¿Cuáles están siendo los niveles de participación de las organizaciones sociales en la consulta prelegislativa de Ley de Tierras? OCARU (PARTE III)

La segunda de nuestra serie de entrevistas, como aporte para el debate de Ley de Tierras, fue realizada a Luis Andrango. Queremos seguir en la discusión agraria desde las voces de los principales actores en propuestas de ley y dirigentes sociales en espacios donde el debate ha tenido importantes y valiosos aportes. Ésta es la tercera parte de la entrevista en profundidad realizada por nuestro equipo de comunicación OCARU al expresidente de la FENOCIN Nacional.

OCARU: Otro de los problemas esenciales que recoge la ley y que se ha discutido entre las organizaciones sociales, es el tema de la minifundización. ¿Por qué crees que se da este fenómeno en el campo? ¿Crees que la ley propuesta por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, a través de la asociatividad y la integración del minifundio, pueda resolver estos problemas?

Luis Andrango: Muchas de las tierras que están en manos de los sectores campesinos son tierras resultado de la reforma agraria del 64 y la del 73. En el caso de la comunidad de donde yo vengo vivimos cien familias en una extensión de no más de 120 hectáreas; la población ha ido creciendo y la tierra nos va quedando cada vez más pequeña; los padres distribuyen las hectáreas entre sus hijos y cada vez quedan menos. En nuestro proyecto de ley se plantea que haya una política que combata la minifundización, orientada principalmente a un proceso de agrupación parcelaria. En la propuesta de la Comisión de Soberanía Alimentaria se recoge esta perspectiva, pero lo que vemos es que que se necesitaba de una política de alternativas de otros espacios concretos para el desarrollo de la producción campesina.

Si hay algo que rescatar de la propuesta de Ley de Tierras de la Comisión de Soberanía Alimentaria, podríamos señalar tres elementos importantes en términos de debate:

Primero, el planteamiento de la unidad básica para la sobrevivencia campesina, la unidad productiva familiar campesina; en decir, qué condiciones mínimas, no sólo la extensión de la tierra. La crítica a esta concepción es la reducción que se hace únicamente a la extensión de la tierra; cualquier campesino sabe que, si no hay agua, semillas, infraestructura en general, la producción agrícola es bastante limitada. Entonces, esta concepción debe contemplar otros elementos y no sólo la tierra.

Lo segundo es la decisión política; de sacar de la justicia ordinaria y pasar a un procedimiento administrativo la resolución de conflictos de la tierra en relación a la problemática de la titulación o de la expropiación. Es un elemento que recoge los planteamientos de las organizaciones y puede resolver muchos problemas que hay en relación a la institucionalidad de la titulación y expropiación de tierra. Hay una observación importante en esa perspectiva de paso a la vía administrativa; también se incluyen a los conflictos vinculados a los territorios pero esos casos hay que salvaguardarlos con las lógicas propias de resolución de conflictos de los territorios indígenas. Finalmente, cuando se lee la propuesta de Ley de Tierras, vemos que hay un capítulo vinculado a la agricultura familiar y campesina. Al leerlo con detenimiento uno se da cuenta de que es una caracterización de la agricultura familiar campesina; no hay realmente normas que prohíban, permitan o faciliten la agricultura familiar campesina; se habla de políticas de apoyo en general. Una ley que no defina con claridad los recursos que se van a invertir y de dónde van a salir, es una ley que va a quedar en el vacío. La problemática es que, en términos políticos se diga: «ya está la ley de tierras, ya está la ley de aguas»; «se pagó la deuda agraria», «vivimos la revolución agraria». En el campo no ha cambiado absolutamente nada. En los territorios los problemas siguen siendo los mismos. En este momento, las organizaciones estamos enfrentadas a ese desafío de defensa de nuestros derechos que nos sirvan para enfrentar la problemática en el campo.

OCARU: ¿Cuáles están siendo los niveles de participación de las organizaciones sociales en la consulta prelegislativa de Ley de Tierras?

Luis Andrango: La consulta prelegislativa fue una exigencia histórica de las organizaciones y debe tener una validez importante porque Ecuador es de los pocos países donde se lleva adelante este tipo de consulta antes de aprobar una ley. Lastimosamente, ha sido deslegitimada, manipulada, utilizada políticamente en este proceso. Lo que ha hecho la Comisión de Soberanía Alimentaria es reducir la consulta, únicamente. Lo grave es que una Ley de Tierras sin la participación de los productores es un documento más que quedará aprobado en la Asamblea pero no tendrá una vigencia en concreto. La mayoría de las organizaciones han decidido no inscribirse incluyendo a la CONAIE y la ECUARUNARI; la CNC Eloy Alfaro y la FENOCIN sí se inscriben. Según las informaciones dadas por Miguel Carvajal no se inscribieron más de quinientas organizaciones; en la Ley de Aguas, se inscribieron 3.000 organizaciones. Está claro que la participación ha descendido porque ya no creen en ese mecanismo de participación.

Pero parece que las organizaciones tienen una claridad de la necesidad de un proceso de nueva confluencia para debatir nuevamente sobre la problemática agraria en Ecuador. Si el modelo agrario continúa favoreciendo el agronegocio y aprobamos una Ley de Tierras no se va a cambiar la realidad agraria. La decisión por parte de las organizaciones en la Cumbre de los pueblos de ir hacia una Cumbre agraria popular campesina es un elemento transcendental de confluencia de las transformaciones; y para ello, debemos sumar esfuerzos. Cuando se debata la ley en la Asamblea tenemos que hacer la denuncia de que muchos de los elementos que las organizaciones plantearon no han sido incorporados. Me parece que hay algunos instrumentos de lucha en concreto y una resistencia cada vez más fuerte de la gente que perdió el miedo y que ahora la calle y la movilización es la única vía para expresarse.