Programa del FMI podría desembocar en una recesión en Ecuador, según estudio

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julio 15, 2019

EL COMERCIO

El plan de reformas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a Ecuador podría desembocar en una recesión y un mayor desempleo, advierte un informe difundido este lunes 15 de julio del 2019 por el Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington.

«El programa del FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza», advierte en un comunicado Mark Weisbrot, codirector de CEPR y uno de los autores del informe.

El documento, difundido a los medios en Ecuador, analiza el acuerdo que el Gobierno de Lenín Moreno alcanzó en marzo con el FMI para acceder a una serie de cómodos préstamos graduales por más de USD 4 000 millones.

Se trata de un dinero crucial para el país, que acumula una deuda de casi USD 56 000 millones en momentos en que la economía nacional está paralizada.

A cambio de la línea de financiación, la organización internacional ha exigido reformas para reducir el déficit fiscal, y entre ellas, recortes en el gasto público y abordar cambios en la legislación laboral para incrementar la productividad y la competitividad.

Pero según el CEPR, con esas medidas, «el país sudamericano experimentaría una reducción de su PIB per cápita, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica».

«Desafortunadamente, incluso el mismo FMI pronostica una disminución de estos y otros indicadores sociales y económicos a medida que, junto al actual Gobierno ecuatoriano, vaya revirtiendo estas políticas», destaca el informe.

El programa requiere un amplio ajuste fiscal con el fin de crear un gran superávit fiscal, que sería producto de «la combinación de recortes salariales y despidos de hasta 140 000 empleados del sector público; del aumento de los precios de los combustibles y la electricidad al reducir los subsidios».

Asimismo, «del incremento de las tarifas de servicios públicos; de la subida de los impuestos indirectos: probablemente el Impuesto al Valor Agregado (IVA, un impuesto sobre el consumo); y de la eliminación de las exenciones del IVA que actualmente benefician a la mayoría de los hogares».

Andrés Arauz, otro de los redactores del informe, sostuvo que «desafortunadamente, la austeridad golpea con mayor fuerza a los trabajadores y a los más pobres» y que «probablemente», el paquete de medidas exigidas por el FMI «empeorará la desaceleración económica de Ecuador y hará que el empleo y los niveles de vida sean bastante más precarios para muchos ecuatorianos».

«La austeridad del FMI impide el crecimiento de manera consciente», defendió el investigador ecuatoriano, doctorando en la UNAM de México en Economía Financiera.

En declaraciones a Efe, defendió que «el propio análisis del FMI tienen un gráfico muy revelador» en el que se indica que, de no haber aplicado el ajuste fiscal instrumentado desde 2018, «la economía ecuatoriana hubiese crecido entre el 5% y el 8% anual del 2018 al 2022».

«Ahora no se espera ni un 1% incluyendo los años de recesión», apuntó.

A su juicio, lo lógico hubiera sido «dejar fluir la economía», pero lamentables equivocaciones contables han conducido a una «consolidación fiscal demasiado agresiva».

«La equivocación contable es que el FMI asume que las reservas internacionales de Ecuador son bajas», dijo a Efe al apuntar que el país tienen reservas en fondos de liquidez en otros bancos y que, siendo una economía dolarizada, el sistema bancario tiene sus propias «reservas directamente en el exterior».

El CEPR expone en ese sentido que el programa del FMI está basado en «reformas del lado de la oferta», con el objetivo de que «el tipo de cambio real del Ecuador sea internacionalmente más competitivo y, por lo tanto, mejore el saldo de la cuenta corriente del país».

«Esta estrategia se conoce como devaluación interna» y equivale a mantener el desempleo alto y reducir los salarios para supuestamente conseguir que la economía de un país sea más competitiva a nivel internacional», dice el documento.

El acuerdo con el FMI, así como con otras entidades financieras que aportarán al país hasta USD 10 200 millones en los próximos tres años, ha generado las críticas de sectores de izquierdas y de los sindicatos.

Una plataforma incluso ha llegado a cuestionar su legitimidad constitucional.

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