Ministerio de Agricultura asegura que precios del arroz fueron fijados técnicamente en mesas de diálogo, que hay reclamos “justificados y otros de tinte político”

Ministerio de Agricultura asegura que precios del arroz fueron fijados técnicamente en mesas de diálogo, que hay reclamos “justificados y otros de tinte político”

El Universo

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) defendió este viernes 30 de julio el proceso que terminó en la fijación de nuevos precios mínimos de sustentación del arroz para el 2021, que se expidieron el 23 de julio pasado a través del Acuerdo Ministerial 019.

Este acuerdo establece en $ 30 el precio de la saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7 mm de 200 libras (90,72 kg) con 20 % de humedad y 5 % de impurezas. Asimismo, fijó en $ 32 la saca de arroz cáscara grano largo con una longitud igual o mayor a 7 mm de 200 libras (90,72 kg) con 20 % de humedad y 5 % de impurezas.

El Ministerio, a través de su Dirección de Estudios de Comercialización Agrícola, aseguró que los precios se fijaron de manera técnica a través de mesas de diálogo con los representantes de los productores de la gramínea. Sin embargo, ellos aseguraron que no se cumplieron los acuerdos ni se tomaron en cuenta los insumos que llevaron a las sesiones de trabajo.

Por ejemplo, uno de los dirigentes, René Herrera, coordinador nacional de la Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), que representa a arroceros de la provincia del Guayas, indicó que se expuso a la autoridad el costo de producir una saca de 200 libras de arroz, que es alrededor de $ 32 y que cuesta un promedio de $ 2.144 producir una hectárea.

Los dirigentes también se quejaron sobre el incumplimiento de la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso, quien se habría comprometido a fijar en $ 35 la saca de 200 libras.

Ante los reclamos, desde el MAG se argumentó que el establecimiento de precios consideró tanto el costo de producción como una ganancia y que “hay reclamos sentidos, justificados y otros de tinte político”.

La Dirección explicó que el análisis consideró los costos expuestos en la Mesa Técnica de Arroz (estructura que corresponde a un sistema tecnificado) y los costos de producción que levanta el MAG (estructura que corresponde a un sistema semitecnificado). El sistema de cultivo de arroz semitecnificado es el más representativo a nivel nacional, considerando las principales provincias productoras que son Guayas, Los Ríos y Manabí.

Además, aseguraron que se consideró el margen de ganancia que permita a los agricultores arroceros cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad razonable acorde a la realidad nacional. Esto en un año en el que se estima una producción sobre las 700.000 toneladas de arroz pilado. Históricamente, de la producción, en promedio, se consume localmente el 84 % y se exporta el 2 %.

Pese a los reclamos y rechazo del sector arrocero, el MAG, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Gobernación del Guayas e Intendencia de la provincia, inició el jueves pasado los operativos de control para verificar que en las piladoras se pague el precio determinado en el Acuerdo 019.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/ministerio-de-agricultura-asegura-que-precios-del-arroz-fueron-fijados-tecnicamente-en-mesas-de-dialogo-que-hay-reclamos-justificados-y-otros-de-tinte-politico-nota/

Histórica sentencia para apagar mecheros de Amazonía ya fue notificada; demandantes analizan próximos pasos

Histórica sentencia para apagar mecheros de Amazonía ya fue notificada; demandantes analizan próximos pasos

El Universo

Como un triunfo histórico fue recibida la sentencia escrita que dispone eliminar 443 mecheros de la Amazonía ecuatoriana, de los cuales 210 están en la provincia de Sucumbíos. La sentencia, que responde favorablemente a la demanda presentada por nueve niñas de la Amazonía, fue al fin notificada por la Corte Provincial de Sucumbíos, este 29 de julio, luego de seis meses de espera (lo normal es una semana), tras el anuncio verbal que ya se dio el 26 de enero pasado.

La sentencia establece que los mecheros (que contaminan y ventean gas) sí vulneran los derechos ambientales y de salud de las niñas y de la población en general. En cuanto a las medidas de reparación, dice que el Estado debe eliminar los mecheros en dos tiempos, dependiendo de la cercanía de los mismos a centros poblados: los más cercanos deben ser eliminados en 18 meses, pero los más alejados podrían seguir existiendo hasta el 2030.

Además indica que el Ministerio de Energía ya no podrá seguir expidiendo permisos a las empresas para nuevos mecheros, a menos que tuvieran una tecnología que impida la contaminación. También dice que se deberá analizar por parte del Ministerio de Salud la posibilidad de construir un hospital oncológico en Sucumbíos.

La noticia de la notificación la recibió Donald Moncayo, miembro de la Unión de Afectados por Chevron Texaco (UDAPT), cuando estaba trabajando en el campo. Él es padre de Leonela Moncayo, una de las niñas demandantes. Donald asegura que era muy importante recibir la sentencia escrita para poder llegar a que esta se ejecutoríe efectivamente. Asegura que su hija está contenta con la notificación, pero también un tanto inconforme, porque sabe que no se cumplirán las medidas de manera inmediata.

Ella quisiera, por ejemplo, que ya todos los mecheros se eliminen en corto plazo y que se inicie la construcción del hospital oncológico, dice. Es que para las niñas demandantes es muy importante conseguir el tema de salud, pues sus padres, madres y otros parientes se han visto afectados de cáncer, aparentemente por vivir en esos sectores contaminados.

Donald Moncayo recuerda que durante el juicio el Ministerio de Salud aseguró a las autoridades de justicia que solo se habían encontrado cinco casos de enfermos de cáncer en la zona, pero la Clínica Ambiental de la UDAPT logró demostrar que son más de 312 casos.

Al momento las demandantes y sus abogados deben analizan cuál será el siguiente paso a seguir, a fin de que dicha sentencia se cumpla a cabalidad. Hasta ahora habría dos vías.

La primera es pedir una aclaración y ampliación de dicha sentencia. Pablo Fajardo, abogado de la causa, explicó que la sentencia ratifica que los mecheros estaban vulnerando derechos y por tanto se puede considerar un triunfo histórico.

Sin embargo, en cuanto a las medidas de reparación, considera que son inadecuadas porque en algunas se permite que continúe dicha vulneración de derechos. “Es inadmisible que se permita la existencia de cierto número de mecheros hasta el 2030”.

Además considera que no se ha tomado en cuenta a la población para que participe con una veeduría y en discusiones sobre los caminos a cumplir, sobre las medidas de reparación. Tampoco se establece cuáles son los mecheros que deben ser eliminados en 18 meses y cuáles pueden permanecer hasta el 2030.

El problema en este caso, asegura Julio Prieto, también abogado de la causa, es que la sentencia no se ejecutoriaría de manera inmediata hasta resolver dichos pedidos. Normalmente se debería despachar el tema en diez días. Sin embargo, temen con base en la mala experiencia vivida por la demora en la emisión de la sentencia escrita que la justicia demore muchos meses más y esto impida que corran los plazos.

El segundo camino sería aceptar que se ejecutoríe la sentencia tal como está y vigilar que se lo haga efectivamente. También se podría presentar una acción extraordinaria de protección que exija la reparación inmediata y no que se deje a los mecheros vigentes hasta el 2030. Tienen hasta el próximo martes para establecer su posición.

Sobre el tema, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó que efectivamente recibieron la notificación de la sentencia, la cual está siendo analizada por el departamento jurídico, por lo que se dará una postura en los próximos días.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/sentencia-escrita-para-apagar-mecheros-establece-eliminar-varios-en-18-meses-nota/

Global Alliance desembolsará $ 2,3 millones para tecnificación de procesos comerciales tras suscribir convenio con Arcsa

Global Alliance desembolsará $ 2,3 millones para tecnificación de procesos comerciales tras suscribir convenio con Arcsa

El Universo

Una delegación de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio (GATF, por sus siglas en inglés) suscribió un convenio con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en Guayaquil para efectuar una reingeniería de procesos, implementar mejoras en sistemas tecnológicos y simplificar los trámites en instituciones públicas relacionadas con el comercio exterior.

Este compromiso forma parte de la alianza público-privada establecida en el memorando de entendimiento que firmó el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Producción, con la GATF el pasado 19 de julio.

Entre los acuerdos del documento está considerada la entrega de un fondo no reembolsable de $ 2,3 millones para mejorar la eficiencia de los servicios de Senae (Ventanilla Única Ecuatoriana), Agrocalidad y Arcsa.

“Esta es una forma de apoyar el segmento comercial porque hace las gestiones más eficientes, libera recursos de las instituciones, distribuye mejor las tareas y permite cumplir los objetivos comerciales”, aseguró Laura Escalante, oficial de programa de la GATF y quien encabezó la comitiva.

Ana Karina Ramírez, directora ejecutiva de Arcsa, mencionó los beneficios del convenio. “Este apoyo nos permite apegarnos aún más a lo que establece el Decreto 068 del Gobierno nacional, que implica que los registros sanitarios y notificaciones sanitarias deben ser expedidos con mayor celeridad, para que los productos fluyan de manera rápida dentro del país y las exportaciones se den de forma más oportuna”, indicó

Con esta inversión, según el comunicado, se permitirá implementar un sistema tecnológico de avanzada para unificar la información, digitalizar procesos y simplificar trámites.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/global-alliance-desembolsara-23-millones-para-tecnificacion-de-procesos-comerciales-tras-suscribir-convenio-con-arcsa-nota/

Prefectura de Manabí realizará estudio ‘Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial’

Prefectura de Manabí realizará estudio ‘Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial’

El Universo

La Prefectura de Manabí contrató a la empresa Global Trade Consulting S. A. para la realización de un estudio denominado Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial.

Con este estudio esperan fortalecer la competitividad de ese sector e identificar los cuellos de botella, georreferenciar las masas laborales y establecer una agenda de trabajo para alinear el plan a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

El documento fue suscrito el pasado jueves en Manta, entre el prefecto Leonardo Orlando, y el consultor de la firma contratada, Javier Hidalgo.

La consultoría se ejecutará en Manta, Jaramijó, Montecristi y Rocafuerte, cantones en donde se encuentran ubicadas las empresas involucradas en este proyecto, con una inversión de $ 70.000.

Orlando indicó que la industria atunera representa una base productiva que genera el mayor bienestar, empleo formal, ingresos de divisas y contribución al fisco y a la seguridad social en la provincia de Manabí.

“Una industria que tenemos que cultivarla, cuidarla, proyectarla e integrarla con los demás sectores de servicios y de producción primaria”, señaló.

Además mencionó que se busca aprovechar su experiencia en la industrialización y conquista de mercados. “Y este conglomerado que ya sabe procesar y dar valor agregado a los productos podría intervenir en otros mercados como cítricos, lácteos, cárnicos, para que esa tecnología y esa capacidad de transformación pueda ampliarse a los 22 cantones de la provincia”, añadió.

Luiggi Benincaza, director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec), aseguró que este estudio es un anhelo de muchos años.

“Un trabajo que nos permitirá contar con un documento actualizado de todo el encadenamiento productivo y de sus costos para poder llegar a saber en qué parte de la cadena tenemos que mejorar o en qué parte tenemos que fortalecer o cambiar”, expresó.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/prefectura-de-manabi-realizara-estudio-ruta-para-lograr-la-competitividad-del-sector-atunero-industrial-nota/

Gobierno alista reforma tributaria en la que contemplaría derogar el impuesto del 2 % para microempresarios

Gobierno alista reforma tributaria en la que contemplaría derogar el impuesto del 2 % para microempresarios

El Universo

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) dio a conocer este jueves que recibió una respuesta por parte del Gobierno a su pedido de reforma o derogatoria del impuesto del 2 % sobre las ventas de los microempresarios.

“Valoramos la acogida del Gobierno para corregir este impuesto que golpea a los microempresarios”, dijo la Cámara en un comunicado.

En la misiva, dirigida a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara, la secretaria del gabinete sectorial económico y productivo, Salomé Velasco Struve, informó que desde la Secretaría se realizó la revisión del pedido de la CCG junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), al ser esa institución el ente rector de la tributación.

Velasco comunicó que el pedido de la CCG está siendo considerado dentro del proyecto de reforma tributaria que está elaborando el Ejecutivo.

“Me permito informar que el cambio de la tasa de impuesto sobre la renta del 2 % sobre los ingresos brutos está siendo considerado dentro del proyecto de reforma tributaria, para lo cual se encuentra ya sobre la marcha el análisis técnico, jurídico y de impacto fiscal para la elaboración de este proyecto”, sentenció en la carta.

Adicional, Velasco manifestó en la misiva que, con la finalidad de aportar al análisis técnico específicamente sobre el impuesto en cuestión, proponen realizar una reunión en conjunto con el SRI y la CCG, a la que pidió tomar contacto de inmediato.

La reunión tendría como fin que la CCG pueda aportar los criterios y observaciones para ser considerados en el análisis previo al proyecto de reforma tributaria.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, anunció semanas atrás que entre agosto y septiembre de este año se pondrá para la discusión con la sociedad una reforma tributaria, de la cual ha dado pocas pistas. Dijo que lo que buscaría la normativa será controlar el gasto tributario que es lo que el fisco deja de recibir por exenciones tributarias. Una buena porción de estas exenciones se encuentran, por ejemplo, en las deducciones de gastos personales.

Cueva ha hecho énfasis en que estos cambios en exenciones tendrán siempre una regla. “No vamos a topar a los de abajo, sino a los de arriba de la pirámide”, dijo y explicó que la reforma tributaria es una de las tres patas de una mesa que es la estabilidad fiscal.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/gobierno-alista-reforma-tributaria-en-la-que-contemplaria-derogar-el-impuesto-del-2-para-microempresarios-nota/

Arroceros en desacuerdo con nuevos precios del arroz fijados por el MAG

Arroceros en desacuerdo con nuevos precios del arroz fijados por el MAG

El Universo

El nuevo precio de sustentación del arroz genera rechazo en asociaciones de arroceros, que esperaban un precio superior al que el Gobierno fijó, más aún cuando participaron en las mesas técnicas previas a la fijación de los valores.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fijó en $ 30 el precio mínimo de sustentación para el 2021 de la saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7 mm de 200 libras (90,72 kg) con 20 % de humedad y 5 % de impurezas.

Asimismo, fijó en $ 32 la saca de arroz cáscara grano largo con una longitud igual o mayor a 7 mm de 200 libras (90,72 kg) con 20 % de humedad y 5 % de impurezas.

Estos precios constan en el Acuerdo Ministerial 019, del 23 de junio pasado, documento en el que se explica cómo se llegó a esos valores. Se indica que tras la reunión del Consejo Consultivo del Arroz, el 14 de abril pasado, conforme consta en el Acta No. CCA-2021-001, se conocieron las posiciones de la industria y productores y al no llegar a un consenso el MAG debió determinar el precio conforme el Reglamento General de los Consejos Consultivos.

El Acuerdo además señala que los precios fueron recomendados por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, mediante memorando No. MAG-SCA-2021-0734-M del 22 de julio pasado.

En tanto, los gremios de arroceros presentan como argumento los elevados costos de producción para rechazar los precios fijados por la autoridad y que este jueves serán socializados en las piladoras, según el MAG.

René Herrera, coordinador nacional de la Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), que representa a arroceros de la provincia del Guayas, indicó que producir una saca de 200 libras de arroz cuesta alrededor de $ 32. El dirigente añadió que participaron durante dos días en mesas con el MAG, en las que se explicó que cuesta un promedio de $ 2.144 producir una hectárea.

“Lo más grave es que ninguna piladora quiere pagar ese precio y por lo menos debería estar a $ 35 y bajar el costo de producción”, sostuvo Herrera, quien además sugirió que el Gobierno intervenga o reabran la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), que fue creada para regular los precios del arroz, otros cultivos, insumos agrícolas, maquinarias y repuestos.

“El Gobierno hasta el momento no se pronuncia, aunque ya llevamos dos semanas de mesas técnicas y (dijeron) que en 8 días darían los resultados”, expresó Herrera, quien reveló que se están organizando todos los sectores arroceros y tenían previsto remitir este miércoles una carta al presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitando que reciba a una comitiva, aunque advirtió que “de no haber respuesta tendremos que tomar otras decisiones”.

La posición de Fenarroz se suma a la expuesta por el Movimiento Nacional Campesino, que el martes pasado también mostró su desacuerdo en el precio de $ 30 y $ 32; y no descartaron volver a los paros para exigir la revisión del acuerdo.

Otro gremio que indicó no estar conforme con el Acuerdo 019 es la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros (Corpnoarroz), que agrupa a las juntas de riego de arroz de Daule, Santa Lucía, Samborondón, Babahoyo y algunas asociaciones de arroceros. Su presidente, Washington Núñez, señaló que se debe eliminar la franja al asegurar que les afecta al momento de vender su gramínea, debido a que les pagan de $ 3 a $ 4 menos del precio oficial.

“Además, el precio fijado por el Ministerio no es el acordado en las mesas técnicas los días 14 y 15 julio. Entre los acuerdos a que llegamos luego del paro está que trabajaríamos en las mesas técnicas para fijar un nuevo precio”, sostuvo el dirigente, quien coincidió con Herrera al señalar que los costos de producción que se expusieron en las mesas técnicas fueron de $ 35,37 como productores y de $ 32,99 el costo de producción del MAG.

“El precio fijado por el MAG no se apega a la realidad, ni menos a lo trabajado con ellos”, expresó Núñez, quien señaló que el Estado debe entrar a comprar la reserva estratégica para que los precios del arroz se regulen.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/arroceros-en-desacuerdo-con-nuevos-precios-del-arroz-fijados-por-el-mag-nota/

MAG realizó operativos en piladoras de arroz en Daule con apoyo de entidades de control

MAG realizó operativos en piladoras de arroz en Daule con apoyo de entidades de control

El Universo

Este jueves el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Gobernación del Guayas e Intendencia de la provincia, realizó un operativo de control para verificar que en las piladoras se pague el precio mínimo de sustentación del arroz en cáscara a los productores.

Producto del operativo, dos piladoras de arroz del cantón Daule fueron citadas por la Comisaría Nacional por incumplimientos. Una no tenía calibrada su báscula y la otra no había colocado el listado de precios mínimos de sustentación de la gramínea en un lugar visible.

Según el Acuerdo Ministerial 019, el precio mínimo de sustentación de la saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7 mm, de 200 libras (90,72 kg), con 20 % de humedad y 5 % de impurezas es de $ 30, mientras que para la saca de arroz cáscara grano largo con una longitud igual o mayor a 7 mm, de 200 libras (90,72 kg), con 20 % de humedad y 5 % de impurezas es de $ 32.

El gobernador del Guayas, Vicente Taiano, quien participó en el operativo, dijo que el interés es hacer cumplir el precio establecido por el Gobierno, para que los pequeños productores no se sientan perjudicados.

Hernani Mendoza, viceministro de Desarrollo Rural del MAG, indicó que en estos operativos también se revisa si las balanzas cumplen con los parámetros establecidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la facturación que realizan al comprar la gramínea.

En sus visitas a las piladoras, los técnicos colocaron afiches donde constan los precios mínimos de sustentación que regirán para el ciclo agrícola 2021 y el correo electrónico denuncias@mag.gob.ec y el teléfono 096-738-1386 como canales de comunicación directa para que los agricultores denuncien si no reciben el pago establecido por la saca de arroz cáscara.

El nuevo precio de sustentación del arroz ha generado rechazo en asociaciones de arroceros, quienes esperaban un precio superior al que el Gobierno fijó, más aún cuando participaron en las mesas técnicas previas a la fijación de los valores.

Los gremios de arroceros presentan como argumento los elevados costos de producción para rechazar los precios fijados por la autoridad y que desde el jueves empezaron a ser socializados en las piladoras.

La Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), que representa a arroceros de la provincia del Guayas, indicó que producir una saca de 200 libras de arroz cuesta alrededor de $ 32.

La posición de Fenarroz se suma a la expuesta por el Movimiento Nacional Campesino, que el martes pasado también mostró su desacuerdo en el precio de $ 30 y $ 32; y no descartaron volver a los paros para exigir la revisión del acuerdo.

Otro gremio que indicó no estar conforme con el Acuerdo 019 es la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros (Corpnoarroz), que agrupa a las juntas de riego de arroz de Daule, Santa Lucía, Samborondón, Babahoyo y algunas asociaciones de arroceros. Su presidente, Washington Núñez, señaló que se debe eliminar la franja al asegurar que les afecta al momento de vender la gramínea, debido a que les pagan de $ 3 a $ 4 menos del precio oficial.

Núñez asegura que el precio fijado por el Ministerio no es el acordado en las mesas técnicas los días 14 y 15 julio. Los costos de producción que se expusieron en las mesas técnicas fueron de $ 35,37 como productores y de $ 32,99 el costo de producción del MAG.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/mag-realizo-operativos-en-piladoras-de-arroz-en-daule-con-apoyo-de-entidades-de-control-nota/

Mujeres, con menor capacidad de ahorro y de jubilación en Ecuador

Mujeres, con menor capacidad de ahorro y de jubilación en Ecuador

Primicias

Las mujeres, al tener menos posibilidad de ahorrar, pierden independencia económica, lo que se ve reflejado incluso en sus planes de jubilación. La brecha de género y financiera entre hombres y mujeres se ha ahondado en Latinoamérica con la actual crisis económica y sanitaria. En Ecuador, por ejemplo, el 36% de las mujeres afirma haber ahorrado en los últimos 12 meses, mientras que el 44% de los hombres asegura haber tenido posibilidades para hacerlo.

Que las mujeres tengan un menor nivel de ahorro que los hombres se debe a una serie de factores, entre ellos: Las mujeres tienen menor autonomía en la toma de decisiones financieras. Se debe a expectativas sobre el rol de la mujer y la percepción de que su ingreso es complementario al del hombre. Menor inclusión financiera de las mujeres, lo que se evidencia en que tienen menos cuentas de ahorro y tarjetas de crédito en comparación que los hombres. Baja educación financiera, apenas el 12% de las mujeres dice que tiene formación en el tema. Las mujeres destinan sus ingresos, de forma inmediata, a cubrir las necesidades del hogar. Menos ingresos entre las mujeres, por el deterioro del mercado laboral. Mujeres en Ecuador En el país el ingreso promedio de las mujeres es de USD 290 al mes, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Eso significa USD 39,9 menos en comparación con lo que perciben los hombres por mes. Que los ingresos de las mujeres sean más bajos se debe, en parte, a que apenas tres de cada 10 personas que tienen un empleo adecuado en Ecuador son mujeres.

El INEC considera que una persona tiene un empleo pleno o adecuado cuando: Percibe ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, que es de USD 400. Trabaja 40 o más horas a la semana, independientemente del deseo y de la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Gana un salario mínimo o más por mes, trabaja menos de 40 horas, pero no desea trabajar horas adicionales. Sin colchón financiero La menor capacidad de ahorro entre las mujeres trae una serie de consecuencias para ese grupo poblacional, como baja resiliencia ante choques financieros negativos y pérdida de independencia económica, lo que se refleja incluso en los planes de jubilación.

Apenas el 32% de mujeres en Ecuador dice que podría enfrentar un gasto imprevisto, equivalente a su ingreso mensual, sin necesidad de pedir un crédito o ayuda de parte de su familia. ¿Por qué? Porque ocho de cada 10 mujeres ni siquiera tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos mensuales.

Sobre la jubilación, solo el 25% de mujeres dice que obtiene recursos para ahorrar para su jubilación, en el caso de los hombres la cifra llega a 44%. El plan de jubilación de las mujeres depende principalmente de los ingresos de su cónyuge o de su pareja, afirma la CAF.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/mujeres-capacidad-ahorro-dinero-ecuador/

25 años de Soberanía Alimentaria “ es un derecho de los pueblos para definir sus políticas agrícolas y alimentarias, producir alimentos, y alimentos saludables para todo el pueblo”

25 años de Soberanía Alimentaria “ es un derecho de los pueblos para definir sus políticas agrícolas y alimentarias, producir alimentos, y alimentos saludables para todo el pueblo”

La Vía Campesina

En el año en que La Vía Campesina celebra los 25 años de la definición, construcción y de lucha por la “Soberanía Alimentaria”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoca a una Cumbre con jefes de Estado, miembros de grandes empresas y corporaciones privadas, transnacionales y representantes del agronegocio para discutir el proceso de sistemas alimentarios.

La Cumbre de los Sistemas Alimentarios (Food Systems Summit, o FSS, sigla en inglés) será realizada en septiembre de 2021, durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Previo a la Cumbre, se realiza en Roma una Pre-Cumbre del 15 – 28 de julio de 2021.

Aprovecho este espacio para debatir los dos asuntos que se complementan en dos artículos diferentes. En el primero, vamos a discutir sobre el 25° aniversario del debate sobre Soberanía Alimentaria. El segundo tema son las contradicciones de la realización de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, que está siendo convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Esta es la década en que la ONU y los países miembros deberían estar realizando actividades y acciones a cumplir hasta el 2030, los objetivos definidos para alcanzar las metas para la construcción del Desarrollo Sustentable.

La Reunión de Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios fue convocada justamente en el momento en que el mundo pasa por una pandemia que se llevó la vida de más de cuatro millones de personas en el mundo, víctimas de la covid-19. Al mismo tiempo vemos crecer, como consecuencia de las crisis, el número de personas que pasan hambre en el mundo, el aumento del desempleo, de la miseria y la violencia.

Soberanía Alimentaria

Desde la fundación de La Vía Campesina en 1993, en la efervescencia de la articulación de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, fue realizada la primera conferencia en Bélgica.  La Vía Campesina nace como una articulación mundial de los movimientos campesinos. En esta conferencia se define entre sus objetivos la construcción de relaciones de solidaridad entre los pueblos y en especial entre las organizaciones campesinas y, reconociendo la diversidad del campesinado en el mundo; la construcción de un modelo de desarrollo de la agricultura que garantice la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos de definir sus propias políticas agrícolas; y la preservación del medio ambiente con la protección de la biodiversidad.

En los objetivos definidos, en la recién nacida La Vía Campesina, estaba clara la estrategia de oponerse al agronegocio, a la estandarización de las culturas, al productivismo, al monocultivo y al modelo agroexportador que son características del modelo de desarrollo del agronegocio.  Es importante contextualizar que estas ideas no vienen de cabezas iluminadas de liderazgos campesinos y asesorías de ONGs que participaron de la conferencia como invitados, pero sí de las condiciones políticas y económicas del contexto de la época.

La década de 1990 fue el periodo de mayor agresividad del modelo capitalista en implantación en el mundo; el Neoliberalismo, que en su ansia de avanzar en el dominio sobre las naciones y sobre los modelos de producción agrícola, imponen, principalmente a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), cambios en las legislaciones de los Estados Nacionales, como forma de permitir mayor circulación de mercadería entre los países, con menores costos y sin restricciones o barreras aduaneras.

El neoliberalismo promueve la abertura total de las fronteras para permitir la libre circulación de las mercaderías, impone a los países pobres y en desarrollo un proceso para disminuir las interferencias del Estado en la economía, enflaqueciendo los estados con medidas como privatizaciones, en especial, de los servicios públicos y empresas estatales.

La alimentación pasó a transformarse en commodities, con interferencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio), negociadas en las bolsas de valores, sin ningún control de los agricultores que producen alimentos. En contrapartida, las grandes corporaciones internacionales, en su gran mayoría norteamericana y europeas, pasan a controlar la producción, la agroindustria, el stock/almacenamiento, la distribución y el precio. El agronegocio avanza sobre los territorios promoviendo la violencia y destrucción de comunidades campesinas, al servicio de la expansión del agronegocio y del avance de las corporaciones sobre las soberanías nacionales.

La “Soberanía Alimentaria” como concepto y bandera de lucha fue una de las definiciones de la segunda conferencia de La Vía Campesina, realizada en México en abril de 1996, en los mismos días en que ocurrió en Brasil, en el estado de Pará, la masacre en Eldorado dos Carajás el 17 de abril.

En este mismo encuentro, motivados por una profunda indignación por la masacre y gran pesar por los 19 muertos, se definió el Día 17 de Abril como el Día Mundial de Lucha Campesina. La conferencia define la Soberanía Alimentaria como contrapunto a las definiciones institucionales de la ONU, de la Seguridad Alimentaria, creada en 1985 con el objetivo de garantizar a todas las personas, independientemente de la situación: de guerra, guerra civil, de calamidad, catástrofes, de conflictos. Todas las personas tienen derecho de alimentarse, como un derecho internacional y es obligación de los Estados y de los organismos internacionales.

Si este concepto fuese efectivamente aplicado podría impedir el hambre en el mundo. Aunque, el hambre es uno de los mayores problemas del mundo provocado principalmente por la altísima concentración de riqueza en manos de una minoría, mientras la gran mayoría vive en condiciones subhumanas, muy por debajo de la línea de pobreza. La Seguridad Alimentaria no discute el tipo de alimentación, ni las condiciones en las cuales los productos alimenticios son producidos, muchas veces a costas de explotación, trabajo infantil, trabajo esclavizante; de la destrucción ambiental, del trabajo forzado de mujeres, jóvenes y de todas las adversidades y violencias cometidas contra familias campesinas que son expulsadas de las tierras y territorios para abrir frontera al agronegocio.

La Soberanía Alimentaria, en sus 25 años de construcción, viene debatiendo la idea de que no basta apenas con que la alimentación llegue a las personas. Nos lleva a discutir qué tipo de alimentación, cuáles las condiciones de producción, cuál es la relación de esta alimentación con el proceso de producción, con el trabajo, con el medioambiente y con las comunidades locales y originarias. La producción de alimento tiene que promover una relación saludable de convivencia con el medioambiente, con condiciones de trabajo digno. La producción de alimentos tiene que estar concatenada con la idea de que el alimento producido debe ser saludable, sin uso de insumos químicos, de agrotóxicos, con semillas producidas por los propios campesinos.

La soberanía alimentaria está intrínsecamente vinculada al debate de qué tipo de campo y tipo de desarrollo se quiere para el campo y qué tipo de alimentación se quiere producir. ¿Y para qué queremos producir? Para priorizar la producción para el mercado local, a partir de la cultura de consumo local y regional.  La Soberanía nos permite pensar la estrategia de romper con la política de la OMC y de las grandes corporaciones de control del mercado de alimentos.

Para La Vía Campesina la Soberanía Alimentaria es mucho más que un concepto, es una estrategia de desarrollo y de modo de vida en el campo. Es un principio que debe orientar a las organizaciones campesinas en todo el mundo. Por lo tanto, cuando se define la soberanía alimentaria como un principio, se define también una estrategia de lucha. En estos 25 años de soberanía alimentaria se realizaron muchas luchas y movilizaciones. En especial podemos recordar las luchas realizadas en Europa en los años 90, contra la intervención de la OMC en la producción y en el comercio de la producción agrícola.

Tuvimos las movilizaciones y luchas contra las semillas genéticamente modificadas, las llamadas semillas transgénicas, la defensa de las semillas “patrimonio de la humanidad”. Recuerdo aquí, el acto de las mujeres, durante la realización del I Foro Social Mundial en Porto Alegre, cuando un colectivo de mujeres internacionales realizó un acto de protesta en el que se destruye un centro de investigación de semillas transgénicas de Monsanto.  A partir de este acto, La Vía Campesina pasó a defender: “ las semillas como patrimonio del pueblo a servicio de la humanidad, debe ser preservada y producida por lxs campesinxs como indispensable para la producción de alimentos saludables”.

En defensa de la Soberanía Alimentaria, muchas luchas se realizaron en el mundo entero, como vimos en el final del 2020 las movilizaciones de campesinos en India contra el gobierno conservador que está desestructurando las políticas públicas para el campo para abrir espacio al agronegocio y a empresas agrícolas extranjeras. La lucha por la construcción del modelo de desarrollo del Campo del “Buen Vivir” en Bolivia, el método “Campesino a Campesino” desarrollado en Cuba para multiplicar la producción agroecológica. Pero quería cerrar recordando tres liderazgos que marcaron estos 25 años y nos dejaron enseñanzas en defensa de la Soberanía Alimentaria.

Recordar al camarada Lee, como era llamado, Lee Kyang Hae, tenía 55 años, un agricultor coreano que, el 10 de septiembre de 2003, durante la 5ª Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio – OMC en Cancún (México), se inmoló cargando un cartel que decía “La OMC mata a lxs agricultores”. Él dio su vida por la causa y su muerte fue un mensaje: “O se muere luchando o se muere enflaquecido de hambre, o perdiendo la identidad campesina”.

Recordar al compañero Joseph Bové, francés, que todavía vive. Importante camarada en la historia de lucha de La Vía Campesina. Lideró las movilizaciones en Francia a inicio del siglo en defensa de la Soberanía Alimentaria y contra la intervención del agronegocio en la producción de alimentos.

Y, por último, recordar al camarada Egídio Bruneto, que nos dejó precozmente víctima de un accidente. Era dirigente del MST y miembro de la coordinación internacional de La Vía Campesina. En la lucha por la defensa de las semillas como Patrimonio de la Humanidad, siempre que viajaba llevaba escondido en los bolsillos o en la valija algunas semillas que él entregaba a lxs campesinxs de forma personal y conspirativa, y cuando volvía del viaje realizaba el mismo intercambio de semillas, pocas, algunas apenas, pero entregaba a lxs militantes de acuerdo con el clima y región de origen de las semillas. Nos enseñó a intercambiar y globalizar las luchas y las semillas.

Soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos para definir sus políticas agrícolas y alimentarias. Producir alimentos, y alimentos saludables para todo el pueblo.

Fuente: https://viacampesina.org/es/25-anos-de-soberania-alimentaria-es-un-derecho-de-los-pueblos-para-definir-sus-politicas-agricolas-y-alimentarias-producir-alimentos-y-alimentos-saludables-para-todo-el-pueblo/

Conservar y restaurar los bosques de manglar en Latinoamérica

Conservar y restaurar los bosques de manglar en Latinoamérica

GK

Según estudios, los manglares en el mundo se están perdiendo a una tasa de 2 % anual y emiten el 10 % de las emisiones de CO2 causadas por la deforestación, a pesar de que solo cubren el 0,7 % de la superficie terrestre.

Todos los años, los científicos hacen llamados cada vez más urgentes para proteger la vida en la Tierra. La deforestación, principalmente de bosques tropicales, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones a nivel mundial y, en los últimos años, los ecosistemas costeros han empezado a tomar protagonismo en las discusiones ambientales. La temporada de huracanes y tormentas tropicales en el Caribe durante 2020 —la más intensa desde que se tienen registros— fue uno de los más recientes ejemplos de los estragos que está causando el cambio climático y cómo el buen estado de estos ecosistemas es vital para mitigar sus graves impactos.

Entre esos ecosistemas destacan los bosques de manglar, zonas de transición entre la vida marina y la vida terrestre, conocidos como la sala cuna de gran parte de la vida en el océano y destacados porque cada hectárea captura y almacena más carbono que cualquier otro bosque. “Son como la piel en el cuerpo. Protegen al mar de lo que proviene de la tierra y a la tierra de lo que proviene del mar”, dice Jorge Herrera, biólogo mexicano, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y uno de los científicos latinoamericanos que más ha trabajado con manglares.

En el Día de la Tierra, Mongabay Latam presentó un panorama del estado de los manglares en México, Colombia y Ecuador, tres países con grandes áreas de manglar en sus territorios. ¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Qué pasaría si se pierden estos bosques? ¿Qué se está haciendo para restaurarlos y conservarlos?

En un artículo publicado en la revista Plos One en 2010, un grupo de científicos reveló que los bosques de manglares brindan al menos 1600 millones de dólares por año en servicios ecosistémicos y dan sustento a los habitantes de las zonas costeras. Sin embargo, encontraron que están desapareciendo con rapidez pues se talan para el desarrollo urbano costero y la acuicultura; así como para obtener leña y producir combustible.

Al compilar información sobre la distribución específica, características y estado de poblaciones de las 70 especies conocidas de manglares a nivel mundial, encontraron que 11 de ellas (16 %) se encuentran en gran amenaza de extinción y que, además, “la pérdida de las especies de manglares tendrá consecuencias económicas y ambientales devastadoras para las comunidades costeras”. Por su parte, la UNESCO, Conservación Internacional y la UICN, en su iniciativa Blue Carbon, destacan que los manglares en el mundo se están perdiendo a una tasa de 2 % anual y que emiten el 10 % de las emisiones de CO2 causadas por la deforestación, a pesar de que solo cubren el 0,7 % de la superficie terrestre.

El biólogo mexicano Jorge Herrera considera que los manglares en su país están en alto riesgo dado que las políticas de protección al ambiente han cambiado mucho en los últimos 20 años. “Se ha dado de manera ilegal una apertura a deforestar para el cambio de uso del suelo para actividades productivas diferentes a las permitidas en manglar, no obstante que México tiene una muy buena ley de protección al ambiente y que están en la norma oficial como especies en peligro”.

En Colombia, según dice Alexandra Rodríguez, jefe de la línea de Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y Costeros del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), en las décadas de los 60 y 70 la condición de los manglares en el país no era muy buena, pero en los últimos años ha mejorado.

Sin embargo, hay grandes diferencias entre lo que ocurre con estos bosques en el litoral Pacífico y el litoral Caribe. “En el Pacífico tenemos extensas áreas bien conservadas, pero en el Caribe hay problemáticas que requieren atención”, dice Rodríguez, haciendo énfasis sobre todo en la Ciénaga Grande del Magdalena, donde las carreteras y actividades agropecuarias han afectado fuertemente el flujo de agua en el ecosistema.

Por su parte, Ecuador hoy se jacta de tener uno de los planes de conservación con comunidades más exitosos de la región. Después del ‘boom’ camaronero de la década del ochenta, que llevó a la deforestación de más de 56 000 hectáreas de manglares, el gobierno emitió un decreto de uso y custodia de los manglares para las comunidades ancestrales o que tradicionalmente han utilizado los recursos de este ecosistema.

Esta labor ha permitido, de acuerdo con Fausto López, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y coordinador del grupo de investigación Gobernanza, biodiversidad y áreas protegidas, que haya 59 acuerdos que protegen aproximadamente 69 300 hectáreas de manglares, sumadas a las 72 500 hectáreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). El 87 % de los manglares del país están protegidos.

“Ahí hay un compromiso de lado y lado. Es una relación gana – gana para las comunidades y para el gobierno. Se extraen recursos de forma sustentable y el Estado se ahorra las labores de monitoreo y patrullaje pues las personas son las más interesadas en conservar los manglares para garantizar su sustento”, añade López.

Urgen acciones de restauración coordinadas

Los expertos consultados por Mongabay Latam coinciden en que los manglares se encuentran expuestos a varias amenazas que suelen ser comunes en muchos de los países latinoamericanos. Jorge Herrera menciona la extracción petrolera en el mar, el turismo, la ganadería, la agricultura, las carreteras e, incluso, el mal diseño de puertos. Natalia Molina, bióloga ecuatoriana e investigadora de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, agrega a la lista la contaminación del agua por actividades mineras y agrícolas, y la expansión urbana de grandes ciudades, como otras fuertes presiones que todavía enfrentan los manglares.

Sumado a estas amenazas, los científicos aseguran que hay  esfuerzos de conservación y restauración pero no existe un fuerte trabajo colectivo. “En México no hay una estrategia nacional”, reconoce Herrera. “Cuando revisas los estudios sobre manglares, no hay metodologías estandarizadas que permitan compararlos. Faltan estudios integrados sobre los manglares de América”, resalta Molina.

Si bien estos ecosistemas son altamente resilientes, la presión humana está haciendo que su recuperación sea cada vez más lenta o, en el peor de los casos, que no puedan recuperarse. Es por eso que en muchas ocasiones se necesitan intervenciones activas en restauración.

El biólogo Jorge Herrera lleva más de 30 años trabajando con manglares en México y es una de las principales referencias en temas de restauración en la región. “Empezamos a incursionar en la restauración porque veíamos que muchos proyectos de reforestación de manglar no eran exitosos. A través del tiempo hemos desarrollado una estrategia en la que, basándonos en el diagnóstico del sitio que tiene el problema, identificamos las causas de la muerte del manglar y definimos las acciones específicas a implementar”, comenta.

Aunque cada caso tiene sus particularidades, Herrera asegura que una de las acciones más importantes es la rehabilitación hidrológica, pues no se puede perder de vista que el manglar es un humedal y por lo tanto necesita agua que circule. Es necesario destapar canales de marea o crear nuevos cuando estos están completamente bloqueados. En ocasiones, el biólogo y los colegas con los que trabaja han tenido que implementar pasos de agua en las carreteras para conectar las zonas de manglar que quedaron fragmentadas.

Otra acción importante en la restauración de estos ecosistemas tiene que ver con la nivelación topográfica. “Si la materia orgánica se expone al aire, se oxida y eso se convierte en dióxido de carbono que va a la atmósfera. Además de incrementar los gases de efecto invernadero, hace que el nivel del suelo baje”.

En muchas de sus intervenciones, expertos como Herrera, utilizan las semillas y propágulos —partes de las plantas que permiten su reproducción asexual— de la zona en la que están trabajando y las siembran directamente en los lugares que quieren recuperar.

En estos procesos los científicos se han dado cuenta de la importancia del trabajo colaborativo. “Lo primero que se tiene que hacer es formar un grupo donde, idealmente, deben estar: comunidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, academia y los financiadores”, destaca Herrera.

Natalia Molina resalta el rol de las comunidades, pues a eso atribuye el éxito ecuatoriano en la conservación de manglares. “La ciencia tiene que responder a los problemas que tienen las comunidades, no es solo para que los científicos se halaguen entre ellos: ‘qué bonito tu estudio’. Estamos para servir a las comunidades porque ellos son los que sostienen el manglar y lo conocen”, asegura.

Colombia: entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y la recuperación de Providencia

Uno de los casos más conocidos en Colombia por la afectación de los manglares, y los constantes intentos por recuperarlos, es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la región Caribe del país.

“Cuando construyeron la carretera Ciénaga-Barranquilla interrumpieron el flujo de agua marina hacia la ciénega, años después, en los setenta, construyeron una carretera paralela al río Magdalena e interrumpieron el flujo de agua dulce a la ciénega. Eso le dio muy duro a esos manglares y tenemos una deforestación gigantesca. Se han invertido más de 20 millones de dólares y la zona no se ha podido recuperar por completo”, dice José Ernesto Mancera, doctor en Biología Ambiental y Evolutiva, y líder del grupo de investigación en Modelación de ecosistemas costeros de la Universidad Nacional de Colombia.

De acuerdo con Mancera, la restauración es un tema muy serio que requiere conocimiento social, económico, de ingeniería, además del biológico. También asegura que uno de los errores más frecuentes es la falta de seguimiento a los proyectos que se ejecutan. “La mayoría de ellos se enfocan en una sola especie [mangle rojo (Rhizophora mangle)] y la gente los siembra pero falta más conocimiento sobre dónde, cómo y cuándo hacerlo”.

Alexandra Rodríguez, del Invemar, afirma que la entidad apoya una gran estrategia de conservación de manglares en el golfo de Morrosquillo, en los departamentos de Sucre y Córdoba, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con actividades de restauración para llegar a una certificación de carbono azul a largo plazo. “Es la única zona de Colombia que tiene permisos de aprovechamiento de madera en manglares, porque tienen un esquema organizado que les permite sacarlas con las tallas adecuadas para que el bosque no se deteriore”, comenta.

Con todo, el mayor reto para el país estará en la restauración de ecosistemas, entre ellos los manglares, en la isla de Providencia, luego del paso del huracán Iota a finales de 2020. “Estamos trabajando en la estructuración de un plan de restauración de manglares que tendremos listo el próximo mes, donde se definirán cuáles son las zonas prioritarias, qué técnicas se deben usar […] Debemos proyectar a 15 años, hay que garantizar que el ecosistema se regenere por sí mismo. Parte de la estrategia es mantener un monitoreo continuo que permita implementar medidas de adaptación rápida”, dice Rodríguez.

México: recuperando la península de Yucatán

La mayoría de manglares de México se encuentran en la península de Yucatán, en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Allí trabaja Jorge Herrera, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), junto con la profesora Claudia Teutli de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el profesor José Luis Andrade del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Actualmente tienen ocho proyectos de restauración en la península. El más antiguo abarca 80 hectáreas y en 13 años han logrado recuperar el 80 % de ellas. “La velocidad de recuperación también depende mucho de los recursos económicos que tengamos para poder trabajar”, dice Herrera.

El biólogo asegura que es importante reforestar pero que esta decisión debe obedecer siempre a un diagnóstico previo y que las condiciones topográficas e hidrológicas deben ser las adecuadas para que no sea un esfuerzo perdido.

Herrera duda mucho de la eficacia de los viveros. Dice que tienen un costo muy elevado y que en realidad solo se necesitan propágulos y semillas, que de por sí ya los manglares producen en millares. Además, las condiciones favorables que tienen las plántulas en los viveros hacen que, cuando se trasladan al sitio final, tarden mucho en adaptarse o que mueran. Según dice, el 50 % de estas plantas no sobrevive mientras que, al utilizar plántulas y semillas del mismo entorno, se garantiza una supervivencia cercana al 90 %.

“Tenemos un sitio donde hicimos la rehabilitación hidrológica, luego la nivelación topográfica y después reforestamos. Tres años después ya produjeron hijos, es decir, ya son adultos y ese es un proceso que normalmente lleva entre 5 y 10 años. Hemos reducido el tiempo con esta combinación de acciones”, destaca.

Ecuador: todo comenzó en Guayaquil

La bióloga Natalia Molina es una de las mujeres que más conoce de manglares en Ecuador y trabajó en el primer proyecto de restauración de este ecosistema en su país, en el Parque Histórico Guayaquil en Sanborondón. Antes de ese proyecto, esta zona de ocho hectáreas solo contaba con árboles dispersos que estaban condenados a morir. “En ese entonces se restauraron 1,7 hectáreas. Se recolectaron plantas y se fueron acomodando las especies. Se hizo restauración hidrológica, se dragó manualmente, se evacuaron más de 5000 metros cúbicos de sedimentos para devolver el flujo del agua y allí se sembró. Eso fue ya hace 21 años”, recuerda.

Después de eso, nunca ha abandonado a los manglares. De hecho, en 2019 organizó el primer congreso de Manglares de América e invitó a colegas de toda la región para conocer sus experiencias y contar la ecuatoriana: cómo el país en 1999 generó una política de conservación de manglares luego de que décadas antes, como ella misma lo dice, “el gobierno autorizaba a las camaroneras para que deforestaran”.

Un decreto del Ejecutivo le pidió a las camaroneras la restauración del 30 % de los manglares talados. “Algunos camaroneros serios, que querían certificarse, hicieron esa restauración y algunos hicieron un poco más de lo que les exigía la ley”, asegura. También dice que luego de que la plaga de la mancha blanca atacara a los camarones ecuatorianos, muchas empresas cerraron y abandonaron sus zonas de cultivo entre el año 2000 y 2010. En medio de sus estudios, Molina ha ido a varias zonas donde la naturaleza, por su cuenta, logró regenerarse y los manglares ya sobresalen entre los muros de las piscinas de camarones.

A pesar de esto, Fausto López, de la Universidad Técnica Particular de Loja, dice que todavía hay una omisión en el control de las emisiones de contaminantes de la actividad camaronera, “que también ha sido denunciada por pescadores artesanales”.

Aunque Ecuador hoy cuenta con una de las estrategias de conservación de manglares más exitosas de la región, Molina cree que hay otro asunto sobre el que no se ha hecho nada: evitar el crecimiento de las ciudades en zonas de manglar. “Sobre eso la ley no se pronuncia. El crecimiento y la resiliencia de los manglares son maravillosos, pero cómo le dices al 60 o 70 % de una ciudad como Guayaquil que desaloje porque vamos a restaurar el manglar… No puedes… Pero tampoco hay un ‘mea culpa’ de las ciudades sobre la destrucción del manglar”, concluye.

La última línea de resistencia cofán

La última línea de resistencia cofán

GK

La guardia indígena Cofán se interna en la espesa Amazonía en busca de invasiones a su territorio, codiciado por madereros, petroleros y mineros y otros intrusos. Este es el relato de su ardua marcha por la Amazonía.

Era un día soleado de febrero de 2020, cuando 12 hombres indígenas Cofán decidieron realizar un control de rutina en su territorio en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Estaban caminando por la selva por los senderos que alguna vez sus ancestros atravesaron, sospechando que podrían encontrar mineros operando ilegalmente en su tierra. Los 12 hombres pertenecen a la guardia Cofán, una fuerza de defensa civil desarmada que protege su tierra de intrusos. Estaban con su uniforme: una camisa verde, pantalones negros, botas de goma, y llevaban una lanza negra de dos metros de largo —un símbolo de la historia de los Cofán como guerreros que luchan por defender su territorio, que hoy es el elemento principal de la guardia indígena.

Mientras atravesaban espesos caminos selváticos, no muy lejos de su pueblo de Sinangoe, la guardia demostró que tenía la razón: al otro lado del río vieron a seis mineros cargando dragas de pequeña escala en una estrecha lancha a motor, que utilizan para buscar oro a lo largo del río Aguarico.

Un video grabado con un teléfono celular muestra a uno de los miembros de la guardia, conocido como al abogado, hablando pacíficamente con dos de los mineros que se quedaron atrás mientras el resto de sus compañeros se fueron caminando río arriba. Los otros guardias los rodean a corta distancia, los miran y escuchan. El abogado explica a los mineros que están en su territorio, y que no pueden buscar oro aquí. Uno de los mineros se justifica y dice que les han dicho que sí pueden sacar oro de ese lugar. En el video, se ve cómo los dos debaten por un tiempo. Después de un rato, el minero responde “nosotros tenemos un compañero ya arriba” refiriéndose a que planean encontrarse con él pronto, río arriba, ya fuera del territorio Cofán.

Desde la década de 1960, los forasteros han tratado de extraer petróleo y minerales del territorio Cofán, que se extiende por casi 62 mil hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Los Cofán son una de las 14 naciones indígenas de Ecuador, un estado proclamado plurinacional —es decir que, se supone, respeta la cosmovisión diversa y los derechos de su población. Pero en la práctica esto ha sido difícil de mantener, ya que muchas comunidades indígenas, como los Cofán, viven en áreas ricas en recursos naturales y, por ende, muy rentables. En el territorio de Sinangoe, la extracción de oro, tanto legal como ilegal, se ha convertido en una amenaza creciente, destruyendo los lechos de los ríos y filtrando mercurio y otros contaminantes a las comunidades río abajo, lo que obliga a las comunidades a tomar medidas para frenar este extractivismo.

En el mismo video, se ve a Nixon Andy, el coordinador de la guardia que tiene 23 años, con las manos cruzadas sobre el pecho, de frente al minero. Ambos se miran fijamente mientras Nixon escucha con atención. Esta vez, su papel no es hablar. Todos tienen un rol cuando se enfrentan con intrusos, me explica Nixon. Antes de cualquier expedición, la Guardia siempre asigna a las dos personas que van a acercarse a los intrusos si se encuentran a alguno, y a una persona para grabar la interacción. El resto se mantiene alerta en caso de que ocurra algo, como una pelea o agresiones, y necesitan intervenir.

Los mineros del video se van sin causar problemas, dice Nixon, aunque sabe que van a regresar. Generalmente es así. “No ha habido casos donde [los mineros] reaccionan mal, pero siempre están pendientes los compañeros que están un poco lejos por si en algún momento ellos reaccionan mal, puedan intervenir para que no haya una discusión, una pelea. No queremos eso,” me dijo Nixon en abril, desde su casa en Sinangoe, a orillas del río Aguarico. “Nosotros siempre somos pasivos, como notificando, avisando que no pueden hacer estas actividades en nuestro territorio. A la gente de afuera no les gusta. Pero bueno, toca seguir.”

La comunidad de Sinangoe pensaba que su lucha con los mineros en su territorio se iba a terminar en 2018, cuando demandaron a tres Ministerios del gobierno que permitieron que parte de la tierra Cofán se vendiera como concesiones mineras, y ganaron. Como parte del fallo, un juez ordenó la cancelación de 52 concesiones mineras pequeñas y la rehabilitación de la tierra a su estado original. La Corte también reafirmó los derechos de la comunidad al agua, un medioambiente saludable y el derecho de la naturaleza.

Pero hasta ahora, no se han llevado a cabo esfuerzos de remediación, y los mineros han regresado, sin concesiones, un flujo de personas que los expertos dicen que probablemente se mantenga, a medida que la minería ilegal crece en la Amazonía.

Cuando visité Sinangoe en abril de 2021, la guardia se estaba preparando para su próxima caminata extendida de monitoreo y mapeo en todo su territorio, y los acompañé para comprender lo que atraviesan para proteger su tierra y comunidad.

En Sinangoe viven unas 300 personas. Sus casas de madera están esparcidas por una extensión verde abierta y construidas sobre pilotes para evitar inundaciones durante las fuertes lluvias. Los pequeños cultivos de yuca y plátano verde se intercalan entre las casas, cuidadas tanto por hombres como por mujeres, pero por lo general son los hombres quienes se mueven en su vasto territorio de 62 mil hectáreas de selva tropical para cazar y pescar. Sus ancestros hicieron lo mismo y vivieron en diferentes sitios a lo largo del Aguarico y sus afluentes. Durante mi primer viaje a Sinangoe en 2019, caminé por los senderos ancestrales con miembros de la guardia quienes señalaban los árboles de chonta que crecen en áreas esporádicas. Para ellos estos eran indicaciones de que sus ancestros alguna vez vivieron en ese lugar. Plantaron los árboles sabiendo que volverían a cazar o pescar allí, y que encontrarían esta vez chonta fresca para comer.

Sinangoe está asentada a lo largo del río Aguarico, y hasta hace poco tiempo era de fácil acceso por el puente que conectaba la comunidad con la vía que conduce a la carretera principal entre Quito y Lago Agrio. En 2020, el puente colapsó debido a la inmensa erosión del suelo, y ahora tienen que coordinar los horarios de navegación para dejar o recoger a las personas al otro lado del río. Como la mayoría de comunidades indígenas, el río es la fuente principal de vida para los Cofán, donde a menudo pescan, se bañan y donde los niños juegan durante los días calurosos y soleados.

Micheal Cepek, antropólogo de la Universidad de Texas en San Antonio que ha pasado décadas aprendiendo de los Cofán, dice que su idea de una forma de vida valiosa es “vivir una vida de abundancia material” donde la gente pueda compartir y ser generosa con otros y donde se produzcan sus propios medios de subsistencia. “Todo eso requiere vivir en un ambiente ecológico relativamente intacto, que por supuesto está amenazado por la minería y la caza comercial y ese tipo de cosas”, dice.

Jorge Acero, abogado de la organización Amazon Frontlines, dice que la minería ilegal ha sido un problema conocido a lo largo de los ríos en el norte de Sucumbíos durante al menos los últimos 15 años, especialmente en las áreas de La Sophia y Cascales, que se encuentran al norte y oeste de Sinangoe. No hay datos recientes de sitios de minería ilegal en Succumbíos, ya que el gobierno no publica estas cifras. Pero ha habido más movimiento de personas y más campamentos de minería ilegal encontrados en la región desde finales de 2019, dice Acero. Intenté verificar esta información con el Ministerio del Ambiente y las Fuerzas Armadas, pero ninguno respondió a varias solicitudes de entrevista. La agencia de regulación y control minero (ARCOM) tampoco respondió nunca a una solicitud de información sobre la minería en Sucumbíos que presenté en febrero de 2021.

En abril, las comunidades Cofán de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo, en el norte de Sinangoe, denunciaron que había minería ilegal en su territorio. Publicaron fotos de grandes pozos abiertos y grandes parches de deforestación en el área de la reserva, que el Ministerio de Ambiente no detectó ni detuvo a tiempo. La destrucción del lecho del río es solo una de las consecuencias de la minería ilegal. El proceso a menudo implica el uso de mercurio y otros productos químicos para separar el oro de la arena y la suciedad que los mineros excavan, y estas toxinas a menudo se filtran al río a las comunidades río abajo, contaminando también los ecosistemas acuáticos y de peces.

Hay algunos factores que impulsan el aumento de la minería ilegal en Sucumbíos, dice Acero. Primero está el repunte en el precio del oro: el año pasado alcanzó un máximo histórico de 2,070.80 dólares por onza, mientras que la economía colapsó durante la pandemia y el desempleo se disparó. Pero Acero también atribuye el aumento al desalojo del sitio de minería ilegal más grande del país en Buenos Aires, Imbabura, a mediados de 2019 que, según el gobierno, fue parte de una ofensiva contra la minería ilegal en el país, pero que realmente dispersó a los buscadores de oro a otras regiones del país. “Creo que nadie duda que la minería ilegal durante todo el 2020 se ha ido incrementando, y sigue incrementando”, dice Acero.

Sinangoe creó su guardia hace cinco años, antes de la demanda de 2018 y las concesiones mineras en su territorio, cuando tenían encuentros regulares con mineros ilegales en su tierra que excavaban en busca de oro a lo largo del lecho del río contaminado el agua con mercurio y a las comunidades río abajo. En ese momento, informaron estos hallazgos a los funcionarios del gobierno, pero no obtuvieron respuesta.

Hoy, al igual que antes, Nixon dice que denuncia a los intrusos, pero reciben poca o nula ayuda de las autoridades. Su territorio también se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, creado en 1970, por eso allí debería haber guardaparques nacionales patrullando regularmente. Pero Nixon dice que nunca los ha visto aquí. “Por eso nosotros en la comunidad nos hemos organizado,” dice Nixon, “porque si nos quedamos con el Estado, vamos a perder. Va perder nuestro territorio, se va a ir dañando.” Sus palabras hacen eco del viejo adagio de que las comunidades indígenas son las mejores para proteger su territorio, que ahora es una obviedad entre los ambientalistas.

No está claro cuántos guardaparques serían necesarios para patrullar adecuadamente esa región, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAE) no respondió a varias solicitudes de entrevista. Pero este déficit de guardaparques aumentó en 2020, cuando el entonces presidente Lenín Moreno recortó drásticamente los fondos del MAAE  y despidió a 398 empleados, 30 de ellos trabajaban en el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP) que incluye el Parque Nacional Cayambe-Coca.

Además de la minería, la guardia también ha encontrado intrusos cazando, pescando y sacando valiosa madera de su territorio, recursos de los que también depende la comunidad. Durante la pandemia, los forasteros despojaron su territorio de la madera de balsa que crece a lo largo del río. Esto fue parte de la fiebre de la balsa que se extendió por el Amazonas el año pasado, cuando el precio de la madera se disparó debido a la creciente demanda mundial, particularmente de China, para construir hélices para la generación de energía eólica. “Creo que ya se calmó porque ya se acabó la balsa”, dice Nixon, y agrega que es más una molestia que una amenaza, ya que volverá a crecer y la comunidad no usa esa madera para nada. Más preocupante es la tala ocasional de árboles de canelo y chuncho que utilizan para construir sus casas y canoas, que se utiliza comercialmente para muebles o construcción en el extranjero.

Pero la minería sigue siendo una de las principales preocupaciones de los residentes de Sinangoe, que intentan mantenerla bajo control. En otras zonas de la Amazonía, donde la minería ilegal se ha ido de las manos, como la región de Madre Dios en Perú o en el territorio indígena Yanomami en Brasil, los buscadores de fortuna en busca de oro han traído prostitución, alcohol, drogas, violencia, conflicto interno dentro de las comunidades locales, además de la destrucción ambiental masiva.

Tanto la minería legal como la ilegal se han disparado en todos los países de la Amazonía en los últimos años, afectando al 17,3% de las áreas protegidas y al 10% de los territorios indígenas en la selva, según un estudio reciente de la red de información de la Amazonía (RAISG). En Ecuador, el hotspot minero, tanto legal como ilegal, está más al sur en las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, dice Rodrigo Torres, coordinador geográfico de la ONG ambiental Fundación Ecociencia. Es aquí donde están varios de los proyectos de minería a cielo abierto más grandes del país, incluidos Fruta del Norte, de propiedad canadiense, y Mirador, pero también cientos de concesiones más pequeñas repartidas por toda la zona.

Pero la minería legal a menudo va de la mano con la minería ilegal, dice Torres, ya que una siempre sigue a la otra después de que se encuentran los minerales, incluso en territorio indígena. Solo en el territorio Shuar Arutam hay 361 concesiones mineras que cubren el 70% de su tierra —que se extiende a ambos lados de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. “Eso es mucho”, dice Torres, “y eso solo está hablando de minería legal, además de que la minería ilegal que está sucediendo en este momento es muy preocupante”. Recientemente, la Fundación Ecociencia comenzó a recibir numerosos informes de las comunidades Shuar cercanas a estas mineras ilegales, en las que dicen tener enfermedades y afecciones extrañas de la piel, como erupciones y verrugas, lo que aumenta la preocupación por el envenenamiento por mercurio.

Torres dice que las mayores amenazas que enfrenta la Amazonía de Ecuador, que cubre alrededor del 42% del país, continúan siendo las industrias minera y petrolera. La falta de control por parte de las autoridades también es un problema importante, dice. A los ambientalistas les preocupa que esta tendencia continúe ya que el nuevo gobierno de Guillermo Lasso ha prometido aumentar la inversión internacional en la industria petrolera y minera del país para crear empleos y abordar la crisis económica del país que fue alimentada por la reciente pandemia.

Esta es también la razón por la que los Cofán de Sinangoe no son la única comunidad indígena que se organiza para proteger su territorio. Andrés Tapia, director de comunicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), dice que las comunidades de la selva tropical están fortaleciendo o creando su propia guardia en este momento, específicamente para protegerse de las crecientes amenazas del sector extractivo. “La autodefensa, la defensa territorial, y poder precautelar la seguridad territorial, estos son los principios fundamentales que abarcan todos”, me dijo Tapia, refiriéndose a que no pueden confiar en que el Estado proteja los derechos indígenas o ambientales

Nicolas Mainville, coordinador de monitoreo ambiental de la ONG Amazon Frontlines, ha estado trabajando con la guardia en Sinangoe desde sus inicios. Dice que no están presenciando una fiebre del oro masiva o una minería ilegal a gran escala en el territorio de Sinangoe, pero podrían ser una posibilidad en el futuro si no está controlado. “Quizás eso es lo que está sucediendo en este momento, pequeños focos de extracción ilegal de oro y luego la reputación de un lugar crece lentamente y entra más gente”, dice.

Preparándome para el viaje

Cuando visité Sinangoe en abril de 2021, Mainville me mostró imágenes de video de las cámaras trampa que la guardia ha colocado en puntos estratégicos de su territorio. Las imágenes muestran a forasteros entrando constantemente a su tierra durante los primeros meses de 2021, hasta finales de marzo cuando la guardia recogió las cámaras, en grupos de dos a seis personas, cargando mochilas, tablones de madera y lo que parecen ser materiales para montar, acampar y buscar oro. Nixon dice que las cámaras trampa, los dispositivos gps, los drones y otras cámaras DSLR han sido herramientas importantes para poder documentar lo que está sucediendo en su territorio e informar a los intrusos o desalojarlos.

La guardia no planeaba sacar a los mineros de inmediato, ya que su prioridad es terminar de mapear su territorio y monitorear otras áreas más profundas en la selva tropical.

Estas caminatas cartográficas han sido otra parte importante del trabajo de la guardia durante los últimos dos años, en las que documentan puntos de importancia cultural y ancestral en todo su territorio. Planean utilizar este mapa cultural para solicitar un título de propiedad formal, que presentarán al gobierno ecuatoriano a finales de este año. Para su último viaje de mapeo, se dirigirán hacia el noroeste hasta el río Ccuccuno, mientras monitorean si hay intrusos al otro lado de las montañas. Nixon espera que el viaje dure unas dos semanas, atravesando ríos y terrenos montañosos remotos en el denso calor de la jungla.

Tenía planeado acompañar a la guardia durante el primer día de su caminata y regresar al día siguiente, acompañada por otros cuatro guardias que querían cazar y no quisieron, o no pudieron, continuar por el largo recorrido. Aunque inicialmente me decepcionó que sugirieron que los acompañara solo durante una fracción del viaje, más tarde me enteré de que dos días es todo lo que mi cuerpo acostumbrado a la vida urbana puede manejar. Los Cofán no hacen un entrenamiento especial para estas caminatas, al menos no todavía, dice Nixon, pero regularmente caminan por la selva tropical a un ritmo natural, casi veloz, y entienden su terreno accidentado mejor que cualquier extranjero.

Los Cofán tienen un historial de organización y desalojo de forasteros de su tierra. En otras comunidades Cofán, como Sábalo y Dureno, expulsaron empresas petroleras de su territorio en 1987, 1993 y 1998, explica el antropólogo Cepek que ha estudiado a la nacionalidad por décadas. En 2003, también comenzaron el programa Park Guard, coordinado por la Fundación Sobrevivencia Cofán —manejada por los Cofán—, donde unas 60 personas de las 13 comunidades de esta nacionalidad trabajaron como guardaparques, monitoreando colectivamente sus casi 500 mil hectáreas de territorio. Los guardaparques Cofán, que fueron reconocidos por el Ministerio de Ambiente como guardaparques, enfrentaron una amplia gama de problemas en su territorio: descubrieron plantaciones de coca ocultas y detuvieron el acaparamiento de tierras más cerca de la frontera con Colombia, también detuvieron la minería ilegal, la tala, la caza y pesca en regiones más al sur, dice Felipe Borman, ex coordinador de la Guardia del Parque Cofán.

“Fue una gran oportunidad para que todos mezclaran sus conocimientos y nos contaran lo que estaba pasando en sus comunidades”, me dijo Borman, quien dijo que unificó la lucha territorial de la nación Cofán y llegó a áreas remotas que antes no eran protegidas. El programa terminó en 2014 después de que la financiación internacional necesaria para pagar los salarios y el equipo de los guardias comenzó a disminuir. Pero hoy en día todavía se necesita un monitoreo territorial regular, dice Borman, ya que muchos de estos problemas se han intensificado. Desde 2016, la deforestación en Sucumbíos se ha disparado y alcanzó un pico en 2020, cuando perdió 608 hectáreas de selva tropical, más de 1.135 campos de fútbol, ​​según Global Forest Watch. Esta fue la tasa de deforestación más alta de cualquier otra provincia de Ecuador en 2020.

Nixon es muy joven para haber formado parte del Cofán Park Guards, pero recuerda que estaba por ahí. Él dice que es escéptico de crear hoy una alianza con el Ministerio de Ambiente, como hicieron los guardaparques antes ya que no está seguro de que se pueda confiar en ellos, “porque dicen una cosa, y después otra cosa”, dice. “Es mejor el proceso comunitario . “

El día antes de partir, Nixon me dijo que no estaba nervioso. Sabe que la caminata es agotadora, pero se sintió bien. “Me siento mejor porque ya voy a compartir con los compañeros que vamos a salir a caminar, a conocer más el territorio”, me dijo. “Y es hermoso”.

La guardia pasa la mayor parte del día organizando suministros y dividiendo la comida entre los nueve miembros que irán hasta Ccuccuno. Su prioridad para la comida es cualquier cosa rápida de cocinar y que proporcione ráfagas de energía. Esta vez incluyeron alrededor de 20 paquetes de fideos instantáneos Rapidito, 20 latas de atún, 10 latas de frijoles y guisantes, 8 bolsas grandes de galletas Nestlé (tanto dulces como saladas), arroz, café instantáneo, azúcar, sal, mezclas de bebidas de frutas, caramelos, entre otras provisiones. Llevan todo esto pero realmente esperan que la caza y la pesca sean buenas en el camino.

Nixon revisa una lista de verificación y se asegura de que todos los guardias tengan el equipo de campamento necesario: carpa-hamaca, lona adicional, saco de dormir, faros (la mayoría de los cuales han sido financiados por las ONG Amazon Frontlines y Alianza Ceibo). Él clasifica quién está a cargo de los dos teléfonos necesarios para documentar los puntos de mapeo y quién traerá las baterías adicionales, el dron, las dos radios y el panel solar para cargar las baterías en el camino. La comida y el equipo harán que sus mochilas pesen más de 50 libras cada una, pero nadie se queja.

Hay 18 miembros oficiales de la guardia, pero no todos irán a este viaje. Algunos de los ancianos dicen que es demasiado difícil y está demasiado lejos. Los que van a recorrer la selva profunda tienen entre 15 y 31 años.

Nixon se involucró por primera vez con la guardia hace cuatro años, cuando solo tenía 19 años. Dijo que su padre nunca le enseñó a caminar por la selva, ya que sus padres se separaron cuando Nixon era joven. Pero a través de las redes sociales, él vio a otras comunidades publicando sobre sus luchas territoriales y cómo las unía, y pensó que era algo hermoso. “Ver todo esto me inspiró y me fui involucrando también para ir [al monte]”, dice, donde sigue aprendiendo de sus mayores e intenta replicar sus enseñanzas para poder transmitirlas a los jóvenes.

Una de las formas en que puede conectarse con estas enseñanzas es bebiendo yagé, también conocido como ayahuasca, dice. La bebida de plantas medicinales y alucinógenas ayuda a Nixon a sentirse conectado con la selva, pero también lo obliga a confrontar sus propios miedos o dudas interiores y desafiarlos, dice. Esta misma lección de vida la aplica en el camino, cuando las condiciones se ponen realmente difíciles. En lugar de rendirse, es solo otro momento para desafiarse a sí mismo, dice.

El yagé ha sido tradicionalmente una parte importante de la cultura Cofán porque proporciona una cura para las enfermedades y una conexión más profunda no solo con la naturaleza sino también con el mundo espiritual. Siempre se bebe bajo la guía de un chamán, el líder espiritual de la comunidad, que están profundamente en sintonía con el estado ecológico del bosque y pueden transformarse en animales como jaguares, tapires o anacondas para proteger a la comunidad, explica el antropólogo Cepek. No mucha gente en Sinangoe bebe yagé hoy, ya que muchos de los que se han convertido a las religiones cristianas tienen miedo de los intensos efectos que produce.

Pero algunos miembros de la comunidad están tratando de recuperar el uso regular de la bebida. Esto incluye Alexandra Narváez, la primera mujer en unirse a la guardia. Alexandra se ofreció como voluntaria para la guardia el primer día cuando se dio cuenta de que solo se estaban inscribiendo hombres. Decidió mostrar que “también las mujeres somos capaces de cuidar nuestro territorio”, me dijo, y trata de inspirar a otras mujeres a unirse. Su experiencia ha estado llena de “tristeza y alegría”, me dijo, refiriéndose a que los paseos son agotadores. “Hay días donde dices ya no avanzo, ya no doy más porque estás muy lejos, pero al mismo tiempo te enriquece porque estás conociendo donde caminaban mis abuelos”.

Alexandra es también una de las pocas mujeres en Sinangoe que bebe yagé, comenzó a hacerlo cuando se unió a la guardia para fortalecer su conexión con el territorio. “Los dos van juntos porque si tú no tomas, y no experimentas, no entiendes la importancia de la espiritualidad, lo que nos da esta paz… Son muchas cosas que ya aun nos enriquece”, dice. Alexandra no ha salido con la guardia recientemente, desde que asumió un papel más de liderazgo en la Asociación de Mujeres A’i Kofán Shamecco. Dice que fortalecer la conexión de las mujeres entre sí y su entorno es otra forma de proteger su territorio. Pero decidió acompañar a la guardia esta vez, al menos durante el primer día de caminata. Confirmó su decisión el día antes de partir, después de beber yagé, para ver si podía manejar el viaje. La bebida medicinal, dice, curó los dolores en su cuerpo y le dio fuerza, que fue la confirmación que necesitaba. “El yagé me sanó por completo”, me dijo.

El viaje y los colonos

El día del gran viaje, todos se reúnen en el centro comunitario en el medio del pueblo, frente a las canchas de voleibol pavimentadas. Los cofanes parece que pueden pasar horas en estas canchas jugando “pro ecuavoley” bajo el techo de metal gigante, por las tardes cuando hace demasiado calor para estar bajo el sol, o si está demasiado lluvioso para estar en el chacra. Pero hoy, su cabeza está sobre el camino que tienen por delante. Algunos de los guardias pasan sus últimos momentos con sus familias. Otros, como Nixon, se despiden de sus familias en casa. Nixon dice que si su esposa y su hija de dos años vinieran a despedirlo justo antes de embarcarse y pasaran sus últimos minutos juntos, él nunca podría irse.

Dos canoas motorizadas nos llevan a los 15 río arriba por el río Aguarico, hacia las imponentes montañas amazónicas que hay más adelante. La brisa de la mañana en el barco es fresca bajo el cielo gris, pero el agua helada del río que nos salpica la cara es refrescante. A medida que nos alejamos de Sinangoe y nos acercamos al pueblo más cercano de Puerto Libre, el paisaje a nuestra derecha se vuelve árido, ya que pasamos por grandes franjas de bosque talado que ahora sirven como ranchos de ganado. Desde que se construyeron carreteras en Sucumbíos a principios de la década de 1970 con los primeros pozos de petróleo del país, Sinangoe ha enfrentado crecientes amenazas de colonos que se acercan a su territorio. Llegaron buscando trabajo en los campos petroleros, pero también tierras baratas para convertirlas en ranchos ganaderos y otras actividades agrícolas. Esto fue impulsado por políticas gubernamentales, como la Ley de Tierras Baldías (también conocida como la reforma agraria) de 1964 y la Ley de Colonización de 1978, que incentivaron a las personas a comprar tierras en áreas silvestres de bosque primario, con el objetivo específico de transformarlas en cultivos agrícolas y hacerlas más productivas. El pueblo Puerto Libre, fundado en 1969, se convirtió en uno de esos destinos. Se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Sinangoe, al otro lado del río Aguarico, y hoy está completamente rodeado de ranchos ganaderos.

Muchos de los residentes de Puerto Libre también cruzan el río hacia el territorio de Sinangoe para cazar, pescar y buscar oro. Esto a Nixon lo enfurece. “A veces nosotros vamos allá, pero, ¿qué es lo que hacemos? Compramos el pescado, a veces compramos la carne para compartir con la gente. Pero la gente de afuera viene, viene y se coge y se van, entonces, que ingresen es molestoso”, dice.

Desembarcamos en una zona conocida como Siguyo, donde también viven los padres de Alexandra. Después de una corta carrera a través del espeso bosque selvático llegamos a un río con el mismo nombre. Sin botes que nos ayuden a cruzar al sendero del otro lado, la guardia, sin dudarlo, comienza a caminar por el agua. La mayoría de ellos se quitan los pantalones para rescatar la poca ropa que llevan consigo, ya que nada realmente se seca en la selva con la neblina continua y los bajos esporádicos. Se colocan las mochilas en los hombros y comienzan a caminar a través de los rápidos de gran altura que podrían arrastrarlos fácilmente si dan un paso en falso. Con pasos lentos pero firmes, todos llegan al otro lado. Vacían el agua de sus botas de goma, se vuelven a poner los pantalones e inmediatamente suben a toda velocidad por la empinada colina que hay delante, completamente imperturbables por todo el asunto.

Al otro lado del río, Nixon le dice a un par de guardias más jóvenes que viajan con menos peso que se adelanten y despejen el camino con sus machetes para los demás. Avanzan rápidamente, aparentemente sin esfuerzo. El sendero se empina enseguida, y durante las próximas tres horas la caminata es mayormente cuesta arriba, trepando a través de enredaderas y sobre las raíces de los árboles expuestas, tratando de no agarrar los árboles para usarlos como soporte porque las hormigas rojas podrían trepar por sus brazos, atacar y dejarles picaduras ardientes.

Asociaciones de la Guardia

La guardia no realiza ningún entrenamiento especial para sus caminatas, aunque Nixon y otros miembros dicen que les gustaría. Se inspiraron en la comunidad Nawa de Colombia, que formó la guardia indígena CRIC, o Consejo Regional Indígena de Cauca de Colombia, conocida por su historia de alejar con éxito a los grupos armados de sus territorios utilizando estrategias de resistencia no violenta. El CRIC incluso ha ganado premios por estas tácticas y su contribución a la consolidación de la paz, incluido el Premio Nacional de la Paz y el Premio Ecuatorial del PNUD al liderazgo comunitario destacado, entre otros. En marzo de 2020, el CRIC y otros guardias indígenas del sur de Ecuador se reunieron en Sinangoe para una reunión especial y una sesión de capacitación. Pasaron varios días compartiendo ideas, experiencias y atravesando pistas de obstáculos para desarrollar su fuerza física.

“Tienen un proceso muy fuerte organizativo y creo que como referencia aprender de ellos y su proceso, sí es bueno”, me dijo Nixon, refiriéndose que lo que más aprendió de los líderes del CRIC fue la importancia de involucrar a toda la comunidad en su proceso. “De los pequeños a los grandes, todos tenemos que estar”, dice.

Pero el gobierno ecuatoriano recibió un mensaje diferente de esta reunión, llamando a la guardia indígena “gente radical, extremista”. En el octavo foro sobre Políticas de Seguridad y Derechos Humanos en Fronteras, en enero de 2021, el ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrin, mostró fotografías de la guardia durante su reunión de marzo, subiendo a gimnasios en la selva y haciendo ejercicio físico. “Eso es la combinación ecuatoriano-colombiana de los grupos étnicos que están formando un ejército”, dijo, y los acusó de ser parte del grupo narcotraficante Comandos de Frontera.

Jarrín continuó diciendo que las comunidades indígenas deben acatar la ley ecuatoriana, “y que no pueden ejecutar ninguna otra ley que no sea de los que están establecidos en la constitución y leyes de la república”.

Acero, abogado de Amazon Frontlines que también estuvo en el foro, se burla de la idea de que los Cofán son una especie de grupo pseudo-militar, ya que ni siquiera están armados. Más que eso, los guardias son parte de la estructura de gobernanza de la comunidad indígena, cuyo objetivo es proteger su tierra, que es un derecho legal según la propia constitución de Ecuador que en su artículo 57 dice que las comunidades indígenas pueden crear y ejercer su propia autoridad dentro de sus territorios. Las acusaciones del ministro, dice Acero, “implican el desconocimiento y la negación total a las formas de organización propia de los pueblos indígenas y sus formas de protección territorial”.

Nixon está molesto por los comentarios del ahora exministro Jarrín y los llama una “falta de respeto”. Pero no es la primera vez que escucha esto de parte de los funcionarios del gobierno. Durante el juicio en 2018 en el que ellos demandaron al Estado, los funcionarios del Ministerio de Ambiente se refirieron continuamente a la guardia como un grupo paralelo o paramilitar, dice Nixon, y agrega: “nada de confiar en el Estado porque el Estado no conoce las realidades internas de las comunidades y como vivimos”.

Los Cofán, dice Nixon, siempre han sido un pueblo relativamente pasivo o tranquilo, y demasiado confiado de los forasteros. Así también entraron las enfermedades, los que se aprovechan de las comunidades y cómo han asesinado familias a lo largo de la historia. “Ahora ya no, ya no”, dice.

El antropólogo Cepek dice que los Cofán no siempre han sido conocidos como pacíficos. Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, cuando la población Cofán en la región era de entre 35.000 y 70.000, eran guerreros que luchaban contra los incas. Pero cuando los conquistadores españoles entraron en su territorio en busca de oro en 1536, saquearon las comunidades Cofán y trajeron enfermedades que azotaron a la mayor parte de su población. Después de la propagación de una epidemia de sarampión en 1923, la población Cofán era de aproximadamente 300 personas. Esto está explicado en el libro de Cepek A Future For Amazonia: Randy Borman and Cofan Environmental Politics. El propio Sinangoe casi desapareció, ya que se redujo a una sola familia nuclear a principios del siglo XX, pero entre la migración y los matrimonios mixtos con colonos y otras comunidades, lograron estabilizar su población. Hoy, la población de la nación Cofán es de aproximadamente 1.400 personas.

Los abuelos de Alexandra solían contarle sobre sus antepasados, que eran guerreros y que daban la vida para proteger su territorio. “Dice que sí eran bravos”, dice Alexandra, lo que la anima a seguir luchando por su territorio. “Pero lo que no queremos es eso, guerra”, dice, “solo necesitamos que respeten nuestra decisión, que respeten a los cofanes, respeten el territorio, y ya no pasa nada”.

De vuelta en el camino

De vuelta en el camino, los guardias están constantemente bromeando y riendo, saltando entre el español y el A’ingae —el idioma nativo de los Cofán. Comparten historias sobre sus últimas caminatas por el territorio. Nixon recuerda el momento en que no pudieron encontrar una fuente de agua durante tres días, por lo que recolectaron el agua de lluvia que se acumuló en las plantas. “Una planta tipo piña”, dice Nixon, e hicieron avena con ella. “Dos personas se enfermaron en ese viaje”, agrega. ¿Fue por el agua?, pregunto. “Sí, probablemente”, responde.

Llegamos a nuestro primer arroyo cerca de cuatro horas después de la caminata, luego de superar el primer pico. Algunos de los guardias nos presionan para llegar a la próxima parada posible, la próxima fuente de agua, solo cuatro picos más para escalar y otro río para cruzar, más grande y más profundo que el primero. “Son sólo dos horas más”, dice Nixon. Para ustedes, les respondo. ¿Pero conmigo? “Que sean cuatro”, responde. El grupo decide quedarse, y todos comienzan a buscar árboles estables para colocar sus carpas hamacas y lonas, que rápidamente llenan la ladera de la montaña. Mientras tanto, Roberto, otro de la guardia, recoge agua del riachuelo, la hierve sobre el fogón del camping y agrega cuatro paquetes de fideos Rapidito y dos latas de atún (comeremos lo mismo el desayuno de mañana). Alexandra y Juan Herrera —otro miembro de la guardia— comienzan a desplumar las tres pavas que la guardia disparó en el camino con rifles de caza anticuados, de un solo tiro. Esta será la verdadera comida más tarde esta noche, sopa con la carne del ave salvaje, hervida con ajo y sal, y servida con arroz.

Alexandra me dice que a sus padres nunca les gustó que ella hiciera estos intensos viajes con la guardia, ya que ellos se preocupan por ella. Mucha gente en la comunidad también la criticó diciendo que debería estar en casa cuidando a sus hijos y cocinando para su familia. Pero estas críticas ya no la molestan. En medio de la selva, está exhausta pero contenta, y por un momento considera continuar con ellos por el resto de su viaje en lugar de regresar con nosotros a Sinangoe al día siguiente. La gente le pregunta todo el tiempo si alguna vez dejará la guardia por completo, pero ella dice que no. A pesar de que es un trabajo duro y es difícil motivarse para emprender largas caminatas, todos han pasado por muchas cosas juntos y ahora tienen un vínculo importante. “Hay muchas historias juntos, muchas historias caminando… y juntos hemos salido a Lago Agrio, hemos ido a Quito a gritar a luchar por el territorio. Hemos sacado también a los invasores juntos. Cosas muy bonitas he vivido. Y no quiero salirme de la guardia”.

Mientras el resto está montando sus carpas o tratando de encender fuego para cocinar los pájaros, Nixon se recuesta en su hamaca, fuma un cigarrillo, y mira el cielo despejado a través del espacio entre los árboles. Está pensando en el camino que tienen por delante, me dice, y le preocupa que sea un trabajo duro. Conocen el terreno durante los primeros cinco días del viaje, pero después de eso entrarán en un nuevo territorio, sin saber qué les espera exactamente. El aislamiento hace que todo parezca más intenso. Tienen radios para llamar a la comunidad, pero si algo le sucede a alguien, obtener ayuda aquí sería complicado y tendrán que esperar bastante.

Por la noche, la lluvia cae a cántaros y dura hasta la mañana, y seguramente hará que caminar por el barro con equipo mojado sea aún más agotador. Mientras todos empacan su equipo mojado, Nixon dice un par de veces: “Voy a volver con ustedes” y se ríe, bromeando o no. Pero, sin poder evitarlo, hace las maletas, se despide y continúa. Eso es exactamente lo que hace para proteger su tierra.

Fuente: https://gk.city/2021/07/26/guardia-cofan-amazonia/

El potencial económico de los mercados de Quito

El potencial económico de los mercados de Quito

GK

Después de la pandemia, la venta se ha reducido, algunos comerciantes no regresaron por miedo al contagio y se implementaron medidas de bioseguridad. ¿Qué posibles soluciones hay?

Hay mesas metálicas vacías en el patio de comidas del mercado Central de Quito a la una de la tarde de un sábado: es un paisaje urbano que hacía apenas dos años era inconcebible. En sus casi 70 años de existencia, el mercado —que ocupa una cuadra en la entrada al Centro Histórico capitalino— ha cultivado fama por sus corvinas fritas, papas con cuero, encebollado guatita, menudo, secos de pollo, tortillas ambateñas, caldos, jugos, tortillas de verde y más platos típicos. Susana Valencia, quien vende jugos ahí, dice que en los 45 años que lleva en el mercado “nunca lo he visto así de vacío en plena hora del almuerzo de un fin de semana”. Pero esa es la realidad desde que comenzó la pandemia del covid-19.

Los 54 mercados y ferias municipales de Quito han sido gravemente impactados por la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por el coronavirus. Ahí es donde el 29,6% de la población quiteña hace sus compras, según el informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos. Sin embargo, la demanda de sus productos se ha reducido dramáticamente desde marzo de 2020. Paulina Lema, vicereprestante del mercado Central, que agrupa a 140 comerciantes, dice que ahora venden un 10% de lo que vendían antes. “Alcanza para tener cierta estabilidad económica y, en algunos casos, poder pagar a sus empleados”, dice Lema. Valencia, una de las vendedoras de jugos, dice que antes ella vendía al día un botellón de 7 litros de cada uno de sus jugos de frutas. “A veces se me terminaba y tenía que hacer más”, recuerda. Ahora prepara poco más de la mitad de cada uno pero casi nunca logra vaciarlos.

Los comerciantes de otros mercados quiteños viven una situación similar. Eddie Inger, que vende frutas en el Mayorista (donde trabajan más de 6 mil personas), dice que antes de la pandemia en un sábado de feria vendía hasta 3 mil dólares. Cuenta que ahora con suerte llega a los 600. Zoila Celi dice que en los últimos 16 meses las ventas de su puesto de banano y frutas cítricas en el mercado Mayorista se han reducido a la mitad.

Para María Teresa Masapita, comerciante del mercado de Chiriyacu, al sur de la ciudad, la reducción es aún mayor. Dice que hasta el primer trimestre de 2020 vendía hasta medio quintal de mote con chicharrón —unas 110 libras. Ahora solo prepara un tercio de eso y casi nunca logra venderlo todo. María José Pilamaga dice que antes, en un sábado, vendía hasta mil dólares en su puesto de mariscos en Chiriyacu. “Ahora ni a 400 llego, es pésimo”, se lamenta.

La reducción en la demanda de productos ha provocado que los comerciantes tengan que desechar los alimentos con más frecuencia. Eddie Inger dice que una de sus técnicas es rematar las cajas de fruta que ya se están dañando. Así termina vendiendo un cajón de uvas —por el que normalmente cobra 13 dólares— en apenas 3 o los de durazno con el 50% de descuento. Lo que tampoco logra rematar, admite, tiene que botar.

Lo mismo hace Pilamaga. Dice que su caso es todavía más sensible porque al tratarse de mariscos, sus productos se dañan en menor tiempo: ella bota la mercadería pasando un día. El informe de Quito Cómo Vamos dice que en la capital se desperdician a diario “más de 100 toneladas de alimento apto para el consumo humano”. Además, según el documento, el Banco de Alimentos de Quito recupera semanalmente, en promedio, 3 toneladas de productos.

Aunque sus comerciantes dicen que las ventas en el Mayorista han disminuido, el flujo de gente que lo visita continúa siendo alto. Pablo Benalcázar, gerente general de la empresa metropolitana Mercado Mayorista, dice que a diario llegan entre 25 y 32 mil personas al mercado más grande de la ciudad. Sin embargo, eso no se refleja en los ingresos de sus comerciantes. “Ahora hay más competencia”, dice Zoila Celi, del Mayorista. Según ella, ese es el principal motivo por el que además de la pandemia, no ha podido tener los mismos ingresos que antes.

El mercado Mayorista es como una miniciudad: congestionado, caótico y bullicioso —la gente va de aquí para allá, los carros causan atascos por sus callecitas flanqueadas por puestos de manzanas, duraznos, papas, barraganetes, peras, sandías —y todo lo que uno podría imaginar existe en el planeta de los productos de mercados.

Hay peatones que hacen equilibrismo con las pesadas fundas de compras que llevan en las manos. Otras van acompañadas de carretas repletas de frutas y hortalizas compradas al por mayor que serán distribuidas en sus negocios. En caso de emergencia, dice Benalcázar, el Mayorista podría abastecer a todo Quito por 5 días. Es tan grande que desde 2012 funciona como una empresa pública metropolitana independiente. Pero se está quedando pequeño para la cantidad de comerciantes que alberga y de productos que venden.

El mediodía en este mercado es un escenario muy distinto al del Central. En vez de esperar cientos de personas yendo a almorzar, a esta hora el Mayorista cierra su jornada, que para muchos de sus puesteros comenzó a la medianoche o en la madrugada. Cuando el sol se estaciona en el cénit, la mayoría de locales están cerrando. Los que quedan abiertos, están descargando los productos que llegan en enormes camiones cargados hasta el tope y que serán vendidos al día siguiente.

Los mercados son clave para la economía de la ciudad porque contribuyen a regular los precios de los alimentos. El economista Carlos Marcillo, director del Centro de Economía Popular Solidaria del Colegio de Economistas de Pichincha, dice que al reducir los intermediarios en el proceso, los productos se abaratan. Cuando los precios son menores, el principal beneficiado es el consumidor, afirma Benalcázar. Según un informe de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung de Ecuador, estos espacios comerciales también crean relaciones más equitativas con las regiones de abastecimiento de alimentos y fomentan la soberanía alimentaria y económica.

Los tomates, dice Marcillo, pasan por entre “6 y 7 manos hasta llegar al consumidor y ahí se encarecen”. Jack Rodríguez, director de Comunicación de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC), dice que en los mercados se trabaja con los productores de los cultivos para adquirir directamente los productos. “Así el productor recibe un precio justo, la producción llega a los mercados de Quito a precios razonables, tratando de romper la cadena de intermediación”, dice Rodríguez. En el caso de los tomates, según Rodríguez, los productores venden cada caja 20 kilos a 7 dólares. Sin embargo, esa misma cantidad llega a Quito costando cerca de 22 dólares. Esa brecha, dice, se queda en la intermediación.

Cuando no hay mercados, como en los primeros meses de la pandemia del covid-19 en que fueron obligatoriamente cerrados, los ciudadanos que normalmente compran ahí sus alimentos tuvieron que recurrir a opciones más costosas. “Podían ir a supermercados y otros locales, a precios más altos. Eso afectó muchísimo a la economía familiar de la población”, dice Rodríguez. Los mercados abrieron desde mayo de 2020 y siguen intentando recuperarse del impacto que esos meses de clausura mandatoria ocasionaron.

En el mercado Central y en el de Chiriyacu hay varios puestos vacíos. Algunos, me dicen, se han retirado porque ya no podían financiar su negocio. Lema, vicereprestante del mercado Central, dice que ahí también había un alto porcentaje de población de la tercera edad —un 60% aproximadamente—, pero algunos han decidido no regresar todavía a su trabajo por miedo a contagiarse, enfermarse de gravedad y morir por covid-19. Por eso, dice Lema, muchos de los locales están siendo atendidos por hijos, sobrinos o nietos de sus dueños. Los que no tienen a quién enviar, han dejado los puestos vacíos a la espera de una solución.

Zoila Celi nació en el mercado Mayorista hace 60 años: su madre dio a luz mientras trabajaba en su puesto de frutas. Hace 40 años, Celi le tomó la posta del negocio a su madre y espera que sus hijos hagan lo mismo. Por eso, dice, les puso un puesto a cada uno para que puedan pagar sus estudios. El mayor, de 21, estudia mecatrónica. Su hija, de 18, va a comenzar medicina en unos meses pero se levanta cada madrugada para ir al Mayorista y poder costear su carrera.

La fuerza que empuja a los mercados quiteños es mayoritariamente femenina. El 75% de todos sus dependientes son mujeres. Según Patricia Garzón, representante del Central, en ese mercado la cifra asciende al 90%. Además, gran parte de ellas son “jefas de familia y cabezas de sus hogares”. Según el economista Marcillo, eso facilita que las mujeres tengan sus propios recursos financieros. Además,  las mujeres tienden a destinar más de sus ingresos a la educación y la salud de su familia. Celi es solo un ejemplo de eso. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades. Los hombres sólo entre el 30% y el 40%.

Los mercados son verdaderos motores de la ciudad. Parte de ese impulso, dice Marcillo, viene de las vendedoras a quienes describe como “emprendedoras que bajo la autogestión han ido creciendo de acuerdo a sus posibilidades”. Además de ser un espacio laboral ampliamente conformado por mujeres y ancianos, el informe de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung dice que generan empleo para la población indígena y otros grupos sociales con umbrales de acceso laboral bajo.  En 2019, el 80% de los comerciantes de papas y el 60% de los de hortalizas del Mayorista se autoidentificaban como indígenas, en un país en el que el nivel de empleo informal y en condiciones de desventaja es alto para esta población, especialmente para las mujeres.

Las mesas a dos metros de distancia, el frasco de alcohol o gel en las entradas y el guardia que toma la temperatura al ingresar son evidencia de que los mercados también han tenido que acoplarse a la nueva normalidad. Garantizar la calidad y la salubridad de los productos es más importante ahora que nunca antes. Eso será elemental en motivar a los consumidores a regresar a consumir a estos espacios comerciales.

Eso ha generado varios planes de la ACDC y de la Agencia de Rastro, otra entidad municipal con la que están colaborando para garantizar la salubridad de los productos.

Uno de los principales es el plan piloto que se hará en el mercado de Chiriyacu, donde —entre los gritos de los comerciantes para llamar la atención a sus clientes (“¿qué le doy, qué va a llevar?, Venga pase, caserito”), cabezas de chancho colgando del techo y montañas de pescados rojos, grises y blancos— está el germen del cambio perpetuo de la forma en que se distribuye la mercadería en la ciudad.

Este cambio consiste en implementar un empaquetado especial para carnes, mariscos, frutas y legumbres conocido como “en frío”. Esta técnica garantiza que se mantenga su cadena de frío desde su envasado hasta que llega al consumidor. Klever Saltos, presidente de la asociación de comerciantes de Chiriyacu, dice que esos productos durarán entre 8 y 10 días en perfectas condiciones y que no tendrán que ser desechados. Según Saltos, hasta diciembre de este año ya estaría implementado este proyecto. Jack Rodríguez dice que el objetivo es ir expandiendo el plan piloto a otros mercados en el futuro.

Otra necesidad pendiente es mejorar el almacenamiento de los productos. Según el informe de Quito Cómo Vamos, este es uno de los principales problemas de los mercados y ferias de Quito porque el 76% de vendedores mayoristas no tiene bodegas para almacenar sus productos. En Chiriyacu, los comerciantes de verduras y legumbres entrevistados dicen que utilizan toldos para tapar los productos para el día siguiente. Los de carnes y algunos de mariscos lo hacen en cuartos fríos o en congeladores en sus propios puestos.

María José Pilamaga no tiene un cuarto frío para guardar sus productos, lo que hace que estos no puedan ser ofrecidos por más tiempo. Saltos dice que como el mercado ha crecido, no hay espacio suficiente para que todos los vendedores de mariscos tengan un cuarto frío. Sin embargo, añade que está entre los planes de mejoras expandir el espacio de cuartos fríos.

Incluso en los locales más espaciosos, el almacenamiento continúa siendo un problema. Eddie Inger dice que en su puesto en el Mayorista —que es un cuarto de aproximadamente 4×4 metros— solo puede guardar las frutas que vende con una débil puerta de metal fino y endeble. Inger dice que ya le ha pedido a los administradores que pongan puertas corredizas metálicas para que sea más seguro almacenar sus productos en su espacio asignado.

La calidad de los productos es un diferenciador importante en medio de un escenario con tanta competencia. Marcillo dice que eso incluye cómo se ofrecen los productos, la forma en la que se promocionan y hasta las técnicas de venta. Según Jack Rodríguez, la ACDC está trabajando para que los productos que se vendan en los mercados tengan garantías como que no se ha roto la cadena de frío y con el empaquetamiento adecuado. Incluso, dice, que están trabajando en logos y marcas que identifiquen a cada uno de los mercados para fidelizar a los clientes y promocionar sus productos.

Otro paso necesario para fomentar la confianza del consumidor es avanzar en el proceso de vacunación contra el covid-19. Hasta el momento, el 80% de las personas que trabajan en los mercados municipales ya han sido vacunadas. Benalcázar dice que en el Mayorista el 20% que todavía no ha sido vacunado es, en su mayoría, por miedo. Sin embargo, poco a poco están convenciendo a más personas a que se vacunen. Una de esas es Zoila Celi, quien me dice que no quería hacerlo, pero que le asignaron una nueva cita y que a esta sí va a asistir.

La ACDC tiene planeado poner logos en cada uno de los puestos y en la entrada de los mercados para indicar que se ha cumplido con la vacunación. Esperan que esa sea otra prueba de su compromiso para cumplir las medidas de bioseguridad y que impulse a la gente a considerarlos como un espacio seguro y limpio para hacer sus compras cada semana.

Otros problemas ya existían antes, pero se han intensificado con la pandemia. Patricia Garzón, representante del mercado Central, dice que uno de esos son los vendedores ambulantes, que aumentan la competencia y reducen sus ventas. Según Garzón, el Central estaba “prácticamente libre de ventas informales” pero, afirma, las administraciones municipales de los últimos años se han descuidado. “Todo Quito es un mercado”, dice frustrada por los altos niveles de competencia en los exteriores de su lugar de trabajo.

La seguridad de los clientes preocupa también a los vendedores. “Estamos cansados de que la gente no llegue al mercado por la inseguridad”, dice Patricia Garzón. El sábado que estuve en el patio de comidas en el Central, Paulina Lema envió una nota de voz a un contacto en la Policía pidiendo que una unidad revisara los alrededores del mercado porque le avisaron que estaban tratando de robar.

Pero más allá de eso, el Central es un mercado ejemplar. Es un sitio bien distribuido, con sus puestos bien cuidados y limpios. Sus vendedoras usan uniformes antifluidos, mascarillas y desinfectan las mesas después de que cada grupo de comensales se levanta. Patricia Garzón dice que ellas pueden hacer todo lo que puedan para garantizar las medidas de bioseguridad, la inocuidad de los productos y la seguridad de los clientes dentro de dentro del mercado, pero lo que pasa afuera es responsabilidad de las agencias municipales. Está claro que ellas han hecho ya su parte.

En medio del olor a clorofila fresca, a frutas y (en algunas partes) a la sal del mar, que los define, los mercados quiteños, sus comerciantes y dirigentes siguen luchando por sobrevivir a la pandemia y adaptarse a los cambios que la emergencia sanitaria impuso. No lo lograrán solos: la participación de las autoridades y la implementación de cambios estructurales es indispensable. Juntos podrán aprovechar el potencial económico, social y comercial que estos espacios tienen para Quito.

Fuente: https://gk.city/2021/07/28/potencial-economico-mercados-quito/