Hoy
Para este sábado 26 se prevé realizar una asamblea general el Junín
14 comunas se aferran al ecoturismo, la agricultura orgánica y la hidroelectricidad de baja escala para subsistir.
«Ya se acaba la historia… Si nos reubican por las minas, se acaba Junín». Víctor Calvache es uno de los fundadores de la comunidad que está en el corazón de la concesión minera Llurimagua, uno de los 10 proyectos de desarrollo a cargo de la estatal Enami. Llegó a la zona cuando tenía 15 años. La fiebre de la caña de azúcar y las cascadas fueron el imán. Ha vivido medio siglo en paz con la tierra. En los últimos 20 años perdió pelo y dientes defendiendo su hogar de las empresas extranjeras. Pero ahora siente temor: la resistencia es hoy contra el Estado.
Desde la Enami se dice que se ha socializado el proyecto en las comunidades de Chalguayacu, Las Magnolias, Río Verde, La Magdalena, García Moreno… En esta última está el colegio donde estudia la mayoría de jóvenes de la zona. Muchos padres cuentan que hacia el 17 de febrero hubo una reunión a la cual asistieron bajo riesgo de sanción. Ese día Jorge Glas, el vicepresidente, bajo en helicóptero, entregó motocultivadoras y se habló de los beneficios del desarrollo.
Este Diario solicitó, hace una semana, una entrevista con Santiago Yépez, gerente de Enami, sin respuesta hasta el momento. En la estatal se insiste que hay socialización y, de hecho, varios campesinos con quienes habló este medio admiten que los funcionarios públicos cuentan lo que van a hacer. Pero para Polibio Pérez, dirigente histórico de Íntag y que dirige a 14 comunidades en su lucha ecológica, ese no es el punto. Él cuenta que desde 1996 la asamblea cantonal de Cotacachi se manifiesta año tras año en contra de la minería.
«Aquí no tienen que venir a decir qué van a hacer. Aquí tienen que organizar una consulta popular y que los campesinos decidan». De hecho, dice que ahora cuentan con el respaldo de Yomar Cevallos, alcalde electo. Por eso, este sábado 26 de abril se vivirá en Junín una reunión con 400 líderes del valle, entre ellos el nuevo burgomaestre y también el Prefecto entrante, para articular la resistencia social y exigir la liberación de Javier Ramírez, presidente de la comunidad, preso desde el 10 de abril.
Alirio Ramírez, una de las cabezas del desarrollo ecoturístico de la zona, sabe que esta no es una lucha solo de Junín. «La gente –dice- ha tomado mucha conciencia. Los comuneros de Peñaherrera, Cuellaje, Vacas Galindo son solidarios con nosotros, nos dan ánimos, nos dicen que estamos luchando por vivir felices, sin ser manipulados por nadie».
A Javier Ramírez, no obstante, se acusa de haber obstaculizado el tránsito, agredir física y verbalmente a funcionarios de la Enami y de haber roto el parabrisas de una de las camionetas de la estatal. Esta es la versión oficial. Sin embargo, 10 personas con las que habló HOY aseguran que ese domingo 6 de abril Javier estaba en su casa: recibía cuidados médicos por una inflamación de su rodilla.
La gente, sin embargo, no niega que aquel domingo hubo incidentes. Una madre de familia que se dedica al ecoturismo –y que pide la reserva de su nombre- dice que las camionetas de la Enami cruzaron a toda velocidad y que casi atropellaron a una campesina. Por eso reaccionaron.
«Las comunidades en vez de echarse para atrás se han fortalizado –dice Polibio Pérez-. Es un error tan grande del gobierno enviar señales de fuerza ante 14 comunidades que están férreamente unidas contra la minería. Nosotros queremos dialogar con una comisión de alto nivel, porque cuando hemos hablado con los funcionarios de rangos medios y hemos hecho nuestras preguntas, las respuestas todavía no llegan».
Una de ellas es puntual: ¿cuáles serán los parámetros ambientales? En el subtrópico imbabureño hay razones de sobra para la duda. En las zonas altas, la gente tiene problemas de salud por las minas de caliza en el sector de Selva Alegre (ver recuadro), donde los picos de varios cerros prácticamente han desaparecido (ver foto principal). Y en las zonas bajas recuerdan los efectos de la exploración de los japoneses.
Carlos Zorrilla, activista ambiental que vive 35 años en la zona, cuenta que Bishmetal Exploration perforó varios pozos y halló aguas freáticas con altas concentraciones de arsénico, cadmio, cromo… Esos pozos –dice Zorrilla- nunca fueron sellados y el agua pesada bajó a los ríos con la consecuente contaminación. «Por eso los inteños se oponen tenazmente a que se vuelva a hacer lo mismo, pero ahora a gran escala».
Al respecto, Pérez no titubea. «Yo no soy de las personas que dicen ‘a mí me han dicho’. Yo he estado en varios países y he palpado cómo son, por ejemplo, las minas de Chile. Entonces, no hay ni punto de comparación entre el desierto de Atacama y la biodiversa cordillera del Toisán, con miles de especies endémicas y donde nacen importantes fuentes de agua».
Israel Pérez, hermano de Polibio, cuenta que en 2010 presentaron un proyecto de una red de minihidroeléctricas con las cuales Cotacachi podía ser autosustentable en energía e incluso podía comercializar excedentes. «Tenía financiamiento a partir de cooperación internacional, pero el Gobierno ha centralizado el tema energético y no nos da las autorizaciones para avanzar».
Esta no es la única respuesta de los inteños ante la avanzada minera. El café de buqué frutal que crece a la sombra, el shampú de aloe, la panela orgánica, bajo certificaciones de comercio justo, son un referente mundial.
El agua y el aire mueren en Selva Alegre
130 hogares, repartidos en el sector de Selva Alegre y la cuenca alta de Íntag han iniciado una lucha contra la contaminación que se genera en las minas de caliza que son aprovechadas por la cementera Lafarge.
Este grupo se ampara en el informe general de Contraloría DAPyA-0051 -2013, publicado en octubre pasado. Tras revisar el documento, los afectados indican que la contaminación del aire, por partículas suspendidas, supera en 40 veces los límites determinados por la ley.
En la página 35, del Anexo 4 de dicho documento se lee que, mediante 35 pruebas de laboratorio con base en muestras de agua, emisiones gaseosas, calidad de aire y ruido ambiental se supera los límites máximos permisibles. Este hecho, de acuerdo con los demandantes, no fue observador por el Ministerio del Ambiente.
En ese mismo sentido se expresa la Contraloría. Solamente en los exámenes del agua se indica que hay fenoles, oxígeno disuelto, cadmio, cobre, aceites y grasas que exceden los límites de la norma.
En el aire, en cambio, se registraron 696,6 ug/cm3 de material particulado cuando el límite máximo es 50 ug/cm3.
El texto de la Contraloría concluye que el Ministerio del Ambiente se limitó a ratificar las inobservancias en la explotación de las minas de Selva Alegre, cuando lo que correspondía, según la fundamentación constitucional del ente de control, era la revocatoria de varios permisos ambientales, entre otras medidas.
Los comuneros sostienen que al menos 11 artículos de la Constitución fueron irrespetados en más de 30 procedimientos por varios entes estatales, principalmente por el Ministerio del Ambiente.
‘Aquí nadie se siente solo’
Punto de Vista: Carlos Zorrilla nació en Cuba. Es fotógrafo y hombre de campo. Vive en Íntag desde hace 35 años.
‘La gente de Íntag está enraizada a esta tierra. La cohesión y la solidaridad es aquí lo más importante. Aquí nadie se siente solo. Vivimos en una doble comunidad: la social y la biótica. Entonces ¿cómo es posible que se llame tirapiedras y terroristas a quienes defienden su paz? Las autoridades, quizá porque viven en la ciudad, no entienden por qué es tan tenaz esta resistencia. En Íntag se confrontan dos visiones sobre lo que es la vida. No podemos negar que aquí hay gente que aceptó el mito del desarrollo como principio del bienestar, que es una marca del viejo capitalismo y que Correa ha recuperado con una retórica convincente. La mayoría, en cambio, quiere vivir bien con toda su comunidad, en paz con un uso respetuoso de los recursos naturales y sin prisas económicas.
Yo vivo aquí hace 35 años y vivo de mis plátanos, mis yucas, mi café, mis gallinas… Empecé a defender la tierra cuando, 20 años atrás, invadieron mi tierra y mataron un oso de anteojos para vender su vesícula a un japonés. A la par, la gente deforestaba violentamente la zona, entonces surgió el primer colectivo ambientalista: Grupo de Guardabosques Flor de Mayo. Ahí me di cuenta de que al Estado no le interesa la conservación. Documentamos todo el caso, con los responsables, y nadie hizo nada. Luego llegaron los japoneses de la Bishmetal Exploration y entonces la acción de defensa de la naturaleza se extendió a todo el valle y se formó Defensa y Conservación de Íntag (Decoin). Los japoneses, sin embargo, vieron que el Gobierno de entonces, el de Sixto Durán Ballén, estaba metiendo la pata y no quisieron integrar el proyecto.
El 14 de mayo de 2004 se asomó Ascendant Copper (AC) por aquí, al principio ofreciendo todo: carreteras, puentes… Pero la gente ya estaba organizada y dijimos: no queremos. AC encontró más cobre en Junín, pero quería ampliar la exploración a toda la cordillera del Toisán. Ahora en el Plan Nacional del Buen Vivir se dice que aquí hay cobre para 70 años. Eso es inventado. Esto no es Perú o Chile. Aquí sí hay minerales, pero están tan dispersos –no están en vetas- que se tendría que tumbar toda la cordillera para extraerlos.
Mucha gente que fue contratada por AC, para limpiar un poco el carretero, se dañó porque recibía dinero fácil y se lo gastaba ese mismo día en cerveza. Muchas de esas personas están esperando que vuelva el maná de la minería. Pero yo creo que la chilena Codelco está por irse de Íntag. El conflicto social en la zona, el precio del metal y el reciente descubrimiento de grandes depósitos de cobre en Chile serían algunas de las razones. Pero desgraciadamente vienen los chinos… No obstante, por la información sobre los pasivos ambientales de las empresas chinas, será más fácil que se articule la resistencia en contra de ellos que en contra de los chilenos.
En todo caso, la gente se está preparando para una tercera batalla. Y no contra una «transnacional imperialista», sino con una empresa del Estado. Es más difícil, sin embargo, porque el Gobierno tiene su aparataje: justicia, SRI, Policía, Ejército… Y ya lo están usando.
Esta lucha también trae consecuencias personales. Los exabruptos del Presidente contra mí crean una reacción. Los que esperan una platita de la minería me miran a mí como un estorbo. Hace poco, en una reunión amplia donde estaban tres personas que apoyan la minería, uno de ellos me dijo. Usted, extranjero, está aquí robando plata… Algunas declaraciones del Presidente crean xenofobia. Unos meses atrás, pasé varios días muy mal, porque no sabía si la Policía iba a llegar en cualquier momento. La espada de Damocles siempre está allí, pero conjuro esa angustia con la tierra y con la fotografía. Cuando puedo, me escapo a hacer fotos. Y escribo. La minería es una maldición y luchar contra ella demanda mucho esfuerzo. Las empresas se van y el cobre sigue. Esa maldición está latente… Solo cuando los gobernantes cambien su visión habrá paz.
