«La minifundización es otro de los grandes problemas con la tenencia de la tierra»: Floresmilo Simbaña (PARTE II)

La entrevista realizada a Floresmilo Simbaña, Dirigente de Organización y Política de la CONAIE, es la tercera de una serie de entrevistas con las que queremos seguir en la discusión agraria desde las voces de los principales actores en propuestas de Ley de Tierras y dirigentes sociales en espacios donde el debate ha tenido importantes y valiosos aportes.

OCARU: ¿Cómo se ha reducido la extrema pobreza sin reforma agraria, crees que esto es posible?

Floresmilo Simbaña: El gobierno resalta informaciones sobre reducción de la pobreza en el sector rural; habla, incluso, de haberla reducido en 15 puntos, pero eso está en discusión, no solo en el sentido material de la reducción de la pobreza sino también de los cálculos de la pobreza. Si hacemos un cálculo en base al acceso a servicios está claro que hay un impacto bastante positivo. En el sector rural tienen mayor acceso a vías, a salud y educación. Pero si hacemos el cálculo de pobreza por ingresos económicos, ahí la cosa no ha variado, porque la economía real de las familias y de las comunidades no ha mejorado mucho en estos ocho años de gobierno. El sector de consumo, sobre todo del mercado de alimentos ha estado acaparado por grandes empresas agroalimentarias. Como ejemplo, tenemos al mercado de carnes que está cubierto sólo por una empresa en un 75%. No es que se haya reducido la pobreza en función de mejorar la economía real de las familias. Eso tiene un límite y lo hemos visto este año que estamos entrando a una crisis económica bastante fuerte del modelo de desarrollo que el gobierno ha estado impulsando. Y, por lo tanto, el mismo presidente ha anunciado que el Estado ya no tiene dinero para hacer estas inversiones públicas o para sostener el ritmo de estas inversiones públicas. Por ello, se va a tener un impacto importante en los sectores rurales.

OCARU: Háblenos de la función social y ambiental en el proyecto de Ley.

Floresmilo Simbaña: El proyecto de ley hace énfasis en dos elementos:

Primero, el tema de la función social que es la eficiencia productiva y mano de obra; en relación a la eficiencia, se reduce al debate el elevar el nivel de productividad por hectárea cultivada. Si se reduce a esto, lo que estamos haciendo es abrir una puerta para la concentración de la tierra y poner una gran barrera para impedir cualquier tipo de redistribución agraria de tierras. La función social va más allá; no sólo consiste en elevar el nivel de productividad sino en la democratización de los medios productivos. Desde una perspectiva de soberanía alimentaria es que esa producción atienda al consumo no sólo local sino también nacional; que el agrocomercio pueda abastecerlo, son algunos elementos los  temas que se discuten desde las organizaciones y deben completar el marco general de la función social.

Segundo, en cuanto a la función ambiental, no sólo se refiere a la contaminación de la naturaleza vía agroquímicos sino también a que las formas productivas no estén en contradicción con la misma naturaleza y con la salud de los seres humanos. Si bien, la Constitución prohíbe la circulación de transgénicos, el gobierno ha realizado anuncios de que quiere una reforma a la Constitución para permitirlo.

OCARU: ¿Cuáles son los mecanismos de redistribución de tierras del proyecto de ley de la Comisión de Soberanía Alimentaria?

Floresmilo Simbaña: el mecanismo de redistribución de tierras que tiene previsto el proyecto de ley es justamente que aquellas tierras que no están cumpliendo la función social de proveer alimentos serán afectadas. Dicho hecho no provoca que la tierra sea cultivada sino que se cree un mercado de tierras; por lo tanto, incluso si a nivel de productividad se comparan las tierras de los agroempresarios y las tierras de los pequeños campesinos y comunidades, vamos a ver quiénes están cumpliendo la función social desde esa perspectiva. Se considera una limitante y una contradicción de la democratización del acceso a la tierra que consideremos a la función social sólo desde la productividad, o eficiencia de la tierra. ¿Cuál es la propuesta frente a esto?: primero, que se deben tener nuevos parámetros para calcular cuál es la eficiencia productiva; no se debe medir solo por niveles de producción sino por el tipo de funciones que cumple a nivel alimentario, a nivel cultural, a nivel social y ecológico; por lo tanto, el concepto de función social se amplía muchos más ligado a una realidad como la nuestra.

OCARU: ¿Cuáles son las razones de la existencia de la extrema minifundización y cómo miras la propuesta de la integración de los minifundios?

Floresmilo Simbaña: la minifundización es otro de los grandes problemas con la tenencia de la tierra; por un lado, tenemos el acaparamiento de la tierra en grandes propiedades agrícolas; por otro lado, tenemos la minifundización, la medalla del tema agrario. El mecanismo que propone el proyecto de ley del gobierno es limitar la división de la tierra. Este hecho, lo único que creará serán conflictos a nivel social ya que las familias no podían entregar a sus hijos en herencia la única tierra que tienen, y no representa una solución. Lo que nosotros proponemos es considerar a las formas comunitarias no sólo en su régimen de propiedad, sino también en el régimen de manejo de la tierra y la organización de la producción como formas de enfrentar la minifundización.

OCARU: ¿Por qué crees que no se distingue la exención del latifundio en la propuesta de la ley, tiene que ver con una razón política y técnica?

Floresmilo Simbaña: Tiene una razón política y una razón técnica; ambas equivocadas. Ellos dicen que no quieren enfrentar la tenencia de la tierra en cuanto a la dimensión, sino en cuanto a la productividad, porque no quieren enfrentarse a los sectores de poder que tienen tierra, ésa es la razón política. Sucedió exactamente lo mismo con la Ley de aguas; el gobierno no se quiso enfrentar a los acaparadores de agua que eran las grandes empresas y prefirió enfrentarse con los sectores populares. En el tema técnico es bastante relativo y el discurso del gobierno  se basa en decir que la tenencia de la tierra no es un problema. Parten de cinco experiencias de cinco Municipios aislados y sólo de esos estudios hacen una generalización nacional de la tenencia de la tierra.

OCARU: ¿La plantación de palma, banano, debería ser considerada un latifundio?

Floresmilo Simbaña: Si nos limitamos sólo a la productividad, las grandes plantaciones de soya, palma o plátano serían las más eficientemente productivas. En la propuesta de la ley del gobierno no serían latifundios, no sería acaparamiento de tierra, entonces es un absurdo rechazable. Planteamos concepciones distintas de la tierra; para nosotros, el tema de las dimensiones de la tierra es fundamental en cuanto al acaparamiento.

OCARU: Dentro de la propuesta que prohíbe la concentración y el latifundio, ¿crees que se recoge en la ley esta dinámica de acumulación de la renta de la tierra y monopolio de la comercialización?

Floresmilo Simbaña: Son pronunciamientos abstractos que no tienen concreciones en los mecanismos que la ley mismo prevé para prevenir el acaparamiento de la tierra; es lo mismo que pasó en la Ley de Aguas. El gobierno puso conceptos sumamente generales , en ocasiones, abstractos, con los cuales busca generar un discurso de una problemática; en este caso, la tierra. La ley prohibe el acaparamiento y promueve la producción comunitaria, pero no se dan los mecanismos para prohibir el acaparamiento ni para incentivar la producción comunitaria. Se quedan en meras declaraciones generales y abstractas que no tienen ninguna concreción práctica.

OCARU: ¿Cuáles han sido las acciones sobre la discusión de esta propuesta de ley que han realizado las organizaciones campesinas y cuáles serán las acciones futuras?

Floresmilo Simbaña: Las organizaciones hemos tenido estrategias distintas pero que enfocan a la mismo objetivo, es decir, procurar un proceso de reforma agraria. En la CONAIE nos hemos centrado a discutir y elevar propuestas en temas concretos como, por ejemplo, la producción comunitaria o contrarrestar el acaparamiento de tierras; hay otras organizaciones que han trabajado una propuesta de proyecto de ley y la han presentado en la Asamblea; estas estrategias dieron algunas propuestas bastante interesantes pero políticamente no era lo más aconsejable. Desde que el gobierno presentó su proyecto de ley, las organizaciones hemos empezado a buscar mecanismos para juntarnos y trabajar en propuestas unitarias y conjuntas. Actualmente, se está trabajando en la denominada cumbre agraria, donde juntaríamos a todos los sectores populares organizados, campesinos indígenas y comunitarios, para tratar de consensuar una propuesta y un estrategia general que junte a todos.

OCARU: ¿Cuál es la lectura que hace la CONAIE sobre la consulta prelegislativa?

Floresmilo Simbaña: En un primer momento, la CONAIE hizo una lectura en la cual primaba el sentido de que el derecho a la consulta previa es un derecho por el que el movimiento indígena ha venido trabajando desde hace tiempo y al que no deberíamos renunciar; pero en términos políticos decíamos que el Estado, igual va a hacer una consulta previa y dejar un espacio vacío; ésto nos traería fuertes dificultades, no sólo en el escenario nacional sino con las organizaciones de base. Después, las organizaciones hicieron una nueva lectura y en base a la experiencia de la Ley de Aguas, en la que el gobierno no terminó por recoger las propuestas que habíamos hecho y reconsideraron y decidieron no participar en la consulta prelegislativa.

OCARU, JUNIO DE 2015

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