La Hora
La detención de Javier Ramírez, comunero de la zona de Íntag, cantón Cotacachi, tiene indignada a la comunidad de Junín, parroquia García Moreno. El activista fue aprehendido el pasado 10 de abril y permanece en la cárcel de Ibarra por supuesta rebelión.
Su pueblo lo respalda y los dirigentes afirman que están dispuestos a entablar negociaciones, pero solo si se libera a su compañero. Esa fue una de las resoluciones de la asamblea realizada hasta la noche del sábado en Junín.
La polémica surge a raíz de la intervención de la Empresa Nacional Minera (Enami), que intenta ejecutar el proyecto Llurimagua, pues existe información extraoficial de que en este sitio existiría un gran yacimiento de cobre. Sin embargo, hay quienes se oponen a la idea de extraer el material, por las consecuencias para el ambiente y los habitantes del lugar.
Polibio Pérez, dirigente del Consejo Comunitario de Desarrollo, expresó su rechazo ante lo que considera una medida de intimidación y persecución, que supuestamente están sufriendo los habitantes de la zona. El líder de la resistencia a la minería considera que existe una desinformación, pues aparentemente el Gobierno tendría información que los hace ver como «terroristas y desestabilizadores y eso no es verdad».
Asistentes
A la cita acudieron autoridades electas, habitantes del lugar y representantes de organizaciones sociales y políticas. Uno de los asistentes fue Pablo Jurado, prefecto electo de Imbabura, quien afirma que se respetará la decisión de los habitantes de las comunidades. «Lo único que se quiere es evitar enfrentamientos en el sector y asegurar el bienestar de los moradores», dice.
Jurado integra la comisión que se conformó junto a líderes comunitarios y que podría entablar el acercamiento con la Enami y otras instancias del Gobierno. «Seremos facilitadores del diálogo porque así nos ha pedido el pueblo. Aparentemente, existe desinformación de los dos lados y por eso es necesario sentarse a conversar», sostuvo.
Mesa de diálogo
Jomar Cevallos, alcalde electo de Cotacachi, quien también integraría la comisión de alto nivel, expresó su solidaridad con la familia de Ramírez. «Esta mesa de diálogo tiene que ser directa, sin intermediaciones, para evitar que se tergiverse la información», afirmó.
La autoridad entrante mantuvo una reunión el último viernes con el vicepresidente de la República, Jorge Glas, y con Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables. «Solicité que en la comisión esté una persona imparcial, no relacionada con el tema minero, como un sacerdote o un periodista», agrega Cevallos.
Contraparte
Según Santiago Yépez, gerente de la Enami, aseguró que se han realizado más de 30 socializaciones en la zona aledaña al proyecto. «La gente de las comunidades busca progreso, carreteras de primer orden, que haya salubridad, que tengan escuelas», dijo.
Según Yépez, son extranjeros los que vienen a imponer muchas veces lo que deben hacer las comunidades. «Seamos los ecuatorianos los que manejemos nuestro destino. Hay necesidad de la gente por trabajar, de progresar. Están perdiendo el miedo a quienes no han permitido su desarrollo. No debemos dejarnos influenciar de criterios mezquinos, que tratan de impedir el desarrollo», finalizó en una entrevista anterior. (RMMJ/ODTC)
El proyecto
El proyecto Llurimagua pretende explotar cobre y molibdeno en Íntag, en un espacio de 4.839 hectáreas de terreno. Según Santiago Yépez, toda la actividad humana tiene un impacto ambiental.
«La llamada geofísica o estas pequeñas descargas no generan ningún impacto. No podemos hablar de una afectación grave. Una vez que se saca la muestra, se procede a revegetar el área. Después de ese proceso, el impacto ambiental es prácticamente nulo», finalizó.
TOME NOTA
Mañana se realizará la audiencia para pedir la revocatoria de la prisión preventiva del comunero Javier Ramírez.
4.839
hectáreas de terreno serían explotadas.
