EL UNIVERSO
Hace quince años, unos pocos dirigentes fueron convocados para conocer sobre el proyecto minero Fruta del Norte, pero esa información ni el impacto que generaría esta operación al ambiente habría sido difundida a las comunidades, asegura el padre Jorge Chumapi, sacerdote shuar del barrio Los Almendros, parroquia Los Encuentros (del cantón Yantzaza, Zamora Chinchipe), zona concesionada por el Estado a la empresa Lundin Gold para extraer oro y plata.
“Ellos (la empresa Aurelian Ecuador) invitaban a una o dos personas, afines a ellos, pero no lo replicaban”, refiere el cura, exdirigente Shuar de Zamora, y asegura que ese proceso se repitió una o dos veces más en la última década.
Sin embargo, Kelly Montaño, quien asumió como presidente del gobierno parroquial Los Encuentros en 2019, afirma que desde antes de su administración la firma minera realizaba mesas de diálogo cada tres meses en la parroquia, pero fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19.
En sus redes sociales, la empresa publica fotos de esas reuniones, que se realizan -según la firma- desde el segundo trimestre del 2016, cada seis semanas, en la Parroquia, donde tienen una oficina. El 3 de agosto pasado, la firma comentó: “Nuestra prioridad es establecer una base de confianza mediante un proceso de diálogo denominado Mesas Temáticas. El objetivo es instaurar una visión común a largo plazo en la que Fruta del Norte aporte beneficios socioeconómicos”.
Otros dirigentes barriales de la parroquia insisten en que esas charlas no llegan a todos y piden que se explique cada avance de la obra y cómo remediarán los daños causados.
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) anunció que está recabando información para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida judicial contra el Gobierno y las empresas mineras por la supuesta falta de socialización de varios planes mineros.
El dirigente Nanki Wampantik dice que mantiene hace más de un mes reuniones con las comunidades en la zona de influencia de este y otros proyectos mineros en la Amazonía y, de acuerdo con esos diálogos, afirma: “No se hizo la consulta con las familias de la comunidad, solo se habría hecho con muy pocas, alejadas de las zonas donde se realizan los proyectos”.
Lundin Gold lo niega, y asegura que mantienen una relación con el pueblo Shuar a través de sus representantes en la comunidad y de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. «Contribuimos a mejorar su calidad de vida en la región, invirtiendo en proyectos de infraestructura comunitaria, apoyando actividades de desarrollo económico y contribuyendo a eventos culturales y deportivos tradicionales». Entre 2015 y 2016, según la firma, aportaron $ 200.000 en estas comunidades indígenas; y en 2019 firmaron con la Federación un acuerdo enfocado en el desarrollo de la producción de cacao orgánico en territorio Shuar.
La actividad minera en el país, según una publicación de noviembre de 2017 de organismos de derechos humanos y ambientales –como FIDH y Acción Ecológica–, se caracterizó por la falta de información detallada sobre los proyectos, la no difusión de los estudios de impacto ambiental y la falta de presencia de autoridades en los procesos de socialización.
Los estudios ambientales, según el documento, no tendrían información completa, “imposibilitando la participación informada de las comunidades”; además, “no contendrían reales impactos que empiezan a experimentar las vidas de las poblaciones locales, los ríos y la naturaleza”.
A base de estas observaciones, las organizaciones de derechos humanos solicitaron ese año que el Estado declare la caducidad de las concesiones y anule las licencias de varios proyectos mineros, pero no se ha cancelado ninguno.
El proyecto Fruta del Norte arrancó en 2006 con la fase de exploración y una década después se inició la explotación. En noviembre del año pasado, Lundin Gold empezó la etapa de producción de la mina subterránea, de donde se han obtenido 145.000 onzas de oro, de enero a septiembre de este 2020. En ese proceso de extracción de los minerales se usa miles de litros de agua y químicos tóxicos, que según ambientalistas, podrían llegar hasta fuentes de agua subterráneas, contaminándolas.
La Contraloría, en un análisis a este proyecto en 2017, advirtió la contaminación del río Machinaza con niveles de hierro y cobre que superaron en 805% y el 230% la línea base fijada en el estudio ambiental.
Ante esto, Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, justificó que la línea base es un valor referencial y “no puede ser considerado un límite máximo”.
El proyecto Fruta del Norte, según el contrato, promete rentas al Estado por $ 3.160 millones hasta el 2034. (I)
