Una vez transcurrido el año 2014, las acciones que se llevaron adelante tuvieron repercusiones positivas para visibilizar el rol sustancial de la agricultura familiar en la provisión de alimentos y en las prácticas y tecnologías de producción sostenibles y resilientes frente al cambio climático. Uno de los efectos más significativos fue el surgimiento y fortalecimiento de iniciativas locales sostenidas por organizaciones sociales de base. En el caso del Ecuador, esta declaración facilitó la amplificación de las iniciativas del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria que desde el año 2012 viene generando iniciativas locales para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y rural del país.

El Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria del Ecuador se constituyó por iniciativa de la Mesa Comunitaria de la Políticas Públicas (MCPP) y del Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales (CAFOLIS). Según el sociólogo rural, Fernando Rosero Garcés, la iniciativa ecuatoriana y costarricense de construir comités nacionales de agricultura familiar representó el impulso para la conformación de propuestas similares en más de cuarenta países. Por ello, en 2014, la FAO reconoció a los comités nacionales como interlocutores para la programación de actividades en diferentes países del mundo (Rosero Garcés, 2021).

A qué se enfrenta la AF y porqué es importante el Decenio

Pese a los esfuerzos realizados y las iniciativas que se implementaron, el año 2014 no fue suficiente para lograr el alcance, la repercusión, la concientización y la valorización requeridas para posicionar a la agricultura familiar. Esto representa una consecuencia concreta producida por los procesos de deslegitimación e invisibilización sistemática que la agricultura campesina ha tenido que enfrentar por parte de las élites económicas y políticas que controlan el mercado de la alimentación desde hace décadas. En efecto, un año de buenas intenciones no pueden contrarrestar los años, las décadas y los centenarios de la instalación, perpetuación y agudización de un modelo de producción agrícola que objetiviza y mercantiliza el alimento para la acumulación del capital, en detrimento del empobrecimiento ecosocial y del suicidio planetario.

Así, pese a las evidentes consecuencias de hambruna, contaminación y despojo multidimensional proveniente del agronegocio, este modelo sigue manteniendo su hegemonía. Esta supremacía toma sentido cuando la comprendemos a la luz del postulado de los sociólogos Corrigan y Sayer (2007) y su análisis respecto a la conformación del Estado. El Estado está concebido desde una matriz hegemónica que le permite conseguir la legitimación de aquello que es ilegítimo por naturaleza. En este sentido, la hegemonía del agronegocio, con el uso de la fuerza y la coerción, ha logrado imponer su modelo de producción y ser perpetuado como legítimo en las cúpulas políticas y financieras, acreditando un carácter de interés colectivo a un modelo que mantiene intereses individuales en torno a la monopolización del negocio agroalimentario. La única manera de posibilitar la legitimidad del agronegocio, de este modelo ilegítimo y descomunalmente destructor, es solamente a través del abuso de poder de las élites políticas y multinacionales que controlan en sus manos el negocio de la alimentación.

El ejercicio de legitimidad del agronegocio requiere, para instaurarse como tal, la desvirtuación, silenciamiento, invisibilización y deslegitimación de la agricultura familiar y otros modelos no convencionales de agricultura. Así, desde los intereses oligopólicos, la legitimidad del agronegocio se consolida a partir de la construcción social y política de una agricultura familiar insuficiente, inapropiada e improductiva. Sin embargo, las cifras y los estudios estadísticos demuestran todo lo contrario. Según la FAO, el 80% de los alimentos son producidos por agricultores familiares.^[2] En el caso de Ecuador, varios analistas estiman que el 60% de los alimentos provienen de la agricultura familiar (Laforge y Salas, 2016), y el 75% de las unidades de producción agropecuaria que existen en el país representan a fincas que están en manos de mujeres rurales. Desde estas fincas, las mujeres ejercen la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente, y sostienen la producción y reproducción de las economías campesinas (CNAFCC, 2022).

De esta manera, la agricultura familiar cumple un rol sustancial en el aprovisionamiento de alimentos para las familias ecuatorianas, y logra cubrir esta necesidad nacional en medio de condiciones sumamente desfavorables. Tal como lo establece Francois Houtard, cuando analizamos las condiciones a las que la agricultura familiar se enfrenta: “podemos concluir que la AFC no es muy productiva, pero la razón fundamental no es por el hecho de que sea una agricultura de pequeña dimensión y/o familiar o indígena. Sino que las condiciones generales económicas, sociales y políticas, impiden a la AFC ser productiva: no tiene acceso a las mejores tierras, tiene dificultades de acceso al agua, no tiene posibilidad o muy poco de crédito, tiene dificultades de comercialización”.^[3] Así, la legitimidad del agronegocio deviene de un entramado de poder político y económico que, por la fuerza y el poder, se impone por encima de otros modelos productivos. La consolidación de esta legitimidad se traduce en políticas públicas que avalan, sostienen y fomentan un modelo de producción que, aunque ilegítimo y destructor, cuenta con legitimidad política.

La importancia del Decenio frente al contexto problemático

En el año 2019, pese a la cooptación de la alimentación por parte del agronegocio, la fuerza y la viva voz de las organizaciones sociales lograron instaurar el proclamado Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, impulsado por la sociedad civil desde diciembre del 2014. Así, en ese año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) inauguraron una estrategia articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para llevar adelante iniciativas que logren una repercusión mayor para el fomento de la agricultura familiar. 

Las legislaciones y reglamentos son instrumentos que viabilizan los procedimientos que se requieran para alcanzar el cumplimiento apropiado de los derechos y principios establecidos en la Constitución. El derecho humano al agua es primordial para el buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, Artículo 12). Debido a su importancia y, en el marco de la conformación de la Constitución del 2008, se dispuso que se concretice una nueva Ley de Recursos Hídricos en el plazo de un año, para actualizar la legislación elaborada hace más de treinta años, en el año 1972. Después de 6 años, el 5 de agosto de 2014, finalmente se aprobó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Sin embargo, esta legislación no fue aceptada por distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo de los movimientos sociales y runas representados principalmente por la CONAIE, la ECUARUNARI, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, la Tukuy Cañar Ayllukunapa Tantanakuy (Tucayta), la UCIA, la Unión de sistemas comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA). 

En el mes de junio del 2015, las personas representantes de estos movimientos presentaron acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la ley y su reglamento. Como respuesta a esta acción pública, el día 12 de enero del presente año, la Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad de la ley (Corte Constitucional del Ecuador, 2022). Los movimientos sociales tuvieron que esperar 6 años hasta obtener una respuesta. 

Los argumentos en contra de la legislación tienen que ver con la inconstitucionalidad de forma y de fondo, específicamente por los siguientes elementos: