III Encuentro Internacional «Tierra, Territorios y Soberanía Alimentaria»

PLATAFORMA DE TIERRAS Y TERRITORIOS

Antecedentes

Durante la segunda mitad del siglo XX la defensa de los derechos laborales y la redistribución de la tierra fueron algunas de las demandas centrales que dieron lugar a normativas como la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, el Decreto 1001 de 1970 y la Ley de Reforma Agraria de 1973. Aunque modestas, estas normativas ofrecían algunas garantías a favor de los sectores indígenas y campesinos del país. Opuestos a estos procesos, sectores como las Cámaras de la Agricultura y Ganadería, grandes propietarios y otros, promovieron normativas contrarias como la Ley de Fomento Agropecuario de 1979, presionaron por la reducción de la reforma agraria a procesos de titulación y lograron, finalmente, la emisión de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, contraria a cualquier aspiración redistributiva, promotora del mercado de tierras, atentatoria a tierras comunales, etc. (Brassel, y otros 2008)

Después de casi treinta años de neoliberalismo, las demandas de organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, rurales, de mujeres, trabajadores, sectores populares, universidades y otros, lograron la declaración del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural (art. 1), la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado (art. 281) y el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos (art. 71).

Este nuevo marco constitucional retoma la problemática agraria y la enmarca en un espectro más amplio, colocando en el centro el derecho a la alimentación, la pequeña y mediana producción, la redistribución del agua y la tierra, el acceso al crédito y otros recursos productivos, la protección especial de las semillas, etc.; posiciona, además, la presencia de los pueblos y nacionalidades del país. Todo, con el objetivo final de lograr la construcción de una sociedad sustentada en el Sumak Kawsay. 

Luego de más de una década, el derecho a una alimentación sana, diversa, propia, está en riesgo debido a que la agricultura familiar no ha logrado acceder a los derechos que por ley le corresponden. Se mantiene una distribución inequitativa de la tierra y el agua, las semillas están en riesgo, las condiciones para acceder a créditos productivos no se corresponden con la realidad de los productores, la comercialización continúa siendo un cuello de botella, los precios de los alimentos no cubren los costos de producción, la promoción del consumo responsable es escasa, las normativas secundarias diluyen el espíritu del mandato constitucional.

De igual manera, la alimentación está en riesgo debido a la amenaza que sufren los sistemas de producción campesinos e indígenas a causa de un sistema económico que debilita su tejido organizativo, promueve la importación de alimentos mediante la firma de acuerdos comerciales y esparce el extractivismo agroindustrial, minero y petrolero por todo el territorio nacional. 

A pesar de estas condiciones adversas, la agricultura familiar, campesina, indígena, afrodescendiente y montubia, y las mujeres, son sin duda los sectores económicos más importantes del país. Entre 2007 y 2016 la agricultura aportó con casi el 10% del PIB (Flores y Sigcha 2017, 2) y de manera sostenida provee al menos el 70% de los alimentos (ETC Group 2017, 6); de su parte, las mujeres tienen un papel protagónico debido a los procesos de feminización del campo durante las últimas décadas y, en general, al trabajo no remunerado que ha sido puesto a su cargo y representa el 15,41% del PIB (INEC 2014).

Finalmente, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 demostró que la agricultura familiar y la economía del cuidado son los ejes del sostenimiento de la vida, tanto en la provisión de alimentos como de cuidados.