Carta de la UOCE a Tairon Quintero, alcalde de Muisne

OCARU

marzo 30, 2022

Muisne, 23 de marzo de 2022

Señor
Tairon Quintero Vera
ALCALDE DEL CANTÓN MUISNE Ciudad.-

Señor Alcalde:

Con sorpresa e indignación recibimos en la UOCE que presido, éste martes 22 de marzo de 2022 la comunicación suscrita por el Director de Planificación del GADC de Muisne Arq. Daniel López Villacrés advirtiéndonos que “el día 24 de marzo del 2022, procederá a tomar posesión del terreno que es propiedad del GAD Cantonal de Muisne, ubicado en el Recinto El Hojal […] que tiene un plazo de 24 horas para desalojar dicho inmueble, [….]”, nada más absurdo, prepotente, ilegal e inconstitucional, seguramente inducido por su falta de conocimiento y asesoramiento respecto del pedido absurdo que rechazamos, del que me permito realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

1.1.La Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE), filial de la Ecuarunari, CONAIE, viene ejerciendo la posesión pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señor o dueño por 30 años del lote de terreno de 1.1 hectárea, ubicado dentro de la reserva Mache Chindul, en el Recinto El Hojal, intersección de la carretera estatal 115 Salto – Chamanga y Carretera rural Balsalito, en la jurisdicción del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.

1.2.Somos alrededor de 525 familias campesinas constituidas en 23 organizaciones comunitarias que constituimos la UOCE que venimos construyendo una diversidad de actividades que implican inversiones en infraestructura productiva, tanto en agroecología, investigación y conocimiento en favor de nuestras bases comunitarias, cuanto para otras comunidades del cantón y país.

1.3. En la actualidad, la UOCE en alianza con ONGs y la Academia viene desarrollando prácticas de conocimiento académico con jóvenes provenientes de nuestras comunidades en el marco de la Universidad Campesina “Utopía Popular” que, ante la exclusión de parte del Estado que hace imposible el acceso a la universidad a la juventud rural, y debería contar con el apoyo de los gobiernos autónomos parroquial y cantonal, con indignación vemos que con actitudes como las del Director de Planificación del cabildo que usted dirige, al pretender desalojarnos de nuestra sede, se atenta también contra el derecho a la educación.

SEGUNDO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO:

El espurio comunicado del Director de Planificación es violatorio a las normas legales, constitucionales y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario que, sin ningún trámite previo, negándonos el derecho constitucional y legal a ejercer nuestro defensa, a saber:

2.1. El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), desarrolla normativamente el principio constitucional del debido proceso e invoco en especial los parágrafos 1, 2, 7 letras a, b, c, d, h, k, l; y, m al privarnos el derecho a ejercer nuestra defensa.

2.2.  El artículo 82 de la CRE reza que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la norma constitucional, que deberá ser aplicada por jueces y autoridades competentes.

2.3.  El artículo 66, numeral 23, ibídem confiere a las personas el derecho a presentar a los Órganos Públicos peticiones y a que éstas sean atendidas.

2.4.  El artículo 226 ibídem dispone que las instituciones del Estado que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley que, en el presente caso se ha violentado, por cuanto el Director de Planificación no tiene delegación, ni competencia para ordenar desalojos.

2.5.  En consecuencia, la disposición del comunicado de desalojo de 22 de marzo de 2022 constituye un acto nulo que usted señor alcalde como máxima autoridad administrativa debe proceder a la anulación de dicho acto administrativo, mediante el ejercicio de la potestad de revisión, a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada.

2.6.  De acuerdo con nuestra Constitución, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (Art.1), toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, como en este caso el Director de Planificación, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por las acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de los responsables del daño producido (Art. 11.9).

TERCERO: DESALOJOS FORZOSOS Y DERECHO A LA TIERRA

La obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDESC (párr. 1, art. 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (párr. 3, art. 27), las disposiciones sobre la no discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

En su resolución 1993/77, la Comisión de Derechos Humanos declaró que la «práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada». En 1977, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó su Observación general No. 7 sobre los desalojos forzosos.

Los desalojos se pueden llevar a cabo de forma legal, únicamente en circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y del derecho humanitario.

En 2007, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada presentó al Consejo de Derechos Humanos un conjunto de «Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo». Estas directrices tienen por objeto ayudar a los Estados a elaborar políticas y legislaciones para evitar los desalojos forzosos en el ámbito nacional. Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo representan una evolución de las Directrices completas de las Naciones Unidas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo. (E/CN.4/Sub.2/1997/7, anexo).

Como resultado de la obligación estatal de respetar el derecho a la tierra se deriva, por un lado, la obligación de garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y, por otro, la prohibición de llevar a cabo o promover prácticas de desalojos forzosos y desplazamientos arbitrarios.

En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, establece que, los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (Art. 2) adoptando todas la medidas sean legales, administrativas o de otro tipo para garantizar la protección por parte de las autoridades competentes de todo acto de violencia, amenaza, represalia y discriminación que vaya en contra de campesinos o campesinas (Art.8), además de proporcionarles mecanismos eficaces para prevenir despojarlos arbitrariamente de sus tierras y recursos naturales o privarlos de sus medios de subsistencia donde además ejercen su derecho al trabajo, a la vivienda, al derecho a alimentarse adecuadamente y a la soberanía alimentaria (Art.12,13,15).

Además que se reconoce al campesinado el derecho humano a la tierra (Art.17), al agua (Arts. 17 and 21) y por ende los Estados deberán adoptar medidas que permita el reconocimiento jurídico y consuetudinario de la tenencia de la tierra, deberá proteger contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, incorporando en la legislación nacional medidas de protección contra los desplazamientos que sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. (Art17.4). Al asignarse tierras de titularidad pública, los Estados deberán dar prioridad a las y los campesinos (Art.17.6).

CUARTO: APLICABILIDAD AL CASO “UNIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE ESMERALDAS”

El Ecuador ha ratificado el PIDESC, el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha apoyado la adopción de las Directrices de la FAO sobre el Derecho a la Alimentación en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nacional, Las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra la Pesca y los Bosques y ha votado a favor de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y Otras Personas que trabajan en áreas Rurales.

De acuerdo a estos estándares internacionales, que hacen parte del bloque constitucional y bajo el artículo 13 de nuestra Constitución Política, el Estado Ecuatoriano y sus instituciones están obligados a respetar los derechos a la alimentación, a la tierra, al agua, a la vivienda y a la soberanía alimentaria de las familias campesinas base de la UOCE que ocupan el lote de terreno de 1.1 hectárea, ubicado en el Recinto El Hojal. Específicamente, esto implica que el Estado debe abstenerse de llevar a cabo, auspiciar o tolerar cualquier práctica política o medida legal, solo o en asociación con otros, que destruya la tenencia, utilización y manejo de la tierra que personas o comunidades ya poseen de manera individual o colectiva y que les permite alimentarse, incluyendo los desalojos forzados.

El cumplimiento de la mencionada obligación estatal de garantizar los mencionados derechos humanos es imperante en una provincia que presenta los mayores niveles de concentración de tierra y, a nivel cantonal la expansión del modelo de producción de camarón en tierras altas dirigido a la exportación.

En este sentido en sus recientes Observaciones Finales para el Estado de Ecuador adoptadas el 18 de octubre de 2019 el Comité DESC ha recomendado al Estado Ecuatoriano en el párrafo 44:

A la luz del mencionado marco jurídico, el Municipio del cantón Muisne debe adjudicar la tierra que, ilegalmente pretende desalojar, a favor de la UOCE y dotarla del apoyo requerido para continuar desarrollando nuestro trabajo en favor de la agroecología, la soberanía alimentaria y la juventud rural, garantizando los derechos humanos a la tierra y a la alimentación adecuada. No adoptar medida alguna que anule el desalojo ordenado por el Director de Planificación municipal, el GADC de Muisne está violando sus obligaciones de derechos humanos, especialmente de los derechos campesinos a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a la tierra y a la vivienda. Dicha violación se verá reflejada en perjuicios para nuestras comunidades campesinas que implicarían la difícil reparación de la infraestructura productiva levantas con esfuerzo, a causa de la confiscación de nuestras tierras en posesión.

De conformidad con el derecho internacional aplicable, el GADC de Muisne debe salvaguardar nuestros derechos y evitar la violación a los mismos y permitir con su silencio nuestro desalojo, contraviniendo sus obligaciones en el marco del derecho nacional e internacional.

QUINTO: INDEMINZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS:

Ordenar nuestro desalojo de forma soterrada, como lo ha hecho el Director de Planificación, nos causará enormes y cuantiosos daños y perjuicios que deberán ser indemnizados por los funcionarios participantes, como reclamare oportunamente en caso de ejecutarse, como lo señala expresamente el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE TIERRAS RURALES ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES Y SU REGLAMENTO GENERAL contenido en el Acuerdo Ministerial No. 073 suscrito por el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 1008, de 26-IV-2017, que en su Art. 170 dispone en su inciso 2do. serán responsables de la indemnización de daños y perjuicios, además de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar los funcionarios participantes que a sabiendas ordenaren desalojos perjudicando derechos posesorios adquiridos.

SEXTO: DERECHO A LA RESITENCIA:

En ejercicio a lo dispuesto en el art. 98 de nuestra Constitución ejerceremos nuestro derecho a la resistencia frente al acto ilegal de desalojo ya indicado, por vulnerar nuestros derechos constitucionales y, en demanda de la legalización de las tierras que, de paso usted conoce señor alcalde que se encuentra dentro de la ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, según Resolución No. 045 de agosto 9 de 1996, publicada en el Registro Oficial Nro. 29 del 19 de septiembre de 1996.

SÉPTIMO: PETICIONES:

Con base en los argumentos fácticos y jurídicos anteriores, le solicito muy respetuosamente señor Alcalde se sirva revocar el acto nulo contenido en la comunicación de 22 de marzo de 2022, suscrito por el Arq. Daniel López Villacrés, Director de Planificación, dejando insubsistente su contenido. En subsidio, estamos prestos a dialogar para viabilizar la adjudicación del referido inmueble en favor de la UOCE y para obtener el apoyo municipal para nuestra Universidad Campesina “UTOPÍA POPULAR”.

Agradezco la atención prestada a la presente y quedo a la espera de su respuesta sobre el asunto de referencia.

 

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