El IEE y OCARU nos solidarizamos con el pueblo Colombiano

El IEE y OCARU nos solidarizamos con el pueblo Colombiano

El 28 de abril estalla en Colombia un nuevo Paro Nacional, esta vez contra la Reforma Tributaria; luego de casi una semana de iniciado el paro, el pueblo colombiano se mantiene en las calles. Y es que, a pesar del anuncio del gobierno colombiano de retirar la Reforma, el hartazgo generalizado, las nuevas reformas neoliberales, la violencia contra la población y la memoria de saqueo, alimentan la movilización de un paro que no para.

Ante esta situación que vive el hermano pueblo de Colombia, el Instituto de Estudios Ecuatorianos y el Observatorio del Cambio Rural nos pronunciamos en solidaridad con las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores y otros sectores populares por ese enorme despliegue de dignidad y  resistencia frente al gobierno neoliberal uribista de Iván Duque y frente a la mal llamada «Ley de Solidaridad Sostenible» que busca que el pueblo colombiano cargue con el peso de la pandemia y el gasto público mientras resguarda los intereses de las élites.

Como ecuatorianxs, nos solidarizamos al haber vivido la represión del Estado durante el Levantamiento Indígena y Popular de octubre del 2019 que fue resultado de la renovación y avance del neoliberalismo en la región. Como sabemos, en Colombia, el 1ero de mayo miles de personas se unieron a las manifestaciones por el Día Internacional de lxs Trabajadorxs y finalmente el dos de mayo el presidente Duque anunció que retiraría el proyecto de reforma tributaria presentado al congreso. El ex-presidente Álvaro Uribe y las fuerzas políticas de la derecha han llamado a apoyar «el derecho» de los militares y policías a utilizar armas en defensa de la propiedad privada, y han catalogado el accionar de lxs manifestantxs como actos criminales y vandálicos de terrorismo.

La escala de violencia brutal desplegada por el gobierno de Colombia solo ha aumentado, por lo cual abrazamos con admiración, la valentía del pueblo colombiano que a pesar de la militarización de varias ciudades a nivel nacional no frenaron después de que se haya retirado el Proyecto de Ley, con miras a pedir la renuncia de Duque e impedir las nuevas reformas en camino. Todos los días, las organizaciones sociales, medios alternativos y defensorxs de derechos humanos, denuncian más muertes de las que están reportando los medios hegemónicos. El saldo escalofriante de estos días es: 1443 casos de violencia policial, 216 víctimas de violencia policial física, 31 víctimas de violencia homicida, 814 detenciones arbitrarias, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 21 víctimas de agresión en sus ojos, 77 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública (Temblores ONG).

Como IEE y OCARU denunciamos también la violencia generalizada con la cual han debido subsistir las luchas campesinas durante años. Entre 2016 y 2020 al menos 753 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, 3.184 amenazas, 193 atentados, 31 desplazamientos forzados, 26 detenciones arbitrarias, 13 desapariciones forzadas, 13 secuestros 8 casos de estigmanización y 10 de destrucción de bienes (El Comercio, 2021).

Apoyamos a la distancia al pueblo colombiano en su lucha; exigimos el cese de la masacre perpetrada por el Estado colombiano y sus aparatos represivos, instamos a que el conjunto de la comunidad internacional, los gobiernos, los Estados, las instituciones y los pueblos condenen de manera tajante la violación sistemática de derechos humanos; y alertamos sobre el avance de un proyecto aún más cruel de capitalismo, muerte e injusticia en América Latina.

¡Que el paro nacional sea un grito internacional y solidario!

Por todxs lxs asesinadxs, desaparecidxs, detenidxs arbitrariamente, por todas las mujeres y niñas violadas, por todo un pueblo que es luz para el resto del continente.

 

imagen destacada: La Oreja Roja

La nueva Política Agropecuaria 2030

La nueva Política Agropecuaria 2030

Escrito en . Publicado en .

Acción Ecológica opina

En el Día de la Tierra, 22 de abril de 2021, el gobierno del Ecuador, con el apoyo de la FAO, lanzó su Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 (1). Esta política forma parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU.

Uno de los fines es incrementar la contribución de la agricultura al PIB, a través del incremento de las exportaciones “sustentables”. Se dice con mucha retórica que para alcanzarlo se promoverá la comercialización “inclusiva”, la transformación “eco-amigable”, la distribución “eco-eficiente”, y un consumo responsable.

El aumento de la producción se lo hará a través de una creciente rentabilidad, la reducción de los costos con tecnificación (es decir, reduciendo el trabajo agrícola) y con el “fomento a la productividad”.

Lo que busca el “fomento de la productividad”, es cómo insertar mejor la producción agrícola del país en el mercado mundial. Gracias a la investigación se aspira alcanzar la transformación tecnológica y la modernización del sector. También se quiere aplicar normas sanitarias y de trazabilidad para “diferenciar la calidad” de los productos y para entender la lógica de las cadenas productivas. Otros elementos de este eje son la transferencia de tecnología y el extensionismo.

Esto se complementa con otro de los ejes, que es el “desarrollo de mercados”, que tiene un frente interno y otro externo. En el frente interno, la política se centra en cómo mejorar el relacionamiento entre los productores con las empresas ancla a las que estarán encadenados (aunque los llaman socios) para que entreguen su producción a la agroindustria con miras a una futura transformación. No se trata de apoyar a la agricultura familiar, campesina y autónoma, puesto que las subordina al agronegocio. En el frente externo se incluye la firma de tratados de libre comercio y crecer y diversificar las exportaciones en productos, destinos y actores.

Con una visión de cadena productiva, promueve el encadenamiento productivo de los pequeños y medianos productores a la agroindustria, pues su objetivo es ver al sector como cadena de valor.

Aunque en toda la política se habla de mitigación del cambio climático y de la sustentabilidad, no se considera que un incremento en la agroindustria y de las exportaciones implica aumentar la contribución de carbono a la atmósfera y por ende a la crisis climática.

El siguiente eje es el “acceso a servicios e infraestructura”, incluyendo servicios financieros y seguro agrícola. Los servicios financieros son “créditos especializados para rubros agropecuarios en función de sus ciclos de producción” y los seguros están vinculados al préstamo. Se plantea también líneas de crédito para la agroindustria, por ejemplo para incrementar la mecanización del campo (y a las importaciones de maquinaria agrícola, lo que favorece a las grandes empresas importadoras que controlan este mercado).

La forma de producción ansiada por esta política tampoco da autonomía a los productores, ya que los ata a servicios fitosanitarios, que es como se denomina al uso de agrotóxicos, e incluiría “el control y asistencia técnica fitozoosanitaria para proteger el territorio nacional”. Se añade la facilitación para la adopción de “buenas prácticas agrícolas y pecuarias”, las que son diseñadas con lógicas empresariales y, por lo mismo, excluyen a la producción campesina y sus conocimientos tradicionales asociados.

El eje sobre “asociatividad y participación”, plantea cómo fortalecer el diálogo entre “actores público – privados” en todos los estamentos del agro, es decir que incluye a la agricultura familiar, los pequeños, medianos y grandes productores junto con los inversionistas, prestadores de servicios, comercializadores, transformadores y actores indirectos públicos. La visión es tener actores organizados en “alianzas en cadenas de valor” y “cooperativismo moderno”, que implica programas de “impulso a asociaciones para que se orienten a las economías de escala”.  Aunque la política dice que uno de los objetivos de estas alianzas es articular a los actores con fines ambientales, sabemos que las economías de escala generan impactos en el ambiente. De hecho, el mismo documento reconoce que el objetivo del cooperativismo moderno “es que se diluyan los costos”.

Este tipo de asociaciones son fortalecidas por el Estado a través de difusión, asistencia técnica, apoyo a la gestión, innovación e investigación, con financiamiento público – privado. La política desconoce la existencia de organizaciones campesinas existentes desde hace decenas de años.

Con el eje “modernización e innovación legal e institucional” se pretende revisar toda la normativa existe, para que esta sirva a los propósitos de estas políticas.

En el eje sobre “políticas de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático”, se propone el establecimiento de plantaciones forestales y un programa de agrocombustibles. En el primer caso, están muy bien documentados los graves impactos de las plantaciones forestales en el ambiente, en el clima, en la salud y en el tejido social. Se ha demostrado sobremanera que las plantaciones forestales no colaboran a mitigar el cambio climático, puesto que se usan para emitir certificados de compensación de carbono los cuales son permisos para contaminar en otro lugar. En el caso de los agrocombustibles, se habla de “biocombustibles de cuarta generación”, que son aquellos producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas, las cuales emplean dióxido de carbono (CO2) o alguna otra fuente de carbono para la obtención de combustibles. Recodemos que los organismos transgénicos están prohibidos por nuestra Constitución.

Aunque la Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 incluye repetidamente temas como la sustentabilidad ambiental, la inclusión de género e intergeneracional o enfrentar el cambio climático, está claro que lo que se promueve son políticas anti campesinas, una alta contribución al calentamiento global, más degradación ambiental y que, en última instancia, solo fortalecerá al agronegocio.

ACCIÓN ECOLÓGICA

2 de mayo de 2021

Más información: ebravo@rallt.org

REFERENCIA:

(1)  Política de  Estado para el  Sector Agropecuario Ecuatoriano2020-2030. Decreto Ejecutivo 1293. Suplemento al Registro Oficial No. 438.  23 de abril de 2021. Pág. 32 http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiNDE0ZjU3MGEtMzkzNi00ZGM1LThjNjUtYzRjNTNhZmQ3NGM0LnBkZiJ9

Informe de diagnóstico de mujeres rurales y violencia provocado por el confinamiento de Covid-19 en Esmeraldas

Informe de diagnóstico de mujeres rurales y violencia provocado por el confinamiento de Covid-19 en Esmeraldas

Se presenta este diagnóstico elaborado por Paz y Desarrollo (2019) y financiado por la Diputación de Málaga

«Si hablamos de vulnerabilidad económica, el 83% de las mujeres dejaron de recibir ingresos económicos durante el confinamiento de 2020. La mayoría de las mujeres trabajaban en el sector de servicios, y fue el más afectado por la emergencia de la Covid-19. Esta situación hunde a las mujeres en la pobreza y aumenta su dependencia económica, un entorno propicio para la violencia de género»

Lee aquí.-

INFORME-DIAGNOSTICO

Día Internacional de las Luchas Campesinas

Día Internacional de las Luchas Campesinas

19 de abril de 2021. Boletín Especial

Día Internacional de las Luchas Campesinas

Este 17 de abril de 2021, integrantxs del Instituto de Estudios Ecuatorianos se pronuncian por el Día Internacional de las Luchas Campesinas y nos cuentan ¿qué significan las luchas campesinas para nosotrxs?

 

 

 

Alejandra Santillana
«Son los caminos a veces adversos y cuesta arriba, de quienes deciden hacer de lo campesino una esperanza para transformar el mundo y alcanzar vidas dignas» 
David Singaña
«Las luchas campesinas son la resistencia a las reglas que nos impone el mundo, y son la luz que nos guía a la rebeldía»
Tamara Artacker
«Las luchas campesinas son luchas por la vida, por un mundo más justo y armonioso, que se dan tanto en resistencias cotidianas como en transformaciones colectivas. Para mí, las luchas campesinas significan esperanza, memoria y fortaleza para construir la soberanía alimentaria de los pueblos»
Kata Herrera
«Son todas las resistencias que posibilitan pensar y construir el mundo en el que queremos vivir»
Valeria Recalde
«Para mi, las luchas campesinas son la mayor fuerza que nos permite transmutar la injusticia, el dolor, el despojo y aquellas relaciones destructivas entre seres humans y hacia la naturaleza para volver a plantearnos una nueva forma de vivir desde el respeto, el cuidado y la horizontalidad »
Andrea Tamayo
«Para mi significa revalorizar los alimentos que consumo a diario y todo el trabajo que hay detrás de ellos. Si lxs campesinxs no producen, las ciudades no comen»

 

Stalin  Herrera
«El 17 de abril es un acto de memoria y reconocimiento de las luchas indígenas campesinas por su derecho a existir como campesinos. Un reconocimiento a su lucha generosa en la producción de alimentos, su laboriosa inteligencia en la conservación y multiplicación de semillas, a su compromiso con la protección de la naturaleza» 
Belén Valencia
«Las luchas campesinas, las luchas por la vida. Sin tierra, sin agua, sin los cuerpos que cuidan y trabajan la vida no sería posible»

 

Esteban  Daza
«Representan un camino, que a pesar de lo inhóspito que resulta su tránsito, siempre viene iluminado por la esperanza de la transformación…de que algo cambia, de que las cosas pueden cambiar. Las luchas campesinas son para muchos, el sentido de la existencia de la vida en el campo, ¿nos gustaría que fuera diferente?…sí, pero, para que eso suceda hay que caminarlo.» 

 

 

RECHAZO LEY AGROPECUARIA 
Carta abierta a lxs señorxs de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria
LUCHA POR LA TIERRA 
ASOMAC, a cuatro años del desalojo. Acceso a la Tierra y la Situación del Derecho Humano a la Alimentación
ESCUELA CAMPESINAS
Termina el ciclo de formación en agroecología de la Red de Escuelas de la Sierra Centro «Ayllukunapak Yachay» 
MUJERES RURALES 8M 
Las mujeres del campo somos las que más trabajo aportamos al mundo

 

 

 

EL COMERCIO  – diciembre 2020
Un año después de la denuncia, trabajadores y extrabajdores de Furukawa rindieron sus testimonios
LA REPÚBLICA  – febrero 2021
Iza, sobre Yaku: «La fuerza de octubre se impuso en las urnas»
PRIMICIAS – febrero 2021
En Cuenca, el 80,9% apoya cese de actividad minera, según CNE
VIA CAMPESINA – abril 2021
Soberanía Alimentaria y Solidaridad: Un Momento histórico para avanzar en nuestras luchas campesinas – #17Abril2021

Nuestra dirección:
San Ignacio 134 y 6 de Diciembre, Quito
(593 2) 2904 098

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Hacia una Agenda Agraria de Programas y Políticas ¿qué políticas exigen las organizaciones del campo?

Hacia una Agenda Agraria de Programas y Políticas ¿qué políticas exigen las organizaciones del campo?

“La Soberanía Alimentaria no es viable con las reglas del sistema actual, la agricultura familiar no va a lograr desarrollar sus capacidades de resiliencia al cambio climático, de capacidad productiva, de vida a nivel cultural, sino cambiamos las reglas del juego en la economía y sociedad… ” 

Fernando Rosero, Comité AFC

Recogemos algunos los programas y políticas públicas que, las organizaciones sociales exigen al Estado. Se realiza el resumen está realizado en base a la Cartilla «Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria» donde se podrá encontrar los programas y políticas públicas en torno a: institucionalidad y autodeterminación, redistribución de la tierra, acceso a recursos hídricos, derecho a las semillas, comercialización campesina, justifica de género y generacional, modelo productivo, derechos de la naturaleza y otros ejes.

Institucionalidad y Autodeterminación

Autodeterminación

  • Reconocimiento y apoyo a las diversas formas de organización de la producción agropecuaria, pesquera y recolectora, OTB: familiares, asociativas, cooperativas, autónomas y mixtas, artesanales, comunitarias, en las que su práctica integre los conocimientos ancestrales además de los saberes actuales.
  • Respeto a las formas de administración de las organizaciones indígenas y campesinas, de pueblos y nacionalidades, establecidas en su ejercicio de autodeterminación y autonomía.
  • Reconocimiento y apoyo a las organizaciones y sistemas comunitarios de agua de riego y para consumo humano, fortaleciéndolas como alianzas público – comunitarias, respetando su autonomía, jurisdicción, saberes ancestrales y sus capacidades administrativas.
  • Fortalecimiento de los conocimientos de los dirigentes comunitarios para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de los planes de uso y gestión del suelo, con prioridad en el Cuidado de páramos, zonas de recarga hídrica y recursos hídricos, recuperación de suelos y conservación de la agrobiodiversidad.
  • Respeto, valoración y reconocimiento práctico de las autoridades comunitarias o territoriales
  • Fortalecimiento de la Interculturalidad en salud y educación (FENOCIN).
Institucionales

  • Creación del “Ministerio de Soberanía Alimentaria” el cual se encargue de implementar un sistema agroalimentario sustentable y justo, que priorice las inversiones y actividades con las AFC, comercialización solidaria, transformación de alimentos y consumo responsable, con énfasis en la descentralización de competencias a los GADs de los diferentes niveles de gobierno garantizando la toma de decisiones oportunas y de cercanía.
  • Reestructuración integral del Ministerio de Agricultura y Ganadería para apoyar a la agricultura familiar campesina (AFC) en riego, asistencia técnica, innovación y asociatividad, tierras, comercialización campesina, asistencia financiera, etc.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs)

  • Fortalecer la descentralización del Estado como una forma de construcción de los territorios dentro de los cuales se desarrolla la AFC, mediante una nueva definición de competencias, funciones y asignación del presupuesto correspondiente a los GADs provinciales, cantonales y parroquiales rurales para que, partiendo de las necesidades de las organizaciones indígenas y campesinas y colectivos sociales fomenten la Soberanía Alimentaria y la AFC.
  • Formulación e implementación participativa de Ordenanzas Territoriales con énfasis en la Soberanía Alimentaria, Agroecología y AFC.
  • Instauración de mecanismos participativos para la evaluación periódica de la ejecución de las Ordenanzas Territoriales.
Políticas públicas

  • Formulación y ejecución participativa del Plan Nacional Descentralizado 2021-2030 que incluya inversiones en la AFC de no menos del 0,5% del PIB anual.
  • Creación de un sistema de información agropecuaria de permanente actualización que incluya riesgos climáticos y mercados, con el objetivo informar para la toma de decisiones.

Redistribución Equitativa de la Tierra

Autodeterminación e Institucionalidad 

  • Reconocimiento y legalización de territorios ancestrales y tierras comunales con respeto a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio.
  • Cumplimiento del mandato constitucional del Fondo Nacional de Tierras con asignaciones anuales no menores al 0,5% del Presupuesto General del Estado para ejecutar políticas reales de redistribución de tierras, focalizados a indígenas y campesinos, mujeres y jóvenes sin o con poca tierra.
  • Fortalecimiento de una Subsecretaría de Tierras y Territorios con responsabilidad para diseñar y ejecutar políticas y mecanismos de control del latifundio y el acaparamiento de tierras, vigilar el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, regular su protección y uso, el reparto de la renta agropecuaria y ejecutar un plan eficaz de redistribución de la tierra.
Tierra y Territorios de OTB, pueblos, nacionalidades indígenas, montubio y afroecuatoriano

  • Mejora de procesos de consulta previa, pre-legislativa y ambiental orientados a proteger el patrimonio tangible e intangible, de los pueblos y nacionalidades.
  • Articular los diferentes planes de vida de los pueblos y nacionalidades con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
  • Implementar y fortalecer mecanismos de democracia comunitaria de los pueblos y nacionalidades en los territorios.
  • Continuar y profundizar la titulación d los territorios colectivos ancestrales de los pueblos y nacionalidades.
Políticas, programas y proyectos

  • Reestructuración de las deudas de indígenas, afro-ecuatorianos, montubios y campesinos afectados por la política de acceso a la tierra: condonación de intereses y deuda total en casos extremos, ampliación de plazos de pagos y suspensión de juicios de embargo.
  • Emisión de políticas públicas dirigidas al control del latifundio y acaparamiento de tierra.
  • Formulación e implementación de un Programa Nacional de Redistribución de Tierra con enfoque de género e intergeneracional, con prioridad en el acceso y titulación a mujeres rurales.
  • Activación de Fondo de Garantía para respaldar acciones de crédito para comunas y comunidades con propiedad colectiva.
  • Programa participativo para definición de límites de tenencia y propiedad individual o asociativa de la tierra según las características de cada región o territorio, priorizando la tierra destinada a la Soberanía Alimentaria.

Acceso a los Recursos Hídricos

Institucionalidad y autodeterminación

  • Recuperar la SENAGUA como institución autónoma especializada en la planificación y ejecución de la política pública de los Recursos Hídricos.
  • Fortalecer el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los Consejos de Cuencas y Sub cuencas Hidrográficas con énfasis en gestión participativa.
  • Descentralización de la institucionalidad del agua hacia los GADs, según las competencias definidas para incrementar las inversiones a través de normas técnicas y mecanismos para rehabilitación, operación y mantenimiento de canales y sistemas comunitarios de riego y de dotación de agua para consumo humano.
  • Fortalecer las alianzas público-comunitarias desde los GADs, garantizando que toda la institucionalidad deberá ser objeto de evaluación y control social de las organizaciones relacionadas.
  • Respeto a la autonomía de las formas asociativas y comunitarias (juntas de regantes y comités de agua de consumo humano) de administración territorial de los Recursos Hídricos.
Políticas, programas y proyectos

  • Establecimiento participativo de políticas de riego vinculadas a una política agraria integral, con participación comunitaria y cuya gestión económica se desarrolle a través de las estructuras administrativas de las Juntas de Riego.
  • Formulación y ejecución de programas y proyectos de riego con participación comunitaria, financiamiento permanente y promoción de producción libre de agroquímicos para garantizar la no contaminación de ríos y fuentes.
  • Formulación y ejecución de programas y proyectos comunitarios de dotación de agua para consumo humano con participación comunitaria y cofinanciamiento del Estado.
  • Diseño e implementación de un plan nacional de manejo de cuencas hidrográficas para potenciar el manejo sustentable del suelo (FENOCIN).

Derecho a las Semillas

Institucionalidad y autodeterminación

  • Instituciones públicas que garanticen los derechos de las organizaciones indígenas y campesinas, comunas, pueblos indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y, nacionalidades, en defensa de las semillas propias y ancestrales.
  • Institucionalidad que formule y establezca mecanismos eficientes que eliminen la biopiratería.
Políticas, programas y proyectos 

  • Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales de control para prevenir la biopiratería y prohibir la entrada, importación, distribución y venta ilegal de semillas transgénicas.
  • Formulación y ejecución de programas de recuperación y producción familiar y comunitaria de semillas, e intercambios con organizaciones a nivel nacional.
  • Promoción e implementación de bancos de semillas que garanticen la calidad y diversidad de semillas en comunidades, comunas, asociaciones, cooperativas, etc., con participación de mujeres guardianas de semillas y jóvenes.
Hacia una Agenda Agraria Legislativa ¿qué cambios normativos proponen las organizaciones del campo?

Hacia una Agenda Agraria Legislativa ¿qué cambios normativos proponen las organizaciones del campo?

“No han existido políticas de Estado, ni leyes sobre cómo ayudar a los pequeños agricultores. Esto ha llevado a grandes migraciones. Las leyes solo favorecen a los grandes agro-productores y exportadores” 

Carlos Sucusañai ECUARUNARI, 2020

Para construir una agenda agraria, es importante responder la pregunta ¿Qué leyes, normativas e instituciones existen en torno a la Soberanía Alimentaria?

El Ecuador se dice tener una Constitución (2008) garantista de derechos y de las más progresistas en Latinoamérica y el mundo. Aunque no incorporó todas las demandas indígenas y campesinas (Herrera y Luna, 2019), consagra derechos fundamentales para la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la Soberanía Alimentaria y, para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural que respete los derechos de los pueblos y nacionalidades, derechos de la naturaleza y otros derechos humanos como el derecho a la alimentación y el derecho al agua. El marco constitucional además establece lineamientos para la creación de leyes a favor de la Soberanía Alimentaria.

En 2009-2010 se aprueba la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA). Esta ley establece la creación de un órgano de participación ciudadana—la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) y de varias leyes destinadas para alcanzar el mandato de la Soberanía Alimentaria (Ley Tierras, Recursos Hídricos, Semillas etc.). La Constitución también prepara los cimientos para construir una autonomía territorial (relativa) al establecer competencias para los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). Para esto se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en 2010.

A pesar de contar con un marco normativo aparentemente favorable, la realidad agraria en el Ecuador no ha cambiado su modelo basado en estructuras coloniales, latifundistas, rentistas, capitalistas y patriarcales y, en su lugar, según Daza (2019) el efecto que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana después de la aprobación de la Constitución y ciertas leyes fue la burocratización de la Soberanía Alimentaria y la institucionalización de la lucha social, lo que debilitó la propuesta campesina.

Dado el contexto normativo actual, las organizaciones que buscan construir la Soberanía Alimentaria plantean algunas reformas, derogatorias y creación de nueva legislación para lograr cambios estructurales en el sistema agroalimentario. Para eso, proponen una Agenda Legislativa que permita actuar en base a la Constitución y también, se proponen la creación de normativa a nivel local, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Adelante, presentamos varios puntos para una agenda legislativa para la Soberanía Alimentaria:

Autonomía

  1. Reforma a la Ley de participación ciudadana y control social: garantizar la autonomía y determinación, evite la cooptación del Estado y fomente el fortalecimiento de las organizaciones territoriales de base y gobiernos comunitarios.
  2. Reformas a la Ley de Planificación y Finanzas Públicas y Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: como base para planes de ordenamiento territorial, creación de una normativa que obligue a realizar procesos de participación ciudadana para la planificación del agro desde los intereses y realidades territoriales.

Tierra y Territorio

  1. Derogatoria o reforma de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales: garantizar el reconocimiento, legalización, titularización y catastro de territorios ancestrales y tierras comunales, establecer límites de tenencia de tierra e instaurar mandato constitucional de creación de Fondo de Tierras y Fondo de Garantía Crediticia.
  1. Reformas a la Ley de Comunas: para incorporar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución.

Agua

  1. Reforma a la Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua: fortaleciendo los mecanismos descentralizados de respeto a la corresponsabilidad institucional, social y comunitaria para la gestión de las cuencas hidrográficas, recursos hídricos, la organización comunitaria, los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y, nacionalidades y las responsabilidades de la Autoridad Única del Agua y de las entidades de control.

Semillas

  1. Reforma a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable: normativa que garantice la defensa de los saberes ancestrales, recuperación, uso y libre intercambio de semillas ancestrales, prohíba biopiratería, apropiación de patentes y de semillas transgénicas. Enfatizar en la normativa que en el país queda explícitamente prohibido la apropiación de los conocimientos tradicionales (ciencias, tecnologías, saberes); de los recursos genéticos que provienen de la diversidad biológica y agrobiodiversidad; y, la propiedad intelectual proveniente de investigaciones sobre ecosistemas tradicionales. Ratificar al Ecuador como un país libre de semillas y cultivos transgénicos que prohíbe la Importación y distribución de semillas transgénicas.

Género y Mujeres Rurales

  1. Reformas a Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Salud, Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias, Ley de Seguridad Social y Código del Trabajo: para lograr las demandas en torno a la equidad de género delineadas en el sexto eje de esta cartilla.

Comercialización

  1. Derogatoria de los Acuerdos Comerciales, Reforma a la LORSA y a Ley de Compras Públicas: para limitar políticas estatales de importación agropecuaria, fortalecer el Sistema Nacional de Comercialización y establecer mecanismos de control de mercado y precios, normativa que flexibilice compras públicas a la AFC, políticas fiscales, tributarias y arancelarias en beneficio de la AFC.
  1. Fortalecimiento de normativas para el funcionamiento de Comités Consultivos por rubro productivo para definir mecanismos adecuados a los precios mínimos de sustentación.
  2. Reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria: para incluir la obligatoriedad de compra pública de al menos el 30% a pequeños productores (FENOCIN).
  3. Modelo agrario: se proponen resistir a los proyectos de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario y el proyecto de Código Orgánico Agropecuario que han sido elaborados sin participación de las agricultores y agricultoras, y en su lugar impulsan debates amplios para crear una Ley que fortalezca a la Soberanía Alimentaria.

Agricultura Familiar Campesina (AFC)

  1. Creación de normativa nacional para potenciar la AFC: evitar la especulación, monopolios, usura, acaparamiento y contrabando de productos. Que promueva la creación y funcionamiento de redes de comercio justo y solidario.
  1. Debate para la formulación y aprobación del Código Integral de la Producción Agropecuaria con enfoque campesino y justicia de genero e intergeneracional, como base jurídica, para lograr el desarrollo del sector productor agropecuario con énfasis en los pequeños productores/as.
  1. Mecanismos normativos para el cumplimiento de la LORSA: para fortalecer la producción agroecológica y pecuaria familiar, comunitaria y de pequeñas y medianas empresas
  2. Mecanismos financieros: fortalecer banca pública, cooperativas, y banca comunitaria para garantizar acceso a servicios financieros de apoyo a pequeños y medianos productores con control a tasas de interés y utilidades de la banca privada.

Derechos de la Naturaleza

  1. Reforma a Ley de gestión ambiental y COOTAD para la protección del Suelo: garantizar mecanismos de conservación y recuperación de los suelos con incentivos al Cuidado comunitario de los páramos y posibilitar el control social y participación comunitaria. Fortalecimiento y aplicación del marco normativo nacional dirigido a la protección y uso sustentable del suelo que prevenga su degradación provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.
  2. Ley de Gestión Ambiental: garantizar derechos de la naturaleza a partir de saberes ancestrales, producción de biodiversidad, ecosistemas, mecanismos eficientes de prevención, control, mitigación y restitución de derechos por daños ambientales

Este resumen está realizado en base a la Cartilla «Recuperando la Fuerza de las Agendas Agrarias – hacia el encuentro por la transformación agroalimentaria»

El IEE y el OCARU se pronuncian por el 17 abril Día de las Luchas Campesinas

El IEE y el OCARU se pronuncian por el 17 abril Día de las Luchas Campesinas

Este 17 de abril de 2021, integrantxs del Instituto de Estudios Ecuatorianos se pronuncian por el Día Internacional de las Luchas Campesinas y nos cuentan ¿qué significan las luchas campesinas para nosotros?

«Las luchas campesinas son la resistencia a las reglas que nos impone el mundo, y son la luz que nos guía a la rebeldía» David Singaña

«Para mí, las luchas campesinas son la mayor fuerza que nos permite transmutar la injusticia, el dolor, el despojo y aquellas relaciones destructivas entre seres humanos y hacia la naturaleza,  para volver a plantearnos una nueva forma de vivir desde el respeto, el cuidado y la horizontalidad» Valeria Recalde

«Son todas las resistencias que posibilitan pensar y construir el mundo en el que queremos vivir» Kata Herrera

«Son los caminos, a veces adversos y cuesta arriba, de quienes deciden hacer de lo campesino una esperanza para transformar el mundo y alcanzar vidas dignas» Alejandra Santillana

«Las luchas campesinas, las luchas por la vida. Sin tierra, sin agua, sin los cuerpos que cuidan y trabajan la vida no sería posible» – Belén Valencia

«Para mi significa revalorizar los alimentos que consumo a diario y todo el trabajo que hay detrás de ellos. Si lxs campesinxs no producen, las ciudades no comen.» Andrea Tamayo

«Las luchas campesinas son luchas por la vida, por un mundo más justo y armonioso, que se dan tanto en resistencias cotidianas como en transformaciones colectivas. Para mí, las luchas campesinas significan esperanza, memoria y fortaleza para construir la soberanía alimentaria de los pueblos» Tamara Artacker

«El 17 de abril es un acto de memoria y reconocimiento de las luchas indígenas campesinas por su derecho a existir como campesinos. Un reconocimiento a su lucha generosa en la producción de alimentos, su laboriosa inteligencia en la conservación y multiplicación de semillas, a su compromiso con la protección de la naturaleza» Stalin Herrera

«Representan un camino, que a pesar de lo inhóspito que resulta su tránsito, siempre viene iluminado por la esperanza de la transformación…de que algo cambia, de que las cosas pueden cambiar. Las luchas campesinas son para muchos, el sentido de la existencia de la vida en el campo, ¿nos gustaría que fuera diferente?…sí, pero, para que eso suceda hay que caminarlo»Esteban Daza

Carta abierta a los señores y señoras de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria

Carta abierta a los señores y señoras de la Asamblea Nacional con relación a la pretensión de aprobar el proyecto de Ley Agropecuaria

Colectivos, organizaciones territoriales, no gubernamentales, pequeños productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y de la agricultura familiar campesina, organizaciones regantes y otros gremios del campo presentan una carta abierta a los y las integrantes salientes de la Asamblea Nacional mostrando su rechazo hacia el proyecto de ‘’Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario’’, frente a la amenaza de que se dará paso a la votación del pleno.

Las organizaciones argumentan un sentido de exclusión e indignación ya que esta, como otras legislaciones que son contrarias al desarrollo campesino y Buen Vivir de las comunidades rurales. Además, afirman que el proyecto de ley «disfraza el desarrollo sustentable para imponer biopolíticas de subordinación laboral rural, de artificialización de los territorios por medio de encadenamientos asimétricos y reconvesiones productivas».

Lee la carta aquí.-

1Carta Abierta - Asamblea Proyecto de Ley Desarrollo Sustentable Sector Agropecuario