Josefina Tunki pidió a los asistentes a una rueda de prensa que no se preocupen por sus pies descalzos. La líder shuar viajó hasta Quito, que la recibió con lluvia y menos de 10 grados de temperatura, este martes 15 de junio. Ella encabezó la mesa de defensores y defensoras amenazados y criminalizados por su lucha contra el extractivismo y a favor de la Naturaleza.
Con la vestimenta típica de la mujer shuar, la líder indígena contó en la rueda de prensa de Quito las amenazas y las carencias por las que pasa su pueblo.
En ese espacio, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó los resultados de una investigación sobre 22 casos y reveló que 449 personas han sido amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente por la custodia de sus territorios. De esos 22 casos, 16 corresponden a contextos de explotación minera.
El informe “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador» fue un trabajo de 19 organizaciones.
Una de ellas es Josefina. El clima de la capital no amilanó a la líder shuar, quien prefirió mostrarse ante la prensa con el tradicional vestido azul sin mangas de la mujer shuar, una faja y tobilleras hechas de semillas. “Yo he caminado por montañas”, dijo Josefina para explicar que sus pies han resistido difíciles trayectos y una lluvia quiteña no iba a ser la excepción. Su vida llena de carencias y necesidades formaron a esta líder que en 2019 se convirtió en la primera mujer en presidir el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), integrado por 47 comunidades y 12.000 habitantes.
El territorio del PSHA comprende 230.000 hectáreas en la Cordillera del Cóndor, en la provincia Morona Santiago, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Pese a sus demandas por mantenerse libre de minería, la mayoría de esa extensión ha sido concesionada a empresas internacionales como la Lowell-Solaris Resources Inc. (Canadá), SolGold (Australia), EcuaSolidus S.A (Canadá) y la china Explorcobres (EXSA), concesionaria de Mirador, el proyecto con el que se inauguró la megaminería en Ecuador, en julio de 2019. En ninguno de esos proyectos, afirma esta defensora, hubo consulta previa, libre e informada, un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas que viven en las zonas de impacto.
“Ningún ecuatoriano debe ser perseguido por ningún extranjero”, reclamó la dirigente cuando mencionó que fue intimidada por una de esas empresas. El informe -que fue elaborado por 19 organizaciones- narra que, el 6 de noviembre de 2020, el vicepresidente de operaciones de la empresa Solaris Resources Inc., Federico Velásquez, amenazó por vía telefónica a Josefina y a su colaboradora de comunicación, Tania Laurini. Según el reporte, les dijo: “Si siguen molestándome con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”. La Fiscalía investiga esta denuncia.
Esta líder también dio su testimonio ante la Corte Constitucional, el 15 de abril pasado, en una demanda contra el Estado. En 2017, el Pueblo Shuar Arutam denunció a los ministerios de Ambiente y Minas por no cumplir un informe, de 2013, de la Contraloría que recomendaba revertir concesiones de EXSA en territorio shuar. Pero la Contraloría, ocho años después se retractó y desvaneció su propio informe, como lo contó PlanV en un reportaje. Josefina, en esa audiencia, llamó “mentirosos” a los funcionarios de la entidad de control.
Josefina, en su discurso en Quito, dijo que su lucha es por defender un patrimonio ecuatoriano y mencionó los ríos Santiago y Morona, que cruzan la Cordillera, de la cual ahora se extrae miles de toneladas de cobre y oro. Este detalle no es menor, pues Josefina creció junto a un río. Nació en Chichis, una pequeña comunidad shuar que ahora reúne a 60 familias, en el cantón Tiwintza, de la provincia Morona Santiago. Este pueblo es vecino del río que lleva su mismo nombre y este es uno de los afluentes del río Santiago, hoy afectado por la minería a gran escala donde Josefina asegura haber visto peces muertos.
Esta dirigente -de 59 años- vive y transita en el corazón de la Cordillera del Cóndor. Se considera una caminante. Asegura que le gusta recorrer el bosque. Tiene un terreno en el que observa diversidad de animales grandes y pequeños, y plantas medicinales que la han fortalecido.
Josefina creció sin padre. Se quedó huérfana a sus dos años. Vivió en un humilde hogar con su madre y abuela. Por sus dificultades económicas terminó de estudiar el bachillerato a sus 24 años, en el colegio salesiano de Sevilla Don Bosco. Fue misionera de esta congregación religiosa y después profesora de primaria en varias comunidades.
“Pero vi que todavía eso no era mi misión”, recuerda Josefina sobre sus años previos a su elección como dirigente de mujeres en la Federación Shuar y a la de su selección como dirigente de educación del PSHA. En 2019, asumió el liderazgo del PSHA después que un compañero suyo, profesor shuar, no pudiera aceptar ese cargo. “La equidad de género para mí no es para la revancha, sino un intercambio de actividades entre hombres y mujeres”.
Gabriela Fraga, Carlos Jipa y Josefina Tunki. Los tres dieron sus testimonios sobre la persecución que han sufrido por su lucha contra el extractivismo.
A Josefina le ha tocado enfrentar la peor época para el Pueblo Shuar Arutam y su dirigencia. Entre agosto y septiembre de 2020, las cuentas personas de Facebook de Josefina y del dirigente de Comunicación, Eddy Nawech, fueron hackeadas. Los atacantes subieron en ellas contenidos para desacreditar su proceso organizativo. En mayo de 2020, la Fiscalía dirigió un allanamiento a medianoche contra el dirigente de Educación, Shirap Pascual Nantip Santiak. Según el informe, él y su familia recibieron agravios verbales y físicos, que atemorizaron a niños, a una madre parturienta y a adultos mayores. La fiscal Leslie Silvana Chuqui lo acusó de delitos sexuales por medios electrónicos. “En el proceso de investigación, la misma fiscalía reconoció que el dirigente fue inculpado injustamente, y que fue víctima de un hackeo”, dice la investigación.
Josefina no desperdició la oportunidad para decir a los funcionarios públicos que asistieron al evento que su pueblo no ha recibido ningún beneficio de las industrias extractivas. La vía está destruida. Las escuelas y las comunidades, sin internet. Ella mismo debe realizar sus actividades de dirigencia desde la sede del PSHA en Maikiuants, en el cantón Limón Indaza, en Morona Santiago. Desde allí ella atiende entrevistas y reuniones con una conexión intermitente.
A la rueda de prensa asistió Bernarda Ordóñez (al frente, chaqueta negra), secretaria de Derechos Humanos, como delegada del presidente Guillermo Lasso. También recibieron el informe el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y representantes de la Defensoría del Pueblo, de los Ministerios de Trabajo y del Ambiente y de la Cancillería.
Esa comunidad también vivió la presión del Estado. Maikiuants fue militarizada el 21 de noviembre de 2020. Dos camiones de las Fuerzas Armadas ingresaron al lugar, mientras mujeres del pueblo estaban en un taller. El exgobernador de Morona Santiago, Juan León Pilco, dijo que la militarización se debió a las denuncias de la empresa Solaris, que pedía protección ante posibles amenazas. Días antes, la Asamblea del PSHA anunció que iría a la Organización Internacional del Trabajo por los incumplimientos del Estado ecuatoriano del Convenio 169 sobre actividades extractivas en territorio ancestral sin el consentimiento de las comunidades afectadas, explica la investigación de las organizaciones.
Para Josefina, sin embargo, la peor situación que enfrenta es la división de su pueblo. Explica que exdirigentes del PSHA ahora están a favor de la minería. “Tenemos dos frentes: con ellos y con la empresa”.
En su intervención, la líder shuar pidió una audiencia con el presidente Guillermo Lasso y adelantó que irá a la oficina de cada funcionario competente. Porque si algo no le cansa es caminar.
Más defensoras y defensores criminalizados
El informe “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección” recuerda que existen tres asesinados impunes de defensores y activistas antimineros. En el documento, las organizaciones informaron que una de sus preocupaciones más relevantes “es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos”. La mayoría de casos, agregaron, están localizados en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado. “Esto revela que, adicional a las amenazas sistemáticas a su integridad, la vida de las personas defensoras está siendo vulnerada por otras entidades estatales”. Estos son otros testimonios de defensoras y defensores, en zonas mineras y petroleras, que han denunciado ser víctimas de criminalización en los últimos años.
Gabriela Fraga, comunidad La Merced de Buenos Aires, Imbabura:
En la rueda de prensa, la activista contó que ella, su familia y comunidad han sido criminalizadas. Afirmó que Buenos Aires ha perdido la paz primero con la minería ilegal y ahora con la presencia de la minera Hanrine, que está al ingreso del pueblo. Trabajadores de esa compañía cumplieron 56 días frente al pueblo. Están en dos vías en 25 camiones y 20 camionetas. La defensora explicó que Buenos Aires está resistencia ese mismo tiempo a la espera de la respuesta de las autoridades. Los habitantes de Buenos Aires han sido acusados de mineros ilegales, pero ella rechazó esa afirmación porque su pueblo no quiere ni la minería ilegal ni la legal. Allí, mencionó, hay seis concesiones inconsultas. En octubre de 2020, fueron reprimidos por la Policía y personal de seguridad de la empresa, agregó. Narró que los empleados de Hanrine han ido a protestar en seis ocasiones frente a la Gobernación de Imbabura y llevan carteles con los rostros de defensores de la comunidad. PlanV abordó el actual conflicto en Buenos Aires y la violencia que hubo en la zona por la minería ilegal en dos reportajes.
El pasado 10 de mayo, abogados de la comunidad y el asambleísta Mario Ruiz presentaron una acción de protección, en la que solicitaron medidas cautelares contra la empresa minera Hanrine para que retiren sus vehículos. El pedido fue aceptado. El 7 de junio, el Juez de la Unidad Multicompetente del cantón Urcuquí dio a la empresa el plazo de 10 días para levantar los campamentos a partir de la notificación de la sentencia.
El pasado 23 de abril, 18 organizaciones de derechos humanos respaldaron a la comunidad y emitieron un fuerte exhorto a las autoridades:
- Demandamos a la Policía Nacional que controle y evite el ingreso de empresas y personal minero y precautele los derechos de todas las personas de la parroquia de Buenos Aires. Para prevenir la propagación de la Covid-19 en el territorio de Buenos Aires y cuidar la salud de la población, es imperativo impedir el ingreso de personas que pudieran estar potencialmente contaminadas. Le recordamos que prevenir más contagios es, precisamente, el objetivo del estado de excepción.
- Recordamos a la Policía Nacional que no puede actuar como guardia privada de la empresa minera Hanrine, para facilitarle el ingreso al territorio de Buenos Aires. Hay un conflicto serio entre la comunidad y la empresa en el que la Policía no puede intervenir; menos aún en contra de la comunidad a la que debe servir y proteger en cumplimiento de su mandato.
- Recordamos a la fuerza pública que no puede entrar a romper una protesta. La protesta y la resistencia son derechos universales reconocidos. El rol de las fuerzas del orden en protestas públicas es proteger a las y los ciudadanos que participan en ellas y a terceros. De acuerdo con la Constitución, el control del orden interno es función privativa de la Policía Nacional y, en el caso de protestas en contexto de pandemia, se debe orientar exclusivamente al cumplimiento de las condiciones de bioseguridad.
- Las Fuerzas Armadas no pueden participar en estas tareas porque entienden a la protesta y la resistencia como acciones de enemigo a vencer, no como legítimo ejercicio de derechos. La protesta no es una guerra y las personas que protestan por sus derechos no son y no pueden ser tenidas ni tratadas como enemigas. Alertamos que en las acciones de resistencia participan todos los miembros de la comunidad, inclusive niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, todas ellas sujetos de especial protección.
Elizabeth Durazno, comunidad de Molleturo-Río Blanco, Azuay:
La activista Elizabeth Durazno dijo en la rueda de prensa que su territorio ha sido militarizado y que no se han respetado sus derechos. “Han generado daño ambiental y división de nuestras comunidades. Nosotros decidimos seguir con la resistencia adelante y no vamos a permitir que nadie violente nuestros derechos. Seguiremos tejiendo solidaridad junto a las y los Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de todo el mundo”, afirmó.
Ella es hermana del líder defensor del agua, Andrés Durazno, quien fue asesinado la noche del 16 de marzo de 2021 por otro comunero en medio de una discusión sobre la variante de minería ilegal. Las organizaciones sostienen que su asesinato no puede entenderse fuera del conflicto en torno a la minería en Río Blanco. Andrés era parte activa y permanente de la resistencia a toda forma de minería, afirman..
El proyecto minero a gran escala Río Blanco es operado por la empresa china Junefield – Ecuagoldmining South America S.A. Consta de 3 concesiones en un área de 6.000 hectáreas, ubicadas en el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo, a pocos kilómetros del sitio arqueológico Paredones y cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional el Cajas. Esta zona alberga aproximadamente 786 lagunas, que son fuente de agua para la agricultura local y el consumo humano de la provincia del Azuay.
Según el informe, los procesos de criminalización se registran desde octubre de 2017, cuando las comunidades realizaron una manifestación pacífica por la destrucción de caminos comunales. Ante esta acción, miembros de la Policía Nacional y guardias privados de la empresa respondieron con violencia física y amenazas, señalando “sabemos dónde viven y trabajan”.
Carlos Jipa y abogadas del caso del derrame petrolero, el Coca, Orellana:
Desde septiembre de 2020, Carlos Jipa Andi, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE); y las abogadas Lina María Espinosa, Vivian Idrovo, Sylvia Bonilla, Luis Xavier Solis y Julio Marcelo Prieto, afrontan una investigación penal bajo el tipo penal de instigación, interpuesta por Jaime Oña Mayorga, juez de primera instancia que conoció la garantía jurisdiccional. El juez Oña estuvo a cargo de la acción de protección que interpusiera Jipa y las juristas a nombre de un centenar de comunidades que fueron afectadas por el derrame petrolero de abril del 2020. En varias ocasiones, el juez fue cuestionado por las demoras de meses en el proceso, cuando este tiene carácter de urgente. El juez adujo que las acciones de denuncia pública realizadas por redes sociales ante las demoras injustificadas del proceso pusieron en presunto riesgo su integridad física y la de su familia, pretendiendo así la imposición de un castigo penal para las únicas personas involucradas en la investigación penal: un dirigente y abogados y abogadas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.
“Mientras pedimos justicia por una vida digna, el juez que nos negó la acción de protección por las afectaciones del derrame nos acusa de hacer un mensaje en el que se dice que se le aplicará justicia indígena por esta sentencia”, afirmó el dirigente indígena en la rueda de prensa. “Por desconocimiento o mala fe, considerar a la justicia indígena como una amenaza es un acto discriminatorio hacia nuestras prácticas ancestrales. Lo que buscamos con la justicia indígena es iniciar un proceso de sanación con la persona que se ha equivocado, en ningún momento esto representa una amenaza o intimidación a terceras personas. Las nacionalidades de Orellana estamos cansados de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”.
Mariano Mashendo, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe:
El defensor shuar, Mariano Mashendo, vive en el sector del Cóndor Mirador, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Es uno de los afectados directos por el Proyecto Mirador, operada por EcuaCorriente S.A. (ECSA). Desde 1998, con la llegada de la empresa minera, las familias shuar han sido presionadas a vender sus territorios ancestrales, e incluso desalojadas violentamente de sus hogares, explica el reporte.
Por oponerse al proyecto minero, Mashendo ha recibido amenazas y un constante hostigamiento por parte de los empleados de ECSA y efectivos militares, los cuales ponen en riesgo su seguridad e integridad física. El 25 de noviembre de 2020, personal armado de la empresa minera llegó a intentar desalojarlo de su propiedad, para construir la represa que
alimentará al proyecto de fuentes de agua. Mariano se negó. La noche del 27 de noviembre de 2020, dos personas se acercaron a su domicilio, y amenazaron a su integridad física. Para precautelar su vida, Marino huyó de su casa hacia los matorrales.
Esther Landetta, cantón Tenguel, provincia del Guayas:
Foto: Omar Sotomayor
Esther Landetta Chico es dirigente de la organización comunitaria “Asamblea Pro Defensa de Nuestros Ríos Tenguel, Chico, Siete y Gala”, localizada en el cantón Tenguel, provincia del Guayas. Esther ha liderado la lucha en contra de la contaminación ocasionada por la minería en los ríos, principal suministro de agua tanto para el consumo humano como para el riego de las plantaciones, que constituyen la fuente de ingresos de los pobladores.
En julio de 2020, el río Tenguel sufrió nuevamente una grave contaminación de sus aguas a causa de un deslave ocasionado en una de las minas del Ponce Enríquez.Según el informe técnico del Ministerio del Ambiente y Agua, este deslave provocó el derramamiento de 3.000 metros cúbicos de material químico y auríferos; así como, el cierre definitivo de la piscina de desechos de la planta de beneficio “Armijos”, de la compañía Austrogold Cia.Ltda.40 Este incidente ocasionó que el abastecimiento del agua se vea afectado y que los derechos de los habitantes y la naturaleza sean vulnerados. Por su labor de defensora, Esther Landetta y su familia han sufrido amenazas e intimidaciones.
