El fin de los manglares del Golfo

El fin de los manglares del Golfo

 

GK

Arrastrados se internan por los bosques de mangle del estero Salado de Guayaquil, un brazo de mar que penetra a la ciudad desde su golfo homónimo, y donde crecen en abundancias los árboles de mangle. Al pie del estero, en la playita del Guasmo Sur —el borde de cemento, las casas de ladrillo sin ventanas que se empujan unas a otras, niños en short que se lanzan al agua—, viven y trabajan, desde hace más de treinta años, los socios de la asociación de cangrejeros, pescadores artesanales y afines Río Aguas Vivas (ACPARAV).

En esos bosques extraños cuyas raíces flotan en marea baja y se inundan completamente cuando la marea sube, los cangrejeros artesanales de esta Asociación saben sortear la extrañeza, la incomodidad enlodada.

Ellos entran en las redes del manglar y, atrapados, atrapan cangrejos. Para sacar a los animales, reptan por horas entre una enredadera de palos infinita. Meten el brazo —su herramienta de trabajo— hasta el hombro, en los huecos que indican que dentro encontrarán cangrejos machos de más de 7,5 centímetros.

Desde hace 10 años, los cangrejeros no solo se dedican a sacar cangrejos sino a proteger el manglar. Entre 2011 y 2021 han presentado 15 denuncias al Ministerio de Ambiente por la tala ilegal de este ecosistema, señalando principalmente a las camaroneras. Pero ninguna denuncia, dicen, ha sido respondida. No son los únicos:las 18 asociaciones de la reserva ecológica Manglares Churute dicen que han presentado denuncias de tala de manglar dentro de su área protegida, también sin ninguna respuesta por parte del Estado.

No solo sus denuncias no han sido atendidas, alegan. También su concesión para poder capturar cangrejos, pescados y otras especies en el manglar les ha sido revocada. Injustamente, aducen.

La asociación tiene 56 miembros que trabajan y subsisten del manglar como lo han hecho sus familias desde hace tres generaciones. Dicen que es lo único que saben hacer. Ellos trabajan y dependen de este ecosistema costero.

No son los únicos.

Los otros que subsisten del manglar son los grandes productores camaroneros. Están ahí desde los años sesenta, cuando nacieron las primeras piscinas camaroneras en el Ecuador. Fue en la fértil provincia de El Oro donde se descubrió que en los pozos formados en las depresiones de los salitrales, los camarones se reproducían de manera exponencial. Las superficies de áreas salinas disminuyeron en un 92% entre 1969 y 2006, especialmente para dedicarlas a la cría de camarón en cautiverio.

Luego, se dieron cuenta que la salinidad y la riqueza biológica del agua de los manglares tenía el mismo efecto. La calidad del camarón ecuatoriano fue reconocida inmediatamente en todo el mundo, disparando su demanda, lo que hizo que los bosques de mangle se convirtieran en las zonas más apetecidas por la industria acuícola, que empezó a talar el manglar para crear piscinas. Para entonces, el valor ambiental de los bosques de mangle era desconocido.

Hoy se sabe que el manglar es un ecosistema de borde catalogado como bosque azul y que puede ser clave para la mitigación del cambio climático porque absorbe grandes cantidades de carbono y lo mantiene bajo sus suelos inundables, no solo en sus raíces, sino en el lodo que descansa a sus pies.

Cada hectárea guarda alrededor de mil toneladas de dióxido de carbono, diez veces más dióxido de carbono que cualquier bosque en tierra firme. Al ser talados no solo perdemos ese bosque eficiente en captura de carbono, sino que, se devuelve todo ese CO2 a la atmósfera, uno de los gases de efecto invernadero responsable del actual cambio climático. En 2017 los manglares del estado de la Florida, Estados Unidos, evitaron pérdidas de más de 1.500 millones de dólares por inundaciones y protegieron a medio millón de personas del paso del huracán Irma.

Hoy se sabe eso, pero en la década de 1970 era considerado tierra ociosa, infértil. Las camaroneras lo arrasaron. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2014 que la tasa de deforestación de los manglares es de 3 a 5 veces más rápida que cualquier otro bosque, lo que causa pérdidas anuales de 42 mil millones de dólares.

En el Ecuador, las extensiones de piscinas camaroneras pasaron de 2.450 hectáreas en 1969 a 175.748 hectáreas en 2006, según un estudio del desaparecido Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen). Es decir, un crecimiento del 7.073%.

Desde entonces los cangrejeros y los dueños de las grandes piscinas camaroneras se encontraron frente a frente en el mismo hábitat: el manglar.

El olor a comida sale del local que se pierde debajo de una casa de dos pisos, al pie de una transitada calle del Guasmo Sur. Son las 9 de la mañana del  domingo 17 de octubre de 2021, y los socios de la ACPARAV han sido convocados a una asamblea extraordinaria por su presidenta, Elena Saldarriaga.

Los puntos del orden del día son dos. El primero, informar sobre un recorrido que los representantes hicieron dos días antes por una parte del Estero Salado que solía estar a su cargo, pero que hace cuatro años el Estado les quitó.

En 2011, la Asociación entró al programa gubernamental de Acuerdo de uso sustentable y custodia del manglar, para ser los guardianes de más de 2579 hectáreas del Estero Salado.

Los Acuerdos para el Uso Sustentable y Custodia del Manglar (AUSCEM) es un programa planteado en 1994 por un grupo de biólogos liderados por Manuel Bravo que tiene como objetivo involucrar a las comunidades locales en la conservación de los manglares. En 1999 el Estado ecuatoriano adoptó la idea a través del decreto ejecutivo 1102.

Pasaron diez años entre la oposición constante de empresarios, entidades públicas y líderes ambientalistas que intentaban bloquear la entrega de los acuerdos; camaroneros que querían ser parte de los beneficiados, complicaciones burocráticas y económicas para que las asociaciones tengan existencia jurídica y escepticismo de los usuarios ancestrales que no creían que era posible convertirse en custodios del manglar. Aun así, a partir del 2010 comenzaron a materializarse los primeros Auscem.

Actualmente el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica confirma que tienen registrados 63 convenios en todo el país que cubren alrededor de 70 mil hectáreas de manglar.

Río de Aguas Vivas obtuvo su concesión como custodio el 20 de septiembre de 2011. Desde ese día tenían que hacer control y vigilancia de poco más de 2579 hectáreas de manglar.

El convenio implicaba que denuncien toda tala de manglar y, a cambio, se les permitía hacer una pesca sostenible que incluía capturar de manera artesanal peces, cangrejos y ostiones respetando vedas, talla y sexo: solo machos de más de 7,5 centímetros.

Las  vedas son dos al año: del 1 al 28 de febrero por apareamiento. Y del 15 de agosto al 15 de septiembre por muda, que es cuando los cangrejos cambian su carapacho. Los controles se hacen en el mercado de la Caraguay donde los inspectores ambientales revisan el producto de cada asociación.

ACPARAV, desde ese 20 de septiembre de 2011, tomándose muy en serio su papel de vigilante de los esteros, hicieron alrededor de una denuncia de tala de manglar por año. A pesar de que, la Asociación insiste que dio aviso a las autoridades de todo acto de deforestación dentro de su concesión, el Ministerio de Ambiente, en 2017, les quitó la concesión por no haber denunciado una supuesta tala de 0,20 hectáreas.

El otro punto del día de la reunión es definir las siguientes acciones en su lucha por recuperar lo que ellos dicen que es parte de su historia, su lugar de trabajo, de donde sacan los recursos para vivir, para sobrevivir.

En la entrada hay un motor de lancha negro y cuatro filas de sillas plásticas cremas y rojas que dan la espalda a la calle. Al fondo hay un mesón de baldosa en forma de ele y dentro de él, dos mujeres revuelven unas grandes ollas grises que se calientan sobre la cocina.  En poco tiempo comenzará la asamblea extraordinaria.

Van llegando los socios, que cuentan cómo la expansión de las camaroneras, y la deforestación asociada, ha reducido su pesca. Se ven arrinconados: tienen menos lugar para sus labores, lo que desata una mayor competencia entre diferentes asociaciones y con pescadores ilegales, que no tienen ningún registro.

“Antes, todo esto era manglar”, dice Valeriano Chalen con su voz bajita, pausada y nostálgica que acompaña sus 67 años —de los cuales 55 ha dedicado al cangrejo. “Había unas raíces de más de un metro de ancho que para arrancar se necesitaba la fuerza de dos personas”, cuenta. “Antes entrábamos un kilómetro y ya comenzábamos a capturar, ahora toca caminar 3 o 4 kilómetros”, dice Jazmany Chalén, un cangrejero más joven.

Por eso, de un tiempo para acá levantan campamentos para pasar la noche y volver en la mañana a la recolección. “Ellos solo vienen a tierra cada dos días a vender lo que pescan, dan un beso a la mujer y, se regresan al agua”, dice Geovanny Chalen, refiriéndose a los pescadores de la asociación. “Encontrábamos concha, camarón, pero en grandes cantidades, que las recolectábamos en unas canastas de bambú. Ahora dos días y no se puede traer ni pescado”, agrega.

“Hoy han matado todo con esos químicos de las camaroneras”, dice Valeriano Chalén. Es una postura que comparten sus compañeros.

Más de la mitad de la ciudad de Guayaquil, donde viven cerca de 2,8 millones de personas, está asentada sobre lo que fueron manglares. En este bosque que vive entre las mareas viene a poner sus huevos el 70% de las especies marinas comercializables.

En 50 años, Ecuador ha perdido alrededor de 56 mil hectáreas de manglar, el equivalente a la extensión de todo Guayaquil más Durán, Salinas, Machala y Cuenca.

Se ha perdido casi una tercera parte de la cobertura total de este ecosistema que frena la fuerza de un tsunami a la mitad, que mitiga las inundaciones que dicen los expertos que aumentarán debido al calentamiento global. Es importante porque Guayaquil es la cuarta ciudad más inundable del mundo según Natalia Molina, docente experta en manglar de la Universidad Espíritu Santo, en Guayaquil. Y, además, porque el manglar es el lugar del que dependen alrededor de diez mil familias que se dedican a la pesca artesanal. Entre ellos los socios de Río Aguas Vivas.

De fondo se escucha un cuchillo golpeteando veloz una tabla de madera, las ollas siguen hirviendo, los socios continúan entrando y firmando la hoja de asistencia. Algunos aprovechan para ponerse al día en la cuota mensual de cinco dólares para gastos administrativos. Elena Saldarriaga, la presidenta, les pide que se pongan el uniforme turquesa, que en poco comenzará la sesión.

Se une a la conversación Julio Domínguez, quien hace 45 años se dedica a la pesca artesanal. Todo le enseñó su padre. Al inicio la pesca era en canoas a remo, no había motor, pero dice que al entrar un poco al río ya en la red caía de todo: “pescábamos bastantísimo”, les cuenta a sus compañeros. “Cuando salgo a pescar veo que las camaroneras botan un líquido que sale por las zanjas y eso nos afecta a nosotros porque nos va matando los pescados, las conchas”, dice con preocupación.

Hace algunos meses a Julio Domínguez le destruyeron la estancia de madera que construyó a orillas del estero para acampar. En esos palos colgaba algo de ropa, botellas de agua, comida y una radio. Ahí descansaba mientras esperaba que la red atrape algo. Le pregunto quién lo hizo. “Los guardias de las camaroneras, que andan armados”, responde.

Geovanny Chalén se va y regresa enseguida con una computadora, la prende y, con rabia, me muestra unas fotos: “Mire, mire cómo le destrozaron todo a mi compañero. Ellos no tienen derecho de hacernos eso”.

Julio saca su celular y enseña con orgullo en la pantalla una langosta gigante. Luego me enseña la siguiente foto mientras dice: “Me botaron todo y yo así iba recogiendo; iba salvando cosas y poniendo en mi bote”, cuenta. “El colchón, todo me botaron. Mire, los palos me mocharon y me los botaron al río. Mire, el pisito me lo dañaron”. Sonríe, a pesar de la pena.

“Nosotros hemos denunciado a la Fiscalía esta violencia, pero usted sabe que donde hay billete…”, dice, dejando en el aire su conclusión. Pero enseguida se completa: “Nosotros somos pobres, no hay justicia”.

La competencia por los esteros ha hecho que las camaroneras contraten guardias privados que corten el paso a los cangrejeros y pescadores artesanales, por las orillas de sus concesiones aunque según el artículo 68 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca “En toda camaronera que se encuentre junto a la zona de recolección y pesca extractiva, se permitirá el acceso y libre circulación para estas actividades en las orillas de manglares y caudales de agua (ríos, esteros)…” siempre que los artesanales muestren un permiso para la actividad. ACPARAV tenía los permisos.

Además, las camaroneras han instalado en sus terrenos cerramientos con alambre de púas pues han sufrido robos. Eso, en su criterio, justifica estas barreras de protección, a pesar de que según la ley el paso de los custodios, por sus terrenos, debe ser libre.

Actualmente, los pescadores de la asociación de Río Aguas Vivas como no pueden instalarse en las orillas de su propia concesión porque, dicen, reciben amenazas de los guardias de seguridad de las camaroneras, pasan sus días en dos canoas amarradas entre sí y varadas en medio río. Alrededor de este campamento acuático improvisado hay unos palos clavados en los que estiran las redes. Sobre las canoas hay unos techos de lona y una cuerda de donde cuelgan algunas prendas.

La presidenta Saldarriaga, con su voz fría e imponente, llama al orden. Les recuerda ponerse la camiseta y acomodarse en las sillas. Cuando todos están sentados les sirven un plato de tallarín con cangrejo, que silencia el ruido de la sala en segundos.

“Aquí no hay malos ni buenos”, dice Natalia Molina, docente especialista en conservación de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Molina es una de las científicas ecuatorianas que más ha estudiado el manglar: hace 20 años investiga todo lo relacionado con este ecosistema.

Pero para entender este complejo conflicto, enredado como las raíces del mangle, hay que entender un poco la historia.

Y la historia dice que el Ecuador inventó la acuicultura, que no es cosa menor. Por eso tuvo el boom que tuvo. Sus camarones eran de la mejor calidad, 100% natural, criados con la riqueza de los salitrales y luego de los manglares: esa mezcla perfecta entre el agua dulce de los ríos y la salada de los océanos.

Tuvo tanto éxito que en las universidades comenzaron a estudiar el desarrollo del camarón, y cómo crecía en esas tierras inútiles que eran los manglares. El Estado comenzó a dar concesiones muy fácilmente para incentivar una actividad que llegó a ser el segundo rubro económico nacional, después del petróleo. Fuimos pioneros en el mundo de las técnicas de acuicultura, saberes que, se lamenta Natalia Molina, regalamos sin recibir nada por toda la inversión de años en mejorar el producto.

Era una prosperidad desbordante hasta que en la década de 1990 vinieron dos plagas: la mancha blanca y el síndrome de taura que arrasaron con gran parte de las empresas acuícolas. Sólo sobrevivieron las más grandes, que en algunos casos absorbieron a las pequeñas.

Hasta antes de la pandemia del covid-19, el sector camaronero volvió a tener un auge: de los cerca de 850 millones de dólares que generó en el 2010 pasó a más de 3989 millones en el 2019. Actualmente, el Ecuador exporta el 60% del camarón que se consume en toda América.

El 30 de diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso festejó, a través de un tuit, ser, nuevamente, el primer país del mundo exportador de camarón.

Mientras el Ecuador disfrutaba del primer boom camaronero, se comenzó a saber la importancia ecológica de los manglares. En 1979 se creó la primera reserva ecológica costera en el país que incluía zonas de manglar, en Churute.

Fue el primer momento en que se cruzaron las dos visiones: la ambiental y la económica. Se produjeron los primeros enfrentamientos, talas descontroladas, por un lado, y ataques y robos a camaroneras, por el otro.

A la par se comenzaba a crear todo el cuerpo legal para proteger el manglar. “Hubo muertes, todo eso se volvió como una zona roja, una guerra. Una lucha muy dispar porque los camaroneros ya tenían el poder económico”, explica Natalia Molina.

Pronto se supo que la principal causa de la tala de manglar era la construcción y expansión de piscinas camaroneras, cuyos efectos ambientales comenzaban a sentirse: disminución del hábitat, de la pesca y la calidad del agua de los ríos. En términos sociales, esto significó el empobrecimiento de la gente que vivía en los estuarios, aumento del desempleo, disminución de la calidad de vida y la emigración de los usuarios del manglar hacia las ciudades.

Por presión de los académicos que atestiguaron los enfrentamientos entre pescadores artesanales y quienes producían con tecnología de punta en el mismo lugar, el Estado adoptó la idea de involucrar a las comunidades locales en su cuidado. En el 2000 se diseñaron los requisitos y se implementó la normativa para entregar los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar (Auscem) a las asociaciones legalmente conformadas.

Pero no fue sino hasta 2010 que comenzaron a materializarse los primeros Auscem.

Un año después, Río Aguas Vivas recibió el suyo, que le quitaron en 2017.

Elena Saldarriaga se ha acostumbrado a hablar con rabia. Casi no ríe, y si ríe, es con desconfianza. Dice que siente que han sido perseguidos, que les quitaron la concesión no por no denunciar sino por denunciar demasiado, porque cree que con sus informes estorbaban a quienes estaban interesados en extender las piscinas camaroneras.

En la reunión, la presidenta toma la palabra, firme, dura, va directo al objetivo: informar sobre el recorrido que hicieron dos días antes para mostrar el estado del manglar dentro de su concesión —para ellos la concesión sigue siendo suya aunque no tengan el papel que lo certifique.

Elena Saldarriaga les cuenta a todos que la tala ha seguido, que no ha servido de nada las denuncias que han venido haciendo desde hace diez años. Que los ministros de ambiente han desfilado uno detrás de otro. Se pregunta de qué sirve si no hacen nada, si la tala de mangle continua, si ellos se están quedando sin su sustento diario.

En el recorrido por el golfo de Guayaquil del 15 de octubre de 2021, del que hablaría Elena Saldarriaga en la asamblea de la Asociación dos días después, también estuvo Natalia Molina. “Es horrible”, dijo la experta al teléfono, sentada en un bote alquilado, mientras navegaba en la concesión por la que tanto lucha la Asociación Río de Aguas Vivas. Sus miembros mostraban las talas que han denunciado, el estado del manglar, las nuevas construcciones.

A los dos lados de la lancha se veían, uno tras otro los muros de las camaroneras —no se sabe cuáles eran legales y cuáles no. Lo cierto es que no se veían manglares robustos, sanos, gruesos ni tupidos, como los que describen los comuneros, sino hileras ralas con esa luz arenosa de fondo que indicaba que detrás hay tierra aplanada, piscinas ya construidas o en construcción.

Geovanny Chalén, el esposo de Elena Saldarriaga, había pedido con insistencia que haya acompañamiento policial para el recorrido. A pesar del pedido, no hubo tal protección. Los cangrejeros iban nerviosos. Decían que los guardias de las camaroneras siempre andan armados, que los sacan a la fuerza, que no les gusta que lleven gente con cámaras a las zonas conflictivas.

A los diez minutos de andar por el río gritaron todos a la vez: al lado derecho de la embarcación había dos retroexcavadoras en funcionamiento, dijeron que eso era parte de la reserva ecológica El Salado. “Mire doctora”, le dijo  uno de los cangrejeros a Natalia Molina, “es la isla La Esperanza, ya hemos avisado y no pasa nada, siguen talando”.

Natalia Molina, hablando alto para superar el ruido del motor de la lancha, les dijo que la habían llamado del Ministerio de Ambiente a pedir las coordenadas de las fotos de una tala de manglar que subió a sus redes sociales. Geovanny Chalén vivió algo parecido por esos días: lo habían llamado del Ministerio para pedirle copia de todas las denuncias que la asociación Río de Aguas Vivas había puesto desde el 2011. No se las dio: dijo que tenía miedo, que para qué querrían, que ellos deberían tener.

El bote avanzaba hacia la isla Los Chalenes, donde hubo una tala de grandes proporciones. Natalia Molina explicó que todo lo que se ve en las riberas es solo manglar de borde, que no es espeso, ni denso. Explicaba que las camaroneras van de adentro hacia afuera, que lo que hacen es cortar el acceso al agua, entonces los mangles mueren y luego los remueven con máquinas. Que hacen eso hasta llegar a los bordes. “Eso no es tan de la noche a la mañana”, explicó.

El sonido de la lancha no permitía escuchar lo que intentaban decir los cangrejeros, pero por el movimiento de los brazos y el asombro en sus ojos, se entendía que estaban mostrando todas las talas, todas las camaroneras, todos esos filos secos, desérticos, arenados y sostenidos con llantas donde antes hubo espeso bosque de manglar. Como si fuese la última vez que lo mostraban. Cómo si nadie les fuese nunca a creer. Tomaban fotos, muchas. Han aprendido a coger coordenadas, aunque se preguntaban, cómo lo hicieron cientos de veces durante el recorrido, para qué hacían todo eso si no sirve de nada y la tala sigue. Y la tala sigue. Y la tala sigue. Un eco desesperado.

En 2019, se aprobó el Plan de Acción Nacional para la conservación de los manglares del Ecuador (PAN-Ecuador). Durante tres años se hicieron mesas de trabajo con alrededor de 350 personas entre usuarios de manglar, viceministros de acuacultura y pesca, funcionarios de los ministerios de turismo, ambiente, de la armada del Ecuador, oenegés y miembros de la academia.

El resultado arrojado fue que hay dos grandes amenazas que vulneran el ecosistema manglar: la tala para actividad camaronera y la débil aplicación de la normativa ambiental para sancionar su afectación. Es decir, que se tala y no se sanciona.

Según la Constitución del Ecuador, artículo 406, el manglar es un ecosistema frágil cuya conservación dependerá del Estado. El Código Orgánico Ambiental tiene varios artículos que, en teoría, protegen el manglar: en el 99 es declarado hábitat de interés público y es contundente en prohibir su tala, afectación y cambio de uso. El artículo 103 confirma que el manglar es un bien del Estado no susceptible de posesión. El 318 considera una infracción grave su quema, tala o destrucción.

Además, el artículo 104 fue modificado en septiembre de 2021 luego de una lucha jurídica de los movimientos conservacionistas por quitar del numeral 7 que daba la opción de que dentro de las acciones permitidas en los manglares se aceptaran “actividades productivas”. Para Gustavo Redín, abogado ambientalista de la Coordinadora ecuatoriana de organizaciones para la defensa de la naturaleza y medio ambiente (Cedenma), esa era una rendija por donde podían aprobarse algunos permisos para talar manglar si alguna autoridad ambiental consideraba que la extensión de una piscina acuícola era “una actividad productiva de interés nacional”.

En 2008 se prohibió la tala de manglar en áreas protegidas y se les obligó, a las camaroneras que se instalaron luego de la declaración de las reservas ecológicas, a que fueran desalojadas y que reforestaran las zonas afectadas. A las camaroneras fuera de áreas protegidas y creadas luego de 1999, se las obligó a legalizarse respetando las extensiones máximas permitidas que son de 1.000 hectáreas para personas jurídicas y 250 hectáreas para personas naturales. Desde ese año no se podría volver a extender o crear nuevas camaroneras. Actualmente, el valor de reparación por daño ambiental se calcula en 89.273 dólares por hectárea de manglar.

A pesar de todo, un análisis cartográfico multitemporal de la organización ambientalista Conservación Internacional y la proveedora de tecnologías geoespaciales,  Geospace Solution determinó que entre 2010 y 2018 se dio un avance de 150,34 hectáreas de camaroneras dentro de áreas protegidas marino costeras en el Ecuador. También se determinó que hay 8.523 hectáreas de camaroneras al interior de reservas ecológicas.

Para el biólogo Nelson Zambrano, experto en temas de conservación y actualmente especialista en manejo costero integrado de Conservación Internacional, el problema es que existe toda una normativa clara con respecto al uso del manglar, pero en el campo no siempre se cumple o hay irregularidades. Dice que a veces hay permisos para limpieza de canales y, con ese pretexto, se tala manglar.

Él trabajó como responsable de la extinta Secretaría de Gestión Marino Costera (SGMC). Trabajaba directamente con los custodios de manglar, capacitando a personas como Geovanny Chalen de la asociación Río de Aguas Vivas. Nelson Zambrano cree que otro de los problemas es la centralización estatal. Al cerrar esta secretaría ahora todo se maneja desde Quito, dejando un vacío en la costa en cuestión de conservación.

Con la Secretaría se tenía la facilidad de acercarse y hacer recorridos con los custodios y las comunidades y tener un diálogo fluido con ellos. “Actualmente los dirigentes de las asociaciones para cualquier tema deben ir a Quito, imagínese”, dice Zambrano.

En el recorrido, Natalia Molina miraba silenciosa los estuarios a los dos lados del bote. “No quisiera morir antes de ver una camaronera sancionada”, dice.

Un mes antes del recorrido, Geovanny Chalén llenó mi WhatsApp de documentos. Eran cientos de hojas de denuncias de tala de manglar, todas fechadas y recibidas por los ministerios de ambiente, de gobierno; al viceministerio de acuacultura y pesca, a la dirección zonal del ministerio de ambiente, a la presidencia de la república: iban del 2011 al 2021.

Ni una ha sido respondida. No son el único caso: las 18 asociaciones de la reserva ecológica Manglares Churute dicen que han presentado denuncias de tala de manglar dentro de su área protegida, sin ninguna respuesta por parte del Estado. Edi Chonillo, presidente de la Asamblea Ciudadana de Taura, cuenta que en junio de 2021 hubo una denuncia de tala de manglar en la zona de Soledad Grande, una de las comunidades ancestrales de Churute. Fueron a inspección junto con las autoridades de la dirección zonal del Ministerio de Ambiente. “Hasta vino gente de la Defensoría del Pueblo” dice Edi Chonillo. Nunca recibieron copia del informe.

Ellos quieren saber si hubo sanciones, seguimiento. No saben nada. Han pedido la autorización de funcionamiento de la camaronera y los permisos ambientales para esa tala de manglar. Lo último que me envió fue la foto de un correo electrónico en el que le responden que debe pagar 38 dólares para recibir 171 fojas correspondientes a las copias certificadas de los documentos que solicita. A inicios de noviembre de 2021, Edi Chonillo estaba en el proceso de juntar el dinero para llevarlo a las oficinas de la dirección regional en Guayaquil.

Cuando el recorrido llegó a la Isla Los Chalenes, el conductor apagó el motor, y se escuchó, de repente y estruendosamente el merengue No hay pesos del grupo Los Cantantes, en el parlante negro que colgaba con impresionante equilibro del techo rojo de lona del bote.

Los comuneros seguían muy nerviosos, porque decían que siempre corren el riesgo de que “los echen a bala”. El bote se acomodó entre una pequeña entrada de agua, para ver la tala de manglar de 40 hectáreas que se hizo el año pasado, en plena pandemia.

Subió Geovanny Chalén junto a un fotógrafo. Todos miraban a todos lados. La música seguía sonando. Natalia Molina pidió que bajen el volumen, por seguridad. En diciembre de 2019, ella fue con las personas de la asociación a un recorrido para documentar otra deforestación y escucharon unas retroexcavadoras funcionando. Se acercaron al mismo lugar donde estábamos en ese momento. Contó cómo reconoció el brazo naranja que se elevaba entre las ramas, como un fantasma mecánico que tumbaba los árboles. Los hombres que manejaron la máquina se justificaron diciendo que tenían el permiso y que era una limpieza de canal.

Días después, los socios de Rio de Agua Vivas fueron con algunas autoridades ambientales, quienes les confirmaron que era limpieza de canal. “En la cara me dijeron que no era tala” me diría Geovanny Chalén, molesto y con todos los videos abiertos en la computadora, el día de la asamblea.

En mayo de 2020, en medio de una pandemia que azotaba el mundo, los cangrejeros de Río de Aguas Vivas fueron a escondidas y documentaron con sus celulares que esa máquina que trabajaba en una supuesta limpieza de canal se convirtió en un paisaje desolador. Solo había manglar quemado y, al fondo, unas piscinas negras y deformes.

El 13 de agosto de 2020 un informe técnico del Ministerio del Ambiente confirmó la destrucción de más de 40 hectáreas de manglar por parte de la empresa Negodich. En el mismo informe se calcula que el costo de restauración es poco más de 3,62 millones de dólares. El informe recomendaba la suspensión temporal de la actividad y la revocatoria de la autorización acuícola de esa empresa. La empresa refutó la sanción y el proceso está en revisión.

En un memorando del mismo 13 de agosto de 2020, se recomendaba que la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente inicie las sanciones administrativas, el proceso para un juicio penal por daño ambiental y “solicitar las respectivas justificaciones al Ministerio de Acuacultura y Pesca, por el otorgamiento del Acuerdo Ministerial N° 2019/547, para el ejercicio de la actividad acuícola para una extensión de superficie de 85,84 hectáreas en la que se incluyeron zonas de Bosques Densos de MANGLAR entregados a la Compañía Camaronera NEGODICH S.A.”

Los cangrejeros creen que, desde la fecha de esa inspección, se han extendido al menos unas veinte hectáreas más, porque en las noches siguen escuchando las retroexcavadoras.

Según la ley, si se encuentra un delito ambiental la primera recomendación es parar la actividad y comenzar inmediatamente la reforestación. Un año después del informe, estábamos en el mismo lugar y si bien, no vimos piscinas camaroneras en funcionamiento, tampoco había un proceso de reforestación.

La presidenta de Río Aguas Vivas hizo otra denuncia dirigida al Viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, el 26 de agosto del 2020 sobre una supuesta tala de manglar en el área de su concesión. En particular dieron aviso de la intención de construir un puente en el río para cruzar de camaronera a camaronera. Nelson Zambrano compartió el video en redes sociales.

Tampoco tuvieron respuesta y en el recorrido que hicimos un año después de este video, pudimos constatar que el puente ancho y de metal se terminó de construir y el tiempo que estuvimos allí vimos el paso de dos volquetas.

“Cuando nosotros vinimos no había nada de esto, cuando metimos la denuncia recién talaban, todo era manglar, como al fondo es bosque seco, ellos dirán que no talaron”, dijo Elena Saldarriaga, seria, con el viento que se va llevando su rabia. “¡Este hueco no estaba!” gritó otro de los cangrejeros. “Por eso, este puente lo hicieron rapidito, durante la pandemia. Aquí lo trajimos a un inspector de Socio Bosque, vio esto y se quedó asombrado. Todo esto era manglar”, dijo Geovanny Chalén. Le pregunté qué pasó luego de que vinieron con personal de Socio Bosque, un programa del Ministerio de Ambiente Transición Ecológica y Agua que da incentivos económicos a las comunidades que voluntariamente se comprometen a la conservación de ecosistemas protegidos por el Estado. Entre risas, me contaron que ahí hubo problemas entre funcionarios de Socio Bosque y de la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente y que, al inspector que los acompañó, lo despidieron.

Ya regresando del recorrido, Geovanny Chalén no dejó de grabar y de tomar coordenadas GPS con su teléfono.Aunque es de fácil sonrisa, no siempre esta sale de alegría. A veces se siente burlado por las autoridades, que no le creen, que denuncian y luego pierden los papeles o les vuelven a pedir.

Otro de los cangrejeros, Yasmany Chalén dijo que, hace unos meses, entre los socios vino una ola de decepción, que empezaban a perder las esperanzas, que les han prometido tantas veces resolver el problema, parar la tala, devolverles la concesión y, sin embargo, al día siguiente todo sigue igual, impune.

El motor de la lancha aceleró y volvió a silenciar, por momentos, la música del parlante. Después de tres horas de preguntas y de indignadas respuestas, todos se sentaron, ya nadie iba de pie mostrando la desaparición del manglar.

Algunos ojos se cerraron, quizá del cansancio de contar y repetir lo mismo que han dicho a ministros, viceministros, inspectores, policías ambientales, directores provinciales, guardaparques. Otros como los de Natalia Molina, echaban un último vistazo de regreso y, con la misma pena, a los estuarios que silenciosos se van extinguiendo entre las brazadas de esas máquinas naranjas que no dejan de trabajar.

Después de visitar la Isla Los Chalenes pude conversar con el apoderado de la compañía Negodich, el abogado José Conforme, quien explicó que tienen todos los papeles en regla. Me envió por mail una carpeta comprimida con todos los documentos escaneados que justificarían que no han hecho nada ilegal.  Por eso, aún no pagan los 3,62 millones de dólares que le impuso el Ministerio de Ambiente.

Según los documentos, el 28 de noviembre de 2019 el Ministerio de Ambiente le otorgó a Negodich un registro ambiental para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE GRANJAS ACUÍCOLAS (CAMARONERAS) MENOR O IGUAL A 100 HECTÁREAS”.

El abogado Conforme se respalda con el Acuerdo ministerial 547-2019 firmado el 29 de noviembre de 2019 en el que la subsecretaría de acuacultura y pesca le otorga la cesión de derechos de cerca de 86 hectáreas destinada a la cría y cultivo de camarón y la comercialización en el mercado interno de la producción obtenida.

El 14 de noviembre, el Ministerio de Ambiente emitió un certificado de que los predios de la camaronera “NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP)”. Hay muchas hojas más de firmas, certificados, acuerdos ministeriales y papeles que datan desde 1998.

Esa isla de manglar robusto y verde, sin saberlo, ha pasado de mano en mano, ha sido cedida y recedida, absorbida y reabsorbida por empresas, por bancos: ha sido hipotecada y recuperada.

El apoderado de Negodich dijo que cuando se oficializó la tenencia de esos terrenos, ya estaban así, a medio construir. Que han perdido dinero porque hasta el día de hoy no pueden poner en funcionamiento esas piscinas por el memorando del Ministerio de Ambiente que los obliga a pagar la multa de 3,62 millones de dólares que ellos ya han apelado.

Me enseñó un certificado del 6 de octubre del 2020 en que indica que no hay ninguna resolución administrativa ni procedimiento administrativo ni sancionatorio en su contra. Dijo que sienten que se han ignorado sus informes. Es curioso: él también dice que no tiene respuesta por parte del Ministerio. Insistió en que su empresa quiere solucionar el problema porque hasta hoy no han producido nada.

Aseguró que han sido conciliadores, apeló al derecho al trabajo de sus 25 empleados. Como empresa, quieren quitarse el estigma de ser los malos, sienten que buscan un culpable, que son una empresa pequeña y, como abogado, preguntaba qué sucede con las grandes acuicultoras que tienen miles de hectáreas y que funcionan sin ningún problema. Cree que no existe un trato igualitario ni un debido proceso en todos los casos. Aseguró que hay otras zonas en las que hasta se construyen puentes y donde, dijo, no pasa nada.

Desde que desapareció la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, en 2020, el brazo del Ministerio de Ambiente que manejaba los temas ambientales de la costa ecuatoriana; todo lo relacionado con las concesiones a los custodios del manglar se maneja desde Quito. En su despacho, me recibieron la subsecretaria de Patrimonio Natural, Glenda Ortega, y el director del departamento de biodiversidad, Byron Lagla.

Cuando le pregunté cuántas personas están en territorio haciendo inspecciones en el manglar, la subsecretaria aceptó que son pocos. Los 398 despidos de funcionarios del Ministerio de Ambiente en 2020 y las fusiones con subsecretarias por recorte de personal, han ocasionado, afirma Ortega, muchos vacíos de gestión y legales que frenan las acciones inmediatas de control ambiental. “Hay que considerar que eso frenó de cierta manera la gestión y la continuidad de la gestión de todos los frentes del Ministerio”, dice. La funcionaria aceptó que no tienen una gran capacidad logística y administrativa para hacer seguimiento a todas las denuncias ambientales.

Al preguntarle por qué no hay sanciones ejemplares a camaroneras por tala de manglar, Lagla dijo que lamentablemente se han encontrado con procesos caídos ya sean por informes que están mal desarrollados o por la carga laboral que tiene las direcciones provinciales y regionales.

Ambos funcionarios confirmaron que existe un cuello de botella legal. Resulta que —ellos también recién se enteraron de eso— luego de cualquier inspección se hace un informe, pero que no tiene validez si no está firmado por el abogado ambiental del Ministerio. Pero, el abogado no puede firmar el informe del inspector, sino que debe hacer un nuevo informe.

Para comenzar un proceso de sanción se necesita el informe del informe. Lagla explica que es por eso que se dan los silencios administrativos, porque no alcanzan a hacer un segundo informe técnico-legal ya que, en muchos casos, las direcciones zonales tienen apenas un solo abogado ambiental por provincia.

Según Glenda Ortega, Guayas, Pichincha y Azuay son las provincias con mayor porcentaje de procesos represados de denuncias de daños ambientales. Solo en Pichincha hay más de 20 mil. Ambos funcionarios aseguran que con la pandemia del covid-19 bajó el presupuesto, hubo mucha rotación de personal y de autoridades.

Entonces, por estas, entre otras razones, no hay sanciones ejemplares a quienes talan manglar, peor aún, procesos penales por delitos ambientales relacionados con este ecosistema.

Aunque sí hay un proceso jurídico que ha avanzado rápidamente desde el 2017: la acusación de tala ilegal de manglar contra Geovanny Chalén, uno de los socios de Río de Aguas Vivas.

Chalén tenía un terreno de casi ocho hectáreas con una camaronera que, dice él, había sido abandonada desde la época de la mancha blanca. “Tenía los documentos en regla, legalicé, tuve los permisos y todo para volver a activar la piscina”, sostiene. Dice que la tuvo por poco tiempo porque lo acusaron de talar manglar dentro de esas ocho hectáreas. “La tala fue en otro lado, en la Isla la Taza. Pero, cuando fueron al lugar, creo que han sido panas de los que talaron. En el informe del Ministerio de Ambiente desviaron la ubicación y claro, tenían que ver dónde tiraban el muerto y me lo tiraron a mí”, afirma Geovanny Chalén, que dice que enfrentó un proceso judicial. “Me quisieron sancionar con medio millón de dólares”.

Después, dice, le quitaron la concesión a  ACPARAV. “La asociación no tenía nada que ver en este malentendido. Por eso decimos que es injusto. Ya me están siguiendo juicio a mí ¿por qué le quitan el acuerdo de custodia a todos?”, se queja Chalén, que fue presidente de ACPARAV por esa época. Geovanny Chalén también se aferra a un documento  del 4 de octubre de 2017 emitido por la Subsecretaría de Acuacultura que dice que esta entidad no pudo probar que hubo tala de manglar en las ocho hectáreas de Geovanny Chalén.

Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural  y Byron Lagla, director de Biodiversidad, dicen que el caso es “muy complicado”. Ambos insistieron en que, en su momento, la Dirección de la Zona 5 del Ministerio de Ambiente de Guayas determinó bajo criterios jurídicos, técnicos y legales que hubo deforestación de manglar en la isla La Taza por parte de Geovanny Chalén y que, como consecuencia, se les revocó Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar a la ACPARAV.

El Ministerio de Ambiente también pidió a Socio Bosque que les corte el apoyo económico de 22 mil dólares anuales que recibía ACPARAV por servicios de conservación. La Asociación apeló la decisión pero desde 2017 no reciben el incentivo económico por parte de Socio Bosque. Todo el caso, el de Geovanny y el de ACPARAV no tienen todavía resolución y los dos casos descansan en las oficinas de Quito.

Les pregunto a Ortega y a Lagla por qué la denuncia a un cangrejero, que quiso ponerse una camaronera de 8 hectáreas logró llegar a última instancia, a darle sanción, a tener informes jurídicos y a otras talas más grandes, no. “Por eso le digo, el análisis que nosotros hacemos ahora con el personal ya logramos consolidar para la región marino costera de la Subsecretaría de Patrimonio justo de este tipo de ilícitos”, me respondió la subsecretaria y luego afirmó que espera aclarar la situación de la Asociación Río de Aguas Vivas hasta finales de octubre. Hasta diciembre de 2021, según Elena Saldarriaga, no han arreglado la situación de ACPARAV.

Les presenté los videos de la tala que denunció ACPARAV en 2019 en lo que ahora pertenece a la empresa Negodich, les leí el informe: el área deforestada y las recomendaciones.

Los dos funcionarios ambientales entrevistados se miraron. No como que escondiesen algo, sino como que muy sinceramente no sabían la respuesta. Les leí las coordenadas y el cálculo, en dólares, del daño ambiental. Silencio. Leí de nuevo las conclusiones. Siguió el silencio. Al final, dijeron que eso es responsabilidad de las direcciones zonales, que apenas van seis meses en el cargo y que están retomando el tema.

Tampoco existe información actualizada. El último estudio cartográfico detallado de manglares y su deforestación es del 2006. Solicité información a la Subsecretaría de Acuacultura y a la dirección zonal de Guayas sobre datos de cuántas camaroneras han sido sancionadas tanto penal como administrativamente, pero no obtuvimos respuesta.

Enredos burocráticos, papeles, malos entendidos, inspecciones no logradas, contradicciones, rotación de personal, existe todo lo que evita respuestas claras. Hay un momento en que, como los muros de contención de las camaroneras, los discursos se frenan, se estancan, como el agua muerta de las piscinas abandonadas.

Una plancha tiene 4 atados y cada atado tiene 14 cangrejos. Cada plancha la venden en el mercado de la Caraguay —el más grande mercado de mariscos de Guayaquil— en un promedio de 35 dólares. “Es la ley de la oferta y la demanda, hay días que no quieren dar más de 30 dólares, y hay ocasiones rarísimas donde hasta 70 dólares nos han dado por una plancha”, dice Geovanny Chalén.

Por semana venden en promedio cinco planchas. Si se resta todos los gastos que tienen que incurrir para vender su producto, los cangrejeros artesanales se quedan con alrededor de 100 dólares por semana; es decir, ganan alrededor de 400 dólares mensuales. El salario mínimo actualmente en Ecuador es de 425 dólares. Los cangrejeros no están afiliados a la seguridad social.

En febrero y septiembre no pueden capturar cangrejos porque está en veda.“Esos meses hacemos préstamos para poder sobrevivir y lo pagamos cuando volvemos a trabajar”, dice Geovanny Chalén.  Se quejan de que ahora quieren aumentar un mes de veda adicional cada año. “Eso es imposible ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagar las cuentas de ese mes?. Algunos técnicos creen que desde el escritorio se pueden calcular las fechas de las vedas”, dice Santos Chalén.

“Nosotros desde el 2011 que nos convertimos en custodios, hemos denunciado las talas de manglar, pero ninguna denuncia ha sido respondida, las camaroneras han seguido. Hemos sido amenazados”, dice Isaías Larrete.

Las quejas van y vienen, suaves y firmes, como la marea de la que depende su sustento.

Fuente: https://gk.city/2022/01/05/manglares-golfo-guayaquil-tala-camaroneras/

 

Hermandad es el nombre de la nueva área protegida en Galápagos

Hermandad es el nombre de la nueva área protegida en Galápagos

 

EL UNIVERSO

El presidente Guillermo Lasso firmó este viernes el Decreto Ejecutivo que oficializa la creación de la nueva área protegida en las islas Galápagos.

Esta reserva fue bautizada como Hermandad, y de los 60.000 kilómetros cuadrados, comprende 30.000 de no take y 30.000 de no palangre. Estos se suman a los 138.000 kilómetros cuadrados que ya estaban protegidos.

“Pueda que seamos un territorio pequeño y que nuestra huella ambiental sea ínfima frente a otros países, pero también estamos en el planeta. Y hoy nos agrandamos para su protección”, expresó Lasso.

La firma del decreto se dio en un evento realizado en la bahía de Puerto Ayora en la embarcación Sierra Negra.

“Hay lugares que marcan la historia de la humanidad y hoy tenemos el honor de estar en uno de ellos. Estas islas que hoy nos acogen han servido para enseñarnos algo de nosotros mismos. ¿Si en lugar de actuar como amos absolutos de estas tierras, somos sus protectores?“, indicó Lasso.

Además, afirmó: “Desde estas islas que tanto nos han enseñando hemos demostrado que cuidar al planeta es posible. Este Gobierno cree en la apertura y la integración global. A medida que crece nuestro impacto en el medio ambiente, crece el compromiso de cuidar a la naturaleza”.

La firma del decreto se efectuó con la presencia del mandatario colombiano, Iván Duque, y el expresidente estadounidense Bill Clinton. Lasso cortó la cinta, elaborada con material reciclable, que fue recolectado en las limpiezas costeras.

“Los océanos, que forman más del 60 % de la superficie mundial, purifican una enorme parte del aire que se respira en los continentes. Según expertos, esto alcanza hasta el 50 % de todo el oxígeno del mundo, o lo que significa que una de cada dos respiraciones de la humanidad depende del océano”, apuntó el mandatario.

El decreto consta de cuatro artículos, dos disposiciones transitorias y una final.

En el artículo dos menciona que la nueva área protegida, denominada Reserva Marina Hermandad, se integrará al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a través del subsistema estatal.

“Se deberá mantener un área de 30.000 km2 en la cual no se permitan actividades extractivas y se conserven áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas; y, una zona de pesca responsable de 30.000 km2, donde están permitidas las actividades pesqueras, exceptuando actividades que incluyan el uso del palangre”, dice el artículo.

En el artículo 3 indica que será el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, quien gestione, maneje y administre la reserva.

Mientras, la Disposición Transitoria Primera detalla que en un plazo máximo de dos meses contados desde la suscripción del Decreto Ejecutivo, la cartera de Estado, sobre la base de un informe técnico que contendrá un diagnóstico situacional y un análisis de factibilidad de la declaratoria, emitirá el Acuerdo Ministerial de creación de la nueva reserva marina.

La nueva reserva establecerá un corredor marino entre las Galápagos y la costarricense isla del Coco, conocido como la “migravía” por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas.

En la cumbre de Glasgow, los presidentes de Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia firmaron un acuerdo para la protección del corredor y adelantaron el establecimiento de un área de decenas de miles de kilómetros cuadrados que protegerá a especies únicas en el Pacífico Este Tropical.

Con el acuerdo alcanzado entre los cuatro países del Pacífico tropical, se busca un manejo sostenible de las islas del Coco (Costa Rica), Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá) y conservar ese corredor marino o “migravía”, considerado uno de los más biodiversos del mundo.

En el evento también se congregaron activistas, en especial del colectivo Más Galápagos, y directos de la Cámara Nacional de Pesquería.

La variante ómicron produjo que la lista de invitados internacionales se reduzca considerablemente.

Para Duque, participar en este evento fue importante y afirmó que “proteger estas áreas es proteger al 40 % de las especies mundiales. (…) Celebramos la decisión del presidente Lasso. Hoy queda claro que si el mundo necesita acuerdo, Ecuador, Colombia y Panamá dan el ejemplo”.

Sobre el mecanismo de canje de deuda por conservación, de donde se conseguirán los recursos para proteger la nueva área y a todo el archipiélago, tanto Lasso como los ministros que los acompañaron fueron extremadamente cautos. Indicaron que se sigue analizando, pero que hay interesados.

Durante la noche de este viernes, se tiene prevista una cena en el Hotel Royal Palm Galapagos en la que participarán el presidente Guillermo Lasso y el exmandatario estadounidense Bill Clinton. En ese hotel están hospedados. Se prevé hablar sobre la nueva reserva y otros temas.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-firma-el-decreto-para-ampliar-la-reserva-marina-de-galapagos-nota/

 

Ecuador se mantuvo en el 2021 como el principal exportador mundial de camarón

Ecuador se mantuvo en el 2021 como el principal exportador mundial de camarón

 

EL PRODUCTOR

Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), Ecuador logró mantener su estatus del primer país exportador de camarón a escala mundial, cerrando 2021 con 1,847.730.819 de libras exportadas y con una generación de divisas de USD 5,055 millones de dólares.

En entrevista a José Antonio Camposano, presidente de la CNA, el directivo manifestó que según cifras obtenidas del Trade Data Monitor hasta el mes de octubre, Ecuador había logrado exportar 645 mil toneladas del crustáceo, seguido por India con 566 mil, Indonesia con 138 mil, China con 51 mil y Tailandia con 50 mil.

Camposano comentó que para el presente año se prevé la ejecución de una campaña de imagen del camarón a escala internacional tras el convenio firmado entre Lorena Konanz, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y la Cámara de Acuacultura, con el fin de generar una cooperación de la promoción del camarón ecuatoriano en China.

Indicó que dicha firma se realizó el pasado 2 de septiembre del 2021, y buscará ejecutar una campaña que permita incrementar la confianza de los consumidores chinos y al tiempo mantener el estándar que posee el producto ecuatoriano como seguro y con calidad premium.

Este fue otro de los que se vio afectados por la crisis naviera que afecta al mundo entero, por lo que Camposano expresó que siguen manteniendo reuniones con las autoridades correspondientes para identificar diferentes medias compensatorias que puedan contrarrestar la problemática, que ha generado entre otras cosas, el incremento de costos en toda la cadena.

Dicho incremento se ha dado no solo en los fletes de exportación, sino también en los precios de las materias primas e insumos importados utilizados en toda la cadena acuícola, por lo que manifestó que medidas compensatorias como la aplicación del “Drawback” (reembolso de aranceles) y la eliminación del ISD a materias primas e insumos son algunas de las opciones que el sector ha venido solicitando desde hace varios años al gobierno nacional.

“Si bien ha existido un incremento en tarifas de fletes y ciertas problemáticas con los cupos, las exportaciones camaroneras no se han detenido” concluyó.

Fuente: https://elproductor.com/2022/01/ecuador-se-mantuvo-en-el-2021-como-el-principal-exportador-mundial-de-camaron/

 

Diez claves sobre el acceso a los créditos al 1%

Diez claves sobre el acceso a los créditos al 1%

 

LA HORA

El trámite para acceder a los créditos al 1% es gratuito y la solicitud, junto a los documentos de respaldos, solo se puede entregar de manera presencial en Banecuador.

El 10 de diciembre 2021, a través del Decreto Ejecutivo 284, el presidente, Guillermo Lasso, estableció la concesión de créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo como «prioridad nacional».

Las primeras entregas oficiales de este tipo de financiamiento iniciaron el 5 de enero 2022. Lasso aseguró que le proceso de solicitud es lo menos burocrático posible y se enfoca, además de los pequeños productores agrícolas, a emprendedores (sobre todo mujeres jefas de hogar), informales y hasta personas con deudas impagas debido a la crisis.

A continuación te detallamos las principales claves para acceder a los créditosde entre $500 y $5.000

1.- Para hacer la solicitud no se necesitas ser cliente de Banecuador, es decir, no es requisito tener cuentas o créditos previos en esa institución.

2.- Los tres documentos de identificación que se piden son: cédula, certificado de votación y una planilla de servicio básico (hasta 3 meses de antigüedad).

3.-Se debe llenar una solicitud de crédito y adjuntar los documentos que respalden los ingresos que percibe por concepto de su actividad económica. Esos pueden ser estados de cuenta, facturas, notas de venta, RISE, RUC,referencias comerciales, entre otros.

4.- En caso de adjuntar respaldos de patrimonio se pueden incluir copia de matrícula, impuestos predial, escrituras, entre otros. Esto no es obligatorio.

5.- Para aceptar la solicitud no se tomará en cuenta el historial crediticios, es decir, las deudas anteriores que estén en mora o vencidas.

6.- El crédito no tiene periodos de gracia, o de no pago, antes del inicio de los abonos mensuales que se deberán hacer. Por ejemplo, Dalia Cortéz Nazareno, la primera ecuatoriana en acceder al crédito por $3.000, tendrá que pagar 324 cuotas mensuales de $15,40, o un poco más de $0,5 diarios.

7.- La presentación de la solicitud, junto a los documentos de respaldo, solo se puede realizar de manera presencial, a través de todas la oficinas de Banecuadoren el país.

8.-En la página oficial de Banecuador, se puede descargar y llenar un formulario de inscripción en línea con datos básicos para el proceso de precalificación.

9.- Todo trámite es gratuito y no requiere de intermediarios. En ningún caso se piden datos personales por vía telefónica, ni se informa sobre la precalificación al crédito mediante mensajes de texto.

10.- El costo del seguro de desgravamen para el crédito lo asume BanEcuador. Esto aplica en los casos de que el solicitante no sea mayor de 65 años. (JS)

DATO: En una primera etapa, el Gobierno prevé entregar un total de $100 millones para beneficiar a alrededor de 40.000 personas.

Fuente: https://www.lahora.com.ec/pais/economia-acceso-creditos-ecuador/

 

Ministros de agricultura se unen en apoyo a productores y exportadores bananeros latinoamericanos

Ministros de agricultura se unen en apoyo a productores y exportadores bananeros latinoamericanos

 

EL PRODUCTOR

Autoridades de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Ecuador, fijaron postura durante la mañana de este miércoles 12 de enero ante los diversos escenarios que afrontan los productores y exportadores bananeros de la región.

En una reunión organizada por el ministro de agricultura ecuatoriano Pedro Álava de manera virtual, los representantes de cada país expusieron la problemática que afrontan y afectan a la región tales como el Fusarium Raza 4 y el incremento en los costos de Producción de la fruta.

La reunión denominada Cumbre Latinoamericana por la Unidad del Banano, fijo tres puntos importantes donde destaca el criterio que abordan estos países y lo que define parte de lo que será su agenda para este año.

Uno de los puntos en que insistirán ante los mercados internacionales, es la colocación de un monto de compensación para productores y exportadores de banano, debido al alza en los costos de producción, los precios navieros y nuevas exigencias de los nichos de mercado que a criterio de los bananeros debería ser asumido por los compradores y cadenas de supermercados.

En la declaración final, los ministros de los siete países latinoamericanos productores y exportadores de banano y otras musáceas, acordaron:

  1. En el marco del concepto de responsabilidad compartida, que el monto de compensación se establezca como referencia de acuerdo a los parámetros ya utilizados por la única certificación que reconoce los impactos exógenos y esfuerzos en sostenibilidad de la cadena de producción y exportación, poniendo como base el precio mínimo de referencia por país y por producto certificado “Fair Trade”, que analiza las particularidades de cada país, y un premio de un dólar por caja adicional.
  2. Exhortar, en el marco de la cooperación regional en la lucha contra el Fusarium R4T, a las organizaciones internacionales europeas a que se comprometan como países a formar una alianza para la gestión de recursos internacionales para combatir el Foc R4T con medidas de investigación fitosanitarias, capacitación y difusión. Además, que entiendan el impacto social, ambiental y económico que sufrirían los países al no protegerse de este hongo.
  3. Realizar una visita oficial de manera presencial y/o virtual conjunta a la feria Fruit Logística en Berlín, en abril de este año, y a una agenda en Bruselas para impulsar los objetivos regionales.

El ministro de agricultura de Ecuador, expresó que la región necesita reactivarse para evitar consecuencias sociales que implicarían retrocesos al desarrollo de los pueblos, y resaltó que hay que constituir un frente común ante importadores, supermercados y navieras, exigiendo que asuman las alzas de precios en este momento, pues a su criterio, solo así se entendería la verdadera vigencia de la Responsabilidad Social Compartida como obligación moral de todos los segmentos y no que la carga se transfiera únicamente a productores y exportadores.

Rodolfo Zea, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, destacó la necesidad de crear un bloque conjunto para dialogar con los países compradores de musáceas, especialmente con la Unión Europea, y puso a disposición de los países las acciones efectuadas en su país para contener el Foc R4T y los procesos de investigación para tener variedades resistentes.

Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, sugirió dialogar con las navieras, y trabajar sobre el comercio justo en toda la cadena de distribución. “Los productores llevamos sobre los hombros los costos de producción y las ganancias quedan en manos de otros”, dijo.

Fuente: https://elproductor.com/2022/01/ministros-de-agricultura-se-unen-en-apoyo-a-productores-y-exportadores-bananeros-latinoamericanos/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Informativo_jueves_13_de_enero&utm_medium=email

 

Ecuador: Primer trimestre de 2022 se caracterizará por la sequía

Ecuador: Primer trimestre de 2022 se caracterizará por la sequía

 

LA HORA

Desde hace aproximadamente un mes no se registran lluvias de importancia en Tungurahua y la Región Interandina.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), organismo adscrito al Ministerio de Ambiente y Agua, señala que el pronóstico de sol y radiación moderada y alta permanecerá por varios días.

Expertos y agricultores manifiestan su preocupación por la sequía, mientras que desde instituciones como el Gobierno Provincial de Tungurahua se pide cuidar los recursos hídricos para evitar racionamientos de agua.

Realidad 

La ola de calor se suma también a las heladas que afectan gravemente a los cultivos de todo tipo de productos, así lo asegura Jefferson Puma, morador de Pasa mientras muestra su terreno seco.

Para el agricultor, la preocupación se incrementa cuando todos los seres vivos dependen del agua.

Ángel Freire, ganadero, aseguró que en estos días algunos ganaderos buscan estrategias para mitigar la sequía y aunque aún no existe un déficit de agua, ya se empiezan a generar iniciativas para dosificar y cuidar el recurso hídrico.

Gerardo Machado, experto en medio ambiente y cambio climático, explicó que el primer trimestre del año 2022 estará matizado por la falta de lluvias y sequía en varias provincias del callejón interandino, esto debido al Fenómeno de La Niña.

Trabajo local

Según Darío Llamuca, responsable de los embalses estacionarios del Gobierno Provincial de Tungurahua, se ha evidenciado que la falta de lluvias ha generado un descenso en los caudales hídricos.

A decir del funcionario, en la actualidad se puede decir que la provincia está preparada para esta sequía a través del riego tecnificado que se ha impulsado desde el Gobierno Provincial y diferentes instituciones.

“Desde la semana pasada ya se empezó a despachar agua desde los embalses de Chiquiurco y Mulacorral, esto debido a la falta de lluvias”, comentó.

El técnico aseguró que en Mulacorral se desalojan 400 litros por segundo mientras que en Chiquiurco varía entre 500 a 600 litros por segundo.

“En la época lluviosa almacenamos el agua en estas represas justamente para en época de sequía empezar a hacer la descarga”, dijo.

Llamuca manifestó que es importante que la ciudadanía genere conciencia y empiece a optimizar el agua, tanto en el riego como en el consumo de agua potable.

Fuente: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/primer-trimestre-2022-caracterizara-sequia/

 

Silos de cinco cantones en el país están sin uso desde hace dos años

Silos de cinco cantones en el país están sin uso desde hace dos años

 

EL COMERCIO

En las plantas de acopio de gramíneas con grandes estructuras cilíndricas el movimiento se ha reducido al personal que cuida las instalaciones, y de otros que ultiman gestiones para cerrar definitivamente las operaciones.

Ya no hay descargas de productos desde camiones que provenían del agro de Daule, Babahoyo, Ventanas, Quevedo y Portoviejo, donde se encuentran esos centros.

Se trata de silos de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), que desde 2013, cuando se empezaron las labores, sirvieron para el almacenamiento de arroz, maíz, quinua, leche en polvo y otros.

Con una capacidad de hasta 50 000 y 70 000 toneladas, este sistema ayudó a los agricultores de la Costa a mantener en estos siete años el precio de sustentación o el valor oficial para la venta de
sus cultivos.

Hoy el sector pide que las 73 estructuras cilíndricas ubicadas en esos cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí sean cedidos a ellos para reactivarlos.

La Confederación de Comunas del Ecuador y la Asociación de Producción Agropecuaria La Sabana están detrás de esos requerimientos.

Pero el destino que tengan las infraestructuras de la UNA, que tiene un total de activos por USD 126 millones, no se ha definido.

Esta empresa pública está en fase de liquidación desde septiembre de 2020 y según el delegado que lleva ese proceso, Luis Hernández, se prevé terminar entre el 28 de febrero y 15 de marzo de este año.

El cierre está retrasado, porque no se ha logrado cumplir con el objetivo principal que es la transferencia de los bienes y el cumplimiento de una parte de los pagos con acreedores y agricultores que vendieron su producción.

El avance de la liquidación es del 70% a la fecha.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debe asumir esa delegación, según los tres decretos ejecutivos emitidos entre el Gobierno anterior y el actual, en dos de los cuales se establecieron prórrogas para que se cumpla con la liquidación.

El argumento que llevó a esta decisión se debe a los planes de austeridad del régimen anterior.

En 2020, la UNA manejó un presupuesto de USD 40 899 686 y tuvo egresos por USD 18 320 615,92.

La entidad agraria también debe definir cómo se manejarán los silos una vez que se concrete el cierre. Carlos Rengifo, presidente de la Asociación de Producción Agropecuaria La Sabana, en Manabí, asegura que aún no se ha pagado a una parte de los agricultores que hasta hace dos años confiaron su producción a la UNA. En esa provincia se reportan pendientes de pagos con cultivadores de los cantones Rocafuerte, Bolívar, Portoviejo y Manta.

De acuerdo con Hernández, liquidador de la UNA, hasta que se cumpla el plazo previsto se pagarán los montos adeudados. Señala que hasta el momento, entre venta de bienes y pagos, se han movido USD 1 020 000.

La reactivación de los silos ha sido debatida por los gremios de arroceros y maiceros, tras las protestas por el pago justo de sus productos.

Para Xavier Valencia, consultor en temas agrarios, de darse la concesión a los hombres del agro, bajo un modelo adecuado, podrían desactivarse esos históricos reclamos. Lo que ocurre, agrega, es que por los USD 30 y 32 que cuesta el quintal de arroz al precio oficial les terminan pagando USD 20 en la intermediación.

Aunque con el maíz sucede lo mismo, hay meses en los que la alta demanda por el acaparamiento, por ejemplo, se eleva el quintal de USD 14,60 a USD 25. El pequeño agricultor por lo general recibe entre USD 8 y 10. El dirigente del sector maicero en Manabí, Joffre Quimis, asegura que la función de la UNA era clave para romper con la intermediación que siempre los perjudica.

Por eso, su gremio apoya la idea de que se transfiera la operación a los agricultores. En la última rendición de cuentas de la UNA, de 2019, se dio cuenta de una compra de 68 toneladas de arroz en cáscara por USD 26 542 y 113 toneladas de maíz duro por USD 38 827,56.

Las ventas de la gramínea llegaron a 7 163 toneladas a un costo de USD 3 119 835,52. Del maíz se lograron colocar 33,63 toneladas por un valor de USD 5 189,81. Dos años, antes por la comercialización del arroz se reportaron 32 772 toneladas y solo 47 de maíz.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/silos-ecuador-gramineas-instalaciones-agricultores.html

 

Países productores de banano de la región buscan una posición común frente a alza de costos y mercados internacionales

Países productores de banano de la región buscan una posición común frente a alza de costos y mercados internacionales

 

EL UNIVERSO

Presentar una posición común frente a los costos de producción del banano, ocasionados entre otros motivos por la subida fuera del ritmo inflacionario del valor de los materiales de empaques, fertilizantes y más insumos, es el principal objetivo de la Cumbre Latinoamericana por la Unidad del Banano, que se realizará este miércoles, 12 de enero.

La cita, que reunirá de manera telemática a los ministros de Agricultura de Guatemala, Colombia, República Dominicana, Honduras, Panamá y Costa Rica, fue convocada por el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pedro Álava.

“Mi propuesta es formar un frente común que defienda al sector bananero y a los millones de familias latinoamericanas, que tienen como sustento al cultivo, la cosecha y comercialización de esta fruta”, sostuvo Álava.

El ministro explicó que el sector productor de banano y otras musáceas atraviesa un problema, debido a los precios impuestos por las grandes cadenas de distribuidores, que aplican una serie de controles y estándares de calidad, que los productores cumplen y respetan pese al alza de insumos y fletes que han encarecido la actividad.

Sin embargo, esto no es reconocido por las cadenas de comercialización que venden a excelente precio la fruta.

Además, en la cita, Álava adelantó que propondrá estrategias para combatir el Fusarium oxysporum f.sp. Cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) y evitar que se extienda a otros países de la región. La plaga ya fue detectada en Colombia y Perú.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE), señaló que a los altos costos de producción se suman las tarifas de transporte naviero y otros aditamentos para acondicionamiento de envases.

“Frente a este escenario de preocupación y alarma se observa una pasividad de los eslabones de la cadena como supermercados y consumidores que no demuestran sensibilidad para asumir estas alzas, empujando su impacto directamente a productores, trabajadores y exportadores de las respectivas naciones”, sostuvo el dirigente, quien recordó que los gremios exportadores del país hicieron, a nivel latinoamericano, un acuerdo por la responsabilidad compartida e iniciaron una campaña activa en la Unión Europea con esa posición.

Respecto a la cita organizada por Álava, Hidalgo resaltó la iniciativa e indicó que es necesario unificar esfuerzos y formar alianzas estratégicas internacionales, por ejemplo, para juntar recursos para combatir el Fusarium raza 4.

“Esto es una lucha de todos hacia lo que están ofertando los mercados internacionales, esto es un tema de oferta y demanda”, expresó el dirigente, quien señaló que esta reunión de ministros será un primer encuentro que espera que desemboque en diferentes objetivos y puntos concretos con miras a participar en una agenda público-privada en la Fruit Logística de Berlín, que se celebrará del 5 al 7 de abril próximo y es la feria de frutas frescas más importante del mundo.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/paises-productores-de-banano-de-la-region-buscan-una-posicion-comun-frente-a-alza-de-costos-y-mercados-internacionales-nota/

 

Gobierno ultima detalles para la firma del decreto que dará paso a nueva área protegida en Galápagos

Gobierno ultima detalles para la firma del decreto que dará paso a nueva área protegida en Galápagos

 

EL UNIVERSO

El Gobierno nacional afina los detalles para la firma del decreto presidencial que creará la nueva área protegida en las islas Galápagos. Esta zona fue anunciada en noviembre de 2021 en el contexto de la COP26 en Glasgow, Escocia. La firma se realizará este viernes 14 de enero en Santa Cruz, Galápagos.

El presidente Guillermo Lasso viajará, junto a otros ministros, al archipiélago y participará de un evento con pobladores locales. Sin embargo, la situación sanitaria provocada por la variante ómicron obligó al Gobierno a realizar un acto más sencillo y “respetando el aforo” dispuesto por el COE nacional.

De hecho, se esperaba la presencia de reconocidos personajes internacionales antes del aparecimiento de la variante del COVID-19. Aunque el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica todavía no ha confirmado la lista reducida de invitados, en entrevista con este Diario el secretario del Ambiente, Gustavo Manrique, afirmó que el COVID-19 modificó la extensa agenda prevista.

El decreto presidencial le dará la instrucción al Ministerio del Ambiente de crear el área marina en unas macrocaracterísticas: 30.000 kilómetros cuadrados de no take y 30.000 de no palangre, 60.000 en total. Además, ubica direcciones y coordenadas. El documento deberá ir acompañado de un informe técnico y uno jurídico.

También instruye al ministerio la creación de un acuerdo ministerial que esté acompañado de un Plan de Manejo Ambiental: “Lo estamos trabajando y el decreto nos da 60 días para tenerlo listo”, dijo Manrique.

Además, se espera que el Gobierno detalle el mecanismo del “canje de deuda por conservación” de donde se obtendrán los recursos para lograr el cuidado de la nueva área protegida y de todo el archipiélago. Manrique ha asegurado que ya existen interesados en esta figura.

Fuente: https://www.eluniverso.com/larevista/ecologia/gobierno-ultima-detalles-para-la-firma-del-decreto-que-dara-paso-a-nueva-area-protegida-en-galapagos-nota/

 

La Conaie toma decisiones acerca de las movilizaciones de enero

La Conaie toma decisiones acerca de las movilizaciones de enero

 

EXPRESO

Nuevos dirigentes fueron elegidos por el Movimiento Indígena y Campesino en Cotopaxi que anuncia se unirá a las protestas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) prevé reunirse en la Amazonía para definir si adopta al 19 de enero como la fecha para realizar unamovilización nacional en contra del Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Este fin de semana, varias filiales del movimiento indígena se convocaron en diferentes provincias para elegir nuevas directivas y plantear las propuestas que llevarán a este encuentro, que tentativamente sería el martes en Pastaza.

El Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), del que en su momento fue presidente Leonidas Iza, renovó a sus dirigentes. Ahí los líderes nacionales de la Conaie sufrieron un revés porque quien aparecía como su candidato más cercano, Apawki Castro, no logró quedarse con la presidencia del MICC.

Quien obtuvo los apoyos fue el dirigente Andrés Ayala que ya se venía desempeñando como presidente subrogante. Según los presentes en este congreso, hubo tensión al punto de que la posesión, que estuvo a cargo de Iza, recién se pudo concretar la madrugada de este 9 de enero de 2022.

“Lo primero es que el movimiento indígena tiene que unirse tanto en el campo como en la ciudad como un pueblo pobre y trabajador (…) Lastimosamente el Gobierno ha hecho oídos sordos y por eso nos vamos a unir (en las protestas) a nuestra organización madre que es la Conaie”, señaló Ayala al medio digital WilarEC.

El dirigente descartó que haya división en Cotopaxi y aseguró que de inmediato se movilizará por el territorio para planificar las acciones comunitarias. “No hay división, seguiremos luchando como Cotopaxi”, enfatizó Ayala.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) planteó el 19 de enero como la fecha para una gran movilización de protesta y espera contar con el apoyo de la Conaie.

Fuente: https://www.expreso.ec/actualidad/conaie-toma-decisiones-acerca-movilizaciones-enero-119081.html

 

Pequeños agricultores de Guayas reciben créditos al 1% de interés

Pequeños agricultores de Guayas reciben créditos al 1% de interés

 

MAG

Pequeños productores de Guayas accedieron a créditos productivos al 1% de interés y 30 años plazo, como parte de la promesa cumplida del Gobierno del Encuentro, a través del BanEcuador, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Este crédito es para los pequeños agricultores, aquellos desprovistos de apoyo durante décadas, especialmente para la mujer”, afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, al manifestar que, como lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, “son los créditos más baratos del mundo”.

El Ministro dijo que estos préstamos son la “mejor prueba de que se está apoyando a la base de la pirámide” y destacó la importancia y el aporte de la agricultura familiar campesina, segmento hacia el cual está dirigido el crédito de las oportunidades. “Seis de cada 10 productos que consumimos provienen del trabajo de manos familiares de pequeños agricultores, y además 7 de cada 10 empleos genera este sector en la ruralidad”, dijo.

Invitó a pequeños agricultores y emprendedores a acercarse a las oficinas de BanEcuador a solicitar sus créditos, que serán entregados en 48 horas, sin tramitología, cero corrupción y sin intermediarios.

Mauricio Salem, gerente General de BanEcuador, precisó que el crédito es para todos los ecuatorianos que tengan las ganas de emprender, y aclaró que se inició con el sector agropecuario, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezado por el ministro Pedro Álava, estuvo listo desde el primer día.

Indicó que entre el 3 y el 6 de enero, se otorgaron 85 operaciones con un desembolso de 268.000 dólares, con una participación del 71% de la mujer rural. Agregó que están en camino de aprobarse 150 operaciones, por lo que estimó que en la primera semana se desembolsarán casi 800.000 dólares, a unos 200.000 nuevos emprendedores.

“Con este crédito heredaré una mejor calidad de vida a mis hijos, a mi familia”, dijo Conny Villamar, agricultora beneficiada con este crédito de las oportunidades que el Gobierno del Encuentro entrega al 1% de interés y a 30 años plazo.

Fuente: https://www.agricultura.gob.ec/pequenos-agricultores-de-guayas-reciben-creditos-al-1-de-interes/

 

Mujeres agricultoras de Cotopaxi son las primeras beneficiadas con créditos al 1%

Mujeres agricultoras de Cotopaxi son las primeras beneficiadas con créditos al 1%

 

MAG

Productoras de la provincia de Cotopaxi son parte del primer grupo de beneficiarias de los créditos que al 1% a 30 años plazo comenzó a entregar el Gobierno del Encuentro, a través de BanEcuador, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

«El crédito de las oportunidades de BanEcuador, al 1% y a 30 años, permitirá reactivar los negocios para que puedan generar empleo», dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante la presentación del Crédito de las Oportunidades, que se enmarca en el Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria, efectuado este miércoles en Latacunga.

El Primer Mandatario indicó que los créditos serán una herramienta necesaria para reactivar la economía popular.

Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, este proyecto generará empleo y dinamizará las economías locales del país. «Al fin se accede a créditos sin intermediarios y sin corrupción”, refirió.

Álava consideró que con estos créditos se marca un hito en la historia del país, y agradeció al Jefe de Estado «por su vocación de servicio, su apoyo incondicional a los más pobres y sobre todo por su amor a este Ecuador, que tanto lo necesitaba para poner las cosas en orden, con transparencia honestidad y respeto».

Gladys de la Cruz, agricultora familiar campesina de Santán Chico, destacó que el Presidente está cumpliendo con lo prometido en la campaña. “Ningún Gobierno que ha ofrecido lo ha cumplido, pero ahora estamos viendo otra realidad».

Mediante este proyecto se entregarán créditos que van de USD 500 a USD 5.000, con cero tramitología, sin corrupción y sin intermediarios.

Fuente: https://www.agricultura.gob.ec/mujeres-agricultoras-de-cotopaxi-son-las-primeras-beneficiadas-con-creditos-al-1/