El día después: los desafíos para la acción política tras la Consulta Popular

Los desafíos y demandas del movimiento popular

En un recorrido sobre los retos del movimiento popular tras la consulta del 4 de febrero, Mario Unda, Docente en la Universidad Central del Ecuador y parte del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, propone mirar la Consulta como una medida de legitimidad del actual Presidente Moreno, necesaria después de la división del electorado en las elecciones presidenciales; como una iniciativa de recomposición interna del movimiento oficialista; como reflejo del cansancio de la población a la etapa correísta. Por su parte, la tendencia correísta al interior de PAÍS, opuesta a la Consulta y en campaña abierta por el No, pretendía debilitar al gobierno de Moreno para facilitar el regreso de Correa al escenario político.

Más allá de la Consulta Popular, el actual gobierno mantiene una continuidad de las políticas económicas del Correísmo; en un período en el que, con la debilidad de la izquierda y de los movimientos sociales, la derecha y las posiciones conservadoras se han visto fortalecidas, a pesar de que existe en el país una derecha política fragmentada.

En efecto, para Unda, la izquierda ecuatoriana no ha podido generar un espacio político distinto al del populismo como al de la derecha neoliberal. Esto se expresa en dos factores: la ausencia de un programa político anticapitalista, propio del campo popular; y la falta de claridad en torno a la relación entre democracia y socialismo: ‘’donde una parte de la izquierda ha tendido a dejar la democracia en manos de la burquesía y la derecha’’; mientras, por otro lado, existe otra facción que ha desarrollado una visión instrumental de la democracia. Esta visión hace que se pierda de vista uno de los elementos básicos de la construcción del socialismo: la democratización de la sociedad y la lucha por el autogobierno.

En un acercamiento al análisis del papel del gobierno de Lenín Moreno, el escenario expuesto por Mario Unda, retoma la idea del Correísmo como expresión populista y, por lo tanto, bonapartista, en donde Estado y gobierno asumen el papel de árbitro mediador en los conflictos de la sociedad. Con ello, las políticas del gobierno dependerán de la correlación de fuerzas y de la capacidad que tengan los sectores de la sociedad para presionar al gobierno.

Al hablar del gobierno anterior, el docente concluye que: ‘’el Correísmo ha queda arrinconado con fuertes baluartes sociales y geográficos’’.

¿Qué quedará en el accionar de la izquierda y los movimientos sociales?

El expositor habló de la urgencia de la elaboración de un programa con el cual presionar al gobierno de Lenín Moreno. El contenido del programa debería incluir los siguientes elementos: la democratización de la sociedad se traduce en una descorreización del país, del Estado, de los imaginarios, de las políticas; y en la supresión de la criminalización de la protesta social y la garantía de las libertades de organización y de movilización. Además, se requiere la elaboración de un proyecto económico alternativo al populismo y al neoliberalismo que contemple: políticas sobre las relaciones laborales, el extractivismo y la cuestión agraria.
‘’Nada se podrá lograr si seguimos en el inmovilismo en el que hemos estado hasta la actualidad. (…) la presión vendrá de la movilización y es en las calles’’, sostuvo Unda. Y agregó que es fundamental abrir el debate al interior del campo popular, sobre la relación entre organización social y organización política.

Una mirada de la minería en Ecuador antes y después de la consulta popular

Ivonne Yánez, representante de Acción Ecológica, recordó las razones por las que se incluyeron en la consulta dos preguntas referentes a la cuestión ecológica: ampliar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; y la prohibición de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos:

1. Es parte de un mecanismo de legitimidad del Gobierno que “buscaba mostrar una imagen de que le interesan los temas ambientales’’.
2. Esta medida buscó apaciguar los procesos de resistencia a nivel de los territorios, a través de una imagen de mayor diálogo con los movimientos.

Acciones para una lucha antiminera

Según las acciones de los últimos meses en torno a la lucha antiminera, la consulta popular no se ha constituido como un punto de quiebre, entre las organizaciones sociales y el frente antiminero en el gobierno de Lenín Moreno.

En efecto, la lucha antiminera en el actual gobierno se resume en:

1. Durante 2017, el candidato Moreno declaró a la minería como uno de los sectores prioritarios de su gestión. ‘’Se fue reconformando la resistencia, rearticulándose las organizaciones y sociales en lo que todavía no es un frente institucionalizado pero sí un movimiento que está en ebullición encontrando nuevas posibilidades desde los territorios’’, insistó Yánez.

2. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2017, declaró que ya no habría más minería que afectase a las fuentes hídricas.

3. Para el mes de diciembre, en el contexto del diálogo, el Presidente manifestó que no daría más concesiones y que se realizarían los proyectos mineros.

4. Tras el 11 de diciembre, se conoció que cerca de 70.000 nuevas hectáreas se entregarían a concesiones mineras.

5. El 25 de enero se realizó una marcha con dirigentes de zonas afectadas que llegaron a Quito. En la capital ecuatoriana se logró que la Contraloría del Estado se comprometa a iniciar un proceso de auditoría integral a los proyectos mineros y a todas las concesiones.

6. A finales de enero, el Ministro de Minería renunció. El dato del 68% por el Sí en la pregunta sobre minería en la consulta, le dice no a la minería metálica a gran escala.

7. El 15 de febrero el frente antiminero se congregó en Kimsacocha con la primera visita del Contralor en la zona.

Las estrategias del Frente Antiminero

Un Frente Antiminero conformado por organizaciones sociales y representantes de organizaciones indígenas permanece en la lucha contra la expansión minera en el país. La estrategia está centrada en presionar al Contralor General del Estado en la realización de las auditorías integrales de la minería, administrativas, financieras, sociales y ambientales. ‘’Queremos que se llegue a un informe final de la Contraloría que parta de los informes anteriores que dicen que gran parte de las concesiones mineras son ilegales’’, declaró la ambientalista.

En la pregunta 5, que hace referencia a la prohibición de la minería, el frente solicitaba la reforma a la Constitución. La expositora resaltó que, aparte de las reformas de lo que pueda venir luego de la consulta, ‘’en ningún momento se habla de que se prohíba la minera en fuentes de agua, en otras áreas frágiles como los bosques protectores los humedales, las playas’’.

A modo de conclusión, Ivonne Yánez señaló que como objetivo principal del frente antiminero se busca declarar al Ecuador Libre de Minería Metálica a Gran Escala, como las experiencias de Salvador y Costa Rica.

El sector de los trabajadores frente a la consulta popular

Como Presidente del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores), José Villavicencio remarcó que la exigencia de una Consulta Popular se produce como parte de la lucha contra la corrupción, y su resultado se convierte en un mandato para el Ejecutivo y Legislativo. Para ello interpeló para el conjunto de fuerzas sociales y políticas definan acción, participación, movilización desde la unidad.

Asumiendo que el actual gobierno no es de los trabajadores ni de los sectores sociales, Villavicencio dejó clara la necesidad de plantear cuál será el mecanismo para elegir al Consejo de Participación Ciudadana que actúe de forma transparente en la vigilancia del pueblo.

‘’Como decía Mario, creemos que es correcto discutir un proyecto adecuado desde los trabajadores y los sectores sociales y comprender que la lucha de los Yasunidos no es sólo de los Yasunidos y la minería; que la defensa de los trabajadores, la lucha de los diferentes sectores sociales es un problema de todos’’, recalcó.

En relación a la unidad sindical, se hizo hincapié en la necesidad de la unidad entre el campo y la ciudad para defender los derechos del pueblo ecuatoriano: ’’para que se respeten nuestros derechos y haya una sociedad más justa’’.

Reflexiones finales sobre el escenario para el campo popular

Alejandra Santillana, investigadora feminista asociada del IEE y el OCARU, coincidió con que la Consulta se configuró como una vía para que el actual gobierno alcance legitimidad y como mecanismo para depurar Alianza País, así como renegociar el pacto de impunidad. La Consulta es parte del camino para desmontar la institucionalidad correísta, no solo lo que se consultó el pasado 4 de febrero, sino también todas las leyes autoritarias y reaccionarias que se promulgaron (LOES, COIP, Código de la Producción, etc.); además, se constituye como acto simbólico que ratifica en las urnas las voces de la sociedad ecuatoriana que dicen ‘’no al Correísmo’’.

Sobre la dinámica en la que está inmersa el campo popular, la investigadora planteó que el proyecto correísta redujo la contienda política a los marcos estatales de lo posible, en donde el Estado de clase, patriarcal y colonial se convirtió en el único espacio legítimo de realización de lo político. Como consecuencia, el campo popular se ha visto inmerso en una ‘’política eterna de la delegación’’, en donde pareciera que vivimos una campaña electoral sin fin y elecciones eternas que dejan de lado la “política de la decisión” y por lo tanto, se alejan de la posibilidad de avanzar en proceso de autogobierno de la sociedad ecuatoriana.

La investigadora sostuvo que frente a la tensión existente entre la forma partidaria y el movimiento social, se abre la oportunidad de que las izquierdas vean las diferentes formas colectivas de organizarse, de indentidad, no existen solo movimientos sociales, partidos, o comunidades, existen por ejemplo redes, colectivos que aparecen como formas descentralizadas.

Finalmente, a la necesidad de construir un proyecto programático político desde la izquierda, ”tenemos que asumir que, además de un proyecto anticapitalista, necesitamos de un proyecto antipatriarcal y plurinacional”; la investigadora insistió: ‘’Se trata de nuestras vidas, no solo los trabajadores implican riqueza, también las mujeres somos generadoras de riqueza’’.

Texto y fotografías: IEE / OCARU, Isabel Salcedo y Alejandra Santillana