a todxs, es que la profundización del agroextractivismo significa una amenaza real a la Soberanía Alimentaria. Significa que las decisiones sobre el uso del suelo ecuatoriano se tomen según los requerimientos del mercado global, no según las necesidades sociales, alimentarias y ambientales en el país. Significa que se perderá más superficie para la producción de alimentos para el mercado local, mientras que se prioriza la producción de commodities. Significa también, que desde la política pública se intentará acelerar aún más la inserción de pequeñxs productores a las cadenas agroindustriales, generando la pérdida de su autonomía y llevándolos al endeudamiento, bajo promesas de “desarrollo” y mayores ganancias.

Frente a este panorama de amenaza a la Soberanía Alimentaria nos preguntamos por el real objetivo de la política pública agropecuaria y por los intereses a los que responde. Con el slogan “El verdadero petróleo está en el agro” se profundizan las dudas sobre la valorización de la agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria porque aunque se les denomine como “héroes” no existe una política real para ellxs. Todo apunta a la profundización del agroextractivismo que, al contrario de lo planteado desde la política pública, no ayuda a disminuir la pobreza rural, sino que más bien agrava los problemas sociales y ambientales ya existentes en el campo y en la estructura económica productiva del país: la dependencia, la concentración de la tierra, el desplazamiento de lxs campesinxs, la desvalorización de la producción local y, el deterioro ambiental.

Sin embargo, la situación de emergencia del Covid-19 demuestra la resiliencia de la agricultura familiar que a pesar del abandono desde la política pública asegura la alimentación de la población, que se organiza de manera autónoma para entregar canastas de alimentos frescos, que cuida la biodiversidad y los suelos, que es el sustento de una nutrición sana, que sigue produciendo sin importar los vaivenes en los mercados internacionales. Esto debería mostrar al Ministerio la necesidad de un cambio de rumbo, y llevar a la comprensión de que el verdadero valor se encuentra en la Soberanía Alimentaria.

Sobre lo que no queda duda, mientras tanto, es la vulnerabilidad de economías como la ecuatoriana, con una fuerte orientación primario-exportadora, frente a un escenario de caída de precios de las materias primas, cierre de fronteras y reducción de demanda del mercado global.

Para el panorama interno nacional, este escenario hace urgente volver a despertar cuestionamientos sobre el modelo de “desarrollo” y de inserción internacional que se persigue y lo que significa para sectores claves como el agropecuario y la política pública respectiva.Partiendo de este contexto de crisis generada por el Covid-19, ponemos a debate las estrategias del gobierno para perpetuar el agroextractivismo como vía para el “desarrollo” y sus consecuencias para la resiliencia y soberanía alimentaria frente a un momento como este.

Antes de que empie cen los discursos políticos, ya se había armado una feria de productores y comerciantes de la Sierra, la Costa y la Amazonía, en el espacio amplio de la finca. Esta feria se instaló bajo el nombre “De la Mata a la Mesa” – una campaña del MAG lanzada el año pasado, bajo críticas de sectores sociales de productorxs y consumidorxs por únicamente darle un nombre nuevo a algo que desde las bases se está construyendo en innumerables localidades del país: ferias autogestionadas para la comercialización directa, muchas veces agroecológicas, que no reciben ningún apoyo por parte de la política pública.*

En Lloa, entre las carpas donde se ofrecían desde chocolates, artesanías, licores, hasta humitas o verduras frescas, se encontraron puestos de las instituciones públicas como Agrocalidad – dando por ejemplo información sobre cómo prevenir el Fusarium raza 4 en las plantaciones de banano –, de BanEcuador, ofreciendo folletos sobre las facilidades al crédito para jóvenes emprendedores y mujeres, y de INIAP, exponiendo y regalando semillas certificadas, de maíz, trigo y fréjoles, bajo gran interés de los y las productoras asistentes al evento. Con las temáticas expuestas en sus carpas institucionales, expusieron también en primeras líneas lo que plantea el MAG para la política pública: créditos, buenas prácticas agrícolas y kits tecnológicos que incluyen semillas certificadas.

A las 11 de la mañana, el Ministro Xavier Lazo arrancó con su discurso con el propósito de presentar la nueva agenda de política agropecuaria al presidente y a los asistentes. Sin embargo, la principal revelación de su discurso fue que no hay agenda concreta por parte del gobierno, sino únicamente lineamientos de continuidad de lo que ya se viene haciendo, en sintonía con una política neoliberal y una mirada de “modernizadora” del campo centrada en perpetuar la orientación primario-exportadora del país.

Lazo empezó dando las gracias al presidente Lenín Moreno por permitir “que los funcionarios públicos nos pongamos las botas y la camiseta del campo, que seamos de territorio y no de escritorio” – sin embargo, las declaraciones del Ministro causan cierta curiosidad a los asistentes debido a que el MAG sufrió fuertes recortes presupuestarios este año, que reduce el personal técnico en campo.

El Ministro anunció, en seguida, que los 10 años para los que se plantea el plan agropecuario “no serán otra década perdida” sino que se va a alcanzar la riqueza para todos, gracias a “políticas públicas claras e innovadoras”.

Seis son los ejes en los que el gobierno estructura su Plan 2020-2030 de políticas agrarias:
a) El fomento de la productividad y la calidad, por ejemplo a través de certificaciones y trazabilidad “para tener productos competitivos, que puedan llegar a cualquier mercado”; b) La orientación y el desarrollo de mercados, tanto locales “directos” como el fomento de las exportaciones, abriendo nuevos mercados; c) Acceso a infraestructura, servicios, financiamiento y seguros agrícolas; d) El fortalecimiento de la asociatividad y participación; e) Buscar la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático para producir de una manera “amigable con el ambiente”; y, f) La modernización e innovación institucional y legal, reestructurando y desarrollando capacidades en el MAG.

Por su parte, lo único que agregó el presidente Lenín Moreno a la propuesta para el campo fue: “no digo que necesiten mucho cuidado en el campo, pero lo que necesitan son las facilitades, créditos, maquinaria, equipos, insumos, fungicidas, pesticidas, herbicidas, para que los campos produzcan, y si estos son orgánicos, muchísimo mejor todavía”. Durante el resto de su discurso, Moreno se dedicó a resaltar los beneficios del campo como el paisaje y el aire puro, manifestando en una de esas ocaciones: “qué hermoso es el campo, qué hermosos son los animalitos” y “a ustedes en el campo, el Coronavirus nunca los agarrará porque tienen buenos pulmones”.

En conclusión, las propuestas “nuevas e innovadoras” que se anunciaron, no son tan nuevas ni tan innovadoras, más bien resalta la ausencia de propuestas concretas. Así, se armó un gran evento en Lloa, generando expectativas sobre el nuevo programa, para, en realidad, compartir un discurso superficial, que no tiene sustancia.

Esta ausencia de propuestas concretas también fue notada por el público, por las organizaciones de productores presentes. En entrevistas que realizamos en el evento con representantes de una asociación de productores bananeros de Machala, una asociación de ganaderos de Machachi y una asociacion de productores de Lloa, encontrabamos en sus declaraciones que habían llegado con grandes expectativas por el anuncio del gobierno, sin embargo, se retiraban luego de los discursos con poca claridad sobre los contenidos de la propuesta para la década 2020-2030.

Otro aspecto llamativo de la “nueva” propuesta es la ausencia de temas como la agricultura familiar campesina – mientras nos encontramos en la década de la agricultura familiar declarada por la ONU –, la agroecología, la Soberanía Alimentaria. En general, todos los ejes que constituyeron la propuesta para la política agropecuaria generada por el Parlamento de los Pueblos en octubre del año pasado y que se entregaron de manera oficial al gobierno, son dejados afuera en los seis ejes que presenta el MAG para los próximos 10 años.

Por lo tanto, desde el gobierno no parece haber respaldo alguno a los proyectos campesinos agroecológicos que se están construyendo simultáneamente en todas las provincias del país y que apuntan a una Soberanía Alimentaria, a una autonomía campesina en vez de una mayor inserción en el mercado global a través del fomento de los extractivismos agrarios. Con la orientación de la política pública, además, los legados tanto de la Constitución como de la Ley de Soberanía Alimentaria parecen olvidados y anulados.

Es relevante conocer que esta “nueva” propuesta de política pública se construyó con el apoyo de la Food and Agriculture Organization (FAO) y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Este detalle ayuda a entender lo que señala Silvia Ribeiro en la revista Biodiversidad** : las políticas agropecuarias tanto del continente latinoamericano como globales parecen estar coordinadas, moviéndose hacia un modelo que, nuevamente, eleva las empresas por encima de los Estados nacionales, priorizando al gran agronegocio mientras se debilita a las organizaciones campesinas. Este desarrollo se impulsa desde plataformas e instituciones internacionales, como la FAO, que finalmente juegan a favor de y están relacionadas con las transnacionales.

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*https://lalineadefuego.info/2019/12/10/el-agro-en-la-mira-por-tamara-artacker/

**http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Nuevo-asalto-corporativo-a-la-alimentacion

Desde el Estado se hizo un esfuerzo durante y después del paro para mostrar su atención hacia el agro. Su primera reacción para generar un acuerdo que ponga fin al paro nacional, fue plantear el 9 de octubre, a través del Secretario General de la Presidencia José Augusto Briones, una propuesta de nueve puntos dirigidos al mundo rural-agrario.[1]

Entre estos 9 puntos se encontraban los ofrecimientos de kits agrícolas, desarrollo de dos mil hectáreas de pasturas mejoradas, agrovías rurales, sistemas de riego parcelario y centros de acopio para papa, cebada, quinua y chocho. Además, se ofrecían proyectos de desarrollo comunitario. Con esta lista de propuestas, el gobierno no logró generar ningún acuerdo, ni siquiera un diálogo, con el movimiento.

Primero, esta propuesta como reacción inicial por parte del gobierno deja en evidencia su visión limitada sobre el paro de octubre. Aparentemente, el gobierno creía que con propuestas sectoriales para el agro podía negociar con los sectores movilizados, sin tomar en cuenta la pluralidad de los actores y la claridad de sus exigencias que estaban dirigidas en contra de las políticas sintonizadas con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Reaccionar al paro con propuestas para el agro mostró, además, la falta de comprensión de la diversidad del movimiento indígena que no es sinónimo de campesino y de la realidad de sus bases, que cuentan con sectores tanto urbanos como rurales.

Segundo, las propuestas son una continuidad de lo que ya se viene aplicando en el agro, intentos de una modernización convencional, sin novedad alguna: más kits agrícolas que atentan contra las semillas nativas y la agroecología, al mismo tiempo que masifican el uso de agro tóxicos y limitan la autonomía campesina al insertarlos en cadenas productivas de dependencia de las casas comerciales; pasturas mejoradas para la ganadería que afectan los ecosistemas y contradicen así el intento del mismo gobierno de justificar la eliminación de los subsidios a los combustibles con argumentos ambientales[2] – la ganadería es uno de los factores que más impulsa la deforestación y que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, aporta de manera importante al cambio climático–.[3] Esto sin mencionar, además, que el precio de la leche se encuentra a la baja, hecho relacionado con los efectos directos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y que afecta especialmente a los pequeños productores.

El camino de modernización con toque de “revolución verde” como lo sugiere esta propuesta, ya ha demostrado no ser útil para la reducción de la pobreza rural, para generar sustentabilidad en el campo o para garantizar la soberanía alimentaria.

Pero la atención especial hacia el sector rural-agrario por parte del gobierno no terminó con el paro ni se resolvieron cuestiones fundamentales sobre el proyecto de país en el diálogo público con el movimiento indígena el día 13 de octubre.

Durante la situación post-paro el Ministro de Agricultura y Ganadería aprovechó para recorrer varias provincias de la Sierra, promoviendo políticas públicas agrarias y prometiendo proyectos de desarrollo rural, mientras que Lenín Moreno anunció en cadena nacional el 6 de noviembre varias medidas enfocadas en el agro para buscar la “reactivación económica y social”.[4]Entre estas medidas están, nuevamente, créditos para los productores, centros de acopio, impulso de ferias denominadas “De la Mata a la Mesa” y la apertura de escuelas rurales.

Frente a estas medidas anunciadas, es necesario señalar algunos detalles que las contextualicen y puedan mostrarlas en su luz real: por ejemplo, los créditos que da la banca pública Ban Ecuador están dirigidas a la producción de ciertos rubros que el Estado comprende como “productivos” y que están alineados con la estrategia primario-exportadora del país, por ejemplo, la producción de banano, palma aceitera, café y cacao, mientras que la pequeña agricultura familiar o comunitaria que produce alimentos para la población, tiene dificultades para acceder a créditos.

La apertura de escuelas rurales, por otro lado, es la misma promesa que el presidente Lenín Moreno ya había hecho en enero de este año: prometió reabrir 1000 escuelas rurales, de las que hasta la fecha sólo existen 11.[5]En el marco de las promesas post-paro, el presidente bajó la cifra prometida a sólo 500 reaperturas de escuelas rurales que se habían cerrado. Por lo tanto, no representa una política nueva sino más bien una deuda pendiente del Estado con el sector rural.

Con respecto a las ferias campesinas que promueve el gobierno bajo el nombre “De la Mata a la Mesa”, el mensaje es querer promover el consumo de productos frescos y fortalecer la comercialización directa de productor a consumidor, sin la dependencia de intermediarios; pero cabe señalar, por ejemplo, que en el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)ya existió desde el 2011 la Coordinadora General de Redes Comerciales, justamente encargada de impulsar estrategias de comercialización alternativa de productos campesinos – en el marco de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA)–. Sin embargo, el mismo gobierno fue retirando el apoyo a esta política, anulando aquella Coordinadora General.

Lanzar ahora la campaña “De la Mata a la Mesa” solo es poner un nombre nuevo a uno de los mandatos de la LORSA al que se le había prestado poca atención durante los últimos años. Sin embargo, las ferias durante este tiempo se han construido como procesos auto gestionados por organizaciones de productores campesinos que en muchos casos se encuentran en una lucha permanente frente a las autoridades para mantener sus espacios de comercialización.

Las ferias “De la Mata a la Mesa” se inscriben en una política de desmovilización social, creando, por un lado, espacios de comercialización paralelos a ferias campesinas ya existentes y por otro lado, ejerciendo desde el gobierno un acercamiento clientelar y paternalista.

Frente a esta realidad y frente a la general orientación “anti campesina”[6] de las políticas del gobierno, esta campaña parece puramente publicitaria. Detrás de la promoción de las ferias faltan las políticas estructurales que apoyen al sector campesino y a la producción agroecológica, mientras que el objetivo de las políticas dirigidas a los pequeños productores está en su inserción a cadenas productivas, que justamente aumenta su dependencia de intermediarios y los suele alejar del contacto directo con los consumidores.

Durante las últimas semanas, se resaltaban también en el marco de la promoción de la tal llamada Ley de Crecimiento Económico (en este momento ya archivada por la Asamblea Nacional), los supuestos beneficios que la ley iba a traer para el agro, en forma de una disminución de los aranceles para importar maquinaria e insumos agrícolas.[7]Aquí, nuevamente, se evidencia hacia quién se dirige la política pública en el sector agrario: los productores que tienen los medios para acceder a maquinarias importadas, los grandes productores que tienen monocultivos bajo alto uso de insumos químicos, en lugar de la agricultura campesina que asegura la soberanía alimentaria del país y que lucha por la agroecología en defensa de la tierra, del agua, de la vida.

Las varias propuestas y medidas que planteó el gobierno ecuatoriano en estas semanas durante y después del paro nacional se inscriben en una visión específica del agro y del modelo de desarrollo deseable. Las políticas están enfocadas en aumentar la productividad en el campo, enmarcado en la profundización del modelo primario-exportador y la industrialización del agro, que no mira ni los efectos negativos para la soberanía alimentaria ni los impactos ambientales que genera con esta orientación. Debido a este enfoque productivista, encaminado a promover el crecimiento económico a cualquier costo y aumentar la vinculación con el mercado alimenticio global se beneficia principalmente a los grandes productores ya las cadenas agroindustriales.

Estas políticas están ancladas en una idea occidental del “desarrollo” como progreso lineal que se impulsa con innovación, tecnología, industrialización y vinculación al mercado. Debido a esta mirada se anula el reconocimiento de saberes diversos y de modelos de sociedad y economía distintos, imposibilitando de esta manera, la búsqueda de alternativas reales para el agro.

Pero justo en la situación post-paro se revivió desde el movimiento indígena y otros sectores sociales la búsqueda y construcción colectiva de alternativas que confluyó en la “propuesta al país” del Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales. Un resumen ejecutivo de la misma en forma de un documento de 19 páginas fue entregado de manera oficial al gobierno el día 31 de octubre.[8]

En este espacio del Parlamento de los Pueblos, constituido inicialmente por 182 organizaciones, diversos actores de la sociedad civil se habían juntado para elaborar propuestas alternativas para el modelo económico y social del país y para mostrar, de esta manera, que el camino del FMI y de políticas neoliberales que escogió el gobierno no es la vía única.

El documento que se entregó al gobierno es resultado de los debates en cuatro mesas de trabajo que se habían organizado en el Parlamento de los Pueblos durante una semana en el mes de octubre sobre las temáticas de economía, sociales, el agro y ambiente. Además, se tomaron en cuenta las cartas, pedidos y recomendaciones que recibió el Parlamento de parte de diversas organizaciones de todo el país, a veces desde intereses opuestos entre los que se hacía necesario mediar y priorizar según los principios que se definieron en el espacio.

Las propuestas que se entregaron públicamente representan una ruptura profunda con el modelo de desarrollo convencional que persigue el gobierno, al mismo tiempo que retoman lo que ya se ancló en la Constitución de 2008 y que parece, con el gobierno actual, haber caído en el olvido después de haber sido vaciado de contenidos en el gobierno anterior: la crítica fundamental a la idea de “desarrollo” que se expresa en la alternativa del Sumak Kawsay. En el documento “propuesta al país” el Parlamento específica sobre el modelo económico:

“Una visión plurinacional de la economía implica comprender al sistema económico como un sistema complejo y en el cual los principios de la relacionalidad inherentes a la cosmovisión indígena, son importantes para una transición desde una visión capitalista y orientada exclusivamente al crecimiento económico, hacia una nueva forma de relación entre la sociedad, la naturaleza y la producción, de tal manera que se puedan mitigar de formar real los efectos del calentamiento global y se pueda detener la pérdida de biodiversidad.”

Lo que pide el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales es, por lo tanto, tan profundo como un “cambio de perspectiva civilizatoria” que toma en cuenta otras cosmovisiones, otras maneras de relacionarse entre sociedad y naturaleza y la búsqueda de la justicia y equidad por encima de indicadores economicistas. Cuestiona la idea de “modernización” comprendida como sinónimo de progreso tecnológico y crecimiento económico, ya que con el “cambio de perspectiva civilizatoria” se pone en duda de qué valores estamos hablando cuando perseguimos el “desarrollo”, a cuyos costos y beneficios.

Para el agro eso implica planteamientos sobre los actores y la forma de la producción agrícola que debería ser el centro de nuestro sistema agroalimentario y que debería verse fomentado desde la política pública. En consecuencia, en las propuestas se reemplaza el enfoque de la modernización convencional y la orientación hacia el agro negocio, por el enfoque en la soberanía alimentaria como eje orientador de la política pública y del modelo agrario.

En el documento se propone promover a la agroecología y a la agricultura familiar campesina y comunitaria en vez de beneficiar al gran agro negocio ya que son los campesinos que aseguran la alimentación del país, el cuidado de la tierra y así la reproducción de la vida. Se pone, además, un énfasis fuerte en el manejo comunitario de la tierra, en el riego y el transporte comunitario, en las economías comunitarias y en la falta de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta y fortalezcan a esta forma de organización.

Con miras a la soberanía alimentaria también se exige que se respete la prohibición constitucional de cultivos y semillas transgénicas, y el cumplimiento de los controles respectivos obligatorios por parte del MAG, tal como lo ha afirmado la Corte de Quevedo en su sentencia este año.[9]El Parlamento de los Pueblos resalta la importancia de garantizar la libre circulación de semillas nativas, práctica que se encuentra en oposición a la idea mercantilizada, productivista e intervencionista del mercado de las “semillas mejoradas” que promueve el gobierno. Mientras que éste último se basan en el concepto de la “propiedad intelectual” en manos de grandes empresas con fines de acumulación capitalista, la libre circulación de las semillas nativas permite mirar la reproducción de la vida como proceso comunitario al que no es necesario poner valor monetario y que debe fluir.

Se reconoce también la heterogeneidad entre los pequeños productores que se debe a la diversidad climática, geográfica, social y cultural, y que requiere de políticas diferenciadas, según cada contexto en vez de la generación de recetas universales para el desarrollo agrario.

En este sentido, además, se exige que las medidas fitosanitarias, que se intensificaron en consecuencia de la firma del TLC con la Unión Europea por las exigencias del mercado europeo, no se apliquen de la misma manera para todos los actores, sin tomar en cuenta su tamaño, su capacidad productiva o si el destino de su producción es la exportación o el mercado local. Más bien se resalta la necesidad de diferenciar las medidas fitosanitarias para que estén adaptadas a las posibilidades de los productores y no generen su exclusión del mercado mientras que benefician a los grandes productores.

Las propuestas también recogen el tema del direccionamiento de las compras públicas, ya planteado en la Constitución de 2008: se pide que las compras públicas se dirijan a fortalecer las economías comunitarias y a los pequeños productores como mecanismo potente para conducir flujos de capital público hacia sectores prioritarios y aportar a la soberanía alimentaria.

En términos muy concretos se plantea re-direccionar, por un lado, 30.000 hectáreas que están dedicados a la producción de caña de azúcar para biocombustibles y, por otro lado, el presupuesto aproximado de 100 millones de dólares de los proyectos de irrigación tecnificada (PIT) y del Buen Vivir Rural, para iniciativas de pequeños productores que fortalecen la soberanía alimentaria.

En resumen, el Parlamento de los Pueblos, como espacio de articulación y representación de diversos actores de la sociedad civil de todo el país, está realizando el trabajo constructivo de generar de manera colectiva un modelo alternativo de país, que necesita construirse desde las raíces, pensando lo económico, lo político, lo social y lo ambiental de forma interrelacionada y holística.

Frente al modelo único que plantea el gobierno, que para el agro significa beneficios para los productores más grandes, modernización e inserción de los pequeños campesinos en el mismo sistema mercantilista y explotador, la propuesta del Parlamento de los Pueblos abre la perspectiva a la diversidad de modelos y de cosmovisiones. Pone en el centro de los planteamientos una reproducción de la vida no mercantilizada, unas relaciones de la sociedad con la naturaleza que cuiden el equilibrio en vez de la ganancia y el aumento de las exportaciones, mientras que valoriza la labor campesina y su autonomía.

Así, el Parlamento construye una propuesta concreta para pensar las políticas públicas para el sector agrario alrededor del fortalecimiento real de la soberanía alimentaria y sus actores claves, los agricultores familiares campesinos y comunitarios, desnudando al mismo tiempo las falsas promesas de la modernización y del “desarrollo” occidental.

Para finalizar es necesario hacer énfasis en el carácter abierto de la propuesta del Parlamento. Lejos de ser un documento acabado o un modelo de país absoluto, teniendo en el momento varios puntos ciegos como la inclusión transversal del tema de género, el desafío de los próximos meses será que el espacio siga funcionando como punto de encuentro de un espectro amplio de organizaciones de la sociedad civil para discutir y construir de manera participativa un proyecto de país que no parta desde la estructura estatal ni desde una concepción única y occidentalizada del mundo.

Hay muchas voces que aún necesitan ser escuchadas e incluidas, hay muchos puntos que aún necesitan discutirse y desarrollarse y muchos aspectos que tomar en cuenta al momento de pensar el mundo en el que queremos vivir y los cambios que queremos realizar. El Parlamento es una invitación para la construcción colectiva, pero dependerá de las organizaciones y la demás sociedad civil, si llenan este espacio.

* Investigadora asociada del Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural (Ecuador) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (Uruguay). Estudios de Master en Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena, trabaja temas de desarrollo rural y territorial, ecología política y alternativas al desarrollo