¿Crees posible, tal como dice la ley, una convivencia armónica entre la propuesta de soberanía alimentaria, de agroexportación y cambio de matriz productiva? OCARU (PARTE II)

La segunda de nuestra serie de entrevistas, como aporte para el debate de Ley de Tierras, fue realizada a Luis Andrango. Queremos seguir en la discusión agraria desde las voces de los principales actores en propuestas de ley y dirigentes sociales en espacios donde el debate ha tenido importantes y valiosos aportes. Ésta es la segunda parte de la entrevista en profundidad realizada por nuestro equipo de comunicación OCARU al expresidente de la FENOCIN Nacional.

OCARU: Entre los discursos sobre Ley de Tierras que sostienen Miguel Carvajal y Mauricio Proaño se dice que  uno de los objetivos es mejorar la producción atendiendo a la agricultura familiar campesina. Añaden que con el régimen, se ha bajado tres veces la extrema pobreza rural durante los últimos ocho años. ¿Cómo ha sido posible sin reforma agraria?

Luis Andrango: la conclusión de CEPAL es que la pobreza se redujo pero no por las políticas sociales que están llevando a cabo los gobiernos progresistas; sino por los niveles de crecimiento que, en general, tuvieron estos gobiernos apalancados principalmente en una política económica extractivista; es decir, especialmente por el crecimiento del precio del petróleo.

Ahora, la reducción de la pobreza extrema en términos de falta de alimentos básicos, en general, es probable que se haya reducido. Sin embargo, no se evidencia una política sobre formas de sobrevivencia con dignidad en el campo; es decir, que se pudo haber reducido la pobreza, pero dicha población pobre no logró una alternativa de sobrevivencia concreta.

Es importante diferenciar entre la reducción de la pobreza en el campo y la ciudad; en la ciudad es mucho más profunda. En el campo ha habido una reducción bastante limitada y eso demuestra que la política agraria de este gobierno ha sido un fracaso total porque no ha logrado que haya un crecimiento en las condiciones de vida digna en el campo.

OCARU: ¿Crees posible, tal como dice la ley, una convivencia armónica entre la propuesta de soberanía alimentaria, de agroexportación y cambio de matriz productiva?

Nosotros somos conscientes de que muchas de estas industrias también generan empleo a pequeños y medianos productores y a gente que vive en el campo. Pero la pregunta es si ese modelo, en términos de perspectiva a largo plazo, logra resolver los problemas de hambre, de pobreza y de exclusión en el campo; y la respuesta es no. Hemos tenido 25 años de esa política de promoción del agronegocio y lo que hemos visto es una pobreza acentuada en el campo, una expulsión de los campesinos de las políticas agrarias, en general, y una concentración de las riquezas que se generan en el campo en pequeños grupos económicos. El modelo que planteamos es el de la soberanía alimentaria. Lo que exigimos es que el Estado, con la misma intensidad que financia las políticas de promoción del agronegocio, se pueda financiar o subsidiar a la agricultura familiar campesina, que probablemente no está exportando, no genera divisas, pero cumple un papel fundamental para la producción de alimentos y la conservación de la soberanía alimentaria.

OCARU: ¿Por qué crees que en la función ambiental en la Ley no se recoge el debate sobre las semillas transgénicas?

Luis Andrango: Muy probablemente, en poco tiempo, el Ejecutivo ponga otra reforma Constitucional en la cual se elimine la prohibición del uso de semillas y de cultivos transgénicos en el Ecuador. Éso se está anticipando con esta propuesta de Ley de Tierras irrespetando a la voluntad popular que, en el año 2008, votó por prohibir los cultivos y las semillas transgénicas en el Ecuador. Esta relación transgénicos-productividad, muy probablemente en los tres primeros años, puede ser realmente rentable; pero en términos de perspectiva no lo es porque se ha demostrado que los transgénicos necesitan del uso de agroquímicos para alcanzar los niveles de productividad. Cuando hemos consultado responden que se va a elaborar otra Ley de Agrobiodiversidad donde quedará establecido este asunto. Pero se trata de una burla a las organizaciones campesinas y, sobre todo, una falta al mandato constitucional.

OCARU: La propuesta de ley sí recoge ciertos artículos sobre la redistribución de tierras. Pero lo que nos propone es que va a ser tierra pública la que será redistribuida. El Estado tiene tiene 70.000 hectáreas; según información oficial del programa de tierras, se dice que en Ecuador hay, aproximadamente, 200.000 familias sin tierra y 235.000 familias con poca tierra o mala tierra. Para cubrir esa demanda se necesitarían 1.200.000 hectáreas de tierra. ¿Qué tan viable es la propuesta de la ley con esta ausencia de tierra?, ya no se puede ampliar la frontera agrícola, ¿qué mecanismos se tendrán que implementar?

Luis Andrango: Cuando la Red Agraria plantea la propuesta Ley de Tierras en el año 2012, la respuesta fue inmediata entre terratenientes bananeros, floricultores, palmicultores en una rueda de prensa unitaria desde Guayaquil enfrentando claramente la propuesta de Ley de Tierras. Fue una respuesta masiva, inmediata y mediáticamente muy bien posicionada; estaba claro que la propuesta de Ley de Tierras de las organizaciones afectaba a sus intereses económicos y a la concentración de tierra. La Comisión de Soberanía Alimentaria anuncia una Ley de Tierras con sus propios contenidos y estos sectores se mantienen en silencio; la conclusión es que esta Ley de Tierras no afecta en nada a dichos grupos económicos que han concentrado históricamente la tierra en el Ecuador. Hasta ahora, no han realizado un pronunciamiento ni las Cámaras de la Producción ni los sectores económicos vinculados al banano y al agronegocio en general, rechazando la propuesta de Ley de Tierras de la Comisión de Soberanía Alimentaria, porque no afecta a sus intereses.

¿Cómo afectamos esas tierras privadas que no están cumpliendo la función social y ambiental y que se consolidan en latifundios?

El planteamiento de las organizaciones fue orientar una política que combata el latifundio de la tierra, que haga efectivo el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra y que marque una política seria de transición de esa tierra privada concentrada en pocas manos, hacia organizaciones campesinas y hacia la propiedad comunitaria y colectiva. El mecanismo sería una política de afectación progresiva; las tierras que no cumplen la función social y ambiental tendrían un castigo fuerte en términos impositivos. En un principio, se exigía que se ponga la tierra a producir y si no la ha dedicado a la producción pasa a un proceso de expropiación pagada y es transferida a organizaciones campesinas. La política que tiene el gobierno es una política de reforma agraria vía mercado; es decir, ha planteado que lo que se entregará serán tierras estatales, que no representan absolutamente nada y que la otra forma de generar redistribución sería endeudando a los campesinos para que compren la tierra de quienes ya la concentraron. Este asunto ya lo hemos vivido en Latinoamérica y las políticas de reforma agraria vía mercado han sido un fracaso porque terminan endeudando a los campesinos a largo plazo en grandes cantidades; y a quienes enriquece una política de compra y venta es a quienes tienen concentrada la tierra.

Es bastante grave que en la Ley de Tierras de la Comisión de Soberanía Alimentaria se plantea que el valor será el precio comercial de la tierra, ni siquiera el catastral. Las organizaciones no plantean el valor catastral, sino el precio social de la tierra.
Esta política de redistribución de la tierra vía mercado ha enriquecido a los que tenían la tierra; y, a largo plazo, el Estado no tiene políticas de acompañamiento reales a los agricultores campesinos familiares que terminan con dificultades para pagar esa deuda. Es importante ver qué ha pasado con las tierras que entregó el Plan Tierras en la actualidad; exigir al Ministro de Agricultura y al Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, para que expliquen qué pasó con las tierras que ya han sido entregadas a organizaciones campesinas, que fueron entregadas vía crédito; más del 80% de las tierras que fueron entregadas en este momento a los campesinos quiere renegociar la deuda o devolver la tierra.

Ése es un claro ejemplo de lo que podría pasar en grandes magnitudes si se aprueba esta Ley de Tierras que plantea la redistribución vía mercado, enriqueciendo a los que ya tienen y endeudando a los campesinos.