La Conferencia de Soberanía Alimentaria tiene autoridades prorrogadas más de tres años porque el CPCCS no ha hecho el concurso para elegir a sus remplazos

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Fecha de publicación

octubre 4, 2021

EL UNIVERSO

Es una institución sin ‘peso político’, cuyos miembros se prorrogaron en funciones por los últimos tres años, tiempo en el cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha acelerado la organización del concurso público de méritos, oposición e impugnación para designar a los nuevos titulares.

Se trata de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) integrada por nueve conferencistas, de los que siete están en funciones, y no hay suplentes debido a las renuncias de los principales.

Esta institucionalidad emanó de la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria aprobada en el 2009, que dispuso su integración con nueve representantes de la sociedad civil, elegidos por un concurso de méritos realizado por el CPCCS.

En mayo del 2014 fueron posesionados en sus cargos en la Asamblea Nacional, después del concurso realizado por el Consejo de ese entonces del que resultaron elegidos: Bélgica Bermeo, por las universidades, escuelas politécnicas y centros de investigación, que fue remplazada por Miguel Riofrío.

Por los consumidores, Carlos Ruiz Paucar; por los pequeños y medianos productores, Ana Conforme, que fue remplazada por Tito Barreno; de los pequeños y medianos agricultores, Ulbio Guadalupe; por los pequeños y medianos ganaderos,Diana Atamaint (ahora vocal del Consejo Nacional Electoral).

Del lado de los pescadores, José Soriano; sector acuícola, Jimmy Marchán; de los campesinos y regantes, José Buñay; y de los indígenas, afroecuatorianos y montuvios, Ruth Peñafiel.

De los nueve, solo siete están en funciones: Marchán, que es el actual presidente; Guadalupe, Barreno, Ruiz, Soriano, Riofrío y Loyda Olivo, que es suplente de Buñay.

Estas autoridades llevan prorrogadas tres años y dos meses, pues su periodo concluía en mayo del 2018. Es decir, tienen en sus cargos siete años y cinco meses en funciones consecutivas.

Para no dejar en acefalía a la institución, el 24 de mayo del 2018 los conferencistas resolvieron permanecer en sus funciones hasta que el CPCCS haga el concurso y los remplace.

El extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio inició el proceso de renovación, pero resolvió en abril del 2019 la terminación anticipada por la falta de postulantes.

Luego, con la posesión del nuevo CPCCS, electo en los comicios seccionales del 2019, el concurso para designarlos no ha avanzado en estos tres años.

Recién, el 1 de septiembre de 2021 se aprobó el informe de verificación de requisitos de quienes postularon a la veeduría ciudadana para observar el concurso de méritos. Apenas siete ciudadanos se interesaron en el proceso y fueron admitidos.

Desde entonces, el pleno del Consejo no ha resuelto convocar a la postulación para integrar la comisión ciudadana de selección.

Esto, pese a que el gobierno pasado de Lenín Moreno dispuso la entrega de más de $ 600.000 para la realización de tres concursos, entre los que se contaba el de Copisa.

Solo se ha convocado oficialmente a integrar la comisión ciudadana para elegir al titular de la Defensoría Pública, y en los próximos días para conformar la instancia que designará a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado.

El conferencista Ulbio Guadalupe contó que han hecho varios pedidos al Consejo para que convoque al concurso, sin tener una respuesta.

Como no han llamado al concurso, indicó que el pleno de la Conferencia resolvió prorrogarse en funciones acogiéndose a la Ley de Servicio Público para no dejar en acefalía a la institución.

El incumplimiento del CPCCS en designar a los nuevos conferencistas ha sido comunicado a la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, pero tampoco tienen respuesta. Incluso se conoce que hay conferencistas que no descartan renunciar a sus cargos, debido a que llevan en funciones siete años consecutivos.

A la situación que atraviesa Copisa, se suman los conflictos internos entre sus miembros.

Según la ley que rige a la institución, el presidente y vicepresidente estarán dos años en funciones. Barreno, quien ejerció la presidencia hasta enero pasado, planteó una acción de protección para impedir su relevo.

Finalmente, el 22 de junio último, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha falló a favor de los otros seis conferencistas y se restableció la resolución del 5 de enero, que designó a Jimmy Marchán como presidente.

Incluso el mismo Guadalupe fue destituido por el expresidente Barreno, pero tras una acción de protección fue reintegrado a sus funciones.

Copisa tiene una nómina de 21 personas, incluidos los siete conferencistas; estos últimos perciben una remuneración de $ 2.597.

El presupuesto asignado para su ejercicio del 2021 asciende a los $ 579.580, y su principal tarea es ser una instancia de “debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas” respecto de la soberanía alimentaria desde la sociedad civil.

Según su informe de rendición de cuentas del 2020 han promovido la elaboración de catorce propuestas de políticas públicas, así como un proyecto normativo para reformar la Ley de Etiquetados.

También apoyaron iniciativas en las localidades para fijar espacios seguros para los intercambios, trueque y ventas directas de productos; y se busca mantener los precios de los productos para evitar la especulación.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/politica/la-conferencia-de-soberania-alimentaria-tiene-autoridades-prorrogadas-mas-de-tres-anos-porque-el-cpccs-no-ha-hecho-el-concurso-para-elegir-a-sus-remplazos-nota/

 

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