Aunque se podía prever un cambio en el estilo de gobierno y se esperaban fricciones al interior de PAÍS, la distancia que el nuevo Presidente ha tomado, respecto a su viejo amigo de fórmula, no está dentro de lo imaginable. El distanciamiento empezó con un cuestionamiento a la política económica y la falta de austeridad; el exceso de gasto devino a una franca denuncia sobre la crisis económica y la falta de recursos para el funcionamiento del Estado. El sobreendeudamiento hoy se calcula por encima del margen previsto en la Constitución (40% del PIB) y suman algo más de 45 mil millones de dólares (A. Acosta, 2017) [2] . A esto se suman las denuncias de corrupción por el excesivo gasto en la Refinería del Pacífico y se ciernen profundas dudas sobre las inversiones en torno a las megaobras ligadas al Cambio de la Matriz Energética y Productiva, así como las inversiones y negociados en carreteras. El caso Odebrecht terminó salpicando al vicepresidente que era la figura directamente responsable de las inversiones estratégicas. El efecto directo fue quitarle competencias a la Vicepresidencia por orden directa del Lenín Moreno. Mientras, Rafael Correa, desde Bélgica, defiende a capa y espada la honra del proceso y a su segundo Vicepresidente Jorge Glas.

Hoy, la distancia de Lenín respecto a Correa se ha convertido en un enfrentamiento abierto que, al interior del bloque de gobierno, se traduce en posiciones Morenistas y Correístas. El conflicto muestra la frágil y contradictoria alianza sobre la que se construyó PAÍS, sólo posible gracias a la figura dominante del líder. Las acciones del nuevo bloque hacen de “House of Cards” una serie de estudio obligatorio: la disputa pierde los frágiles límites de la ética partidista y política que, discursivamente, el propio bloque de gobierno se impuso: revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, gobierno de “manos limpias y corazones ardientes”, el combate a la larga noche neoliberal, etc.

Según P. Ospina (2017)[3], tras el conflicto lo que hay es un cambio de intereses y de grupos económicos que administraban el Estado. Si el gobierno de Rafael Correa desplazó a las viejas oligarquías tradicionales y logrado una alianza con las clases medias y los sectores más modernos vinculados al sector de construcción, la banca y algunos circuitos de producción regional –los grandes ganadores del período–, Moreno se debate y trabaja en la recomposición de una alianza propia en la cual vuelven a aparecer viejas figuras políticas.

De momento, el nuevo gobierno se encuentra en el ejercicio de construir una alianza que le permita gobernar, pero su situación es compleja:

1) No ha logrado cambiar las fidelidades e intereses de PAÍS en la Asamblea Nacional Constitucional que defiende las líneas levantadas por Rafael Correa y los efectos visibles de la corrupción no son suficientes para cambiar sus posiciones o sacar del paso a Jorge Glas.

2) En la negociación con los grupos económicos se están cediendo espacios a los “avances” políticos y económicos (Ley de Medios, Sistema de Tributación, Ley de Plusvalía, control de medios, dinero electrónico, protección de la producción nacional) que ya entraban en vilo con la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa, el problema es que los grupos económicos lo quieren “todo”.

3) Abrió una línea de diálogo político y negociación con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que le permitan rearticular otras fuerzas (la Secretaría Nacional del Agua pasó a la dirección de Humberto Cholango, uno de los dirigentes históricos de la CONAIE, a la misma CONAIE reconoció el comodato de su sede, se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina bajo la dirección de un dirigente de la FENOCÍN, se resolvieron los conflictos con la Universidad Andina Simón Bolívar, retrocedió en los juicios a dirigentes políticos, permitió la continuidad de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, dió paso al reconocimiento de la Unión Nacional de Educadores, etc.

El “diálogo nacional” que el mandatario planteó en junio como una estrategia de marketing para diferenciarse de Rafael Correa, hoy sirve para legitimar y mantener el diálogo con todos los frentes políticos; discurso que las élites aprovechan para legitimar y exponer el contenido conservador neoliberal de sus demandas bajo las formas de la participación democrática –Consejo Consultivo de los Asuntos Tributarios– .[4]

“Nuevo” escenario para la movilización indígena campesina

De momento, el nuevo gobierno está negociando con dios y con el diablo, pero ese escenario seguramente se decantará en el primer ajuste de gabinete cuando podamos ver hacia dónde se termina de encaminar la política del nuevo gobierno. Sin embargo, el Gobierno tiene poco margen para las negociaciones, las deudas de campaña (se están pagando con los recursos estatales), la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa y la falta de recursos estatales marcan el ritmo de las negociaciones.

En ese escenario, el Gobierno muestra que, de momento, no controla al Estado. Los avances constitucionales han sido olvidados y la última consulta sobre paraísos fiscales casi ha desaparecido del discurso, mientras que promueven una nueva consulta popular como estrategia para remover las lealtades con R. Correa (Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, Justicia, etc). Aún está pendiente saber: ¿quién ocupará la estructura estatal y cuáles son las nuevas lealtades? en esa ausencia, la propuesta tiene un “consenso” entre el gobierno, los medios de comunicación y varios grupos de poder, hay que desplazar al “Correísmo”.

Las elites, aunque habían sido marginadas en ciertos ámbitos de la política, hoy están mejor que nunca, sus representaciones políticas ya habían ganado espacio en las últimas elecciones y en las negociaciones van por todo, no les convence la posibilidad de un Estado con autonomía relativa para gestión de lo social y como árbitro de intereses. Demandan libre mercado, flexibilidad laboral, libre exportación, reducción/eliminación de impuestos, nuevos mercados y, para la AFC, un “banco para la exportación”. La posición de las elites es clara, quieren el Estado sin discutir: ¿quién pagará la crisis?.

Como ya dijimos, el nuevo gobierno necesita cambiar las fidelidades de la Asamblea respecto a las formas de votar y, con ello, lograr una alianza de gobierno. Pero hasta ahora ha tenido poco éxito, varios sectores han preferido cerrar filas con R. Correa –el mejor candidato para las elecciones del 2021– y no sabemos hacia dónde van las organizaciones sociales que se han sostenido en las filas de PAÍS. El problema es que, en la medida en que el conflicto se prolonga y crece, la idea de que “todo ha sido el resultado de una mafia de corruptos” [5] , el conflicto se traduce en la creciente incertidumbre en las pocas “bases” de PAÍS –un sector poco estudiado y fuertemente cuestionado por su condición clientelar. Hoy no sabemos cuál es su número y perspectiva pero flota en la deriva en un contexto en el que sus “idearios” se desmoronan–. Al mismo tiempo, hay organizaciones que han mantenido la fidelidad con el gobierno anterior, pero en la medida en que el gobierno abre el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales que estuvieron en la oposición, son una inteligencia política que, si bien han hecho un acto de fidelidad con Moreno, es desplazada sin que muestren acciones claras frente a la coyuntura.[6]

Sin duda, el momento de “diálogo”, luego de diez años con pocos logros y muchas batallas perdidas, abre un momento de respiro para las organizaciones que estuvieron en la oposición. Pero los movimientos acuden al diálogo sin agenda y estructuras políticas de consenso: la nueva Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina y SENAGUA no fueron negociaciones orgánicas, sino “personales”. La CONAIE no intenta abrir el diálogo en unidad con otras organizaciones. Aquí valdría decir que el gobierno “hace más” por la CONAIE que lo que la CONAIE hace por sí misma. La agenda de negociaciones de la CONAIE es enorme y sus voces muestran que están centrados sobre sí mismos, los grandes relatos (Estado Plurinacional, educación intercultural bilingüe, derechos de la naturaleza) no tienen mucho eco en la sociedad y se prevé una negociación de mínimos. En un contexto en el cual el gobierno trata a la CONAIE con el “guante blanco”: el reconocimiento de su sede fue una conquista de enorme valor simbólico, la contención de juicios a sus dirigentes quiebra con el miedo instalado durante la última década; SENAGUA tienen las competencias relacionadas con las inversiones en megaproyectos y administración de los sistemas de riego –una esfera central de las estructuras de organización campesina e indígena–; y el mismo Presidente con sus Ministros se han sentado a la mesa a revisar las demandas de la organización. Podríamos decir que el gobierno recrea condiciones que hicieron de la CONAIE la única organización con el acumulado político y moral para levantar una unidad organizativa, levantar el discurso e impulsar una agenda indígena-campesina, pero sus respuestas no logran aprovechar el momento. En tal escenario, a pesar de los discursos de unidad y los ejercicios electorales que juntaron a los indígenas-ecologistas-trabajadores, vivimos un momento de “vanguardias conservadoras”, no hay actores que, desde la izquierda, tengan la posibilidad política de ir más lejos de lo que el correísmo instaló en la sociedad.

Política agraria y conflicto

Paralelamente, el gobierno ha lanzado la “GRAN MINGA AGROPECUARIA” como propuesta y proyecto para saldar la deuda agraria que el gobierno de R. Corra creó. Pero, en la medida en que el diálogo sienta en la mesa del Presidente a todo dios y todo diablo, el “problema agrario”, es decir, la desigualdad estructural, los procesos de despojo y la permanente exclusión de indígenas campesinos, parece no tener representación política. Es decir, las organizaciones indígenas y campesinas, a pesar de su presión y diálogo con el gobierno, no parecen tener ningún peso en la política agraria.

Hoy, como ayer, la política agraria en el país va en contrasentido de cualquier modelo de Soberanía Alimentaria. Los “esfuerzos” del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no cambiaron la tendencia general que se instaló desde los años 80 con el Neoliberalismo. El nuevo gobierno, con la “Gran Minga Agropecuaria”, con el aplauso y participación de las organizaciones indígenas campesinas, repite el mismo proceso, fomenta el viejo modelo y cede a los intereses del agronegocios.

La Gran Minga Agropecuaria se compone de 9 acciones: 2.560 millones de dólares serán destinados a esta campaña: 1.360 millones del MAG, y 1.200 millones de créditos del BanEcuador –15 años de plazo con tasa preferenciales del 2% al 5% anual–; la entrega de 300 mil títulos de propiedad a los agricultores –no es nueva tierra sino de tierra que ya les pertenece; se plantea incrementar la productividad nacional en el 13%; se entregará un millón de kits tecnológicos subsidiados (semillas certificadas y agroinsumos); tecnificar 60.000 nuevas hectáreas con riego; crear 80 centros de información y extensión rural para acceder a los beneficios de la minga; 94 millones de dólares constituirán un fondo de cobertura de los seguros agrícola y ganadero –el primero planifica reactivar 766.000 hectáreas y para el segundo, 228.000 cabezas de ganado; se aumentará la pensión del Seguro Social Campesino de 63 dólares a 100 dólares; y se crearán más de 500 centros de acopio y comercialización.

La propuesta, sin duda, recoge “demandas” campesinas, pero están lejos de levantar una propuesta por la Soberanía Alimentaria:

1. No se debate cómo las inversiones del Estado terminan siendo una transferencia de recursos estatales para la subordinación campesina.

2. No está en debate la necesidad de hacer una reforma a los marcos normativos que aseguran la gran propiedad y, con esto, está claro de que no van a avanzar en desmontar la “Privatización de los recursos productivos o la contrarreforma agraria” y, así, abrir la posibilidad de una democratización de la sociedad y llevar la “reforma agraria” más allá de la tierra.

3. El modelo propuesto y el diálogo con los empresarios no discute el problema de la reprimarización de la agricultura y dependencia económica, sino que, la estrategia comercial es clara: el gobierno está  dispuesto a  firmar un TLC con USA y China, tal como Correa firmó con la UE.

Finalmente, la “Gran Miga Agropecuaria” no se plantea ninguna línea que evite la concentración de capital y precarización laboral presente en el modelo “más moderno” de la economía en el campo, la agroindustria.

La línea asumida por el Gobierno no dista de lo que la Revolución Ciudadana instaló en el campo: el gobierno recoge las “demandas campesinas” (crédito, asistencia técnica, insumos) y convierte la política pública en una herramienta que fomenta la agricultura para la agroindustria.

Finalmente, la coyuntura nos muestra que la “alianza” público-privada marca los límites de cualquier esfuerzo que permita la revalorización de las sociedades rurales y la posibilidad de construir una Soberanía Alimentaria. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo: a nombre de la deuda con los campesinos e indígenas, el Estado subvenciona el proceso a través del cual los pequeños agricultores se incorporan a las cadenas agroindustriales.

La situación actual exige de una sociedad activa y un pacto ético por el campo.

El “modelo” de agricultura en el Ecuador, en sus rasgos generales, no ha cambiado: por un lado, existe un polo primario-agroexportador que se sostiene sobre el control de los recursos productivos más importantes (tierra, agua, tecnología) y la sobre explotación laboral (trabajadores sin mayores avances en el reconocimiento de sus derechos laborales)[3]; un importante sector, de pequeños y medianos productores al centro; y en el otro extremo, una enorme proporción de pequeños agricultores que basan su “economía de subsistencia” en las actividades familiares, acusados de ser ineficientes o improductivos.

Contrariamente al sentido común que ubica a la agricultura familiar como un rezago del pasado, los trabajos que analizan la estructura agraria del país muestran que para el 2000 el peso e importancia de las UPAs de agricultura familiar campesina (AFC) es enorme: La CEPAL (2005), al sumar variables de capacidad productiva y tecnología, planteó que la agricultura familiar representaba el 53% de las unidades, mientras que las empresariales figuraban con un 5% y las tradicionales el 43%. Wong y Ludeña (2006), por ejemplo, considerando el tamaño de la propiedad, la cantidad de trabajadores utilizados, el ingreso y gasto de los hogares, calcularon que la AFC representaba el 88% de las UPAs, sumaban 739.952 unidades y controlaban el 41% de la tierra. Chauveau (2008), plantea que el modelo de agricultura está polarizado entre un grupo de más de 200 has que se componen de 16.000 “familias” de agronegocios y 38.000 familias de producción patronal; y un polo de no más de 10 has compuesto por 550.000 familias de Agricultura Familiar, 230.000 familias minifundistas y 100.000 familias campesinas sin tierra.

Al mismo tiempo, Wong y Ludeña (2006), observaron que la agricultura familiar campesina, incluyendo la de subsistencia, vende la mayor parte de su producción (57%) fuera de la finca; el 24% la vende en la finca y sólo consume el 19% de lo que produce. Es decir, que la AFC tiene una enorme importancia económica productiva y está fuertemente integrada al comercio, pero no solo a la producción de alimentos para el consumo interno, sino que también está “presente” –de manera subordinada– en la producción de alimentos agroindustriales[4].

En este sentido, el debate planteado por AVSF – Sipae (2015) con datos del Ecuador, y North y Berry (2015) observando los resultados de Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda, nos proponen algo aún más interesante: la AFC o los pequeños productores familiares pueden, cuando disponen de los recursos productivos necesarios y el apoyo de políticas públicas, generar mayor trabajo y riqueza por ha que los modelos de producción terrateniente y pueden constituirse en la base del desarrollo industrial nacional. Sin embargo, la política agraria en el país va en contra sentido y los “esfuerzos” del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no han cambiado la tendencia general que se había instalado desde los años 80 con el neoliberalismo. Valdría preguntarnos entonces ¿qué es lo que ha cambiado para no cambiar nada?

Paquetazo y modernización conservadora

Carrión y S. Herrera (2012), mostraron que la política agraria se alejaba de los avances constitucionales, –Art. 281 de la Constitución que plantea un modelo de soberanía alimentaria para el campo–, y promovía el viejo modelo de exportación a costa de la producción “típicamente campesina” a través de la “modernización” de las instituciones. La gran diferencia con el neoliberalismo era una mayor presencia del Estado en el campo, pero la mayor diferencia con el desarrollismo de los años 80 es que no se impulsaron políticas de desarrollo económico campesino, sino que, fundamentalmente, promovieron políticas de “inclusión económico social” que sirvieron para bajar las tensiones o demandas campesinas.

Este proceso que refuerza el viejo modelo primario agroexportador a costa de una mayor subordinación de la agricultura familiar campesina, en un contexto en el cual la “agenda indígena campesina” (Estado Plurinacional, Soberanía Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen Vivir, etc.) se presentó como la renovación más interesante del horizonte de cambio popular y marca las características de lo que los campesinos definen como Paquetazo Agrario y nosotros lo caracterizamos como Modernización Conservadora.

El punto central es que el gobierno, a pesar de las demandas indígenas y campesinas y de los avances constitucionales y la mayoría legislativa en la Asamblea, pone al Estado al servicio de la agroindustria y los agronegocios. Ésto lo podemos observar en 4 elementos centrales que dan cuenta de la dirección que toman las políticas públicas agrarias en el país:

1. Privatización de los recursos productivos o la contrarreforma agraria.

Desde la aprobación de la constitución de 2008, las organizaciones han entrado al debate de la Ley de Tierras, la Ley de Agua y la Ley de     Semillas. Las demandas centrales han sido: la distribución de tierra, la desprivatización del agua y administración comunitaria de los sistemas de riego, la libre circulación de semillas y la prohibición de cultivos transgénicos. La respuesta del gobierno al debate propuesto fue asegurar el derecho privado a la tierra y el agua y, en el caso de las semillas, favorecer la circulación de semillas certificadas y promover el uso de transgénicos para la “investigación”. El sentido último del proceso es la privatización de los recursos productivos indispensables para la agricultura indígena campesina y que constituyen bienes comunes de los pueblos y la sociedad. El sentido político fue clausurar la posibilidad de una democratización de recursos productivos y llevar la contrarreforma agraria más allá de la tierra.

2. La reprimarización de la agricultura y dependencia económica.

En la década de los 90 se evidenciaba que los distintos gobiernos, a diferencia de sus proyectos de industrialización y la apuesta por los mercados existentes generan mayor reprimarización de la economía y dependencia, es decir, una mayor venta de productos primarios y con escaso valor agregado. En el caso del último período, a pesar de la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013) y su anunciada estrategia nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, el gobierno no logró y no hizo mayores esfuerzos para cambiar la matriz productiva en el campo. Uno de los mejores ejemplos es que la proyección de inversiones para la sustitución de importaciones se concentra en un 77% en la producción de caña, soya y canola[5]; además, el gobierno, en su estrategia de cambio de la matriz energética, fomentó la producción de biocombustibles[6]; legalizó la expansión de las camaroneras en zonas de manglar que hasta hace poco estaban protegidas por la ley[7]; legalizó los cultivos ilegales de banano en manos de las grandes empresas[8]; le apostó al uso de transgénicos[9] a pesar de las restricciones constitucionales; y, finalmente, firmó un Tratado Comercial con la Unión Europea que acentúa aún más la reprimarización de la agricultura y la economía.

3. La transferencia de recursos estatales para la subordinación campesina.

Siguiendo una fórmula neoliberal instalada en los 90 a través de los negocios “inclusivos” y en oposición a cualquier propuesta de soberanía alimentaria, el gobierno ha sido el principal impulsor de la subordinación campesina al modelo de agroindustria. Este proceso ha tenido dos ejes: por un lado, mantuvo los programas o proyectos estatales que promueven la inclusión de los pequeños productores a las “cadenas de valor” y que instalan los imaginarios de “competitividad empresarial”, tal como reza el componente 3 de su “Agenda de Transformación Productiva Amazónica Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana”: Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generación de actividades que promuevan la competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo. Por otro lado, el gobierno realiza transferencias directas a las empresas a nombre de las crisis o el desarrollo productivo. En el 2008, a nombre de bajar los precios de los alimentos y combatir la especulación, transfirió a manera de subsidios a las empresas importadoras de insumos 400 millones (J. León, 2007:7); el Plan Semillas para la recuperación de pequeños productivos invierte entre 25 y 30 millones al año y se realiza un convenio con seis empresas (Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del Monte).

Así, a nombre de los avances constitucionales y de un acuerdo entre el Estado y la empresa privada, el gobierno a través de los programas y proyectos de desarrollo productivo no sólo trasladó recursos estatales hacia las elites y aseguró su ganancia, sino que financia la subordinación campesina entendida como: la conversión del modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la agroindustria indispensable para su incorporación a las cadenas de valor y con esto su dependencia al paquete tecnológico y las redes de mercado controladas por la agroindustria.

4. Concentración de capital y precarización laboral.

Finalmente, el mundo empresarial, con los recursos y complicidad del Estado, se ha instalado en el sentido común como el paradigma de desarrollo y el futuro. El gobierno, a pesar de los avances constitucionales en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, es permisivo con un modelo que no crea mejores condiciones sociales para sus trabajadores, la sociedad o el mismo medio ambiente. El trabajo más reciente de J. Baéz (2017), muestra que los “sectores agrícolas y agroindustriales”, no sólo mantienen el control de las mejores tierras del país y su producción se destina, fundamentalmente, a la exportación (banano, flores, camarones, cacao, café, camarones, pescado, etc.) o la producción industrial de alimentos (leche, maíz duro, palma, etc.) sino que mantienen un control oligopólico del mercado y sus tasas de ganancia son enormes[10] -las 100 “empresas agropecuarias” más grandes del país concentran el 58% del PIB agrícola; al tiempo que no hay un sistema de impuestos sobre la renta de la tierra y sus ganancias extraordinarias. Contradictoriamente y, a pesar de las “ganancias extraordinarias del sector agrícola”, el gobierno ha promovido reformas laborales a favor de las empresas y ha  sido el principal promotor de la formalización de la “flexibilización laboral”[11].

Sintomáticamente, hoy es más común que, en ausencia de los trabajadores, sean los empresarios y el gobierno los que firmen los acuerdos que regulan las relaciones laborales: “Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro de Trabajo, junto a Miguel Bustillo, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Daule, Lorens Olsen, titular de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, y José Gálvez, Viceministro de Trabajo, firmaron (…) un acuerdo que regula las relaciones de trabajo especial en el sector agropecuario, ganadero y agroindustrial”[12]. Mientras que las organizaciones de trabajadores agrícolas denuncian que se mantiene un régimen de precarización laboral –restricciones a la sindicalización, persecución de dirigentes, listas negras, condiciones laborales inadecuadas, trabajo infantil, acoso a las trabajadoras, etc.

Así, aunque el gobierno reconoce que hay una “deuda agraria” con las organizaciones campesinas, el resultado final es su “despojo”. Con esto, no solo nos referimos al proceso de acaparamiento de tierras y privatización del agua, que están muy bien registrados en el Ecuador, sino al vaciamiento de la Soberanía Alimentaria y su sustitución por un modelo que impulsa la conversión de los pequeños campesinos y comunidades indígenas hacia un modelo de “eficiencia” y “rentabilidad” productiva comandado por la agroindustria. Siguiendo los planteamientos de D. Harvey (2005), asistimos a una reforma institucional y normativa que impulsa la penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) que facilitan y actualizan los distintos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, en este caso, de la riqueza producida por los campesinos y la renta de la tierra. No se trata de un esquema puramente económico sino, también, de la subordinación simbólica y cultural.

La línea asumida por el gobierno y la transformación / subordinación de la agricultura familiar no es un “imperativo absoluto”, pero la alianza público – privada marca los límites de cualquier esfuerzo para mejorar la situación y posición de las familias indígenas y campesinas; no es posible que la agroindustria y los agronegocios tengan ganancias extraordinarias sin la complicidad del gobierno. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo –a nombre de los campesinos e indígenas el Estado crea las condiciones para que los pequeños agricultores se incorporen a las cadenas agroindustriales–. La situación actual exige de una sociedad activa y un Pacto Ético por el Campo.