#EcuadorLibredeTransgénicos exige al MAE, IICA y ONU Ambiente que se respete la Constitución

OCARU

julio 31, 2020

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El Colectivo #EcuadorLibredeTransgénicos convocó el pasado lunes 27 de julio, a una rueda de prensa virtual para alertar sobre el intento del Instituto Interamericano de Investigaciones Agrícolas (IICA) de irrespetar la declaratoria Constitucional que dicta que el Ecuador es un país Libre de Transgénicos. Acompañaron la jornada dos representantes de organizaciones sociales Blanca Chancoso y Elizabeth Bravo, y dos abogadas Silvia Bonilla y Marianella Irigoyen.

Alexander Naranjo introdujo la rueda de prensa con un breve recuento sobre la trayectoria del Colectivo, que se articuló hace cuatro años en el marco de seis demandas de inconstitucionalidad contra el Artículo 56 de la Ley de Semillas. Recordó que este artículo planteaba, a través de un veto presidencial, la introducción de semillas y cultivos transgénicos con fines investigativos. Esto significó un atentado directo a las voces campesinas quienes plasmaron la declaratoria de un Ecuador Libre de Transgénicos en la Constitución del 2008. Es por esto que la FECAOL, ECUARUNARI, CONAIE, Red Guardianes de Semillas, Acción Ecológica y Abogados de la Cátedra, interpusieron las seis demandas de inconstitucionalidad, que hasta el día de hoy no han sido resueltas.

Elizabeth Bravo, integrante de Acción Ecológica, señaló la gravedad de la convocatoria del IICA, que busca crear una legislación que armonice las normas de América Latina con el Ecuador, dado que el Ecuador es el único país declarado Libre de Transgénicos. También analizó los impactos social y ambientalmente devastadores en países del Cono Sur donde existen millones de hectáreas de estos cultivos. Bravo argumentó que el principal peligro es que “el 90% de los cultivos transgénicos son resistentes al herbicida glifosato” y desveló varios efectos graves del glifosato en la salud humana.

Además, dio a conocer los impactos ambientales como la desforestación masiva, ya que los cultivos transgénicos “son solo rentables a gran escala”. Bravo hizo un llamado para pensar sobre la salud en este contexto de pandemia: “no pueden el IICA y el Ministerio de Ambiente, que es el otro convocante, promover un modelo de producción agrícola que pone en riesgo la salud de los ecuatorianos y de lo más importante que tenemos, que es nuestro patrimonio natural”.

Después tomó la palabra Silvia Bonilla, quien narró los procesos de las seis demandas. Estas tuvieron dos audiencias en mayo y julio de 2018, sin embargo, el borrador de sentencia emitido por la jueza sustanciadora Roxana Silva, nunca se dio a conocer por el Pleno de la Corte Constitucional. Por lo tanto, las demandas siguen acumuladas. Bonilla recordó que la Corte Constitucional, hasta este momento, tampoco ha resuelto las medidas cautelares solicitadas; es decir, la “suspensión de los efectos que tiene o tendría el Artículo 56 de la Ley de Semillas” y la expedición de reglamentaciones que hagan viable la implementación del Artículo 56.

La consecuencia de esta omisión, según Bonilla, es que ya se han encontrado semillas y cultivos transgénicos; lo que llevó al desarrollo del caso emblemático por transgénicos en Los Ríos. La sentencia en segunda instancia de este caso, ratificó que existe una vulneración a los derechos a la salud, derechos de la naturaleza y del Buen Vivir por el mandato constitucional del Artículo 401. Contradictoriamente, la Sala de Selección de la Corte Constitucional recogió este caso por su importancia para establecer un precedente judicial en semillas transgénicas y por la trascendencia nacional del Artículo 401.

A pesar de esto, perduran las consecuencias de que la Corte Constitucional no haya resuelto las medidas cautelares, como la expedición del Reglamento a la Ley de Semillas y el reglamento al Código del Ambiente “que permiten reglamentación nociva en tanto a la introducción de semillas y cultivos transgénicos”. Bonilla se dirigió a la Corte Constitucional, exigiendo que se pronuncie respecto a las medidas cautelares y que prohíba toda reglamentación que vaya en contra de los derechos y prohibiciones Constitucionales.

Se sumó también la abogada ambiental Marianella Irigoyen, quien explicó el proceso permanente de veeduría y acciones que ha realizado el Colectivo #EcuadorLibredeTransgénicos. Irigoyen ilustró una serie de contradicciones de parte del Ministerio del Ambiente (MAE), señalando que “actualmente se encuentra ejecutando un proyecto de implementación del marco nacional de bioseguridad financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente a través de ONU Ambiente y el IICA como organismo co-ejecutor”.

Por lo tanto, concluyó que la convocatoria del IICA a la consultoría sobre regulaciones sectoriales o normas técnicas armonizadas para la gestión integral de transgénicos en el Ecuador, es una acción directa del MAE. Irigoyen denunció varios puntos de los términos de referencia de esta consultoría argumentando que hacen caso omiso al Artículo 401 de la Constitución, al buscar que se elaboren propuestas de normas técnicas armonizadas para transgénicos. Irigoyen recordó al MAE que su rol es velar por los Derechos de la Naturaleza y declaró ilegal esta convocatoria. Además, hizo un llamado, para que el presupuesto de $ 11 550 de la consultoría sea utilizado “para la vigilancia de dar cumplimiento a la declaratoria de un país Libre de Transgénicos”.

La abogada también argumentó que el MAE utilizan la Ley de Semillas y el Código de Ambiente como argumento para la consultoría. Sin embargo, la Constitución es de rango superior y además la Ley de Semillas carece de eficacia jurídica al contradecir disposiciones Constitucionales. Irigoyen detalló, “vamos a presentar cartas al MAE, al IICA y a la Corte Constitucional solicitando que se pronuncien y para recordarles que estamos vigilantes, que una ley orgánica o regulaciones sectoriales no pueden irse contra la Carta Magna de un país”. Finalizó haciendo un llamado a que las instituciones gubernamentales no aprovechen el confinamiento de la pandemia para implementar normativas inconstitucionales.

La última expositora, Blanca Chancoso de la ECUARUNARI, se pronunció sobre el trabajo de las organizaciones sociales que se llevó a cabo cuando inició la propuesta de Ley de Semillas argumentando que “el gobierno debió haber consultado a los pueblos”. Detalló las acciones de las organizaciones sociales, resaltando el trabajo de las mujeres: “Las mujeres del ECUARUNARI hicimos el Chaski Warmi recorriendo todas las comunidades, llegando a territorio con el mensaje para hacer un llamado al gobierno a que no viole la Constitución”. Chancoso, además, argumentó que las semillas son parte de la naturaleza, pero también “tienen una historia, tecnología y sabiduría, son la herencia de los abuelos que han permitido sostenernos, sin embargo, el gobierno no responde a esto, sino solo a los pedidos de las empresas”. Finalizó manifestando: “Las compañeras mujeres y las comunidades nos declaramos en rebeldía y resistencia frente a estos intentos de violación. Al final, las semillas son de los abuelos y no vamos a dejar perder”.

La rueda de prensa llegó a su fin con una serie de preguntas y respuestas, y con una puntualización de las acciones que impulsará el Colectivo: primero, la entrega de un escrito a la Corte Constitucional solicitando celeridad para la sentencia de las seis demandas y las medidas cautelares, y segundo, la presentación de cartas al MAE y al IICA recordando la vigilancia del Colectivo frente a cualquier irregularidad.

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