El Comercio
En la casa de Mercedes Paredes el agua no falta. El líquido llega a la parroquia Andignato, del cantón Cevallos (Tungurahua), por las tuberías instaladas en 1998. La mujer, de 46 años, participó con otras 300 personas en 60 mingas para tender los conductos desde las fuentes de Cachahuaico, en las riberas del río Mocha.
Fueron 30 kilómetros de abrir, colocar las tuberías y cerrar las zanjas. Se construyeron tanques de distribución y se entregaron los medidores. El proyecto data de 1998, financiado por una ONG suiza, la Prefectura y las mingas. Luego se creó la Junta de Aguas para administrar este sistema. Esta organización es una de las 210 juntas de agua potable y 110 de riego de Tungurahua, según la Secretaría del Agua (Senagua). 260 000 personas, de los nueve cantones, se benefician de estas.
Las juntas de agua, por su papel en el control y administración de este recurso, son uno de los elementos centrales del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, cuyo debate final arrancó la semana pasada en la Asamblea. No hay fecha específica para su aprobación. Según la Senagua, a escala nacional existen 3 642 juntas de agua potable registradas y unas 5 500 juntas de regantes de hecho y de derecho.
Es una compleja red de control y el principal motivo de las fricciones de los grupos indígenas y campesinos con el Gobierno, durante la discusión de esta ley, estancada en el 2010. Recién en marzo pasado se realizaron las consultas prelegislativas a las comunidades para difundir su contenido. Por lo que, para insistir en el cumplimiento de los acuerdos, la Conaie y la Ecuarunari comenzarán este viernes con una jornada de marchas. En Andignato, Mercedes Paredes paga a la junta USD 7 mensuales por los 15 metros cúbicos de agua que usa. El año pasado hubo las elecciones de su Presidente. Se presentaron tres candidatos nominados por el pueblo. «Es una actividad no remunerada», cuenta Mandrey Robalino, expresidente. La Junta de Andigato recauda USD 5 000 cada mes. Los fondos se reinvierten en trabajos de reparación y tuberías. Leonardo Velasteguí, director de la Secretaría del Agua en Tungurahua, explica que el agua para el consumo es gratuita. Pero las juntas cobran por el servicio de transporte, clorificación y mantenimiento. La Senagua ejerce un papel de control y fiscalización sobre estas.»Hay familias que administran 20 y 30 juntas como que fueran una empresa propia. Por eso con la creación de la Agencia de Administración y Control habrá un mejor control del uso de este recurso», dice.
La Presidencia de la República, mediante Decreto Ejecutivo 310, del 17 de abril, creó esta entidad, así como la Empresa Pública del Agua (ARCA). Esta decisión sorprendió a sectores como Pachakutik, pues ven que el Presidente reestructuró la Senagua de espaldas al debate sobre la Ley. Pero Velasteguí dice que la nueva Ley fortalecerá a las juntas, puesto que estas surgieron por una necesidad de la gente. Además, su legislación data desde mediados de 1979, cuando regía la dictadura. La situación en el Austro En Azuay hay unas 390 juntas de agua potable y de riego que manejan sistemas pequeños y grandes. Unos son administrados por las comunidades, otros por los municipios.
Hay otros que son mixtos: los municipios asumen la operación de las plantas y asistencia técnica y las comunidades, la parte comercial y el mantenimiento de las fuentes hídricas. En Cuenca hay 189 juntas y la más grande es el Proyecto Nero que abarca a 6 430 familias (32 000 personas) de 46 comunidades de cuatro parroquias, incluida una parte de la zona peri-urbana del cantón. Este proyecto es manejado de forma independiente y siempre ha estado en la mira del Municipio. Empezó a construirse hace 30 años -mediante mingas- y lleva 21 años de servicio. Con el paso del tiempo creció tanto en cobertura que algunos abonados dicen que la infraestructura colapsó. Por eso, hay usuarios que apoyan la pretensión de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de asumir su administración. Para Jaime Vera, presidente del Proyecto Nero, eso no lo permitirán porque es una obra ejecutada por las comunidades y que ha logrado ser administrada. «Por eso planteamos que se incluya en la Ley de Aguas la autonomía de los proyectos comunitarios y la prohibición de cualquier actividad extractivista en fuentes de agua».
En los últimos cuatro años Etapa invirtió unos USD 30 millones en la construcción de proyectos pequeños de aguas para comunidades y asistencia técnica para sistemas vigentes. El plan en Imbabura La Prefectura de Imbabura también busca fortalecer el sistema de riego de las Juntas. En esa provincia, la mitad de las 42 616 hectáreas dedicadas a labores agrícolas cuentan con agua de riego. Polo Martínez, de la subdirección de Riego de la Prefectura, habla además de la existencia de 243 juntas de regantes, para 20 854 personas. Por eso es necesario -dice- mejorar la infraestructura de los 197 canales de riego y en eso trabaja el gobierno provincial. Pero los campesinos defienden el trabajo comunitario. Jaime Pineda, presidente de la Junta La Victora, en Antonio Ante, explica que los 3 000 usuarios financiaron el revestimiento del 60% de los 23 kilómetros de la acequia principal y otros trabajos necesarios. Cada usuario paga USD 10 al año y recibe una hora de agua.
Este sistema baña unas 3 000 hectáreas de este cantón de próspera actividad textil, pero también agrícola. En la Prefectura consideran que el mantenimiento de las acequias ha mejorado. Es el caso de La Chiquita, en el cantón Urcuquí. Según Antonio Fonte, dirigente de la Junta de Regantes, el líquido beneficia a 5 haciendas y cuatro comunidades, con 550 litros por segundo. «Hemos sorteado el abuso de los grandes concesionarios sobre los pequeños campesinos que recibían escasa agua».
