PRIMICIAS
El caso más emblemático para los grupos indígenas es el de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y el cual se retomará este 26 de septiembre en Latacunga.
El debate sobre la criminalización de la protesta social está presente en dos de las 10 mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas: la de derechos colectivos y la de seguridad y justicia.
El mensaje de la Conaie, Feine y Fenocin es claro: quieren que se revisen todos los procesos que sigue la Fiscalía, en contra de quienes habrían incurrido en delitos durante el último paro nacional.
Durante y después del paro, las mismas organizaciones sociales y varias ONG nacionales y extranjeras, acusaron al gobierno del presidente Guillermo Lasso de criminalizar la protesta social y no respetar los derechos humanos.
Pero, entonces, el Ejecutivo advirtió también que aplicaría todo el peso de la ley a quienes cometieran delitos camuflados en el derecho a la protesta.
Hasta el 24 de junio, había 119 procesos en el Ministerio Público por estas movilizaciones. El más emblemático es el de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien es acusado de presunta paralización de servicios públicos.
Sin embargo, su procesamiento estuvo lleno de controversias y la primera audiencia de juzgamiento se declaró fallida, pero será retomada precisamente este lunes 26 de septiembre, en Latacunga. Y la Conaie convocó a un plantó de apoyo a primera hora de la mañana.
De todas formas, las agrupaciones no se limitan y piden que a través del diálogo con el Gobierno se abra la puerta para revisar más de 400 casos, que no solo se remiten a las últimas protestas.
Tampoco se trata solo de procesos en curso, sino también de casos con sentencias en firme y que, según los dirigentes indígenas, carecen de argumentos suficientes o válidos.
Es por ello que piden la presencia de las autoridades de Justicia en la mesa de seguridad, especialmente de la Fiscalía. Buscan a las autoridades que “realmente puedan aportar, para dar solución”, dijo Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie.
Inicialmente, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó la solicitud para que participen delegados del Ministerio Público, para tratar temas relacionados con la investigación a dirigentes.
Pero aclaró que la entidad no es parte de la Función Ejecutiva, por lo que no pueden obligarle a participar en el diálogo.
De todas formas, el funcionario exhortó públicamente a que la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura participen.
Finalmente, la Fiscalía cedió y envió delegados, pese a que es el organismo encargado de investigar los presuntos delitos cometidos y no puede tomar decisiones políticas al respecto. La Judicatura y la Corte no enviaron a nadie.
Indultos, el último recurso
La única posibilidad que le queda al Ejecutivo, en su ámbito, es otorgar indultos, rebajar o conmutar penas, para quienes sean o hayan sido sentenciados. Es decir, tomar medidas una vez que los procesos en la Función Judicial sigan su curso.
Cuando una decisión similar salió desde el Legislativo, que aprobó 268 amnistías, el mismo presidente Lasso las calificó de “injustas”. Y dijo que no se puede olvidar a Quito “en llamas”, a las familias que perdieron negocios, y a las personas violentadas durante las protestas.
Además, aunque la medida fue aplaudida entre los sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, entre los amnistiados no solo estuvieron los procesados por el paro de octubre de 2019, sino también personas acusadas de tráfico de tierras y delincuencia organizada.
Fuente: Diálogo: grupos indígenas piden al Gobierno la revisión de 400 procesos judiciales (primicias.ec)
