BREVES REFLEXIONES SOBRE LA MARCHA Y EL PARO DEL PUEBLO

OCARU

agosto 18, 2015

LA LÍNEA DE FUEGO

Por Alfredo Espinosa Rodríguez

El pasado jueves 13 de agosto, los ciudadanos demostraron una vez más su indignación frente al régimen autoritario de Rafael Correa, que hizo de las jornadas de diálogo lideradas por la Senplades una nueva parafernalia política.

En sí, este proceso significó el traslado del club de amigos de Carondelet a la Secretaría Nacional de Planificación para –con el apoyo de los medios públicos e incautados – posicionar en la opinión pública el supuesto afán del Gobierno por tender puentes de diálogo con los distintos sectores de la oposición.

Sin embargo, acertadamente los dirigentes indígenas y obreros no plegaron a esa plática de sordos. Por el contrario, se enfocaron a trabajar con sus bases en la movilización y el Paro Nacional que, vale decir, fue un éxito rotundo; ya que puso en evidencia no solo la masiva concurrencia de los sectores convocantes, sino también de ciudadanos a los que se podría identificar como parte de la clase media quiteña, que meses atrás se autoconvocó en la avenida de los Shyris para expresar su descontento con el correísmo, incluso por encima de los proyectos de ley de herencias y plusvalía, que supuestamente fueron el eje central de los plantones.

Este carácter variopinto le otorgó a la movilización muchísima más legitimidad de la que el régimen esperaba, por ello las constantes cadenas nacionales – por montos que hasta la fecha la ciudadanía desconoce – para desprestigiar la movilización que partió el 2 de agosto desde Tundayme, Zamora. En líneas generales, el Gobierno expuso que la caminata que salió desde esa provincia hacia Quito fue sobre dimensionada, porque varios de los manifestantes se trasladaron en autos particulares; o que en el periplo hacia la capital eran pocos los ciudadanos que se sumaban a la causa de los indígenas y obreros.

No obstante, la ciudadanía ya no vive del cuento. Por ello las muestras irrefutables de solidaridad y reconocimiento a los movimientos y organizaciones sociales, quienes recibieron víveres para afrontar esta ardua jornada de protesta. Esto, mientras los análisis de los cuasi investigadores sociales que circulaban por internet, intentaban erróneamente comprender las causas del Paro Nacional bajo los mismos argumentos burgueses expuestos por Correa: «falta de ideas o propuestas en los manifestantes», «división del movimiento indígena», todo se encasilló en el «Fuera Correa Fuera». Sin percatarse que el uso de esta línea discursiva implicaba la expropiación de la palabra del Otro, su invisibilización, y el desconocimiento tanto de su realidad como de su lucha por constituirse en sujetos históricos y políticos con consciencia en sí y para sí.

Para nadie es oculto que hay distintas tendencias en el movimiento indígena. Lo que no dicen los pseudo-analistas, por desconocimiento o complicidad, es que la política clientelar del Gobierno consiguió cooptar a varios de los dirigentes históricos de la Conaie y Pachakutik, así como a varios dirigentes sindicales, quienes salen del anonimato únicamente cuando el régimen necesita un baño de popularidad con las organizaciones sociales.

Otro elemento del que no se habla es de la cada vez mayor necesidad del pueblo por reapropiarse de la Plaza de la Independencia; un lugar simbólico donde se gestó la caída de tres gobernantes y que durante la Revolución Ciudadana se redujo a un mero centro de espectáculos artísticos para los burócratas, asesores y masas de maniobra alineados con el movimiento Alianza País y el Frente Unido. Actos que nadie sabe oficialmente con la plata de qué bolsillo oficialmente se financian. Una cosa si está clara, los movimientos y organizaciones sociales se oponen no solo a la política neodesarrollista y neoextractivista de Correa, sino también a la privatización que ha sufrido, desde hace ocho años, la Plaza de la Independencia; ya que este lugar es de uso exclusivo del movimiento de Gobierno para legitimar su autoritarismo.

Algunos actores sociales y políticos, militantes e intelectuales orgánicos del régimen reclaman sobre el uso desproporcionado de la violencia, supuestamente ejercido por los manifestantes; cuando en realidad estos fueron perseguidos en las calles del Centro Histórico por la caballería policial que disparó gases lacrimógenos e intentó cercar en más de una ocasión a quienes nos encontrábamos en la Plaza de San Francisco. ¿Acaso eso no es violencia? ¿Qué elementos no mencionan los medios de comunicación públicos e incautados? Sin lugar a dudas la presencia de infiltrados, como grupos de pandilleros que muy probablemente cumplieron el papel de mercenarios para caldear los ánimos de los manifestantes. De igual manera, la amplia y extensa presencia del aparato comunicacional y represor del Estado que desde los balcones y tras los distintos cercos policiales filmaban y tomaban fotografías a los ciudadanos para registrar sus rostros y consignas. Todo esto mientras el Presidente Correa cantaba en la tarima de Carondelet: ¡Hasta siempre Comandante!

Nadie mencionó tampoco la serie de autos blindados cuatro por cuatro que se encontraban paqueados en la calle Cuenca, del Centro Histórico, donde choferes y guardias esperaban el retorno de las «personalidades» políticas que asistieron al festejo gubernamental.

Finalmente, sobre la cancelación de la visa de la franco-brasileña Manuela Picq, pareja sentimental del dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel, esta merece el repudio masivo de la colectividad, porque se viola notoriamente el Art. 416 de la Constitución de la República que en su numeral 6 propugna: «el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur». Resulta irónico que casa afuera se defienda –por ejemplo- a Julian Assange y se luche por el respeto a sus derechos humanos con costos hasta económicos para el Estado ecuatoriano, cuando en el territorio nacional personas como Manuela Picq son utilizadas como trofeo de guerra por el Gobierno neocolonial de Correa. ¿Acaso eso no es violencia?

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