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Los productores agrícolas exigen a la Unión Europea un mecanismo de responsabilidad compartida. Ante el aumento de los costes derivados de las certificaciones privadas, los productores denuncian la falta de un esquema que distribuya estos costes de forma justa entre todos los eslabones de la cadena de valor. En este sentido, señalan un abuso de poder por parte de los grandes distribuidores europeos, que exigen a los productores certificaciones «voluntarias» para comercializar en la UE (obligatorias de facto), mientras reducen el precio pagado al productor.
La eurodiputada socialista Mónica Silvana, consciente del impacto de estas certificaciones en el contexto de la producción de la banana en América Latina, ha preguntado a la Comisión si «ha planteado la posibilidad de desarrollar un sistema obligatorio de responsabilidad compartida para distribuir los costes relacionados con la sostenibilidad a lo largo de la cadena de producción de una manera más transparente y justa».
La formulación de esta pregunta parlamentaria pone de manifiesto el reto que suponen estas certificaciones, tanto para los agricultores europeos como para los de terceros países. En un ecosistema en el que los supermercados europeos exigen precios más bajos, pero cada vez exigen normas más estrictas y requisitos de sostenibilidad, los agricultores están teniendo que asumir los costes de las certificaciones.
En la actualidad, los países miembros de la Unión Europea consumen 6,5 millones de toneladas de bananas al año, el 75% de las cuales proceden de América Latina. En Ecuador, por ejemplo, la producción de banana representa el 3% del PIB y genera 2,5 millones de empleos. A pesar de ello, y al igual que en muchas otras industrias, los costes e inversiones relacionados con los requisitos de sostenibilidad los cubren principalmente los propios productores, que en el 95% de los casos son pequeños y medianos.
En palabras de la eurodiputada española, los organismos de certificación privados no proporcionan un marco para la distribución de estos costes, ni existe legislación europea al respecto (solo una Comunicación de la Comisión de 2010).
