EL TELÉGRAFO
INV Minerales, concesionaria del proyecto aurífero Loma Larga, en Quimsacocha, realizará estudios de ingeniería que permitan modificar el diseño de la obra para que sus instalaciones se ubiquen fuera de la jurisdicción de El Girón.
En esa localidad de Azuay, el 86,79% de los ciudadanos que participaron en la consulta popular de este 24 de marzo rechazó la actividad minera en la zona.
Según el artículo 106 de la Constitución, los resultados del plebiscito son de inmediato cumplimiento. “Esperamos las directrices de las autoridades respectivas sobre la implementación de los resultados”, indicó la compañía.
INV Minerales y el Estado ecuatoriano tienen firmado un tratado bilateral de protección de inversiones, por lo que se abre la posibilidad de que un arbitraje internacional resuelva si cabe o no una indemnización al respecto.
“El interés de INV Minerales no es demandar, sino desarrollar el proyecto de manera responsable y sustentable”, señaló la empresa.
La firma canadiense agotará todas las instancias jurídicas en Ecuador, pero no descarta acudir a instancias internacionales, si fuera necesario, señaló.
Los resultados obtenidos causaron preocupación en el Gobierno. El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, calificó el hecho como un “golpe a la minería en Ecuador”.
Pérez considera que en el caso de un arbitraje internacional “muy probablemente perderemos. Esto le costará bastante dinero al país”.
La inversión realizada en el proyecto hasta la fecha es de $ 55 millones, pero la construcción y el desarrollo de la mina demanda un gasto de $ 309,5 millones.
De acuerdo a estimaciones de INV Metales, durante los 12 años de vida útil de la mina, con reservas de oro, plata y cobre, el pago al Estado equivaldría a unos $ 554 millones.
Si el proyecto se detiene, estarían en riesgo 40 planes comunitarios y el sustento de 130 familias que dependen económicamente de la actividad minera.
Durante la vida útil de la mina, está previsto que se generen 2.000 trabajos directos e indirectos. (I)
