El Universo
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) reactivará sus protestas tras el anuncio del Gobierno de realizar reformas laborales que, según ellos, representan flexibilización laboral y pérdida de derechos laborales.
Así lo explicó ayer Pablo Serrano, presidente de esa organización, que además anunció que el sábado próximo, desde las 08:00, en el local de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se realizará una convención para discutir acciones concretas. Pero en ese escenario también hablarán de su participación electoral en el 2017.
Serrano recordó que la flexibilización laboral ya se aplica en las florícolas, donde se trabaja de lunes a viernes siete horas y los sábados las cinco horas restantes por el mismo salario. Dijo que la reforma del Gobierno sería contraria al Código del Trabajo, que dispone descanso sábado y domingo, y jornada de ocho horas de lunes a viernes.
Anticipó que los trabajadores demandan estabilidad laboral y que en crisis económica el trabajador necesita de incrementos salariales, para tener una mayor capacidad adquisitiva.
No coincidió con esta posición Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para quien se podría llegar a un acuerdo con el empleador para que haya un pago de acuerdo a las horas trabajadas. El gremio se reúne hoy para analizar el tema.
Del lado empresarial, Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló que las reformas anunciadas podrían aplicarse a las nuevas contrataciones, pero no a los trabajadores actuales, pues esto podría interpretarse como un cambio a sus condiciones de contratación; es decir, un «despido intempestivo».
Aspiazu indicó que es importante discutir el tema en un espacio oficial, que debería ser el Consejo Nacional del Trabajo y de Salarios, el cual tiene que constituirse pronto.
Añadió que la reducción de la jornada, que vendría atada a una baja del salario, mantendría plazas de trabajo.
Ayer se publicó en el Registro Oficial el acuerdo ministerial MDT-2016-0018 de la cartera de Trabajo, que da paso a la modalidad de contrato por ejecución de obra o prestación de servicio hasta de un 20% del total de trabajadores estables en el sector manufacturero.
Esto ya se permitía en construcción y servicios para proyectos estratégicos; ahora se ampliará siempre y cuando las actividades busquen atender un incremento excepcional de la demanda de bienes producidos, indicó el texto.
