Crónicas de un levantamiento (por las medidas) anunciadas

Autoría:

OCARU

Fecha de publicación

octubre 10, 2019

IEE-OCARU

Anahi Macaroff

El pasado 1 de octubre, mediante cadena nacional el Presidente Lenín Moreno dio a conocer un nuevo paquete de medidas económicas y laborales que han despertado el descontento general de la población, que al momento se encuentra cerrando en su séptimo día de paro indefinido y movilización.

El gobierno sabía perfectamente que las medidas afectarían a la gran mayoría de la población y que no serían recibidas sin levantar voces de protesta. Por ello, días antes, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que el problema económico del Ecuador aún no había sido resuelto y pidió a la ciudadanía comprensión, alertando ya el contenido de las medidas.

En un intento por disimular el carácter pro elite y antipopular popular, el Presidente inicio su discurso señalando que no subiría el impuesto al valor agregado (IVA). En los días previos se había informado que se estaba analizando una subida de la tarifa actual del 12% al 15%, con el respectivo impacto que este tipo de impuestos tienen para el bolsillo de las y los ecuatorianos en un país cuyos precios ya son bastante elevados. Los medios de comunicación afines al gobierno, presentaron la noticia en primera plana bajo el titular: “Lenín no subió el IVA”

Inmediatamente después, Lenín Moreno anunciaba una serie de medidas entre las cuales se figura la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina por medio de un Decreto Ejecutivo. No subió el IVA pero si el combustible, que tiene un gran costo en vida del común de la población; especialmente para los y las campesinas, los y las trabajadoras y particularmente las mujeres populares que son las más afectadas con las crisis económicas.

Moreno, insistió en que todos (el habla solo en masculino) debemos poner de nuestra parte ya que el Estado está cumpliendo su trabajo mediante la reducción de costos. Para ejemplificarlo, presentó como logro de su gestión el haber dejado a 23.000 personas sin trabajo!. Y con el fin de seguir reduciendo la masa salarial, informó que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración y que las vacaciones se reducirán de 30 a 15 días al año en el sector público.

Estas medidas, que de manera simultánea tiran a la baja los sueldos del sector, también establecen mayores facilidades para que los empleadores puedan prescindir de sus trabajadores y contratarlos de manera ocasional, utilizando mecanismos como el teletrabajo que reduce costos operativos (para los empresarios) al tiempo que aumenta el ejercito de reserva vía el despido de miles de trabajadores del Estado. Aquí los grandes beneficiarios son sin duda los grandes empresarios que pueden “reducir costos”, incrementando la explotación laboral, en un claro retroceso de los derechos laborales adquiridos.

En cualquier caso, no son el único beneficio que las medidas traen para las elites, también, se anunció la devolución automática de tributos para exportadores y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta.

Este paquete de medidas es la continuidad de una política en beneficio de los grandes grupos económicos, quienes hoy dictan las políticas del Estado colocando a sus representantes en puestos claves dentro del gobierno, a ello se suman los requisitos de los prestamos pactados con el FMI y otros organismo de crédito.
Esta alianza con las elites y el FMI pudo verse claramente el año anterior con la promulgación de la “Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal” en la cual, entre otras cosas, el gobierno perdonó a los grandes conglomerados empresariales 4.295 millones de dólares de deuda al fisco para pasar a obtener un desembolso del FMI por 4.200 millones de dólares.

Este nuevo paquetazo de medidas debían ser enviadas a la Asamblea Nacional, la cual tenía 30 días para su tratamiento y aprobación, las mismas aún no han sido enviadas a Asamblea, porque el pueblo no recibió el anuncio con la comprensión solicitada por el vicepresidente.

El 2 de octubre, los transportistas llaman a un paro y el 3 de octubre el Ecuador amanece paralizado y con cortes de calles. Los estudiantes universitarios y los colectivos de mujeres también se auto convocaron contra el paquetazo. Ese mismo día el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, el Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y el Ministro de Trabajo, Andrés Madero, dieron más detalles sobre las medidas económicas anunciadas el día anterior y señalaron la decisión de despedir a 10.000 trabajadores más, para reducir la masa salarial del Estado.

Las movilizaciones que comenzaron desde la mañana hacia el centro histórico de Quito, fueron creciendo gracias a la participación de hombres y mujeres que llegaban en su mayoría sin banderas, pero movidas por el rechazo a las medidas anunciadas. Las manifestaciones se regaron por todo el país: en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Loja, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Azuay, Zamora Chinchipe, Pastaza, Tungurahua y Santa Elena, se registran varios cortes de carreteras y movilizaciones mientras que en Guayaquil, la ciudad del futuro, comenzaron los saqueos.

La reacción del gobierno, cuyo eslogan principal supuestamente es el diálogo, fue decretar el Estado de Excepción (decreto 833) y dispersar todas las manifestaciones mediante una represión desmedida, que en muchos casos fue respondida por los manifestante a piedrazos ocasionando varios daños en el centro histórico de Quito. Como parte de ejercicio de frenar las protestas por la fuerza, en Pastaza es detenido el dirigente indígena Marlon Santi, y al final de la jornada se registran 350 detenidos en todo el País.

El 4 de octubre, a pesar del Estado de Excepción, las jornadas de protesta se incrementan en todo el país. Mientras, las cámaras de la Industria y la Producción respaldan las medidas del Gobierno en virtud de la estabilidad económica del país, el manejo responsable de las finanzas públicas y de la estabilidad democrática; acusan a las acciones de protesta de intentos desestabilizadores; piden a las fuerzas de seguridad que garanticen el orden y a los municipios, acciones urgentes para la movilidad.

En Quito, la policía impide el paso al centro histórico y aumenta la represión con el fin de dispersar a los y las manifestantes que están allí desde la mañana. La represión se despliega con vehículos anti-motines, agentes motorizados, perros policiales y los indispensables gases lacrimógenos, incluso cuando las personas se encontraban de forma pacífica frente al parque La Alameda, lo cual caldeó los ánimos. El esquema se repite. La policía dispersa violentamente; los manifestantes vuelven a reunirse y así innumerables veces hasta llegar la noche.

El Gobierno intenta desconocer las características y diversidad del rechazo, afirmando que únicamente se trata de un paro de transportistas, a los cuales acusa de mafiosos. Esa misma tarde noche, la dirigencia de los transportistas negoció y levantó el paro. Sin embargo, no todas las bases están de acuerdo y deciden mantener el paro en diferentes provincias.

El 5 de octubre, aunque los transportistas levantaron el paro, las protestas y manifestaciones en todo el país continúan, lo que evidencio que no era una protesta únicamente de transportistas.

El movimiento indígena llama a una gran movilización para el 9 de octubre en la ciudad de Quito y las caravanas, provenientes de las distintas comunidades indígenas, emprendieron su marcha a la capital. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), anuncia que ante la brutalidad de la represión y en aplicación de los Derechos Colectivos establecidos en la Constitución de la República Art. 1, 98, 171, Art. 57. y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 26.2. y art. 30.2 que en conjunto les concede la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral y limita las actividades militares en sus territorios; decidió declarar el Estado de Excepción en los territorios indígenas y advirtieron a los militares o policías que si decidían ingresar a sus territorios serian retenidos y sometidos a la justicia indígena.

Los representantes de la derecha política, encabezada por el banquero Guillermo Lasso y los social cristianos Jaime Nebot y Cynthia Viteri, intentaron desmarcase de las medidas señalando el carácter antipopular del paquetazo a pesar de que responden a sus líneas políticas. Lenin Moreno, responde y deja claro que comparten un proyecto común; afirmando estar haciendo lo necesario para dejarles el país ordenado para cuando Lasso y Nebot lleguen a ser gobernantes, además señalo que cuando llegue el momento él mismo les apoyaría.

El 6 y 7 de octubre, en su intento de seguir negando el masivo rechazo popular a las medidas, el Gobierno comienza agitar el fantasma del Correismo, y dice que todo lo que está ocurriendo se debe a un intento desestabilizador por parte del Correismo en asociación con Maduro. El presidente afirmo que los indígenas están siendo instrumentalizando, en una clara subestimación de la autonomía política del movimiento indígena y las organizaciones sociales que se han desmarcado de cualquier intento de capitalización por parte de figuras cercanas al ex presidente Rafael Correa.

La Cancillería , mediante un comunicado, resta validez al «Estado de Excepción» dictado por la CONAIE.

La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, son quienes están al mando de la represión y el uso de la fuerza. En cadena nacional niegan la existencia de la marcha indígena que se dirige a Quito y el despliegue de blindados del ejército, tanto en la Ciudad de Quito como en otras partes del País.

Sin embargo, a pesar del cerco mediático y la alianza de los medios masivos de comunicación con el Gobierno, miles de personas registran tanto el despliegue de los blindados militares como el recorrido de la marcha indígena desde distintos puntos del país hacia la capital. El presidente dijo estar dispuesto a dialogar con los hermanos indígenas pero no a ceder en ninguna de las medidas anuncias, y para dejar más clara cuál es su real disponibilidad a un dialogo frontal, traslado la sede de gobierno a Guayaquil.

Entretanto en la Esperanza, una pequeña población de Imbabura, las imágenes captadas por un dron dan cuenta del uso desmedido de la fuerza por parte de policías y militares. La comunidad había cortado la carretera y se mantenía pacifica pero firme. Cuando llegaron 6 tanquetas de combustible y no pudieron pasar, la policía y militares decidieron abrir paso a la fuerza, dejando como saldo una persona fallecida.

En Quito, diversas organizaciones y universidades se preparaban para recibir la llegada de las y los indígenas en la noche de 7, a los que aplaudieron a su paso por el norte y sur de la ciudad. La mayoría se concentró en el Parque El Arbolito y el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Mientras tanto en Guayaquil, Jaime Nebot y Cynthia Viterí muestran su verdadera cara y llaman a la ciudadanía a defender tanto Guayaquil como la democracia y a no permitir la entrada de indígenas y manifestantes, a quienes acusan de venir a destruir la ciudad. Nebot les recomendó a los indígenas » que se queden en el páramo», él un empresario de la elite que sabrá de la fuerza del páramo: «Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer… y de paja de páramo sembraremos el mundo» decía la histórica líder indígena Dolores Cacuango.

El Gobierno del diálogo decreta el Estado de Sitio en un intento por frenar las movilizaciones convocadas para el día siguiente día, y refuerza el discurso de que se trata de un golpe orquestado desde Caracas, en un intento desesperado de manipular la realidad.

El 8 de octubre, en el parque, se montaron carpas y espacios de ayuda humanitaria y de comida, y los estudiantes de medicina de distintas universidades brindaban atención médica. La solidaridad se hacía carne en Parque El Arbolito.

Pero el enojo por la violencia desplegada y la falta de una salida clara del conflicto caldean los ánimos, y en un intento por tomar la sede de la Asamblea Nacional la represión se endurece. Desde el mediodía y durante toda la tarde no paran de llegar heridos a los espacios de atención. La desmesura de la represión es tal que atacan con bombas lacrimógenas los espacios de ayuda humanitaria, y es preciso realizar un corredor para sacar a los niños que permanecían en la guardería montada al interior de la Casa de la Cultura. La policía tiro gases indiscriminadamente incluso en la Maternidad Isidro Ayora y en el Hospital Eugenio Espejo, y al final de la jornada se contaban al menos con 4 muertos.

Pero, como reza la consigna, ¡El paro no paro! El 9 de octubre organizaciones sociales, indígenas, mujeres, sindicatos y estudiantes se reunieron en una gran marea pacífica que colmo la avenida 10 de agosto y entró al centro histórico de Quito. Durante la mañana en asamblea los pueblos y nacionalidades le designaron la tarea a la guardia indígena de controlar cualquier intento de vandalismo, misión que la guardia llevo a cabalidad, aunque se registraron algunas tensiones con la policía que nuevamente apelo al uso de los gases lacrimógenos. El número de fallecidos al momento, es difícil de confirmar, mientras la ministra Romo dice que no hay ninguno, las organizaciones ya contabilizan al menos 7 muertos, incluidos menores de edad fallecidos por asfixia.

Ya de nuevo en el Parque El Arbolito, la ayuda humanitaria está cada vez más organizada pero el cansancio de tanto días y la falta de un rumbo claro de cómo destrabar el conflicto se empiezan a sentir.

Lenín Moreno por fin decide viajar a Quito para iniciar el dialogo, al tiempo que la policía reprime el Parque El Arbolito y bombardea con gases lacrimógenos la sede de la Universidad Salesiana, un centro de paz y acogida de mujeres y niños indígenas en una más de la recurrentes violaciones a los derechos humanos perpetradas durante estos días.

La oferta del gobierno, que como ya anunció, no está dispuesto a ceder en las medidas, se concentra en un plan para el sector agrícola que profundiza la dependencia de las y los campesinos a los kits tecnológicos basados en agroquímicos y al modelo agroindustrial.

Entre los ofrecimientos esta, por ejemplo la condonación del 100% de multas impuestas por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), casualmente los que más deben son 25 bananeros que tienen una deuda de aproximadamente USD 700 mil dólares.

Aún no está clara cuál será la posición de los dirigentes indígenas y su posible participación en un diálogo con el gobierno. Pero, de estos días de protestas se pueden sacar al menos dos cuestiones en claro, por un lado que el proyecto en marcha, no el solo un proyecto de un partido político sino el proyecto coordinado de las elites que dominan el país, las cuales actúan de manera coordinada, cuentan con el apoyo de los medios masivos de comunicación y están dispuestas a defender sus intereses a punta de represión.

Por otro lado, que el pueblo ecuatoriano ha recuperado su capacidad de movilización y que a pesar de la fragmentación y distanciamientos entre organizaciones y movimientos logra juntarse y alzar la voz. Que la llegada del movimiento indígena y la recepción que tuvo al llegar a Quito, demostró que se pueden tejer inmensos lazos de solidaridad y de encuentro entre el campo y la ciudad. Que aún se guarda una memoria histórica de las luchas, y que no aceptará sin más que se profundicen sus condiciones de explotación.

Quizá también te interese leer…

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *