¿Qué encontrarás en este boletín?
– *Crisis climática*: Impactos del fenómeno de El Niño, migración forzada por el clima y debates sobre la producción ganadera.
– *TLC*: Efectos en la agricultura ecuatoriana, concentración de exportaciones y vulnerabilidad de pequeños productores.
– *Crisis alimentaria*: Aumento del hambre, soberanía alimentaria en crisis, inseguridad alimentaria y desigualdad en el acceso a dietas saludables.
– *Modelo agrario*: Dependencia de agroquímicos, concentración de la tierra y alternativas como la agroecología.

Datos clave
– La inseguridad alimentaria en Ecuador pasó de afectar a 1 de cada 5 personas en 2015 a 1 de cada 3 en 2022.
– Los TLC han beneficiado principalmente a grandes empresas, mientras que los pequeños productores enfrentan precios bajos, los embates del clima, el abandono estatal y un mercado basado en la competencia desleal.
– El cambio climático está alterando los ciclos de producción, los patrones de plagas y enfermedades, amenazando así la producción agrícola.

¿Por qué leer este boletín?
Este boletín no solo expone las cifras, sino que también visibiliza las *propuestas y alternativas* desde las organizaciones campesinas e indígenas, promoviendo la *soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia social* en un contexto electoral donde las candidaturas han omitido mencionar y debatir sobre las necesidades del agro ecuatoriano.

Me atrevería a decir que es un momento histórico particularmente difícil para el campesinado: en los últimos 30 años las prácticas y los ritmos con los que organizan su subsistencia han cambiado, las condiciones que enfrentan para su reproducción cada vez son más violentas, sin embargo, esto no quiere decir que no lo estén logrando.

Sin el afán de desconocer sus múltiples problemáticas o reducirlas arbitrariamente, me parece que podríamos anotar al menos tres dificultades que reflejan la situación de campesinos y campesinas en el sistema agroalimentario nacional: primero, están viviendo una segundadesregulación agraria neoliberal que no solo ha desplazado al Estado de ciertas políticas regulatorias que intentaron, por un muy corto tiempo, brindar mejores condiciones para la negociación entre las agriculturas campesinas y el mercado. Esta fase del capitalismo en el agro se caracteriza porque ya no busca la inclusión de la agricultura de menor escala al sistema agroalimentario neoliberal, volviéndola viable y subordinada al régimen del agronegocio, sino que ahora su propósito es convertir a este tipo de agricultura y a su población en territorios sacrificables y sin derechos. Las agriculturas familiares no solo deben enfrentarse a la expansión de la lógica del agronegocio sino también a las distintas variantes extractivas, como la minería a gran escala. Diría que el campesinado vive un repliegue.

El segundo problema está relacionado con la cuestión de la tierra, que emerge nuevamente como centralidad de los procesos de organización social en el campo, la tierra aparece como eje central de las agendas de lucha. La particularidad de esta emergencia es que en los reclamos campesinos no está exclusivamente la consigna de la redistribución –ahora pasó a segundo plano, sino que la fuerza y centralidad está en la defensa de la poca tierra que tienen, aquella a la que accedieron de múltiples formas en los últimos 60 años, y la que les ha permitido consolidar territorios de pequeñas agriculturas campesinas donde han generado prácticas productivas y reproductivas. Las luchas campesinas son por la tierra y los territorios ante un capitalismo violento que les arrebata lo poco que tienen. Actualmente uno de los casos más sonados de robo de tierras ha sido el de un ex asambleísta (congresista) que a través de los aparatos de justicia expropio tierras a las familias campesinas. Una modalidad de robo sistemático de tierras que utiliza la vía legal para expropiar y amedrentar los reclamos y la resistencia[1].

Y tercero, el hambre. Los informes de los últimos cinco años de la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y Agricultura sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición mencionan que, en países del Sur Global, como es el caso ecuatoriano, están los mayores porcentajes de desnutrición, malnutrición, prevalencia alimentaria moderada y grave, y que sus impactos los padecen en mayor proporción las poblaciones que viven en la ruralidad, muchas de estas dedicadas a las actividades agrícolas. Podríamos decir que los sectores campesinos viven una suerte de catástrofe agroalimentaria, no solo porque tienen problemas en el acceso a la comida o porque acceden a alimentos de bajos índices nutritivos, sino porque están perdiendo la autonomía en el uso del suelo, y en los casos más extremos son despojados de sus medios de vida con los que producen su autoalimentación. Y si a esto le sumamos la crisis climática que afecta directamente a su actividad productiva, el panorama es aún más complicado.

Hay otra serie de problemas que los aquejan, como la deuda, la falta de agua, y las violencias en sus territorios. Pero me gustaría mencionar que a pesar de estas condiciones y el repliegue que vemos del campesinado, emergen también posiciones que configuran una suerte de posibilidad de transformación, aquí vemos como construyen plataformas temáticas y coyunturales en el marco de la defensa de sus derechos como un mecanismo para resistir. Pero también podemos constatar cómo la agroecología se convierte para muchos de ellos y ellas en una opción a largo plazo, que les permitiría transitar de la resistencia hacia transformaciones más profundas.

Ante estos problemas, ¿qué nos puedes decir del rol de las políticas públicas agrarias? ¿Qué efecto tienen en este contexto?

Justamente lo que hacen las políticas públicas agrarias es formar parte de la que consideramos como segunda desregulación agraria neoliberal en el Ecuador. Esto no solo con la implementación de políticas exclusivas para impulsar el agronegocio y la exclusión campesina de las cadenas de producción, sino que hay otro conjunto de políticas públicas no solo agrarias, sino ambientales, productivas o de comercio que terminan afectando al campesinado, a las y los agricultores familiares, como son los tratados de libre comercio, o la permisividad ambiental para la expansión de la gran minería, incluso aquellas políticas como la captura de carbono.

Vemos también con preocupación el panorama político actual y el que se vendrá después de las próximas elecciones de autoridades nacionales. Es evidente que el ministerio de Agricultura está tomado por los actores corporativos para quienes el agro nacional solo es el banano y ahora parece que la pitahaya, quedando en segundo plano otros rubros de la exportación y la agroindustria como el cacao, la misma palma africana o el maíz, y, totalmente desplazada vemos a la producción local de alimentos que en su mayoría está en manos campesinas. Y en el caso del parlamento nacional, la correlación de fuerzas políticas a favor de la Soberanía Alimentaria y los derechos campesinos es negativa, tal es así que se han aprobado leyes y se busca aprobar otras que generarían un retroceso para la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Finalmente, estamos próximos a las elecciones para presidente y vicepresidente de la república, al igual que de asambleístas (congresistas), enero febrero de 2025, pero de momento el panorama tampoco emociona a los sectores del campo con los que hemos dialogado. De las más de 10 candidaturas a presidente de la república no se escuchan, ni se conocen qué propuestas tienen para el sector agroalimentario, lo que domina – por la situación de violencia e incidencia del crimen organizado que vive Ecuador, son las propuestas de seguridad y las económicas, estas últimas generalmente están apuntando a aumentar la extracción y exportación de recursos primarios. Si bien se habla de una alianza de las izquierdas y de un plan de gobierno progresista y de izquierda que incluya propuestas para una transición productiva y energética, aún no conocemos qué se está pensando en materia de soberanía alimentaria.

Este proyecto representa un retroceso de derechos para los sectores campesinos/as de este país. Además las organizaciones de agricultores sostienen que la reactivación que propone este Código en primer lugar, no tendría nada de integral porque consolida una perspectiva empresarial y, en segundo lugar, no promueve soluciones productivas, sociales y ambientales que respondan a los retos nacionales y globales que representan el cambio climático y el crecimiento de hambre, la desnutrición y malnutrición.

Algunos de los puntos críticos señalados por los y las asistentes la mañana de este miércoles, es que el texto del proyecto orienta el trabajo campesino a la exportación por sobre la producción de alimentos locales, desconociendo, según la investigadora Elisabeth Bravo, “completamente las prácticas y necesidades de los pueblos, nacionalidades y comunidades campesinas que muchas veces prefieren modelos productivos que sean resilientes al cambio climático y que obedezcan a sus prácticas culturales o que prioricen sus propias necesidades alimenticias y culturales.

Andrés Pilamunga del Comité de Agricultura Familiar coindice que este proyecto de Código no tiene un enfoque que considere a las poblaciones indígenas y campesinas también como guardianas de las semillas y la soberanía alimentaria, “el Código olvida los derechos que tienen los Pueblos y Nacionalidades para producir y acceder a los alimentos”. También sostuvo que este proyecto confunde la seguridad con la soberanía alimentaria garantizada en la Constitución de la República.

que insta a los ciudadanos de ese país, a abstenerse de adquirir y suministrar un puré de frutas para niños y bebés de una marca proveniente de Ecuador. La advertencia surge ante la preocupación por una posible contaminación con plomo que podría representar un riesgo para la salud de los menores de edad. Según la FDA, se registraron siete casos de intoxicación en cinco estados, todos ellos potencialmente vinculados al consumo de este puré contaminado sabor manzana-canela[1].

En Ecuador la labor de instituciones como la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) es crucial en este contexto. Sin embargo, la detección de contaminantes en productos tan básicos como el arroz, leche, agua embotellada, entre otros revela fallos en el sistema de control de calidad y en la cadena de suministro. Por otro lado, la presencia de plagas e irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales, tanto formales como informales, plantea serias preocupaciones sobre las condiciones en las que se manipulan y preparan los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Estas problemáticas requieren un análisis crítico de la forma en que opera el sistema alimentario en Ecuador, especialmente en el control y regulación de la industria alimenticia. La presencia de alimentos contaminados con metales pesados y bacterias nocivas no solo pone en riesgo la salud de la población, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de vigilancia y cumplimiento de normativas establecidas. Además, la identificación de productos contaminados exportados hacia otros países subraya la necesidad de una coordinación internacional más estrecha en materia de seguridad alimentaria.

En este contexto, se hace evidente la urgencia de un análisis detallado sobre la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos en Ecuador. ¿Cómo es posible que productos con niveles peligrosos de contaminantes sean colocados en el mercado? ¿Qué fallas en los sistemas de control permitieron que estos productos fueran distribuidos sin una adecuada supervisión? ¿Qué responsabilidades tienen las empresas alimenticias y el Estado en la garantía de la seguridad alimentaria de los consumidores

Una de las áreas cruciales que merece atención es el control de la producción, circulación y comercialización proveniente de la industria alimentaria. Detrás de la preocupante presencia de contaminantes en alimentos cotidianos se encuentra un sistema que prioriza la eficiencia y el lucro por encima de la salud pública. Las grandes corporaciones alimentarias, respaldadas por poderosos grupos de interés, ejercen una influencia desproporcionada en la elaboración de políticas y regulaciones, lo que a menudo resulta una blandura en los controles de calidad y seguridad.

Este fenómeno se encuentra exacerbado por el impacto del neoliberalismo en la estructura del Estado. El desmantelamiento gradual de las instituciones reguladoras y el debilitamiento de las políticas públicas en nombre del libre mercado han dejado un vacío en la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos. En este contexto, la falta de control y supervisión efectiva sobre la industria alimentaria no es simplemente un descuido, sino el resultado de una ideología que prioriza los intereses corporativos sobre el bienestar común.

En medio de esta crisis, es crucial que la sociedad ecuatoriana se movilice y exija una mayor transparencia y rendición de cuentas tanto de las empresas como del Estado. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de regular y supervisar la seguridad alimentaria, otorgándoles los recursos y la independencia necesarios para cumplir con su mandato de proteger la salud pública.

Además, es fundamental promover una cultura de consumo responsable que fomente la elección de alimentos saludables y sostenibles, así como el apoyo a los productores locales. Al tomar decisiones informadas y éticas en nuestras compras, podemos ejercer presión sobre las empresas para que mejoren sus prácticas y contribuyan a un sistema alimentario más justo y equitativo. Solo al enfrentar estas realidades estructurales podemos esperar implementar cambios significativos que garanticen un sistema alimentario más seguro y saludable para todos.