La nueva Política Agropecuaria 2030

La nueva Política Agropecuaria 2030

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Acción Ecológica opina

En el Día de la Tierra, 22 de abril de 2021, el gobierno del Ecuador, con el apoyo de la FAO, lanzó su Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 (1). Esta política forma parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU.

Uno de los fines es incrementar la contribución de la agricultura al PIB, a través del incremento de las exportaciones “sustentables”. Se dice con mucha retórica que para alcanzarlo se promoverá la comercialización “inclusiva”, la transformación “eco-amigable”, la distribución “eco-eficiente”, y un consumo responsable.

El aumento de la producción se lo hará a través de una creciente rentabilidad, la reducción de los costos con tecnificación (es decir, reduciendo el trabajo agrícola) y con el “fomento a la productividad”.

Lo que busca el “fomento de la productividad”, es cómo insertar mejor la producción agrícola del país en el mercado mundial. Gracias a la investigación se aspira alcanzar la transformación tecnológica y la modernización del sector. También se quiere aplicar normas sanitarias y de trazabilidad para “diferenciar la calidad” de los productos y para entender la lógica de las cadenas productivas. Otros elementos de este eje son la transferencia de tecnología y el extensionismo.

Esto se complementa con otro de los ejes, que es el “desarrollo de mercados”, que tiene un frente interno y otro externo. En el frente interno, la política se centra en cómo mejorar el relacionamiento entre los productores con las empresas ancla a las que estarán encadenados (aunque los llaman socios) para que entreguen su producción a la agroindustria con miras a una futura transformación. No se trata de apoyar a la agricultura familiar, campesina y autónoma, puesto que las subordina al agronegocio. En el frente externo se incluye la firma de tratados de libre comercio y crecer y diversificar las exportaciones en productos, destinos y actores.

Con una visión de cadena productiva, promueve el encadenamiento productivo de los pequeños y medianos productores a la agroindustria, pues su objetivo es ver al sector como cadena de valor.

Aunque en toda la política se habla de mitigación del cambio climático y de la sustentabilidad, no se considera que un incremento en la agroindustria y de las exportaciones implica aumentar la contribución de carbono a la atmósfera y por ende a la crisis climática.

El siguiente eje es el “acceso a servicios e infraestructura”, incluyendo servicios financieros y seguro agrícola. Los servicios financieros son “créditos especializados para rubros agropecuarios en función de sus ciclos de producción” y los seguros están vinculados al préstamo. Se plantea también líneas de crédito para la agroindustria, por ejemplo para incrementar la mecanización del campo (y a las importaciones de maquinaria agrícola, lo que favorece a las grandes empresas importadoras que controlan este mercado).

La forma de producción ansiada por esta política tampoco da autonomía a los productores, ya que los ata a servicios fitosanitarios, que es como se denomina al uso de agrotóxicos, e incluiría “el control y asistencia técnica fitozoosanitaria para proteger el territorio nacional”. Se añade la facilitación para la adopción de “buenas prácticas agrícolas y pecuarias”, las que son diseñadas con lógicas empresariales y, por lo mismo, excluyen a la producción campesina y sus conocimientos tradicionales asociados.

El eje sobre “asociatividad y participación”, plantea cómo fortalecer el diálogo entre “actores público – privados” en todos los estamentos del agro, es decir que incluye a la agricultura familiar, los pequeños, medianos y grandes productores junto con los inversionistas, prestadores de servicios, comercializadores, transformadores y actores indirectos públicos. La visión es tener actores organizados en “alianzas en cadenas de valor” y “cooperativismo moderno”, que implica programas de “impulso a asociaciones para que se orienten a las economías de escala”.  Aunque la política dice que uno de los objetivos de estas alianzas es articular a los actores con fines ambientales, sabemos que las economías de escala generan impactos en el ambiente. De hecho, el mismo documento reconoce que el objetivo del cooperativismo moderno “es que se diluyan los costos”.

Este tipo de asociaciones son fortalecidas por el Estado a través de difusión, asistencia técnica, apoyo a la gestión, innovación e investigación, con financiamiento público – privado. La política desconoce la existencia de organizaciones campesinas existentes desde hace decenas de años.

Con el eje “modernización e innovación legal e institucional” se pretende revisar toda la normativa existe, para que esta sirva a los propósitos de estas políticas.

En el eje sobre “políticas de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático”, se propone el establecimiento de plantaciones forestales y un programa de agrocombustibles. En el primer caso, están muy bien documentados los graves impactos de las plantaciones forestales en el ambiente, en el clima, en la salud y en el tejido social. Se ha demostrado sobremanera que las plantaciones forestales no colaboran a mitigar el cambio climático, puesto que se usan para emitir certificados de compensación de carbono los cuales son permisos para contaminar en otro lugar. En el caso de los agrocombustibles, se habla de “biocombustibles de cuarta generación”, que son aquellos producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas, las cuales emplean dióxido de carbono (CO2) o alguna otra fuente de carbono para la obtención de combustibles. Recodemos que los organismos transgénicos están prohibidos por nuestra Constitución.

Aunque la Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 incluye repetidamente temas como la sustentabilidad ambiental, la inclusión de género e intergeneracional o enfrentar el cambio climático, está claro que lo que se promueve son políticas anti campesinas, una alta contribución al calentamiento global, más degradación ambiental y que, en última instancia, solo fortalecerá al agronegocio.

ACCIÓN ECOLÓGICA

2 de mayo de 2021

Más información: ebravo@rallt.org

REFERENCIA:

(1)  Política de  Estado para el  Sector Agropecuario Ecuatoriano2020-2030. Decreto Ejecutivo 1293. Suplemento al Registro Oficial No. 438.  23 de abril de 2021. Pág. 32 http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiNDE0ZjU3MGEtMzkzNi00ZGM1LThjNjUtYzRjNTNhZmQ3NGM0LnBkZiJ9

Informe de diagnóstico de mujeres rurales y violencia provocado por el confinamiento de Covid-19 en Esmeraldas

Informe de diagnóstico de mujeres rurales y violencia provocado por el confinamiento de Covid-19 en Esmeraldas

Se presenta este diagnóstico elaborado por Paz y Desarrollo (2019) y financiado por la Diputación de Málaga

«Si hablamos de vulnerabilidad económica, el 83% de las mujeres dejaron de recibir ingresos económicos durante el confinamiento de 2020. La mayoría de las mujeres trabajaban en el sector de servicios, y fue el más afectado por la emergencia de la Covid-19. Esta situación hunde a las mujeres en la pobreza y aumenta su dependencia económica, un entorno propicio para la violencia de género»

Lee aquí.-

INFORME-DIAGNOSTICO

Día Internacional de las Luchas Campesinas

Día Internacional de las Luchas Campesinas

19 de abril de 2021. Boletín Especial

Día Internacional de las Luchas Campesinas

Este 17 de abril de 2021, integrantxs del Instituto de Estudios Ecuatorianos se pronuncian por el Día Internacional de las Luchas Campesinas y nos cuentan ¿qué significan las luchas campesinas para nosotrxs?

 

 

 

Alejandra Santillana
«Son los caminos a veces adversos y cuesta arriba, de quienes deciden hacer de lo campesino una esperanza para transformar el mundo y alcanzar vidas dignas» 
David Singaña
«Las luchas campesinas son la resistencia a las reglas que nos impone el mundo, y son la luz que nos guía a la rebeldía»
Tamara Artacker
«Las luchas campesinas son luchas por la vida, por un mundo más justo y armonioso, que se dan tanto en resistencias cotidianas como en transformaciones colectivas. Para mí, las luchas campesinas significan esperanza, memoria y fortaleza para construir la soberanía alimentaria de los pueblos»
Kata Herrera
«Son todas las resistencias que posibilitan pensar y construir el mundo en el que queremos vivir»
Valeria Recalde
«Para mi, las luchas campesinas son la mayor fuerza que nos permite transmutar la injusticia, el dolor, el despojo y aquellas relaciones destructivas entre seres humans y hacia la naturaleza para volver a plantearnos una nueva forma de vivir desde el respeto, el cuidado y la horizontalidad »
Andrea Tamayo
«Para mi significa revalorizar los alimentos que consumo a diario y todo el trabajo que hay detrás de ellos. Si lxs campesinxs no producen, las ciudades no comen»

 

Stalin  Herrera
«El 17 de abril es un acto de memoria y reconocimiento de las luchas indígenas campesinas por su derecho a existir como campesinos. Un reconocimiento a su lucha generosa en la producción de alimentos, su laboriosa inteligencia en la conservación y multiplicación de semillas, a su compromiso con la protección de la naturaleza» 
Belén Valencia
«Las luchas campesinas, las luchas por la vida. Sin tierra, sin agua, sin los cuerpos que cuidan y trabajan la vida no sería posible»

 

Esteban  Daza
«Representan un camino, que a pesar de lo inhóspito que resulta su tránsito, siempre viene iluminado por la esperanza de la transformación…de que algo cambia, de que las cosas pueden cambiar. Las luchas campesinas son para muchos, el sentido de la existencia de la vida en el campo, ¿nos gustaría que fuera diferente?…sí, pero, para que eso suceda hay que caminarlo.» 

 

 

RECHAZO LEY AGROPECUARIA 
Carta abierta a lxs señorxs de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria
LUCHA POR LA TIERRA 
ASOMAC, a cuatro años del desalojo. Acceso a la Tierra y la Situación del Derecho Humano a la Alimentación
ESCUELA CAMPESINAS
Termina el ciclo de formación en agroecología de la Red de Escuelas de la Sierra Centro «Ayllukunapak Yachay» 
MUJERES RURALES 8M 
Las mujeres del campo somos las que más trabajo aportamos al mundo

 

 

 

EL COMERCIO  – diciembre 2020
Un año después de la denuncia, trabajadores y extrabajdores de Furukawa rindieron sus testimonios
LA REPÚBLICA  – febrero 2021
Iza, sobre Yaku: «La fuerza de octubre se impuso en las urnas»
PRIMICIAS – febrero 2021
En Cuenca, el 80,9% apoya cese de actividad minera, según CNE
VIA CAMPESINA – abril 2021
Soberanía Alimentaria y Solidaridad: Un Momento histórico para avanzar en nuestras luchas campesinas – #17Abril2021

Nuestra dirección:
San Ignacio 134 y 6 de Diciembre, Quito
(593 2) 2904 098

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Hacia una Agenda Agraria de Programas y Políticas ¿qué políticas exigen las organizaciones del campo?

Hacia una Agenda Agraria de Programas y Políticas ¿qué políticas exigen las organizaciones del campo?

“La Soberanía Alimentaria no es viable con las reglas del sistema actual, la agricultura familiar no va a lograr desarrollar sus capacidades de resiliencia al cambio climático, de capacidad productiva, de vida a nivel cultural, sino cambiamos las reglas del juego en la economía y sociedad… ” 

Fernando Rosero, Comité AFC

Recogemos algunos los programas y políticas públicas que, las organizaciones sociales exigen al Estado. Se realiza el resumen está realizado en base a la Cartilla «Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria» donde se podrá encontrar los programas y políticas públicas en torno a: institucionalidad y autodeterminación, redistribución de la tierra, acceso a recursos hídricos, derecho a las semillas, comercialización campesina, justifica de género y generacional, modelo productivo, derechos de la naturaleza y otros ejes.

Institucionalidad y Autodeterminación

Autodeterminación

  • Reconocimiento y apoyo a las diversas formas de organización de la producción agropecuaria, pesquera y recolectora, OTB: familiares, asociativas, cooperativas, autónomas y mixtas, artesanales, comunitarias, en las que su práctica integre los conocimientos ancestrales además de los saberes actuales.
  • Respeto a las formas de administración de las organizaciones indígenas y campesinas, de pueblos y nacionalidades, establecidas en su ejercicio de autodeterminación y autonomía.
  • Reconocimiento y apoyo a las organizaciones y sistemas comunitarios de agua de riego y para consumo humano, fortaleciéndolas como alianzas público – comunitarias, respetando su autonomía, jurisdicción, saberes ancestrales y sus capacidades administrativas.
  • Fortalecimiento de los conocimientos de los dirigentes comunitarios para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de los planes de uso y gestión del suelo, con prioridad en el Cuidado de páramos, zonas de recarga hídrica y recursos hídricos, recuperación de suelos y conservación de la agrobiodiversidad.
  • Respeto, valoración y reconocimiento práctico de las autoridades comunitarias o territoriales
  • Fortalecimiento de la Interculturalidad en salud y educación (FENOCIN).
Institucionales

  • Creación del “Ministerio de Soberanía Alimentaria” el cual se encargue de implementar un sistema agroalimentario sustentable y justo, que priorice las inversiones y actividades con las AFC, comercialización solidaria, transformación de alimentos y consumo responsable, con énfasis en la descentralización de competencias a los GADs de los diferentes niveles de gobierno garantizando la toma de decisiones oportunas y de cercanía.
  • Reestructuración integral del Ministerio de Agricultura y Ganadería para apoyar a la agricultura familiar campesina (AFC) en riego, asistencia técnica, innovación y asociatividad, tierras, comercialización campesina, asistencia financiera, etc.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs)

  • Fortalecer la descentralización del Estado como una forma de construcción de los territorios dentro de los cuales se desarrolla la AFC, mediante una nueva definición de competencias, funciones y asignación del presupuesto correspondiente a los GADs provinciales, cantonales y parroquiales rurales para que, partiendo de las necesidades de las organizaciones indígenas y campesinas y colectivos sociales fomenten la Soberanía Alimentaria y la AFC.
  • Formulación e implementación participativa de Ordenanzas Territoriales con énfasis en la Soberanía Alimentaria, Agroecología y AFC.
  • Instauración de mecanismos participativos para la evaluación periódica de la ejecución de las Ordenanzas Territoriales.
Políticas públicas

  • Formulación y ejecución participativa del Plan Nacional Descentralizado 2021-2030 que incluya inversiones en la AFC de no menos del 0,5% del PIB anual.
  • Creación de un sistema de información agropecuaria de permanente actualización que incluya riesgos climáticos y mercados, con el objetivo informar para la toma de decisiones.

Redistribución Equitativa de la Tierra

Autodeterminación e Institucionalidad 

  • Reconocimiento y legalización de territorios ancestrales y tierras comunales con respeto a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio.
  • Cumplimiento del mandato constitucional del Fondo Nacional de Tierras con asignaciones anuales no menores al 0,5% del Presupuesto General del Estado para ejecutar políticas reales de redistribución de tierras, focalizados a indígenas y campesinos, mujeres y jóvenes sin o con poca tierra.
  • Fortalecimiento de una Subsecretaría de Tierras y Territorios con responsabilidad para diseñar y ejecutar políticas y mecanismos de control del latifundio y el acaparamiento de tierras, vigilar el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, regular su protección y uso, el reparto de la renta agropecuaria y ejecutar un plan eficaz de redistribución de la tierra.
Tierra y Territorios de OTB, pueblos, nacionalidades indígenas, montubio y afroecuatoriano

  • Mejora de procesos de consulta previa, pre-legislativa y ambiental orientados a proteger el patrimonio tangible e intangible, de los pueblos y nacionalidades.
  • Articular los diferentes planes de vida de los pueblos y nacionalidades con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
  • Implementar y fortalecer mecanismos de democracia comunitaria de los pueblos y nacionalidades en los territorios.
  • Continuar y profundizar la titulación d los territorios colectivos ancestrales de los pueblos y nacionalidades.
Políticas, programas y proyectos

  • Reestructuración de las deudas de indígenas, afro-ecuatorianos, montubios y campesinos afectados por la política de acceso a la tierra: condonación de intereses y deuda total en casos extremos, ampliación de plazos de pagos y suspensión de juicios de embargo.
  • Emisión de políticas públicas dirigidas al control del latifundio y acaparamiento de tierra.
  • Formulación e implementación de un Programa Nacional de Redistribución de Tierra con enfoque de género e intergeneracional, con prioridad en el acceso y titulación a mujeres rurales.
  • Activación de Fondo de Garantía para respaldar acciones de crédito para comunas y comunidades con propiedad colectiva.
  • Programa participativo para definición de límites de tenencia y propiedad individual o asociativa de la tierra según las características de cada región o territorio, priorizando la tierra destinada a la Soberanía Alimentaria.

Acceso a los Recursos Hídricos

Institucionalidad y autodeterminación

  • Recuperar la SENAGUA como institución autónoma especializada en la planificación y ejecución de la política pública de los Recursos Hídricos.
  • Fortalecer el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los Consejos de Cuencas y Sub cuencas Hidrográficas con énfasis en gestión participativa.
  • Descentralización de la institucionalidad del agua hacia los GADs, según las competencias definidas para incrementar las inversiones a través de normas técnicas y mecanismos para rehabilitación, operación y mantenimiento de canales y sistemas comunitarios de riego y de dotación de agua para consumo humano.
  • Fortalecer las alianzas público-comunitarias desde los GADs, garantizando que toda la institucionalidad deberá ser objeto de evaluación y control social de las organizaciones relacionadas.
  • Respeto a la autonomía de las formas asociativas y comunitarias (juntas de regantes y comités de agua de consumo humano) de administración territorial de los Recursos Hídricos.
Políticas, programas y proyectos

  • Establecimiento participativo de políticas de riego vinculadas a una política agraria integral, con participación comunitaria y cuya gestión económica se desarrolle a través de las estructuras administrativas de las Juntas de Riego.
  • Formulación y ejecución de programas y proyectos de riego con participación comunitaria, financiamiento permanente y promoción de producción libre de agroquímicos para garantizar la no contaminación de ríos y fuentes.
  • Formulación y ejecución de programas y proyectos comunitarios de dotación de agua para consumo humano con participación comunitaria y cofinanciamiento del Estado.
  • Diseño e implementación de un plan nacional de manejo de cuencas hidrográficas para potenciar el manejo sustentable del suelo (FENOCIN).

Derecho a las Semillas

Institucionalidad y autodeterminación

  • Instituciones públicas que garanticen los derechos de las organizaciones indígenas y campesinas, comunas, pueblos indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y, nacionalidades, en defensa de las semillas propias y ancestrales.
  • Institucionalidad que formule y establezca mecanismos eficientes que eliminen la biopiratería.
Políticas, programas y proyectos 

  • Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales de control para prevenir la biopiratería y prohibir la entrada, importación, distribución y venta ilegal de semillas transgénicas.
  • Formulación y ejecución de programas de recuperación y producción familiar y comunitaria de semillas, e intercambios con organizaciones a nivel nacional.
  • Promoción e implementación de bancos de semillas que garanticen la calidad y diversidad de semillas en comunidades, comunas, asociaciones, cooperativas, etc., con participación de mujeres guardianas de semillas y jóvenes.
Hacia una Agenda Agraria Legislativa ¿qué cambios normativos proponen las organizaciones del campo?

Hacia una Agenda Agraria Legislativa ¿qué cambios normativos proponen las organizaciones del campo?

“No han existido políticas de Estado, ni leyes sobre cómo ayudar a los pequeños agricultores. Esto ha llevado a grandes migraciones. Las leyes solo favorecen a los grandes agro-productores y exportadores” 

Carlos Sucusañai ECUARUNARI, 2020

Para construir una agenda agraria, es importante responder la pregunta ¿Qué leyes, normativas e instituciones existen en torno a la Soberanía Alimentaria?

El Ecuador se dice tener una Constitución (2008) garantista de derechos y de las más progresistas en Latinoamérica y el mundo. Aunque no incorporó todas las demandas indígenas y campesinas (Herrera y Luna, 2019), consagra derechos fundamentales para la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la Soberanía Alimentaria y, para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural que respete los derechos de los pueblos y nacionalidades, derechos de la naturaleza y otros derechos humanos como el derecho a la alimentación y el derecho al agua. El marco constitucional además establece lineamientos para la creación de leyes a favor de la Soberanía Alimentaria.

En 2009-2010 se aprueba la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA). Esta ley establece la creación de un órgano de participación ciudadana—la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) y de varias leyes destinadas para alcanzar el mandato de la Soberanía Alimentaria (Ley Tierras, Recursos Hídricos, Semillas etc.). La Constitución también prepara los cimientos para construir una autonomía territorial (relativa) al establecer competencias para los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). Para esto se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en 2010.

A pesar de contar con un marco normativo aparentemente favorable, la realidad agraria en el Ecuador no ha cambiado su modelo basado en estructuras coloniales, latifundistas, rentistas, capitalistas y patriarcales y, en su lugar, según Daza (2019) el efecto que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana después de la aprobación de la Constitución y ciertas leyes fue la burocratización de la Soberanía Alimentaria y la institucionalización de la lucha social, lo que debilitó la propuesta campesina.

Dado el contexto normativo actual, las organizaciones que buscan construir la Soberanía Alimentaria plantean algunas reformas, derogatorias y creación de nueva legislación para lograr cambios estructurales en el sistema agroalimentario. Para eso, proponen una Agenda Legislativa que permita actuar en base a la Constitución y también, se proponen la creación de normativa a nivel local, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Adelante, presentamos varios puntos para una agenda legislativa para la Soberanía Alimentaria:

Autonomía

  1. Reforma a la Ley de participación ciudadana y control social: garantizar la autonomía y determinación, evite la cooptación del Estado y fomente el fortalecimiento de las organizaciones territoriales de base y gobiernos comunitarios.
  2. Reformas a la Ley de Planificación y Finanzas Públicas y Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: como base para planes de ordenamiento territorial, creación de una normativa que obligue a realizar procesos de participación ciudadana para la planificación del agro desde los intereses y realidades territoriales.

Tierra y Territorio

  1. Derogatoria o reforma de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales: garantizar el reconocimiento, legalización, titularización y catastro de territorios ancestrales y tierras comunales, establecer límites de tenencia de tierra e instaurar mandato constitucional de creación de Fondo de Tierras y Fondo de Garantía Crediticia.
  1. Reformas a la Ley de Comunas: para incorporar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución.

Agua

  1. Reforma a la Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua: fortaleciendo los mecanismos descentralizados de respeto a la corresponsabilidad institucional, social y comunitaria para la gestión de las cuencas hidrográficas, recursos hídricos, la organización comunitaria, los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y, nacionalidades y las responsabilidades de la Autoridad Única del Agua y de las entidades de control.

Semillas

  1. Reforma a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable: normativa que garantice la defensa de los saberes ancestrales, recuperación, uso y libre intercambio de semillas ancestrales, prohíba biopiratería, apropiación de patentes y de semillas transgénicas. Enfatizar en la normativa que en el país queda explícitamente prohibido la apropiación de los conocimientos tradicionales (ciencias, tecnologías, saberes); de los recursos genéticos que provienen de la diversidad biológica y agrobiodiversidad; y, la propiedad intelectual proveniente de investigaciones sobre ecosistemas tradicionales. Ratificar al Ecuador como un país libre de semillas y cultivos transgénicos que prohíbe la Importación y distribución de semillas transgénicas.

Género y Mujeres Rurales

  1. Reformas a Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Salud, Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias, Ley de Seguridad Social y Código del Trabajo: para lograr las demandas en torno a la equidad de género delineadas en el sexto eje de esta cartilla.

Comercialización

  1. Derogatoria de los Acuerdos Comerciales, Reforma a la LORSA y a Ley de Compras Públicas: para limitar políticas estatales de importación agropecuaria, fortalecer el Sistema Nacional de Comercialización y establecer mecanismos de control de mercado y precios, normativa que flexibilice compras públicas a la AFC, políticas fiscales, tributarias y arancelarias en beneficio de la AFC.
  1. Fortalecimiento de normativas para el funcionamiento de Comités Consultivos por rubro productivo para definir mecanismos adecuados a los precios mínimos de sustentación.
  2. Reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria: para incluir la obligatoriedad de compra pública de al menos el 30% a pequeños productores (FENOCIN).
  3. Modelo agrario: se proponen resistir a los proyectos de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario y el proyecto de Código Orgánico Agropecuario que han sido elaborados sin participación de las agricultores y agricultoras, y en su lugar impulsan debates amplios para crear una Ley que fortalezca a la Soberanía Alimentaria.

Agricultura Familiar Campesina (AFC)

  1. Creación de normativa nacional para potenciar la AFC: evitar la especulación, monopolios, usura, acaparamiento y contrabando de productos. Que promueva la creación y funcionamiento de redes de comercio justo y solidario.
  1. Debate para la formulación y aprobación del Código Integral de la Producción Agropecuaria con enfoque campesino y justicia de genero e intergeneracional, como base jurídica, para lograr el desarrollo del sector productor agropecuario con énfasis en los pequeños productores/as.
  1. Mecanismos normativos para el cumplimiento de la LORSA: para fortalecer la producción agroecológica y pecuaria familiar, comunitaria y de pequeñas y medianas empresas
  2. Mecanismos financieros: fortalecer banca pública, cooperativas, y banca comunitaria para garantizar acceso a servicios financieros de apoyo a pequeños y medianos productores con control a tasas de interés y utilidades de la banca privada.

Derechos de la Naturaleza

  1. Reforma a Ley de gestión ambiental y COOTAD para la protección del Suelo: garantizar mecanismos de conservación y recuperación de los suelos con incentivos al Cuidado comunitario de los páramos y posibilitar el control social y participación comunitaria. Fortalecimiento y aplicación del marco normativo nacional dirigido a la protección y uso sustentable del suelo que prevenga su degradación provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.
  2. Ley de Gestión Ambiental: garantizar derechos de la naturaleza a partir de saberes ancestrales, producción de biodiversidad, ecosistemas, mecanismos eficientes de prevención, control, mitigación y restitución de derechos por daños ambientales

Este resumen está realizado en base a la Cartilla «Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria»

El IEE y el OCARU se pronuncian por el 17 abril Día de las Luchas Campesinas

El IEE y el OCARU se pronuncian por el 17 abril Día de las Luchas Campesinas

Este 17 de abril de 2021, integrantxs del Instituto de Estudios Ecuatorianos se pronuncian por el Día Internacional de las Luchas Campesinas y nos cuentan ¿qué significan las luchas campesinas para nosotros?

«Las luchas campesinas son la resistencia a las reglas que nos impone el mundo, y son la luz que nos guía a la rebeldía» David Singaña

«Para mí, las luchas campesinas son la mayor fuerza que nos permite transmutar la injusticia, el dolor, el despojo y aquellas relaciones destructivas entre seres humanos y hacia la naturaleza,  para volver a plantearnos una nueva forma de vivir desde el respeto, el cuidado y la horizontalidad» Valeria Recalde

«Son todas las resistencias que posibilitan pensar y construir el mundo en el que queremos vivir» Kata Herrera

«Son los caminos, a veces adversos y cuesta arriba, de quienes deciden hacer de lo campesino una esperanza para transformar el mundo y alcanzar vidas dignas» Alejandra Santillana

«Las luchas campesinas, las luchas por la vida. Sin tierra, sin agua, sin los cuerpos que cuidan y trabajan la vida no sería posible» – Belén Valencia

«Para mi significa revalorizar los alimentos que consumo a diario y todo el trabajo que hay detrás de ellos. Si lxs campesinxs no producen, las ciudades no comen.» Andrea Tamayo

«Las luchas campesinas son luchas por la vida, por un mundo más justo y armonioso, que se dan tanto en resistencias cotidianas como en transformaciones colectivas. Para mí, las luchas campesinas significan esperanza, memoria y fortaleza para construir la soberanía alimentaria de los pueblos» Tamara Artacker

«El 17 de abril es un acto de memoria y reconocimiento de las luchas indígenas campesinas por su derecho a existir como campesinos. Un reconocimiento a su lucha generosa en la producción de alimentos, su laboriosa inteligencia en la conservación y multiplicación de semillas, a su compromiso con la protección de la naturaleza» Stalin Herrera

«Representan un camino, que a pesar de lo inhóspito que resulta su tránsito, siempre viene iluminado por la esperanza de la transformación…de que algo cambia, de que las cosas pueden cambiar. Las luchas campesinas son para muchos, el sentido de la existencia de la vida en el campo, ¿nos gustaría que fuera diferente?…sí, pero, para que eso suceda hay que caminarlo»Esteban Daza

Carta abierta a los señores y señoras de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria

Carta abierta a los señores y señoras de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria

Colectivos, organizaciones territoriales, no gubernamentales, pequeños productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y de la agricultura familiar campesina, organizaciones regantes y otros gremios del campo presentan una carta abierta a los y las integrantes salientes de la Asamblea Nacional mostrando su rechazo hacia el proyecto de ‘’Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario’’, frente a la amenaza de que se dará paso a la votación del pleno.

Las organizaciones argumentan un sentido de exclusión e indignación ya que esta, como otras legislaciones que son contrarias al desarrollo campesino y Buen Vivir de las comunidades rurales. Además, afirman que el proyecto de ley «disfraza el desarrollo sustentable para imponer biopolíticas de subordinación laboral rural, de artificialización de los territorios por medio de encadenamientos asimétricos y reconvesiones productivas».

Lee la carta aquí.-

1Carta Abierta - Asamblea Proyecto de Ley Desarrollo Sustentable Sector Agropecuario

Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria

Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria

Presentamos la cartilla «Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria», documento que recoge distintas agendas agrarias de los pueblos, nacionalidades, organizaciones y colectivos sociales en los últimos años (2016-2020) y las analiza para construir un Programa Nacional Agroalimentario para los Pueblos.

Un Programa Nacional Agroalimentario se entiende como el resultado de un diálogo entre organizaciones que logran construir agendas consensuadas a pesar de sus distintas características y prioridades. Es, además, un ejercicio de diálogo y exigibilidad frente al Esado, que, al declararse plurinacional tiene el mandato de incluir otras formas de pensar para la construción de un sistema agroalimentario que respete los derechos de los y las campesinas y la naturaleza.

Finalmente, la cartilla se ofrece como insumo para contribuir a que las organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria sostengan el debate y continúen actualizando y articulando sus demandas para plantear exigencias permanentemente frente a los gobiernos que vengan en los siguientes años.

AGENDAS AGRARIAS -color portada

La cartilla fue realizada por Valeria Recalde comunicadora del OCARU, la sistematización general por José María Egas, revisión Esteban Daza, José Carvajal y Fernando Rosero, diseño y diagramación Katherine Herrera; en coordinación con el Instituto de Estudios Ecuatorianos, en colaboración de la Conferencia Plurinacional e Interecultural de Soberanía Alimentaria, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, el Comité Nacional de la Agricultura Familiar Campesina del Ecuador y Unión Tierra y Vida (CEDOCUT).

Termina el ciclo de formación en agroecología de la Red de Escuelas de la Sierra Centro “Ayllukunapak Yachay”

Termina el ciclo de formación en agroecología de la Red de Escuelas de la Sierra Centro “Ayllukunapak Yachay”

En la ciudad de Riobamba, el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo se realizó el cierre de un largo proceso de formación para la red de escuelas políticas agroecológicas “Ayllukunapak Yachay” de la sierra centro: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolivar. El ciclo de formación sobre agroecología y política fue realizado con el apoyo del Instituto de Estudios Ecuatorianos y financiamiento de SWISSAID Ecuador. El proceso inició en enero de 2020, e incorporó pedagogías populares y críticas campesinas como herramienta para pensar los futuros de lxs participantxs. El primer taller se dio en Cotopaxi abordando el tema “¿por qué la agroecología es política?” mientras que el segundo taller fue en Tungurahua sobre “agricultura familiar campesina y soberanía alimentaria”. Al llegar la pandemia, fue necesario adaptar la ubicación y frecuencia de los talleres, y también se ajustaron las metodologías, lo cual hizo posible continuar. Los talleres se realizaron una vez al mes en cada una de las provincias: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Guaranda. Las escuelas sostuvieron dos procesos principales: primero, trabajar los nuevos problemas que enfrentan los indígenas y campesinos, para lo cual se elaboraron ocho cartillas que fueron presentadas a lxs participantxs con el objeto de que politicen su experiencia en el campo desde sus mismos conocimientos y experiencias, construyendo conocimiento colectivo. Las temáticas que se trataron fueron las siguientes:

  1. Agroecología Política
  2. Agricultura Familiar Campesina y Soberanía Alimentaria
  3. Relaciones de Género en el Campo y Economía del Cuidado
  4. Ecología Política
  5. Sistemas Agroalimentarios
  6. Políticas Públicas y Políticas Agrarias
  7. Derechos Campesinos
  8. Proyecto Campesino

El segundo proceso fue generar las capacidades para que lxs participantxs puedan volverse formadores a futuro. El debate, se trasladó de una discusión en torno a la transición agroecológica de las fincas a una discusión sobre cómo poder armar escuelas después de que se termine el proceso, de modo que quienes estaban siendo formados sean los nuevos formadores. Para esto, fue necesario mirar la agroecología como una acción política. Los talleres contaban con una parte vivencial o práctica en las fincas de lxs participantxs, que tenía como objeto hacer de las fincas su escuela dónde ellxs podrán dar clases. En este sentido, la educación popular no solo es una postura política sino una posición de cómo descolonizar y construir conocimiento colectivo, donde todas y todos pueden aprender. Los talleres se pensaron como un proceso pedagógico que se pudiera mantener durante la pandemia, y efectivamente, a pesar de la situación de crisis mundial se sostuvo el espacio garantizando los cuidados necesarios.

“Aprendimos a trabajar, compartir, enseñar saberes y aprender de las diferentes provincias, la comunicación de nuestro idioma, la independencia de las mujeres frente a los agroquímicos y empresas. Ahora ya tenemos nuestros propios productos, también de la medicina ya no depender de las farmacias sino con nuestras plantas nativas hemos estado curando, sanando. Me gustaría que muchos asuman a esta escuela, que los jóvenes apoyen para vivir una vida digna, sana y libre” Flor Collaguazo Achuppallas Chimborazo

El ciclo de aprendizaje terminó y se plantearon tres momentos principales para los tres días de cierre. Se inició con una mística, creando una espiral para que lxs compañerxs puedan compartir sus semillas, saberes, sus fincas, productos y otros materiales significativos, así como sus historias en torno al proceso de formación. También hubo un intercambio de fotografías de los distintos talleres donde lxs participantxs pudieron reconocerse y recordar su trayectoria de formación.

Otro ejercicio importante fue el crear de manera conjunta a través del diálogo y consenso un nombre común para la red de escuelas. Finalmente se aterrizó en el nombre “Ayllukunapak Yachay” o “Saberes Campesinos: por una agroecología libre, subversiva, rebelde y antipatriarcal”. También se pensó y creó de manera conjunta una bandera que incorporó elementos fundamentales de la identidad de cada territorio. Por ejemplo, las compañeras apicultoras de Guaranda incluyeron su símbolo que es la abeja, las compañeras de Chimborazo la piedra para moler, otros compañeros dibujaron la Pachamama, el sol y la Chakana.

“Considero que el aprendizaje fue mutuo, yo aprendí de las indignaciones y rabias de las compañeras y compañeros, de las injusticias que ellos mencionaban vivir y a partir de esos insumos, sentires y pensares construimos reflexiones políticas y teoría en conjunto” Andrea Tamayo educadora popular del Instituto de Estudios Ecuatorianos.

También se contó con la presencia de invitadxs especiales de otras redes de escuelas agroecológicas de la costa: la escuela de formación política y agroecológica “La Troja Manaba” y “Machete y Garabato” de Los Ríos. Ellxs trajeron consigo sus experiencias de formación en sus propias escuelas y procesos para compartir con las escuelas de la sierra e intercambiar semillas y otros productos. El segundo día, se desarrolló la parte teórica del taller de cierre, donde reflexionamos sobre el momento en que se encuentran las luchas indígenas y campesinas, así como el lugar que ocupa la agroecología en el proyecto de cambio para los pueblos indígenas y camespinxs. Se inició con una actividad donde varios grupos rotaron por diferentes períodos como la lucha por la reforma agraria, el neoliberalismo y la década de la revolución ciudadana para intercambiar ideas sobre los desafíos y las luchas campesinas de cada época. Con esos insumos, se construyó una línea del tiempo sobre las estructuras que mantenían los grupos de poder y las demandas o agendas campesinas e indígenas y se reflexionó sobre qué tipo de proyecto tenemos ahora y queremos construir a futuro.

“Mi escuelita se llama el colibrí rebelde. Quiero seguir alimentándome más de conocimientos con las nuevas escuelas y ahora que nos han agrupado, para mi es una alegría y satisfacción tener a todos los compañeros de diferentes provincias juntos y seguir reforzando mis conocimientos” –Anita Quille Tungurahua

Finalmente, el tercer día se trabajaron los compromisos. Se inició la jornada con la presentación de los estantes cada escuela, con sus maquetas, diagramas, productos, semillas, decoraciones y con una explicación sobre cómo van a arrancar y sostener nuevos procesos de formación campesinx a campesinx. Cada grupo respondió a la pregunta ¿cómo van a funcionar sus escuelas? De este modo, se plantearon compromisos y acciones prácticas para la transformación a largo plazo. Al finalizar estos diálogos se entregaron certificados de participación y cartillas para todxs lxs participantes y se cerró la jornada con la consigna de las escuelas: ¡Por una agroecología Libre, Rebelde, Subversiva y Antipatriarcal!

 

 

Elecciones 2021: ¿Recetas distintas y proyectos similares para el agro?

Elecciones 2021: ¿Recetas distintas y proyectos similares para el agro?

LA LINEA DE FUEGO
Por Valeria Recalde *

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales llega a un poco más de un año de la pandemia, por un lado, imponiendo grandes desafíos con los cambios en la institucionalidad que se avecinan y para la sociedad civil organizada que deberá articular nuevas estrategias. Por otro lado, las elecciones también llegan generando incertidumbre y expectativa para los sectores campesinos, que, si bien siempre han reclamado para que los gobiernos paguen la deuda histórica con el campo y la soberanía alimentaria, en estos momentos necesitan de política inmediata para salir de la crisis profundizada por la covid-19.

La pandemia demostró que la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) alimenta al país, sin embargo, nunca ha existido política diferenciada a favor de ésta. De hecho, el poco presupuesto agrícola se ha destinado en su mayoría para la agroindustria y las élites agroalimentarias, que son de los pocos sectores privilegiados que crecieron durante la pandemia incrementando sus ventas en 12% comparado con 2019 (CAMAE, 2021). La pandemia también nos ha demostrado que estamos viviendo una crisis de los cuidados en el campo: las mujeres rurales son quienes cuidan de los suelos, animales, páramos, semillas, biodiversidad, producen alimentos, realizan labores del hogar, han cuidado de los enfermos, se han encargado de la educación en casa y además han desplegado varias estrategias para mantener las economías familiares a flote. Ellas tienen la carga laboral no remunerada más alta en el país.

Desde este contexto, interpelamos a los planes para la ruralidad de los dos candidatos. Las organizaciones del campo necesitan a corto plazo:  un plan de vacunación para el campo, acceso a crédito blando para la reactivación de las economías y a mediano y largo plazo política diferenciada para la AFCI que fortalezca sus canales de comercialización, la redistribución de los trabajos de cuidado y la redistribución equitativa de recursos productivos como la tierra y el agua (Daza 2021). Los y las campesinas además manifestaron con claridad que el encadenamiento productivo de la AFCI al complejo de producción agroindustrial no es una vía de desarrollo, con el rotundo rechazo al proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario por parte de organizaciones campesinas, indígenas, gremios y otros sectores sociales (Carta Abierta, 2021).

El programa para la ruralidad que necesita el país es aquella propuesta que transforme el régimen agroalimentario desde la soberanía alimentaria, que logre redistribuir los recursos productivos, que sea justo con quienes sostienen el cuidado, quienes producen y consumen alimentos, que construya modelos productivos que cuidan de la naturaleza como la agroecología, priorice el derecho a la alimentación y nutrición adecuada por sobre la agroexportación; un régimen agroalimentario donde los y las campesinas puedan participar en la creación y ejecución de políticas públicas que les afectan. Tras el cierre de una tercera vía que planteaba Yaku Pérez, en esta segunda vuelta electoral nos enfrentamos cara a cara con la recurrente polarización Estado-mercado que reproducen los candidatos Arauz desde el autodenominado progresismo y Lasso desde la derecha neoliberal.

Parto desde las expectativas más generales que se han colocado sobre los dos candidatos. Por un lado, Andrés Arauz como representante de la “izquierda”, a nivel internacional se percibe como el único capaz de ofrecer un camino transformador, “procediendo de la creencia de un futuro poscapitalista y una sociedad alternativa […] orientada a satisfacer las necesidades reales de las poblaciones […]” (Sousa Santos, 2021). Sin embargo, los movimientos sociales en el país advierten el regreso de la expansión de un Estado autoritario financiado a través de la acumulación capitalista (neoextractivismo) con fines a menudo redistributivos. Por otro lado, Lasso, representante natural de las élites financieras del país genera expectativas igualmente de acumulación capitalista a través de la privatización, poca interferencia del Estado, precarización laboral en función de la competitividad y recetas de mercado para la reducción de la pobreza.

No obstante, haciendo un balance general, los dos candidatos tienen propuestas muy similares, aunque con pequeñas variaciones, en torno a servicios para mejorar la calidad de vida en las áreas rurales: centros de salud rural, internet para el campo, atención a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), inversión en vialidad en coordinación con los GAD, asociatividad y cooperativismo, acceso a riego tecnificado, énfasis en el sector ganadero y acceso a crédito. Sin duda, ningún candidato ofrece una propuesta estructurada en torno a la soberanía alimentaria. Por un lado, Lasso hace omisión absoluta las discusiones en torno a ella; y, por otro lado, Arauz al igual que su predecesor, interpreta la soberanía alimentaria como abastecimiento interno desde la industria nacional de alimentos sin importar su modelo de producción, origen y calidad: “la soberanía alimentaria debe ser elevada a un rango de objetivo estratégico de seguridad nacional. No podemos arriesgar que falten alimentos en el Ecuador”. Esto invoca la visión nacionalista y de modernización capitalista que favorece los grandes encadenamientos industriales de maíz, arroz, etc.

Adicionalmente, los dos candidatos han demostrado intenciones prematuras de congeniar con el sector del agronegocio. Por ejemplo, a una semana de las elecciones, Arauz firma un acuerdo de reactivación del agro con el proyecto “Arar” liderado por empresarios y gremios productivos (El Universo, 2021). Recordemos también el estrecho vínculo entre la Revolución Ciudadana con las élites agroalimentarias del país como Agripac, PRONACA, La Favorita para mencionar unas pocas (Macaroff et al, 2019). La candidatura de Lasso, en cambio está sustentada también por grupos económicos financieros, agroindustriales y exportadores. Queda claro que los dos candidatos definitivamente promoverán el modelo del agronegocio, sin embargo, desde distintas posiciones. Araúz desde el Estado empresarial y Lasso desde un mercado poco regulado con principios de competitividad, los dos en alianza con las élites agroalimentarias del país. Entonces la pregunta importante es: ¿hasta qué punto se apoyará un modelo a favor de la AFCI? Y ¿cuánto presupuesto y cuántos programas estarán destinados para la AFCI y la soberanía alimentaria?

¿Qué plantea Arauz?

Los tres pilares fundamentales del “Acuerdo Nacional por el Futuro Rural” plantea seis prioridades, algunas de las cuales resultan opuestas como “incremento de exportaciones” y “agro industrialización” frente a “producción agroecológica”, “trabajo digno” y “agricultura familiar campesina”. No deja en claro si esto se traducirá en política diferenciada o programas marginales. Debemos también considerar que el modelo estatista empresarial que le precede a Arauz se financió a partir del 2014 través de la bonanza petrolera. Sin embargo, si fuera llegar al poder, Arauz no tendrá la misma capacidad económica lo cual puede influir en la priorización del gasto público para el agro, considerando que su acuerdo “Futuro Rural” abarca más proyectos que el de Lasso.

La herencia correista es evidente en los programas que plantea como “Plan Renova” reminiscente al Plan de Renovación Vehicular (REN-OVA) impulsado en el 2008, Arauz promete comprar nuevas embarcaciones para la pesca artesanal. También promete sembrar 60 mil ha de árboles cada año “con finalidad ambiental-comercial con incentivo del 75% de costos de instalación”, que recuerda al Plan Nacional de Forestación de la Revolución Ciudadana que impulsó los monocultivos forestales como pino, teca, eucalipto, melina y balsa en manos de grandes empresas que acaparan agua, tierras y un modelo en base a los agrotóxicos (Daza y Artacker, 2019).

Otra herencia son los matices del populismo y demagogia característico de la Revolución Ciudadana, Arauz ofrece iniciar la “Campaña Orgullo agricultor” para la revalorización del rol de la agricultura, empoderamiento y autoestima. En general su campaña ha utilizado lenguaje que suscita los movimientos sociales como “agricultura familiar”, “economía solidaria”, “circuitos cortos”, etc. También menciona que el “acceso a la tierra más equitativo” será una de sus 10 políticas para el agro, sin embargo, no profundiza sobre este eje en ninguna parte de su plan (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural, 12 marzo).  De hecho, es un punto nuevo ya que no fue mencionado en la primera exposición vía Facebook live. Esto podría demostrar un cierto nivel de resguardo en la tensión entre representar un proyecto popular y mantener alianzas empresariales.

En general existe poca reflexión crítica del régimen progresista anterior sobre el cual construir propuestas distintas y hay una falta de pronunciamiento sobre los casos de corrupción, el modo autoritario de persecución social y el modelo de modernización capitalista aplicado al campo (Plan V, 2021). Uno de los puntos que perjudicará a la AFCI son los tratados de libre comercio (TLC) o acuerdos comerciales. Arauz ha afirmado que revisará los TLCs y Tratados Bilaterales de Inversión “de comprobarse que afectan el interés nacional” (El Universo 2020). También afirmó: “por supuesto que necesitamos colocar nuestros productos en el mundo, pero los acuerdos comerciales tienen que responder a un equilibrio” (Presentación Futuro Rural, 19 enero). Por lo tanto, su programa incluye “acuerdos comerciales bien negociados” e “incremento de las exportaciones en un 15%” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural).

Recordemos que el acuerdo comercial con la Unión Europea lo negoció y ratificó el gobierno de Rafael Correa en diciembre de 2016. Los impactos negativos en la agricultura se evidenciaron al tercer año, con una división pronunciada entre grandes ganadores (exportaciones de camarones, flores, banano, plátano y enlatados de pescado) y grandes perdedores vinculados a la producción nacional de las agriculturas campesinas y el sector lácteo particularmente (Daza et al, 2020). Lo preocupante de pretender “negociar bien” un tratado comercial es que no responde ¿para quién se está negociando? y realmente son las élites agroexportadoras del país que tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones, en detrimento del resto de medianos y pequeños productores.

Aquí nos topamos con un límite donde se desmantela la dicotomía neoliberalismo versus progresismo, al ver una “izquierda” que se aleja de un proyecto popular y alternativo. Ahora bien, Arauz responde a esto con una contrapropuesta en torno a la comercialización relacionada con la “protección de productos sensibles (leche, maíz, arroz, carnes, etc.)”, “la lucha contra el contrabando”, “comercialización asociativa” y la “modernización de mercados” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural). ¿Pero será esto suficiente para mantener las economías campesinas frente a los TLCs?  Probablemente no.

Debemos rescatar que, Arauz plantea algunas propuestas interesantes. Destacamos por ejemplo que la “educación tecnológica especializada al servicio del agro” es una demanda importante que existe en el campo y Arauz plantea tener “10 mil jóvenes agricultores, sistema de certificación de competencias para 50 mil técnicos especializados”. Sin embargo, habrá que analizar detenidamente el currículum que promueva modelos de producción como la agroecología, que sea educación técnica de calidad adaptada al potencial productivo territorial y planes de vida de los jóvenes rurales (Agenda Ambiental, 2021).

 Otro eje o política interesante que ofrece Arauz es el turismo rural: “promoción de senderos y caminatas, alianzas, reconocimiento de productos de calidad con denominación de origen, 50.000 nuevos empleos en el sector turístico rural”, turismo para la pesca artesanal y llevar a cabo un censo agropecuario que es algo que le corresponde al siguiente gobierno de igual manera.  Finalmente, una fortaleza a comparación del programa rural de Lasso es que Arauz hace una diferenciación clara en cuanto a los créditos que ofrece, “2.200 millones en créditos a 200.000 pequeños y medianos productores con acceso rápido y ágil, tasas de interés competitivas, asistencia técnica y seguro agrícola”.

¿Qué plantea Lasso?

Algo característico de Lasso en estas elecciones ha sido que sus promesas electorales dieron un giro importante para intentar captar los votantes de Yaku Pérez al confirmarse su participación en la segunda vuelta. Aunque Arauz también ha dialogado con nuevos sectores, para la derecha neoliberal “conservadora en lo social” es algo menos natural. Sin embargo, Lasso intentó entablar diálogo sobre derechos LGTBI, derechos de las mujeres y con sectores ecologistas. De hecho, ya se comprometió con la agroecología por ejemplo (Frente al Ambiente, 2021). Además, estableció un hashtag titulado #encontrémonosparalograrlo con el fin de que sectores de la sociedad civil se acerquen a dialogar. Posteriormente, su plan para la ruralidad también fue modificado y se agregaron varios puntos. Sin embargo, sus planes de trabajo ya venían predeterminados hacia la modernización capitalista del campo enfocada en el productivismo. Su plan de trabajo actualizado afirma:

“Es preciso trabajar en un marco regulatorio en temas laborales, tributarios, y tecnológicos adecuado para la modernidad y el desarrollo. Asimismo, la agricultura experimenta cambios sustanciales debido a las innovaciones tecnológicas y a las dinámicas de los mercados nacionales e internacionales. Estas tecnologías representan una oportunidad para realizar importantes mejoras en los procesos productivos en materia de bioseguridad, sostenibilidad ambiental, pero sobre todo de productividad” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 67).

Esto alude a que se buscan cambios que favorezcan la institucionalidad mercado-céntrica en función de la productividad y no de la soberanía alimentaria y de los derechos de quienes producen y consumen alimentos. Es más, la argumentación del plan de gobierno de Lasso se centra en la economía agroexportadora y sus beneficios, y su propuesta para el campo consiste en la economía del goteo. Por ejemplo, reconoce que “solo 2 de cada 10 trabajadores tiene un empleo adecuado” en el campo, sin embargo, responde a esta situación afirmando:

“En una economía dinámica, con fuerte crecimiento de la inversión, estas personas conseguirán empleos de calidad en su propio entorno…la introducción de nuevas modalidades contractuales y la tecnificación del sector agrícola permitiría que los trabajadores rurales tengan mayores ingresos” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 35).

Esta afirmación descarga la responsabilidad de conseguir empleo digno en las y los trabajadores del campo, omitiendo el deber del Estado de asegurar derechos laborales—una anulación total sobre la situación de las y los trabajadores rurales quienes sufrieron graves vulneraciones a sus derechos laborales durante la pandemia, perpetradas por el sector agroindustrial. La última frase además nos presenta una contradicción rotunda con la promesa de crear empleo rural digno, ya que la tecnificación reemplaza la mano de obra. Adicionalmente, el apoyo incondicional a la agroexportación y los TLCs, en particular con Estados Unidos, es central en el programa de Lasso, quien afirma en su plan de gobierno:

“Se deben realizar nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión […]  de carácter legal y vinculante para sus partes, es decir, de obligatorio cumplimiento […] Se necesita en especial, la firma de un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial; Estados Unidos y su plena inclusión en la Alianza del Pacífico” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 102).

Afirmó que fomentará las exportaciones “con énfasis en la diversificación de nuevos rubros y el apoyo de emprendimientos de jóvenes y mujeres rurales” (La República 2020) pero no ha profundizado sobre algún programa particular para mujeres y jóvenes rurales. Curiosamente, el Plan Equidad Rural pone énfasis en el sector lechero y ganadero, que son de los sectores más afectados por el acuerdo comercial con la Unión Europea. Su plan afirma incrementar el consumo de lácteos en la población a través del desayuno escolar, promete construir establos comunitarios “para producción de leche e industrialización de carne vacuna y de ovinos”. También emprenderá el programa “Ecuador ganadero” para impulsar producción de carne de res, leche y derivados mejorar oferta exportable (Plan Equidad Rural, 2021).

Pasando concretamente al fomento de la producción agrícola, Lasso ofrece una serie de medidas para beneficiar y facilitar la reactivación del sector agropecuario: $1.000 millones en créditos al 1% hasta 30 años plazo a través de la banca pública con apoyo de organismos internacionales, seguro agropecuario productivo, cero aranceles para el sector agrícola y ganadero en la importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas para la agricultura, maquinaria para almacenamiento, enfriamiento y transporte de leche y producción de lácteos (Plan Equidad Rural, 2021). Por un lado, estas medidas conllevan la pregunta ¿Para quién? ¿Quién podrá acceder a esta nueva línea de crédito y al seguro agropecuario “productivo”: pequeños y medianos productores de la AFC o solamente las grandes empresas agrícolas? La eliminación de aranceles e impuestos, por otro lado, es una política dirigida netamente a las grandes empresas que tienen la capacidad de importar estos insumos agrícolas que deja en claro la fuerte alianza público-privada y con élites agroindustriales.

Entonces hasta ahora consta el enfoque de “talla única”– no hay una claridad sobre cómo se abordará la heterogeneidad de productores que existe sin una política diferenciada y deja a la imaginación si las mismas condiciones para acceder a créditos aplicarán para pequeños y grandes productores. Más aún preocupante es la promoción de “semilla de alto rendimiento para el pequeño agricultor” que demuestra intenciones de profundizar el encadenamiento productivo de la AFCI y de no respetar las semillas campesinas y nativas, ni los modelos de producción ecológicos y que generan autonomía. Finalmente, una propuesta nueva es la “creación de una división especializada para el campo y la ruralidad con equipamiento y entrenamiento especializado para la defensa de agricultores, camaroneros pescadores, etc.” (Plan Equidad Rural, 2021). En términos de capacidad y cobertura, seguramente se plantea en función de proteger a grandes empresas.

¿Y la política para la AFCI? Lasso se presenta como el empresario trabajador meritocrático y busca crear un falso sentido solidaridad de clase con quienes aspiren a llegar a ser parte de la clase empresarial, idea que se refleja en el lenguaje que utiliza “las ferias permanentes en las ciudades generarán asociatividad y formarán una economía rural colaborativa” (Plan Equidad Rural, 2021). Las comunidades rurales demostraron no solo colaboración sino iniciativa y profunda solidaridad durante la pandemia, realizaron trueques, enviaron alimentos a las poblaciones más necesitadas de las ciudades, armaron redes de cuidado y fortalecieron la economía solidaria. Entonces la problemática que realmente se debería señalar son las relaciones de poder y explotación en la intermediación, y como propuesta fomentar los circuitos cortos de comercialización campesina.

Ahora bien, sí se plantea la asociatividad productiva y comercial “para mejorar las ganancias de comunidades indígenas y campesinas” y “ferias permanentes en las ciudades” pero quedamos a la expectativa de ver cómo se ejecutaría este plan. Adicionalmente, destacamos algunos otros programas interesantes como la “entrega gratuita de maquinaria agrícola para comunidades y pequeños agricultores” y el “fortalecimiento del seguro social campesino” con enfoque en servicios de salud, desempleo y jubilaciones justas, un “plan hambre cero” que consiste en implementar comedores comunitarios con almuerzo gratuito y kits de nutrición para mujeres embarazadas y niños de 2 años, fomentar el desayuno escolar, agua potable para el campo, centros de salud con reconocimiento ancestral, fortalecer escuelas rurales y la Secretaría de Educación Intercultural bilingüe  (Plan Equidad Rural, 2021).

Más allá de las tantas promesas de campaña por parte de los dos candidatos, ninguno ofrece crear las condiciones necesarias para la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la justicia social y ambiental. Estas condiciones serían: la redistribución equitativa de los recursos productivos y poner el cumplimiento pleno de los derechos campesinos, de los trabajadores y trabajadoras rurales, de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza por sobre el proyecto agroindustrial, agroexportador y productivista. La soberanía alimentaria no comprende un eje organizador de las propuestas electorales, a pesar de ser un mandato constitucional. De hecho, los dos candidatos indudablemente favorecerían con sus propuestas el aparato agroindustrial, cuya modalidad para incluir a la AFCI en la economía agraria es a través de las cadenas de valor. Este modelo existe en función de la acumulación capitalista en el campo y ha demostrado durante décadas, ser un modelo que empobrece y despoja de su autonomía productiva a los y las campesinas y otros habitantes rurales. Por lo tanto, ya sea desde una receta de Estado o mercado, los dos candidatos proponen un proyecto similar.

Desde la perspectiva de los movimientos por la soberanía alimentaria en el campo, Arauz figura un oponente con más potencial de cooptación de las organizaciones sociales, por lo tanto, supone mayor posibilidad de confrontamiento en el proceso de disputa por las autonomías territoriales, organizativas, sus demandas y necesidades desde su pluralidad. Además, el proyecto de reconstruir un Estado fuerte con capacidad regulatoria seguramente será financiado de la misma manera que el anterior gobierno progresista – neoextractivismo— lo cual generará confrontamientos territoriales en contra de la expansión del monocultivo, camaroneras, de la minería en la defensa de las fuentes de agua y de los territorios campesinos, etc.  Por otro lado, la derecha neoliberal, tiene la misma capacidad de ejercer esa violencia capitalista opresora, pero se distingue como un adversario constante e inequívoco, lo cual puede facilitar la articulación a largo plazo del campo popular organizado. Sin embargo, es una opción que prescindiría de cualquier posibilidad redistributiva y quizá podría limitar más las posibilidades de construir proyectos de transformación o reforma a favor de la AFCI por ejemplo a nivel local descentralizado. Con esto en mente, una fortaleza será la reconfiguración de las relaciones de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, que puede ofrecer luces para perseguir una agenda de reforma y negociación por un sistema agroalimentario distinto frente a los grupos de poder.

Como Observatorio del Cambio Rural seguiremos reflexionando y trabajando para contribuir a la construcción de un sistema agroalimentario más justo y por la soberanía alimentaria en el país.

 

Lo preocupante de pretender “negociar bien” un tratado comercial es que no responde ¿para quién se está negociando? y realmente son las élites agroexportadoras del país que tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones, en detrimento del resto de medianos y pequeños productores.

 

*Valeria Recalde-Vela es investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos y forma parte del equipo de comunicación del Observatorio del Cambio Rural.

 

Referencias

Agenda Ambiental. (2021). “Frente Al Ambiente – Agenda Ambiental 2021”. Disponible en: https://frentealambiente.com/wp-content/uploads/2021/03/AGENDA-AMBIENTAL.pdf

Acuerdo Nacional por el Futuro Rural – Primera Convención Andrés Arauz y Carlos Rabascal, Riombamba viernes 12 de marzo de 2021. Disponible en: https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/04/Acuerdo-Nacional-por-el-Futuro-Rural-Arauz.pdf

Arauz y Rabascall. “#EnVivo Andrés Arauz -Presentamos el Futuro Rural”, 19 de enero de 2021. Disponible en https://www.facebook.com/ecuarauz2021/videos/204184518087239

Cámara Martítima del Ecuador (CAMAE). (2021). “Balanza comercial evidencia un crecimiento del 12% en el sector agropecuario durante el 2020”. Disponible en: http://www.camae.org/exportaciones/balanza-comercial-evidencia-un-crecimiento-del-12-en-el-sector-agropecuario-durante-el-2020/

Carta abierta. (2021). “Carta abierta a los candidatos a la presidencia y a las y los asambleístas electos en contra de la Ley Agropecuaria”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2021/03/03/carta-abierta-a-los-candidatos-a-la-presidencia-y-a-las-y-los-asambleistas-electos/  

Daza, Esteban. (2021). Conversatorio “Desarrollo Rural para la Reactivación Económica” Economía PUCE. Disponible en: https://www.facebook.com/EconomiaPUCE/videos/3794535457303576/

Daza, Esteban. Israel Chuquimarca. David Singaña. Tamara Artacker y María José Llerena. (2020). “Trabajo y Justicia Social- COMERCIO JUSTO- Estudio de Impactos del Tratado de Libre Comercio entre UE y Ecuador en la Agricultura”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2020/10/08/trabajo-y-justicia-social-comercio-justo-estudio-de-impactos-del-tratado-de-libre-comercio-entre-la-ue-y-ecuador-en-la-agricultura/

Daza, Esteban. Tamara Artacker. (2019). Ecuador capitulo 6 en: “Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica: Informe 2019”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2020/06/05/acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica-informe-2019/

El Comercio. (2016). “El presidente Rafael Correa Ratificó el tratado comercial con la Unión Europea”. Disponible en https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-ratifico-acuerdo-comercial-unioneuropea.html

El Universo. (2020). “El plan de gobierno de Andrés Arauz reedita programas emblemáticos del ‘correato’”. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/14/nota/8048854/elecciones-presidenciales-ecuador-2021-andres-arauz-plan-gobierno/

El Universo. (2021). “Isidro Romero anuncia firma de acuerdo para reactivación del agro con Andrés Arauz”. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/politica/isidro-romero-anuncia-firma-de-acuerdo-para-reactivacion-del-agro-con-andres-arauz- nota/

La República. (2020). “Lasso anuncia siete compromisos con el agro”. Disponible en: https://www.larepublica.ec/blog/2020/10/29/lasso-anuncia-siete-compromisos-agro/

Las propuestas que construimos juntos #encontrémonos para lograrlo Lasso presidente 2021. Disponible en: https://guillermolasso.ec/wp-content/uploads/2021/03/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf

Macaroff, Anahí. Andrea Bonilla. Carlos Pástor. David Singaña. Esteban López. Geovanna Lasso. Heidi Cepeda. Melissa Ramos. Nataly Torres. Paola Sánchez. Patricia Polo. Patrick Clark. Sol Cortes. Soledad Vogliano. Viviana Quishpe. (2019). “Atlas: Los Grupos Económicos Agroalimentarios – ¿quién decide lo que producimos, exportamos y consumimos?”. https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Atlas-de-los-grupos-economicos-agroalimentarios-del-Ecuador

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. “Acuerdos Comerciales- Acuerdos vigentes”. Disponible en: https://www.produccion.gob.ec/acuerdos-comerciales/

Plan Equidad Rural. (2021). “Plan Equidad Rural- $4.800 millones para alcanzar un solo Ecuador equitativo Lasso presidente 2021”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/04/Plan-Ruralidad-Lasso.pdf

Plan V. (2021). “¿Por quién votar? Elecciones presidenciales en el Ecuador 2021”. Disponible en: https://www.planv.com.ec/historias/politica/quien-votar-elecciones-presidenciales-el-ecuador-2021

De Sousa Santos, Boaventura. (2021). “Carta abierta a dos jóvenes indígenas ecuatorianos”. Disponible en https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=33452

Debates y Propuestas para el Agro Elecciones 2021

Debates y Propuestas para el Agro Elecciones 2021

   7 de abril de 2021. Boletín #4

 

Debates y Propuestas para el Agro Elecciones 2021

En este boletín enfatizamos las propuestas y debates que se están posicionando en el contexto electoral. Por un lado visibilizamos las propuestas que plantean Arauz y Lasso para la ruralidad (Políticas Públicas), constatamos la profundización de la narrativa a favor de la agroexportación (Agroindustria) y ofrecemos un análisis de las políticas agrarias que proponen los dos candidatos (Destacados). Por otro lado, visibilizamos las interpelaciones que se hacen a los candidatos desde sectores feministas (Destacados), ambientalistas (Biodiversidad y Cambio Climático) y desde el debate interno del movimiento indígena (luchas territoriales).

 

 

OCARU 
Elecciones 2021: ¿Recetas distintas y proyectos similares para el agro? Artículo de opinión por Valeria Recalde-Vela
OCARU 
Análisis de Coyuntura Febrero 2021 Elecciones 
OCARU 
Discursos de género y sujetos políticos en la contineda electoral del Ecuador: continuidades y matices por Belén Valencia Castro
 

OCARU 
Entrevista a Alejandra Santillana: Política en feminista y límites en la articulación: reflexiones en coyuntura

 

EL UNIVERSO 
Productores bananeros hacen pedidos para su sector y el agro a candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
EL  COMERCIO
Cristian Wahli, Presidente de Anfab: Agroindustria hace más envíos que el petróleo
FRESH PLAZA 
Los productores de bananas piden a la UE un modelo de responsabilidad compartida
 

EL UNIVERSO 
Ecuador espera luz verde para exportar bovinos, pitahaya y piña al Perú  

 

Guillermo Lasso 
Plan Equidad Rural $4.800 millones para alcanzar un solo Ecuador Equitativo
Andrés Arauz  
Acuerdo Nacional por el Futuro Rural – Primera Convención
FRENTE AL AMBIENTE
Plataforma interinstitucional «Frente al Ambiente» presenta agenda ambiental 2021 a los candidatos presidenciales

 

 

LA REPÚBLICA 
Pachakutik expulsa a Jaime Vargas por apoyar a Arauz
EL UNIVERSO  
Presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía se suma al rechazo de apoyar al correismo 
EL UNIVERSO  
El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, afirma que responderá «al pueblo ecuatoriano» no a «intereses» de los dirigentes
LA REPÚBLICA  
CONAIE se desmarca de Jaime Vargas y ratifica voto nulo
 

 

 

 

PRENSA LATINA
FAO alerta por daños de catástrofes a sistemas agroalimentarios
MONGABAY LATAM
Nuevo Estudio: en los últimos 26 años Ecuador ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque

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