El Comercio
Mientras en el país se llevaba adelante la consulta prelegislativa por la Ley de Recursos Hídricos, ordenada por la Corte Constitucional, el presidente Rafael Correa firmó un decreto que incomoda a algunos sectores indígenas que buscan ser parte de la Autoridad Única del Agua.
El 17 de abril pasado, el Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 310, en el que reorganiza la Secretaría del Agua y se crea dos organismos que forman parte de ella: la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Empresa Pública del Agua (EPA). La iniciativa causó sorpresa e indignación entre los sectores vinculados con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Uno de los «nudos críticos» y demanda fundamental durante la consulta prelegislativa, es la existencia del Consejo Plurinacional del Agua que tenga voz y voto en las decisiones. Sin embargo, en el Decreto 310, los directorios de la ARCA y en la EPA no estarán integrados por ningún delegado que pueda ser considerado como parte de esos sectores sociales. Solamente formarán parte de ellas representantes de la Función Ejecutiva.
La asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, salió ayer a denunciar la existencia de este decreto ejecutivo que contempla funciones que habría de ejercer la autoridad única del agua. «El Gobierno piensa que somos bobos», decía. Por eso, pidió a Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria que esta ley derogue inmediatamente el Decreto 310. Con ello, «nos comprometeríamos a aprobar y a poner en vigencia la Ley de Recursos Hídricos». Este Diario intentó reiteradamente dialogar con Carvajal y con el vicepresidente de esta mesa legislativa, Mauricio Proaño, sin lograrlo. Sin embargo, Byron Pacheco (Avanza), miembro de la Comisión, sostuvo que las entidades creadas por el Mandatario por decreto, no entrarían en contradicción con la ley que se votará, en fecha aún no determinada, en el Pleno de la Asamblea. A pesar de ello, si hubiera una contradicción, «la ley está por encima del decreto» y este debería derogarse.
Pero el 24 de mayo, durante el Informe a la Nación, el presidente Correa sostuvo que, de sostenerse los conflictos con las organizaciones indígenas, no tendría ningún reparo en vetar lo que viniere de la Asamblea. «Lo que llama la atención es que el Presidente, teniendo mayoría parlamentaria, deba recurrir a estos decretos y lo puede hacer por una vía regular», sostiene el constitucionalista Rafael Oyarte.
En algunas representaciones indígenas, como el Gobierno de Naciones Originarios Amazónicos del Ecuador (Gonoae) recién conocieron ayer de estos decretos, según reveló su presidente, Franco Viteri. «Nos deja dudas. ¿Con qué estamos? ¿Con la Ley de Aguas o con el Decreto 310?», preguntaba. Insistió, además, en que si estas son empresas públicas, como la EPA, tienen que incluirse los gobiernos comunitarios porque son parte de lo público. «Nosotros somos los que hacemos el Estado y no queremos quedar excluidos de la administración del agua». Por su parte, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, sostiene que el Gobierno está tratando de aplicar la teoría de los hechos consumados. Se está adelantando a una ley «desconociendo la división de poderes y creando aún más burocracia».
La ley de aguas no se aprobaría y volvería a la comisión Pleno de la Asamblea no votó por la Ley de Aguas. Una potestad presidencial Según Oyarte, lo hecho por el Presidente de la República tiene fundamento en una disposición prevista en la Ley de Modernización del Estado de 1993. En ella, se tenía por finalidad achicar el tamaño del Estado, al fusionar o desaparecer algunos organismos dependientes de la Función Ejecutiva. Pero también permitía la creación de otros organismos, como lo que ocurrió con el Decreto 310.
«Si se aprueba el consejo consultivo plurinacional, el Presidente podría después cambiar de nombre o disminuir sus facultades», sostiene. Incluso, podría realizar modificaciones nominales aparentemente pequeñas pero que cambiaría todo el sentido de estos organismos del Estado. De cualquier modo y pese a las dudas existentes en las organizaciones adscritas a la Conaie, aún abrigan una esperanza de que la Ley de Aguas avance por buen cauce. Están a la espera del texto final que está preparando Carvajal. «Al parecer intentan mejorar la Ley de Aguas y nos han informado que entregarían la última versión hasta esta semana», sostuvo Jorge Herrera, presidente de la Conaie. De ese texto final, harán las observaciones necesarias. Pero se mantendrán firmes, sostuvo, en defender las posiciones «que venimos manteniendo desde hace 5 años».
