Pero también las protestas agrícolas europeas son de interés para Latinoamérica porque sus demandas y críticas al sistema agroalimentario neoliberal tienen similitudes con las exigencias y críticas que hacen miles de pequeños agricultores familiares latinoamericanos. Por ejemplo, el paro nacional de junio de 2022 en Ecuador tenía una agenda de denuncias que evidenciaban el dominio empresarial sobre el mercado agroalimentario, además de los impactos del cambio climático y la crisis energética que perjudicaba a la gran mayoría de agricultores que utilizan insumos petroquímicos para su actividad productiva.

Las demandas de aquel paro nacional en Ecuador exigían que el Estado promueva mecanismos para mejorar la rentabilidad de las unidades productivas de la agricultura familiar; subsidiar los insumos y el transporte para la actividad agrícola; controlar el ingreso de productos alimentarios de otros países, sobre todo los fronterizos; generar políticas regulatorias para proteger a los pequeños productores de las trampas del mercado. Aunque a diferencia de Europa, la derecha ecuatoriana no salió a apoyar a los indígenas y campesinos levantados en 2022, sin embargo, estas élites tienen el control de los imaginarios agrícolas y ocupan espacios importantes del sector donde se define la orientación del programa agrario, espacios como las Cámaras de Agricultura, el clúster agroexportador e incluso, tienen a sus representantes en altos cargos públicos y de elección popular.

Ahora bien, ¡no!, no estamos diciendo que los agricultores europeos son iguales a los latinoamericanos o ecuatorianos, solo nos interesa establecer similitudes en el marco de un sistema agroalimentario neoliberal que hace crisis. Lo que esta pasando en el sector agrícola de Europa, nos obliga primero, a mirar con atención el destino que tomará en la UE el programa agrario de los próximos años, porque tendrá afectaciones directas en la agricultura y el comercio de América Latina; y segundo, porque se puede aprender de esta experiencia, que la transición ecológica en la agricultura –aunque retroceda en esta coyuntura– se muestra como horizonte de lucha de miles de agricultores, y que dicha transición no puede hacerse a espaldas de quienes producen los alimentos, sino de manera acompañada, consensuada, planificada y equitativamente financiada, sobre todo con enfoque en la agricultura familiar y campesina.

“…Nosotros hemos manifestado de manera categórica, los precios justos en los productos del campo de las tres regiones del país, donde se debe garantizar subsidios agrícolas y no las firmas de TLCs, como en este momento vemos al presidente de la república viene, en este caso, comprometiendo a nivel internacional la firma de 12 tipos de TLCs (2)”.

Las demandas expuestas en este punto tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado tomadas por los dos últimos gobiernos nacionales, factores estrictamente internos.

“…Nosotros hemos manifestado de manera categórica, los precios justos en los productos del campo de las tres regiones del país, donde se debe garantizar subsidios agrícolas y no las firmas de TLCs, como en este momento vemos al presidente de la república viene, en este caso, comprometiendo a nivel internacional la firma de 12 tipos de TLCs (2)”.

Las demandas expuestas en este punto tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado tomadas por los dos últimos gobiernos nacionales, factores estrictamente internos.

El presidente de la república Guillermo Lasso mediante el decreto N°456 y carta dirigida al presidente de la CONAIE Leonidas Iza, responde al punto 3 subsidiando el 50% del precio de la urea y señalando que el Ministerio de Agricultura lleva acciones para que se respete el precio mínimo de sustentación en banano, arroz y el litro de leche.

Si bien las medidas alcanzadas apuntan a aliviar los costos de los insumos todavía existen puntos por resolver referentes a los precios justos para la agricultura campesina, que implica, más que una respuesta coyuntural un debate profundo en tres ámbitos: primero, compresión de la estructura productiva agropecuaria; segundo, análisis de los impactos a favor y en contra de la firma de tratados de libre comercio; y tercero, viabilizar mecanismos existentes y la creación de normativa nacional para garantizar precios justos a la producción campesina.

9 puntos viables para alcanzar precios justos.

Señalamos al menos “9 puntos viables” para alcanzar una política de Estado sobre precios justos para la producción campesina (3).

Estas demandas tienen como finalidad reducir la desestructuración de las economías campesinas provocada por factores externos como el cambio climático, la guerra en Ucrania y los efectos globales del Covid19, pero también por las políticas de reactivación productiva y la reducción del tamaño del Estado promovidas por los dos últimos gobiernos nacionales. 

El presidente de la república Guillermo Lasso mediante el decreto N°456, y carta dirigida a Leonidas Iza, responde al punto 3 subsidiando el 50% del precio de la urea y señalando que el Ministerio de Agricultura lleva acciones para que se respete el precio mínimo de sustentación en banano, arroz y el litro de leche.

Si bien las medidas tomadas por el gobierno nacional apuntan a aliviar en algo los costos de los insumos (-50% del precio de la urea) todavía existen limitaciones cuando se hace referencia a los precios justos para la agricultura campesina, situación que implica, más que una respuesta coyuntural necesaria, una comprensión urgente de la estructura productiva agropecuaria.  

En primer lugar, exigir precios justos hace referencia a la necesidad de plantearse una política que proteja a la agricultura campesina a nivel nacional ante mecanismos de mercado que no tienen nada de libres, sino que están definidos por monopolios y oligopolios que controlan la cadena agroalimentaria desde la esfera productiva hasta la comercial. 

Segundo, es importante reconocer que en Ecuador no se cumplen con las normativas que garantizan precios “justos” para las pequeñas agriculturas: primer ejemplo, no se paga el precio oficial de la caja de banano, mecanismo establecido en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano…; segundo ejemplo, en los Consejos Consultivos de rubros como maíz o arroz, entre otros, la representación de los agricultores es suplantada en muchos de los casos por agrupaciones de intermediarios.

Tercero, el 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche donde existe el acuerdo para sostener un precio mínimo de sustentación por litro, que equivale al 52,4% del precio de venta al público, sin embargo, este proyecto de ley espera el veto de la función Ejecutiva –esperamos que el presidente no anule o cambie el articulo que hace referencia a la fijación del precio–.

Cuarto, en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional reposan un par de propuestas de ley que establecen posibilidades de proteger a la agricultura campesina mediante la fijación de precios a los productos agropecuarios. Uno de esos proyectos es el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria.  

Quinto, el país junto a todos los Estados miembros de la FAO se comprometió a impulsar el Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 a través de la construcción de un Plan de Acción Nacional, plan que debe construirse con representantes indígenas y campesinos que podrían definir mecanismos para garantizar precios justos. Sin embargo, este proceso ha sido abandonado por las autoridades del Ministerio de Agricultura.

Sexto, como vemos, en el país existen instrumentos para elaborar una política de precios de sustentación, precios referenciales y/o bandas de precios. Cada una de estas opciones debe tener un tratamiento técnico/político sobre la importancia de la agricultura campesina que, en cifras del INEC 2021, representa aproximadamente el 85% del total de unidades de producción a nivel nacional –más o menos un millar de unidades agropecuarias–.               

Séptimo, la exigencia de precios justos –de sustentación, referenciales o de bandas–, no es una demanda para beneficiar exclusivamente a las poblaciones indígenas sino a todo el sector campesino compuesto por montubios, afros y mestizos. Según el INEC 2021, el 62% de productorxs de maíz amarillo son mestizos y un 30% montubios; en arroz el 54% son mestizos y el 43% montubios; en naranjilla el 76% son mestizos y 16% indígenas; en quinua el 76% son indígenas y el 13% mestizos y, en papa el 58% son mestizos y el 40% indígenas.

Octavo, en el país no se podría sostener una Tasa de Participación Alimentaria del 85,9% al 2020 sin la presencia de la agricultura campesina en la producción de alimentos básicos como: tomate de árbol, el 92% de productorxs tienen menos de 1 hectárea; cebolla colorada, el 82% tienen menos de 1 hectárea; papa, el 91% tienen menos de 10 hectáreas. Lo mismo sucede con la participación en rubros de agroexportación y agroindustria, 85% de las unidades de producción de cacao tienen menos de 5 hectáreas, al igual que en maíz amarillo (3).  

Noveno, la construcción de mecanismos para definir una política de fijación de precios tiene su principal conflicto con la intención del Ecuador de firmar Tratados de Libre Comercio TLCs. Según la OMC y los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, la fijación de precios viola los “acuerdos globales” sobre comercio internacional y dificulta o hace casi imposible firmar tratados con otras naciones. La política de apertura comercial del gobierno nacional anuncia al menos la firma de 10 TLCs con nuestros socios comerciales: EEUU, China entre otros, en su discurso el gobierno expone los beneficios, pero no habla de los riesgos. Por ejemplo, EEUU es el principal exportador de maíz amarillo, representa el 39% del comercio mundial, mientras en Ecuador la producción de maíz amarillo genera 200 mil empleos y agrupa a 116 mil unidades de producción, el 96% de menos de 10 hectáreas, además cubren aproximadamente entre el 90% y 95% de la demanda nacional. La pregunta es: ¿qué pasará con estos empleos y estas unidades de producción si por el TLC debemos importar maíz a precios más bajos que el nacional debido a los altos subsidios que tiene este producto en EEUU?  Si nos fijamos quiénes han ganado y quiénes han perdido en los 5 años de implementado el acuerdo comercial con la Unión Europea, podemos observar que en las zonas donde se produce cacao y banano, los índices de pobreza y desnutrición no han disminuido.             

En síntesis, el punto 3 de la agenda del movimiento indígena no representa solo demandas coyunturales, sino que exigen atención a la problemática agropecuaria nacional donde la agricultura campesina es un actor central que aporta a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y riqueza. Sin embargo, debido a factores externos e internos las economías campesinas están en riesgo, y es en este sentido que exigir precios justos es un mecanismo de compensación por su aporte a la economía nacional.